Maria Nereyda Velazquez Gómez

Expediente 980/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
980/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
10/01/2023

Partes del expediente

  • Maria Nereyda Velazquez Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    Cúmplase.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a seis de diciembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de cuenta, promovida por María Nereyda Velázquez Gómez, contra actos del Juez Décimo Segundo civil de la Ciudad de México y otras autoridades, por considerarlos violatorios de lo previsto en los artículos 1, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente, hágase las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 980/2022-E. Ahora bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, a través del cual se establece la necesidad por parte del juzgador de examinar ante todo el escrito de demanda, y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia ésta se desechará de plano, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, fracción XIV, en ese sentido, se procede a analizar tales aspectos. En el caso, la parte quejosa acude a esta autoridad jurisdiccional solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos reclamados destacados, consistentes en: "IV. ACTOS RECLAMADOS. a). De la Primera Autoridad Marcada como responsable RECLAMO la ilegal orden de requerir y lanzar a la suscrita toda vez que la misma nunca fui notificada ni requerida por el pago del inmueble materia de la presente Litis el ubicado en VIVIENDA UNIDAD PRIVATIVA NUMERO 19, OFICIAL 25,651 UBICADO EN AVENIDA PASEO ROBLE DEL CONDOMINIO RESIDENCIAL DEL BOSQUE SEGUNDA SECCION DE ESTA CIUDAD [.]. b) Sobre las diversas autoridades ordenas (sic) como responsables, esto es, el Juez de Primera Instancia civil de Tijuana Baja California, LIC. VICTOR MANUEL VAZQUEZ DURAN Y C. Secretario actuario de la adscripción LIC. CARLOS CESAR GOURDIER TIBURCIO, reclamo al no haber estado ajustado a derecho lo ordenado por parte del Juez de origen, la admisión del presente lanzamiento [.]". Ahora, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, en lo conducente, lo siguiente: "La suscrita MARIA NEREYDAVELAQUEZ GOMEZ, el pasado 30 DE AGOSTO DE 2022, fui debidamente lanzada de mi propiedad ubicada en VIVIENDA UNIDAD PRIVATIVA NUMERO 19, OFICIAL 25,651 UBICADO EN AVENIDA PASEO ROBLE DEL CONDOMINIO RESIDENCIAL DEL BOSQUE SEGUNDA SECCION DE ESTA CIUDAD [.]". En ese sentido, se colige que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, precisamente el treinta de agosto de dos mil veintidós, pues manifiesta que en dicha fecha fue debidamente lanzada de su propiedad, por una orden judicial emitida por un lado, del Juzgado Décimo Segundo Civil de la Ciudad de México, el cual recayó en el Juzgado Primero Civil de esta ciudad, con numero de exhorto 86/2022, y número de expediente foráneo 47/2020, del cual existe un procedimiento especial hipotecario. Por tanto, este juzgado de Distrito considera que en el caso se actualiza la hipótesis prevista en el referido numeral 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por considerar que la presentación de la demanda de amparo fue hecha en forma extemporánea. Al respecto, los artículos 17, 18 y 61 fracciones XIV, de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" Los preceptos legales antes transcritos prevén que el término para promover la demanda de amparo, será de quince días, el que se contará, a partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En la especie, como se dijo, de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte promovente, en su capítulo de hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, manifestó bajo protesta de decir verdad que: " [.] el pasado 30 DE AGOSTO DE 2022, fui debidamente lanzada de mi propiedad ubicada en VIVIENDA UNIDAD PRIVATIVA NUMERO 19, OFICIAL 25,651 UBICADO EN AVENIDA PASEO ROBLE DEL CONDOMINIO RESIDENCIAL DEL BOSQUE SEGUNDA SECCION DE ESTA CIUDAD, por una orden judicial emitida por un lado, del Juzgado Décimo Segundo Civil de la Ciudad de México, el cual recayó en el Juzgado Primero Civil de la Ciudad de Tijuana Baja California, con número de exhorto 86/2022 y número de expediente foráneo 47/2010, de cual, al parecer existe un procedimiento ESPECIAL HIPOTECARIO [.]." Manifestación a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por mandato expreso de su numeral 2°, párrafo segundo. Por tanto, si la parte quejosa estuvo en posibilidad de inconformarse del despojo de su propiedad a partir del día siguiente en que haya tenido conocimiento o se haya ostentado sabedora, esto es, desde el treinta de agosto de dos mil veintidós, resulta evidente que el término de quince días con el que contó la parte promovente para presentar juicio de amparo transcurrió en exceso, al haber presentado su escrito de demanda en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, el cinco de diciembre de dos mil veintidós, por tanto, el término de quince días trascurrió del treinta y uno de agosto al veintitrés de septiembre del presente año, sin contar los días inhábiles, por tanto dicho plazo de quince días le feneció el veintiséis de septiembre del año en curso. Es evidente que la presentación de la demanda que nos ocupa, se realizó fuera del término de quince días que al efecto prevén los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, lo que resulta, que transcurrió en exceso el plazo de los quince días hábiles con el que legalmente contaba para la presentación de la demanda de amparo, por lo que la misma fue hecha en forma extemporánea. En consecuencia, si de las manifestaciones vertidas por la parte promovente se advierte que la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, fue el treinta de agosto de dos mil veintidós, es inconcuso que tales manifestaciones entrañan en una confesión espontánea, que por esa razón tiene la eficacia convictiva suficiente para demostrar que la demanda que nos ocupa resulta extemporánea, por no haber sido presentada dentro del término de quince días que al efecto establecen los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, y que, por tanto, da lugar a que se actualice de manera notoria e indudable la improcedencia del juicio en términos del multicitado artículo 113 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en las páginas 294 y 295, del Tomo LXXXIX, de la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo puede dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe". Asimismo, es aplicable al caso, por analogía, la tesis sustentada por el Tribunal Pleno que aparece en la página 652, Primera Parte, precedentes, del Apéndice en consulta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace plena prueba de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado". Aunado a que, se tiene como hecho notorio, que, al consultar el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que ante este juzgado, la hoy quejosa María Nereyda Velázquez Gómez, promovió diverso juicio de amparo, el cual se registró con el número 658/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, en cuya demanda, de igual forma manifestó bajo protesta de decir verdad haber sido lanzada el treinta de agosto del año en curso, del inmueble de mérito; la cual, mediante proveído de dieciocho de octubre del año en curso, se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Por todo lo anterior, en términos del artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17, 18, 107, fracción II y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por María Nereyda Velázquez Gómez, contra actos del Juez Décimo Segundo Civil de la Ciudad de México y otras autoridades; determinación que se toma, además, en cumplimiento a la garantía de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues los motivos de improcedencia advertidos no podrán desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio. Al respecto, conviene citar el criterio jurisprudencial aprobado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Señalamientos de autorizados y domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda. Asimismo, se tienen por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Marcos David Rebolledo López, Oscar Alonso Morgan Sepúlveda********************, es decir para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, dado que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; lo anterior, hasta en tanto registren su cédula profesional en dicho sistema. Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Transparencia y digitalización. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que quede firme la resolución que en su caso se dicte en este asunto. Asimismo, en atención al Acuerdo General 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como del artículo 3° de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; se ordena priorizar la tramitación electrónica del juicio en Línea. Finalmente, en cumplimiento a lo ordenado en las disposiciones generales establecidas en el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, se informa a las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, el horario de atención al público será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos (artículo 6 del primer ordenamiento) y que las listas de acuerdos quedarán a disposición del público para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal; que tendrán validez legal al ser las mismas que se encuentran en los Estrados de los Juzgados y Tribunales Federales (artículos 209, 209 bis, ídem). Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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