Maria Peña Mosqueda

Expediente 383/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
383/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
22/05/2018

Partes del expediente

  • Maria Peña Mosqueda

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, se desprende de la certificación asentada por la Secretaría de este Juzgado de la Federación, que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que haya sido interpuesto recurso de queja en contra del acuerdo dictado el nueve de mayo de dos mil dieciocho (f. 13-16), que desechó la demanda promovida por María Peña Mosqueda por su propio derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición del numeral 2°, del ordenamiento legal citado en último término, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Comuníquese lo anterior a la parte solicitante del amparo; háganse las anotaciones en el libro de control y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que se desechó la demanda con que se formó este juicio de amparo; el expediente en que se actúa será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *** por su propio derecho, contra actos de la autoridad que denominó como Juez Primero Civil de Partido de Cortázar, Guanajuato, y otras autoridades, que estima violatorios de las garantías que se encuentran consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 383/2018-V-1, anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado, y procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. En atención a su contenido y anexo que se acompaña, se acuerda lo siguiente: El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dice: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Ahora, de la demanda de cuenta, se aprecia que se señalan como autoridades responsables a las que se denominaron como Jueces Primero y Segundo Civil de Partido (en su carácter de ordenadoras), y Actuario (a) adscrito (a) a los Juzgados mencionados (en su carácter de ejecutora), todos de Cortázar, Guanajuato; autoridades a las que se reclaman los actos que se describen de la forma siguiente: IV.- ACTO RECLAMADO.- Reclamo de las autoridades señaladas como Responsables Ordenadora Y EJECUTORA, EL AUTO DE EXEQUENDO, DICTADO EN MI CONTRA DONDE SE ORDENA EL REQUERIMIENTO DE PAGO, EMBARGO Y EMPLAZAMIENTO EN MI CONTRA. Asimismo, de la demanda y anexo que se recibe, como antecedentes de los actos reclamados, se desprende, en lo que aquí interesa, que en el juicio ejecutivo mercantil de origen, se emitió auto de exequendo en contra de la aquí quejosa, lo que se traduce en el requerimiento de pago, y en su caso embargo y emplazamiento; auto este que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. Bajo este panorama, se considera que en el caso, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" De lo transcrito, se obtiene que el juicio de amparo se encuentra reservado en exclusiva, contra actos ciertos, concretos y respecto de los cuales la Ley común no conceda algún recurso o medio de defensa legal a través del cual puedan ser combatidos y por ende, modificados, revocados o nulificados, por lo que, en atención al Principio de Definitividad que rige el juicio de amparo, la promovente, previamente a la instauración del procedimiento constitucional, debe agotar el recurso ordinario, pues es claro que con su interposición pudiese alcanzar la pretensión jurídica de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, y lograr que desaparecieren de su esfera jurídica las violaciones que argumenta en su demanda de amparo. En la especie, el auto de exequendo emitido por el Juez responsable dentro del juicio ejecutivo mercantil de origen que resultó ser el acto reclamado; carece de definitividad para los efectos del juicio de amparo, toda vez que en su contra, procede el RECURSO DE REVOCACIÓN a que se refiere el artículo 1334 primer párrafo, del Código de Comercio; dispositivo que es del tenor siguiente: Artículo. 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. En efecto, la demandante del amparo debió interponer el citado medio de impugnación, previamente a la instauración del Juicio de Amparo, pues éste tiene como efecto, modificar, revocar o nulificar el acto tildado de inconstitucional, por lo que si se acude al juicio de amparo sin agotar el Principio de Definitividad, conforme al cual, el acto reclamado debe ser atacado previamente, mediante los recursos o medios de defensa establecidos en la Ley que rige ese acto, el citado medio de control constitucional deviene improcedente precisamente porque para su procedencia, es indispensable el cumplimiento de aquel principio, puesto que la promoción del procedimiento constitucional se restringió a los casos en los cuales la determinación reclamada no tuviere remedio jurídico alguno dentro de las disposiciones del orden común. Asimismo, en la especie no se actualiza ninguno de los casos de excepción a que se refieren los incisos a), b), c) y d), de la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo; puesto que el acto reclamado no se encuentra vinculado con actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales [inciso a)]. De igual forma, el acto reclamado que por esta vía se combate no lo constituyen la orden de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, no se trata de sentencia definitiva en un proceso penal, ni del auto de vinculación a proceso [incisos b y d)]. Además de que la parte quejosa no es persona extraña al procedimiento de origen ya que se trata de la parte demandada en el juicio natural [inciso c)], y para la procedencia del recurso o medio de defensa que establece la Ley que rige el acto no se requiere de interpretación adicional y tampoco su fundamento legal es insuficiente para determinarlo. Así, la determinación que por esta vía se combate, carece de definitividad para efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto, puesto que no debe perderse de vista que si *** por su propio derecho, reclama el auto de exequendo emitido por el Juez responsable dentro del juicio natural, antes de acudir al juicio de amparo debió agotar el principio de definitividad que impera para la procedencia el juicio de amparo; por lo que al no hacerlo, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por lo que informa la Tesis de Jurisprudencia siguiente. Séptima Época Registro: 394942 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 986 Página: 678 RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así como la diversa Tesis de Jurisprudencia que dice: Octava Época Registro: 224800 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1990 Materia(s): Civil, Común Tesis: I. 4o. C. J/25 Página: 361 IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. En la inteligencia de que las Tesis invocadas son aplicables de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se oponen a los postulados establecidos en la mencionada Ley. Por todo ello, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que no se observó el principio de definitividad que impera para la procedencia del juicio de amparo, puesto que el auto de exequendo que resultó ser el acto reclamado carece de definitividad para efectos del juicio de amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por *** por su propio derecho, con fundamento en el artículo 113 del invocado ordenamiento legal. Apoya lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia de rubro y texto siguiente: Época: Novena Época Registro: 163734 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXII, Septiembre de 2010 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 59/2010 Página: 157 REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, se advierte que como la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto del contrato sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó, sin que sea factible considerar que el artículo 1339 del citado Código impide interponer el recurso de revocación en asuntos de dicha cuantía, al referir que sólo son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos, ya que la intención del legislador al usar la expresión "recurribles" fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del segundo párrafo del indicado artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables. Por tanto, los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, son impugnables mediante el recurso de revocación. Contradicción de tesis 51/2010. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. No se soslaya que el requerimiento de pago y en su caso embargo y emplazamiento contenido en el auto de exequendo es un acto de ejecución irreparable para efectos del juicio de amparo y por ello, puede impugnarse a través del juicio de amparo indirecto; sin embargo, ello no releva a la parte quejosa de agotar el recurso ordinario que en su contra procede. Dicho de otro modo, cuando se reclaman actos de ejecución irreparable, procede el juicio de amparo siempre y cuando se agoten los recursos ordinarios establecidos en la Ley que rige el acto. Apoya esto último, por lo que informa, la Tesis de Jurisprudencia de rubro y texto que dice: Época: Décima Época Registro: 2001155 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro X, Julio de 2012, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 44/2012 (10a.) Página: 729 PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo. Contradicción de tesis 277/2011. Suscitada entre el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito y el Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito. En otro orden, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, ténganse por autorizados únicamente para recibir notificaciones de carácter personal e imponerse de los autos al pasante jurista ***, así como a ***, por así haberse solicitado. Ahora bien, toda vez que la quejosa señaló como domicilio para recibir notificaciones personales el ubicado en carretera federal libre Celaya Salamanca, kilómetro 80, Sarabia, municipio de Villagrán, Guanajuato; esto es, fuera del lugar de residencia de este Juzgado de la Federación, hasta en tanto se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, la notificación de este auto y las subsecuentes que tengan ese carácter practíquense a la promovente por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este Juzgado de la Federación, conforme a las reglas que al efecto establece el diverso numeral 29 de la invocada Ley. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias; esto último con fundamento el artículo 21 tercer párrafo, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.

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