Maria Natalia Lagos Gonzalez
Expediente 70/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 70/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Maria Natalia Lagos Gonzalez
Actuaciones
- Principal
Motivo por el cual, este asunto se suspendió en cuanto a su continuación, tramitación y resolución. Ahora, con fundamento en el artículo 2°1 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con esta se reanuda el trámite de este juicio de amparo. Firme desechamiento. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se obtiene que feneció el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de cinco de marzo de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo promovida por *****************, que dio origen a este expediente, sin que lo hubiese hecho; consecuentemente, se determina que dicha resolución causó estado.Ordena archivo
- Principal
Al no ser atendido el aviso por parte de la quejosa, por este conducto se le notifica con el auto del cinco de marzo y del veintiocho de julio, ambos del dos mil veintiuno: auto del cinco de marzo de dos mil veintiuno: Fórmese expediente y regístrese con el número 70/2021-VII.2., tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En este asunto, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 , en relación con los numerales 107, fracción V, 172, fracción XII , todos de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El cuadro procesal reseñado evidencia que, la resolución combatida que confirmó el acuerdo de trece de noviembre de dos mil veinte, en el que se tuvo a la quejosa por desinteresada del desahogo de la prueba testimonial nominada; tiene solo efectos procesales y no afecta de manera alguna, derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales del que el Estado Mexicano es parte, lo que motiva la improcedencia del juicio de amparo indirecto. Lo anterior, por más que esa cuestión no pueda ser materia de análisis en la sentencia definitiva que resuelva el procedimiento del que emana tal acto reclamado, dado que por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues a raíz de las últimas reformas constitucionales y a la Ley de Amparo, la jurisprudencia interna del país acotó o limitó dicha procedencia a aquellos actos que sean de imposible reparación, lo cual se actualiza cuando éstos cumplan las dos notas distintivas señaladas con antelación: afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo y esa afectación no desaparezca ni aun en el supuesto de que el particular obtenga sentencia favorable a sus intereses. En la especie, no se da la primera de las notas distintivas que hace que los actos tengan una ejecución de imposible reparación, esto es, que afecte de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, dado que la resolución reclamada constituye un acto inminentemente procesal y de posible reparación, al poder obtener el promovente de amparo, fallo favorable y, en caso contrario, gozaría de los medios de impugnación legales para controvertirlo. Por tanto, de ninguna manera se puede hablar de que el acto reclamado sea de imposible reparación, por la mera circunstancia de que, en su opinión, se contravenga con el derecho consagrado en el artículo 17 constitucionales -derecho a la tutela judicial efectiva-, pues no se traduce en automático en una situación que le afecte alguno de los derechos fundamentales tutelados por la constitución y los tratados internacionales (verbigracia, la vida, la integridad personal, la libertad en su diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, etcétera). Se itera, el acto reclamado tiene un efecto meramente adjetivo o procesal, pues su consecuencia vinculada con la prueba testimonial se proyectará de manera concreta en el dictado de la sentencia. Asimismo, con la decisión reclamada no se transgrede el derecho de defensa del inconforme, porque el único efecto es que continúe el juicio de origen por sus cauces legales, como fue integrada la litis. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con los numerales 107, fracción V, 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio de su parte para recibir notificaciones personales, el que indica en su escrito de demanda; y, como autorizada de su parte, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, toda vez que tiene cédula profesional como licenciado en Derecho registrada en el Registro Nacional de Profesionistas; mientras que en términos restringidos del citado numeral a las diversas personas que indica, por así haberlo señalado expresamente. Auto del veintiocho de julio de dos mil veintiuno: Visto el estado que guardan los autos se advierte que, en proveído de cinco de marzo de dos mil veintiuno, se desechó la demanda que dio origen al amparo indirecto en que se actúa, el cual se ordenó notificar personalmente en el domicilio señalado para tal efecto; sin embargo, no obra en autos constancia de notificación del acuerdo en cita. En consecuencia, se comisiona al actuario judicial de la adscripción para que, notifique personalmente a la parte quejosa el presente auto, así como el diverso de cinco de marzo del año en curso.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos se advierte que, en proveído de cinco de marzo de dos mil veintiuno, se desechó la demanda que dio origen al amparo indirecto en que se actúa, el cual se ordenó notificar personalmente en el domicilio señalado para tal efecto; sin embargo, no obra en autos constancia de notificación del acuerdo en cita. En consecuencia, se comisiona al actuario judicial de la adscripción para que, notifique personalmente a la parte quejosa el presente auto, así como el diverso de cinco de marzo del año en curso. En veintinueve de julio de dos mil veintiuno, se listó la determinación que antecede, quedando notificadas las partes, por medio de lista, con excepción de aquellas que deban de notificarse en forma personal, por oficio o por vía electrónica, en términos de los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe. El Actuario Judicial LIC. RENÉ RAMÍREZ MONTOYA.
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