Maria Ofelia Quintero Hidalgo

Expediente 187/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
187/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
27/04/2021

Partes del expediente

  • Maria Ofelia Quintero Hidalgo

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de ocho de abril de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del numeral 2°, de la ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. En ese tenor, al advertirse que el asunto que nos ocupa se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el precepto 214, de la Ley de Amparo archívese el citado expediente. En términos del artículo vigésimo primero, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, catorce de abril de dos mil veintiuno. Agréguese al presente expediente, únicamente para que obre como corresponda, el oficio que remite el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, al cual adjunta el escrito presentado por María Ofelia Quintero Hidalgo, mediante el cual pretende desahogar el requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional efectuado en auto de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. No obstante lo anterior, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento alguno toda vez que, como se advierte de la certificación secretarial que antecede, el escrito que se atiende se encuentra dirigido y fue presentado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, órgano que mediante oficio remite dicho escrito a este juzgado. En consecuencia, toda vez que la parte quejosa fue omisa en desahogar la prevención efectuada, en tiempo y forma ante este órgano jurisdiccional, deberá estarse a lo acordado en auto de ocho de abril de dos mil veintiuno, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo en términos del artículo 114 de la Ley de la materia. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, ocho de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de cinco días concedido en auto de veintitrés de marzo de la presente anualidad, y la parte quejosa no dio cumplimiento al requerimiento efectuado, no obstante de encontrarse debidamente notificada para ello; en consecuencia, conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto y se tiene por no presentada la demanda de amparo. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que por auto de tres de diciembre de dos mil diecinueve, se tuvo a la parte quejosa ofreciendo en tiempo y forma la prueba pericial en materia de contabilidad, así como la inspección judicial; sin embargo, este órgano jurisdiccional se reservó acordar lo conducente en cuanto su preparación, hasta en tanto obrara en autos la totalidad de los informes justificados requeridos a las autoridades responsables; lo que a la fecha ya aconteció. De igual manera, se advierte que la parte quejosa ofreció como pruebas de su intención, las diversas consistentes en informe de autoridad que refiere en su escrito de demanda, sin que se hubiera hecho pronunciamiento alguno respecto de su admisión o desechamiento. Por tanto, se procede proveer lo conducente respecto de dichos medios probatorios. Tomando en consideración de que los quejosos ofrecieron la prueba pericial contable para que el perito renda su dictamen y responda el siguiente cuestionario: "1.- Que determine el Perito la afectación que se causa a los aquí quejosos en relación con el sistema de pago de nuestro salario; 2.- Que diga el perito, con base en que conocimiento técnicos, científicos o de cualquier índole emitió su respuesta a la pregunta anterior." Aduciendo que dicha prueba se ofrece con la intención de acreditar que la modificación a la forma de pago que se realiza a los hoy quejosos, causa una afectación irreparable a sus patrimonios y se relaciona con todos y cada uno de los hechos de la demanda. En cuanto a la prueba de inspección judicial se ofrece para que el actuario judicial de fe de lo siguiente: "I. Los expedientes personales de los trabajadores señalados en el capítulo V de antecedentes inciso A) descritos en la tabla de quejosos correspondientes, del presente escrito. II. Los recibos de pago de las prestaciones descritas en el capítulo V de antecedentes inciso A) descritos en el listado correspondiente, del presente escrito. III. Lista de nómina de los trabajadores señalados en el capítulo V de antecedentes inciso A) descritos en la tabla de quejosos correspondientes, del presente escrito." Al respecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se desechan de plano las referidas probanzas, ya que no constituyen medios de convicción idóneos y pertinentes para acreditar la modificación a la forma de pago del sueldo de los quejosos, pues al momento de su ofrecimiento se trata de un hecho futuro e incierto, por lo que la respuesta que llegue a dar el perito sobre materia contable se aleja del conocimiento que corresponde a su oficio y se trataría de una mera especulación, y respecto del funcionario dotado de fe pública se encuentra imposibilitado para emitir un juicio valorativo de lo que advierta, pues la finalidad de un medio probatorio de esa naturaleza se constriñe únicamente en dejar constancia de lo que se pueda percibir mediante los sentidos; lo que implicaría que las citadas pruebas no arrojarían elementos objetivos que generen convicción a este juzgador, máxime que la norma que reclaman los aquí quejosos lo realizan como autoaplicativas y no como heteroaplicativas. Del mismo modo cobran aplicación a la presente determinación, las tesis aisladas I.1o.A.14 K,1 y I.1o.A.12 K,2 sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubros: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO. LA FALTA DE IDONEIDAD Y PERTINENCIA IMPLICA QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTÉ OBLIGADO A RECABARLAS. Los artículos 150 y 152 de la Ley de Amparo, así como el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a los juicios de garantías, disponen que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, con excepción de la de posiciones y de las que atenten contra la moral y el derecho y que, a efecto de que las partes puedan rendirlas, las autoridades están obligadas a expedir con toda oportunidad las que tengan en su poder y si no cumplen con esa obligación, a petición del interesado, el Juez de Distrito les exigirá tales medios de prueba con el único requisito de que, previo a esa petición, se hubieran solicitado directamente a los funcionarios. Sin embargo, el contenido de dichos dispositivos no debe interpretarse en el sentido de que el juzgador está obligado, en todos los casos, a recabar las pruebas ofrecidas por las partes, sino que, para su admisión, deben cumplir con los principios de pertinencia e idoneidad. Ahora bien, el primero de tales principios impone como limitación al juzgador, tanto al calificar la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes como las que traiga oficiosamente, que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto, y el segundo, regido, a su vez, por los principios de expeditez en la administración de justicia y de economía procesal, consiste en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar, de modo que intentar recabar una prueba que no cumpla con esas exigencias provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en perjuicio de los justiciables y de la pronta y expedita impartición de justicia." "PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO, LA FALTA DE IDONEIDAD Y PERTINENCIA DE LA, IMPLICA QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTÁ OBLIGADO A ADMITIRLA. Los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo, así como el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a los juicios de garantías, disponen que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, con excepción de las de posiciones y de las que estén en contra de la moral y del derecho, y que con el fin de preparar su desahogo, la prueba pericial deberá ser anunciada (ofrecida) con cinco días de anticipación a la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el día de su ofrecimiento y el de la celebración de la audiencia. Sin embargo, no deben interpretarse tales preceptos en el sentido de que el juzgador está obligado a admitir y desahogar las pruebas ofrecidas en todos los casos sino que, para su admisión, deben cumplir con los principios de pertinencia e idoneidad. Ahora bien, el primero de los principios impone como limitación al juzgador, tanto al calificar la admisión o desechamiento de las ofrecidas por las partes como las que traiga oficiosamente, que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto y, el segundo, regido, a su vez, por los principios de expeditez en la administración de justicia y de economía procesal, consiste en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar, de modo que recibir una prueba que no cumpla con esas exigencias provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en perjuicio de los justiciables y de la pronta y expedita impartición de justicia." En relación a las pruebas consistentes en informe de autoridad, que refiere en su escrito de demanda, no ha lugar hacer mayor pronunciamiento, virtud que no acredita haber solicitado a los servidores públicos correspondientes, los documentos que en concreto necesita para acreditar los hechos que pretende demostrar en este juicio, conforme a lo establecido por el artículo 121 del citado ordenamiento legal. Finalmente, vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la totalidad de las autoridades responsables no se encuentran debidamente notificadas del proveído dictado el veinte de enero del año en curso, en el cual se ordenó levantar la suspensión de plazos y términos procesales; ni del diverso de diecinueve de febrero del año en curso, por el que se hizo del conocimiento de las partes la readscripción del nuevo titular de este órgano jurisdiccional. Por lo anteriormente expuesto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las doce horas con treinta minutos del veintiuno de abril de dos mil veintiuno, para su celebración. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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