Maria Olvido Montes Garcia

Expediente 1156/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1156/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
15/11/2022

Partes del expediente

  • Maria Olvido Montes Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del presente expediente, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 96, fracción I) inciso a), de la Ley de Amparo; sin embargo, la parte quejosa no se inconformó contra el auto de veintiséis de octubre del presente año que desechó la demanda de amparo. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que la misma ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente porque constituye un asunto concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años2. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS A LAS PARTES Se advierte que la parte quejosa adjuntó a su demanda de amparo la copia certificada del instrumento notarial * de la ciudad de Puebla, Puebla; asimismo la representación impresa de un CFDI de folio y serie *. Por lo que, se pone a disposición de la directa quejosa para que los recoja ella o sus autorizados, dentro del plazo de noventa días hábiles, contados a partir del día siguiente al cual surta efectos la notificación de este proveído. Para ello, deberá comparecer a este órgano jurisdiccional, de lunes a viernes (en días hábiles) en un horario de nueve a catorce treinta horas, a fin de recoger los mencionados documentos, con original credencial oficial vigente con fotografía y una copia simple de la misma; de todo lo cual se dejará razón de recibo en autos para constancia. Se apercibe a la parte quejosa, que en caso de no comparecer en el plazo señalado, los referidos documentos que exhibió en este expediente seguirán la misma suerte del presente expediente principal, por lo que serán destruidos sin ulterior acuerdo. Ello, con fundamento en el artículo 20 fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. RESGUARDO DEL EXPEDIENTE Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. CARÁTULA DEL EXPEDIENTE Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que por conducto del personal a su cargo realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá verificar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. ANOTACIONES EN LOS LIBROS DE GOBIERNO Se instruye a la Analista Jurídico SISE para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). REVISIÓN DEL EXPEDIENTE Se instruye al secretario que por conducto del personal a su cargo haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, en cumplimiento con el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE PROMOVENTE. Puebla, Puebla, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del presente expediente, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 96, fracción I) inciso a), de la Ley de Amparo; sin embargo, la parte quejosa no se inconformó contra el auto de veintiséis de octubre del presente año que desechó la demanda de amparo. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que la misma ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente porque constituye un asunto concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años2. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS A LAS PARTES Se advierte que la parte quejosa adjuntó a su demanda de amparo la copia certificada del instrumento notarial * de la ciudad de Puebla, Puebla; asimismo la representación impresa de un CFDI de folio y serie *. Por lo que, se pone a disposición de la directa quejosa para que los recoja ella o sus autorizados, dentro del plazo de noventa días hábiles, contados a partir del día siguiente al cual surta efectos la notificación de este proveído. Para ello, deberá comparecer a este órgano jurisdiccional, de lunes a viernes (en días hábiles) en un horario de nueve a catorce treinta horas, a fin de recoger los mencionados documentos, con original credencial oficial vigente con fotografía y una copia simple de la misma; de todo lo cual se dejará razón de recibo en autos para constancia. Se apercibe a la parte quejosa, que en caso de no comparecer en el plazo señalado, los referidos documentos que exhibió en este expediente seguirán la misma suerte del presente expediente principal, por lo que serán destruidos sin ulterior acuerdo. Ello, con fundamento en el artículo 20 fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. RESGUARDO DEL EXPEDIENTE Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. CARÁTULA DEL EXPEDIENTE Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que por conducto del personal a su cargo realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá verificar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. ANOTACIONES EN LOS LIBROS DE GOBIERNO Se instruye a la Analista Jurídico SISE para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). REVISIÓN DEL EXPEDIENTE Se instruye al secretario que por conducto del personal a su cargo haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, en cumplimiento con el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Puebla, Puebla, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Radicación. Se recibe la demanda de amparo advertida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), promovida por * por propio derecho contra actos de la Directora General de Coordinación de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla y otra autoridad. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Lo anterior, en términos del Acuerdo General 21/2020 (reformado por su similar 21/2022), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia producida por el virus SARS-CoV-21, causante de la enfermedad COVID-19. Integración de la demanda original al expediente. En virtud de las cuestiones de logística adoptadas ante la presencia de la enfermedad COVID-19, se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que, una vez recibida la demanda de amparo -de manera física-, sin ulterior acuerdo glose por conducto del personal a su cargo, a los autos el documento original respectivo. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Cierto, el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, determina que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. * Ahora, de la demanda de amparo se advierte que se señala como acto reclamado en el capítulo correspondiente y de manera destacada los siguientes: A) Ordenadora A la Directora General de Coordinación de Investigación Especializada de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, de la Fiscalía General del Estado de Puebla "la aceptación de toma de puesta a disposición del vehículo marca *, tipo chasis, modelo *, de *, mismo que quedo a resguardo en un corralón particular y no uno del Estado, por consecuencia de ello la negativa de la devolución de mi unidad motriz hasta que pague el ilegal cobro excesivo para la liberación del vehículo citado". Ejecutora Del Titular de la inspección Puebla, segundo subinspector Guardia Nacional, C. *, "el oficio de liberación de vehículo *, mismo que quedo a resguardo en un corralón particular y no uno del Estado, por consecuencia de ello la negativa de la devolución de mi unidad motriz hasta que pague el ilegal cobro excesivo para la liberación del vehículo citado". B) Ejecutora Del Titular de la Inspección Puebla Segundo Subinspector Guardia Nacional (*): "la ejecución de todos los actos que reclamo de las ordenadoras y EN ESPECIAL EL ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO QUE se pretende hacer en contra de mi por treinta y seis horas de arresto". Sin embargo, debe precisarse que es improcedente el presente juicio de amparo por los actos precisados acorde con lo que se expone a continuación: En principio, por lo que hace al acto reclamado A) se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 18 de la referida legislación que prevén: "Artículo 61. [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Así es, el capítulo relativo a los antecedentes del acto reclamado refleja que desde el veinticinco de agosto de dos mil dieciocho fue puesto a disposición de la autoridad responsable ordenadora el vehículo marca*. Sin embargo, fue hasta el dieciocho de agosto de dos mil veintidós que se giró oficio de liberación de ese vehículo para su entrega. De igual manera, en el antecedente marcado con el número 5 de la demanda se expresa: ".Al acudir a las instalaciones de * al hacer entrega de los oficios descritos en estos antecedentes, me fue informado que debía pagar la cantidad de $200, 000.00 (doscientos mil pesos cero centavos M.N.) sin que se me hiciera entrega de una forma de pago oficial o un desglose de los servicios que debía de cubrir este pago, esto con fecha veinte de septiembre de dos mil veintidós." Es decir, que en el presente caso se actualiza para el cómputo de la presentación de la demanda de amparo, la hipótesis de cuando tuvo conocimiento del acto reclamado prevista por el artículo 18 de la referida legislación. Lo anterior resulta así, porque como puede apreciarse la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados de la Directora General de Coordinación de Investigación Especializada de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, consistentes en "la 'aceptación (sic) de toma de puesta a disposición' del vehículo Marca*, mismo que quedó a resguardo en un corralón particular y no uno del Estado, por consecuencia de ello la negativa de la devolución de mi unidad motriz hasta que pague el ilegal cobro excesivo para la liberación del vehículo citado.", así como de la Titular de la inspección Puebla, segundo subinspector Guardia Nacional, C. *, consistente en ".el oficio de liberación de vehículo *, mismo que quedó a resguardo en un corralón particular y no uno del Estado, por consecuencia de ello la negativa de la devolución de mi unidad motriz hasta que pague el ilegal cobro excesivo para la liberación del vehículo citado.", desde el veinte de septiembre de dos mil veintidós. En efecto, resulta evidente que -al menos- desde esa data la parte quejosa tuvo conocimiento de que su vehículo se encontraba depositado en un "corralón particular", así como de la negativa a devolvérselo hasta que cubriera un pago, del que se duele que resulta -en opinión de la propia promovente- excesivo. De tal manera que es inconcuso que dicho plazo transcurrió del veintiuno de septiembre al once de octubre, ambos del presente año (sin contar los días veinticuatro y veinticinco de septiembre, así como el uno, dos, ocho y nueve de octubre de dos mil veintidós, por ser inhábiles). Por lo tanto, resulta evidente que respecto al referido acto reclamado resultó extemporáneo la instauración del presente juicio de amparo, porque la demanda se presentó hasta el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. En otro orden de ideas, por lo que hace al diverso acto reclamado B) (la ejecución del arresto como medidas de apremio, por treinta y seis horas) se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista por el artículo XXIII del numeral 61 de la ley de la materia, con los artículos 5º, fracción II, de la misma ley, así como en los diversos 14, 16, 19 y el primer párrafo del artículo 20, aplicado a contrario sensu, de la constitución federal. Ello es así, porque el Titular de la Inspección Puebla Segundo Subinspector Guardia Nacional que señaló en su demanda de amparo no tiene facultades jurídicas para emitir un arresto de naturaleza administrativa, cuya función principal es la seguridad pública. De tal manera, que si en la especie no se señaló a la autoridad judicial ordenadora que, en su caso, haya librado o emitido la orden de arresto contra la quejosa, que se pretende combatid, es inconcuso que tampoco puede reclamársele la ejecución a dicho titular de la inspección (de la Guardia Nacional) en mención, porque ésta no actúa por sí mismo, pues no puede emitir y por ende ejecutar un arresto que no haya sido previamente impuesto e instruido por una diversa autoridad judicial. Aunado a que el arresto, a diferencia de las órdenes de aprehensión, reaprehensión o comparecencia, constituyen actos privativos de la libertad cuya imposición está prevista como medida de apremio por parte de las autoridades. Incluso, la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el párrafo cuarto del artículo 21, de manera exclusiva le delega a las autoridades administrativas para la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía. Esto, como lo podría ser un juez calificador a quien desde la propia normativa constitucional se le da esa atribución para emitir esa sanción Es más, el artículo 248 de la Ley Orgánica Municipal del Gobierno del Estado de Puebla dispone lo siguiente: "Artículo 248. Los Municipios que cuenten con juzgados calificadores, será el Juez Calificador el encargado de conocer de las infracciones al Bando de Policía y Gobierno". De su contenido, se advierte que el legislador otorgó a los municipios del Estado de Puebla la estructura de contar con jueces calificadores, quienes tendrán competencia para conocer de las infracciones que se comentan al Bando de Policía y Gobierno, es decir de naturaleza administrativa, como en su defecto efecto lo podría ser un arresto administrativo. Por consecuencia, el fin de los jueces calificadores es preservar la correcta conducta de las personas por medio de sanciones (arresto o multa) ajenas al índole penal. Es decir, una participación en impartición de justicia administrativa, y la quejosa en la demanda de amparo solo se limitó a señalar autoridades cuyo ámbito de competencia es diverso. Por ende, si el Titular de la Inspección Puebla Segundo Subinspector Guardia Nacional, señalado como autoridad responsables ejecutora tienen la característica de ocuparse del ámbito de la seguridad pública y su labor no está enfocada a la emisión de órdenes de arresto; es inconcuso que para poderse combatir de esta última su ejecución, debió llamarse a la autoridad judicial correspondiente que haya librado o impuesto en forma previa dicho arresto, como responsable ordenadora. De ahí que al haberse realizado un análisis por el cual se actualizan las causales de improcedencia referidas de manera notoria y manifiesta, respecto de todos los actos reclamados en la demanda, lo procedente es desecharla de plano, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la tesis I.4o.A.92 K, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, materia común, tomo XV-1, febrero de 1995, página 150; cuyo tenor es: *. Es correcto el razonamiento del juez de Distrito por medio del cual determina que no puede analizar la constitucionalidad del acto reclamado de una autoridad que no fue llamada a juicio, y no es obstáculo para determinar lo anterior, el hecho de que esta última dependa directamente de otra que sí fue llamada a juicio, ello en virtud de que, dentro de las atribuciones de la autoridad que suscribió el acto reclamado, no se advierte que pueda hacerlo en sustitución de la señalada como responsable." Exhortación para el seguimiento del juicio en línea. Aun cuando el levantamiento de plazos trae aparejada la posibilidad recibir promociones presentadas físicamente y la de desahogar diligencias y actuaciones con presencia física de las partes, debido a la enfermedad producida por el virus SARSCoV- 2 y las acciones extraordinarias tendentes a afrontarla, se exhorta a las partes para efectos de que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación3; y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo, porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad les permitiría la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). En ese sentido, es necesario destacar que, de conformidad con el artículo 39, del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales. De ahí que, para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que la demanda de amparo haya sido presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o se haya solicitado el acceso al expediente electrónico -incluso en aquellos asuntos tramitados bajo el esquema tradicional-; pues, para ello, es indispensable que, en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a traes del "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. Se reitera, el hecho de que el asunto se haya iniciado de manera tradicional, no es impedimento para transitar al esquema de "juicio en línea"; por ello, se exhorta a las partes para efectos de que opten por este último modelo (juicio en línea). Comunicación especial con las partes. A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020 (reformado por su similar 21/2022), se hace saber a la parte quejosa para puede señalar como medios de contacto un número de teléfono móvil o un correo electrónico. Se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación, sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran (y de estimarse necesario). Sin embargo, las notificaciones que en derecho les correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Consulta física del expediente. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (reformado por su similar 21/2022), el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes; o, de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programará para el día en que venza dicho plazo-. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes, en el caso de las diligencias y audiencias, podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia Presentación de promociones físicas. Se comunica a la parte quejosa que la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 Poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido de que dicha autorización podrá validarse hasta en tanto se reanuden las labores jurisdiccionales en forma presencial. Autorizados, y usuario para para recibir notificaciones electrónicas. Téngase como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a * porque se encontró registro único de sus cédulas profesionales en el Registro de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal. Y por autorizado sólo para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las demás personas porque así lo solicitó la quejosa. De igual manera, se autoriza el acceso y consulta al expediente electrónico al usuario *, por así haberlo solicitado la parte quejosa. También, se ordena hacer las notificaciones (sólo las de carácter personal) en forma electrónica a la parte quejosa, a través del referido usuario, porque así lo solicitó de manera expresa. De ahí que no se tenga para oír y recibir notificaciones el diverso domicilio físico que señaló en su demanda de amparo, a fin de evitar duplicidad de notificaciones y porque en el actual esquema de contingencia sanitaria deben preferirse los medios electrónicos. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y ante la oposición expresa para la publicación de datos personales, se ordena salvaguardarlos, así como la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto4 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se instruye a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Ello, a fin de evitar que pueda generarse algún oficio con una denominación incorrecta que sea motivo de rechazo por la autoridad a la que va dirigido o que no se libre algún oficio necesario para la tramitación y resolución del presente asunto. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita)

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