MARIA OSORIO LOPEZ y Otros.

Expediente 739/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
739/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
26/08/2019

Partes del expediente

  • MARIA OSORIO LOPEZ y Otros.
  • Maria Osorio Lopez

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, veintiséis de agosto de dos mil diecinueve. De la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se advierte: la parte quejosa omitió recurrir el acuerdo de siete de agosto de dos mil diecinueve, por el cual se desechó la demanda origen del presente juicio. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2, SE DECLARA QUE EL REFERIDO PROVEÍDO HA CAUSADO ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por lo tanto, se ordena: hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y archivar este expediente como asunto definitivamente concluido. De conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, y carece de relevancia documental, en atención al sentido del acuerdo pronunciado en el mismo. En último lugar, se instruye a la secretaria para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, posteriormente realice la certificación correspondiente. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase. Así lo acuerda y firma Rafael González Castillo, Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Ana Laura Solís Flores, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    DADO QUE SE DEJÓ CITATORIO A LA PARTE QUEJOSA SIN QUE COMPARECIERA A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL DE RESOLUCIÓN DE SIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, SE NOTIFICA POR LISTA DICHA RESOLUCIÓN, QUE DICE:REGISTRO DE LA DEMANDA. Se recibe la demanda de protección signada por ***, por propio derecho, contra actos el Fiscal General del Estado de Puebla y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA. El artículo 113 de la Ley de Amparo , establece que el Juez de Distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular respecto de asuntos que desde un inicio se advierte terminarán, indudablemente, en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, es decir, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Ahora, de la demanda de amparo se advierte como acto reclamado: ".EL CITATORIO enviado a los que suscribimos, de fecha dos del mes de agosto del año en curso." El cual se anexó a la demanda de amparo, y cuyo contenido es del tenor literal siguiente: "Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 90, 113 y 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, les informo que deberán comparecer ante esta autoridad, en las oficinas ubicadas en calle 5 de febrero sin número Altos Colonia Centro, Tepexi de Rodríguez, Puebla, el día 06 de agosto del año 2019, en punto de las 10:00 horas, con identificación oficial (IFE, INE, licencia de conducir, cartilla del servicio social Militar, cédula profesional) y comprobante de domicilio (recibo de luz, recibo de agua potable, pago de predial) a fin que sean entrevistados en relación a los hechos que se les imputan por parte del C. ***, hechos suscitados el día 08 de junio del año 2019, por lo cual deberán acompañarse de abogado quien deberá contar con cédula profesional y en caso de no contar con algún abogado se les asignará el defensor público." En tales condiciones, éste órgano judicial considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V, del numeral 107, de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado no es uno de aquellos que de acuerdo a su naturaleza produzca efectos que sean de imposible reparación y que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano es parte. En efecto, del análisis armónico de los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de la Materia, se desprende: Por actos en el juicio que sean de imposible reparación, debemos entender aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del juicio del cual derivan aun obteniendo resolución favorable, como sería, a guisa de ejemplo, la libertad, la vida o la salud. Esto, en razón de que los daños y perjuicios que puedan revestir en los gobernados, no se les podrían resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento del que se trate y por ningún medio; es decir, la privación de sus derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas queden reparadas en la resolución final que llegue a pronunciarse. Hecha la anterior precisión, debe decirse: Es evidente que en el citatorio impugnado, el agente responsable ordenó la compareciera de los quejosos a las oficinas a su cargo (indicando el domicilio donde se ubican) para el seis de los actuales, a las diez horas. Lo anterior, a fin de llevar a cabo una diligencia de carácter ministerial, consistente en que, en su calidad de imputados, recabe una entrevista respecto de los hechos a ellos atribuidos por *** (los cuales acontecieron el ocho de junio del año en curso) refiriéndoles que debían acudir acompañados de abogado particular quien debía contar con cédula profesional y de no hacerlo, se le asignaría defensor público. Citación que en esos términos de ningún modo supone una afectación cierta e irreparable a los derechos sustantivos de los peticionarios del amparo. Así es, porque acorde a lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Federal, la persecución de los delitos es facultad del Ministerio Público, quien en ejercicio de ella, practica diligencias dentro de la carpeta de investigación correspondiente, a fin de recabar datos que permitan probar la comisión de un delito, sus circunstancias y la responsabilidad o inocencia de la persona contra quien se dirigió la denuncia o querella o, incluso que de forma oficiosa investigue; actuaciones que, por sí mismas, no causan un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado o quien sea llamado para esclarecer los hechos investigados, pues son de orden público. Desde luego, siempre y cuando con ellas no se ordene la privación de la libertad, posesiones o derechos del gobernado, como acontece en el presente caso; pues una vez concluida la entrevista, el compareciente podrá retirarse de las instalaciones e incorporarse a sus actividades cotidianas. Por tanto, es dable concluir que, si por mandato constitucional el Ministerio Público por una parte, goza de las facultades de investigar los delitos e incluso recabar entrevista a los imputados; y por otra, tiene la obligación de acreditarlos, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una carpeta de investigación para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confirieron al Ministerio Público. De ahí que, el acto reclamado por el impetrante no le irroga perjuicio y menos aún viola sus derechos fundamentales, al ser un acto tendente a la integración de una carpeta de investigación, contra el cual es improcedente el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia del Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE CITACIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA SEGUIDA EN EL SISTEMA PENAL MIXTO O TRADICIONAL. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO CONTIENE APERCIBIMIENTO EN CASO DE INASISTENCIA. El juicio de amparo es improcedente contra la orden de citación emitida por el Ministerio Público en la averiguación previa seguida en el sistema penal mixto o tradicional, cuando en dicho citatorio no se contiene apercibimiento en el supuesto de que el gobernado no asista a la cita, porque contra las diligencias llevadas a cabo por la representación social tendentes a la integración de una averiguación previa, por regla general, como lo ha establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el juicio de amparo es improcedente; y si bien esa regla admite excepciones, ello será cuando se afecten -o exista la posibilidad de que se afecten- derechos sustantivos de los gobernados." A mayor abundamiento, debe decirse que el citatorio combatido en el juicio de amparo no contiene apercibimiento para los quejosos consistente en que de no presentarse al desahogo de la diligencia de carácter ministerial, se hará uso de la fuerza pública o serán privados de su libertad, lo que en su caso, sí se traduciría en un acto que puede derivar en una posible afectación a la libertad personal del gobernado, pues dicho apercibimiento no se extingue por el solo hecho de que no se haya comparecido a la citación, sino porque, precisamente, su incumplimiento trae como consecuencia un acto de molestia o incluso de privación de la libertad. Por tanto, de conformidad con los artículos 113, 61, fracción XXIII y 107 fracción V de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, pues se actualizó una causa de improcedencia manifiesta e indudable. En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Al margen de lo anterior, se hace notar que el sentido de la determinación adoptada de ningún modo contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en atención a la tesis del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS" . DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, Y AUTORIZADOS. Por otra parte, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda de amparo. Se tiene por autorizados sólo para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a la persona mencionada en su demanda, por carecer de registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. FACULTADES DEL ACTUARIO JUDICIAL. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. DIGITALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental) a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Por último, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.

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