María Norma Pérez Silva
Expediente 867/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 867/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 30/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Norma Pérez Silva
- Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos del que se advierte que el once y veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, se ordenó notificar a la parte quejosa el auto de once de enero del año en curso, en el que se tuvo al Jefe de Departamento de Asuntos Penales y Amparos de la Dirección de lo Contencioso de la Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, aclarando el informe justificado en el cual acompañó la contestación que recayó al escrito de trece de junio de dos mil dieciocho, en el que la quejosa solicitó el pago de la póliza del seguro que en vida le pertenecía a Ricardo Béjar Robles, acompañándole copia del oficio DRH/SPA/306/2020, sin que haya realizado manifestación alguna. Ahora bien, tomando en cuenta que el acto que en esta instancia constitucional se reclamó fue precisamente la omisión de la responsable de darle contestación a su escrito de trece de junio de dos mil dieciocho, lo que a la especie ya aconteció, tal como se advierte del estado de autos. Por tanto, en la especie, este juzgador de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.)" La fracción invocada establece que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que al momento de promover la demanda existían; sin embargo, que durante la substanciación del mismo, cesaron de manera total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección federal solicitada. En ese sentido, tenemos que la cesación de efectos se actualiza por revocación y por sustitución, la primera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; en tanto que la relativa a la sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Apoya a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 59/99 consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior revela que se reclamó la omisión de la responsable de darle contestación a su escrito de trece de junio de dos mil dieciocho, lo que a la especie ya aconteció, tal como se advierte del estado de autos, razón por la cual, cesaron los efectos de dicho acto, dado que la autoridad responsable dio contestación a la misma. Por tanto, resulta claro que al haber dado contestación a su petición; se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. No pasa desapercibido para el suscrito que si bien la parte quejosa manifestó lo siguiente: * Que si bien al rendir su informe justificado la autoridad responsable manifiesta que por oficio DRH/SPA/206/2020, se dio contestación a la solicitud formulada por la quejosa el trece de junio de dos mil dieciocho, lo cierto es que dicho documento nunca fue notificado, además de que el oficio que la responsable exhibió a su informe de cuenta no tiene sello ni rúbrica que así lo demuestre; * Que además de lo anterior, la responsable no manifestó si dictaminó positiva o negativamente el pago del seguro del trabajador Ricardo Béjar Robles, por lo que solicita se requiera a la autoridad responsable para que en el término de ley haga del conocimiento de la quejosa el seguimiento o respuesta dada a la solicitud que formuló. Lo cierto es que fue precisamente la omisión de la responsable de darle contestación a su escrito de trece de junio de dos mil dieciocho, lo que a la especie ya aconteció, tal como se advierte del estado de autos; además, si bien es cierto que la responsable no lo notificó en su domicilio señalado para tal efecto, ello, aconteció en este juicio de amparo como se destacó al inicio, con lo que el derecho de petición se considera satisfecho. Tampoco se olvida que tratándose del derecho de petición existe criterio jurisprudencial en el sentido de dar vista con la respuesta para que la parte quejosa pueda ampliar demanda; sin embargo, en la especie se estima innecesario toda vez que la petición tiene su origen en un seguro de vida institucional, cuyo cobro en caso de oposición es la vía ordinaria, pues pensar que en el juicio de amparo se puede ventilar ese tipo de cuestiones choca con su naturaleza. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo por haber cesado en sus efectos jurídicos la omisión reclamada a la autoridad responsable. Sirve de apoyo a las consideraciones aquí vertidas, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 210, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, editado en el mes de febrero de 1998, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." El sobreseimiento se decreta fuera de audiencia sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues es claro que el acto reclamado dejó de existir, por tanto, estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia, contrario a lo que dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve como sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, consultable en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". En atención a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia constitucional, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, del que se advierte que no se ha realizado la notificación a la parte quejosa del auto de quince de enero del año en curso, en el que se tuvo por rendido el informe justificado del Jefe de Departamento de Asuntos Penales y Amparos de la Dirección de lo Contencioso de la Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, al cual acompañó la contestación que recayó al escrito de trece de junio de dos mil dieciocho, en el que la quejosa solicitó el pago de la póliza del seguro que en vida le pertenecía a Ricardo Béjar Robles. Por tanto, se comisiona de nueva cuenta al actuario judicial notifique a la impetrante de amparo el oficio DRH/SPA/306/2020 de diez de diciembre de dos mil veinte, mismo que obra como anexo de la promoción 215, en el entendido que deberá seguir los lineamientos que le fueron trazados en auto de once de febrero de dos mil veintiuno. En tal virtud, para dar lugar a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIDOS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese el escrito de Gilberto Valencia Barrera, autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo toda vez que sí tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; mediante el cual en atención a la vista dada en auto de once de febrero del año en curso manifiesta: * Que si bien al rendir su informe justificado la autoridad responsable manifiesta que por oficio DRH/SPA/206/2020, se dio contestación a la solicitud formulada por la quejosa el trece de junio de dos mil dieciocho, lo cierto es que dicho documento nunca fue notificado, además de que el oficio que la responsable exhibió a su informe de cuenta no tiene sello ni rúbrica que así lo demuestre; * Que además de lo anterior, la responsable no manifestó si dictaminó positiva o negativamente el pago del seguro del trabajador Ricardo Béjar Robles, por lo que solicita se requiera a la autoridad responsable para que en el término de ley haga del conocimiento de la quejosa el seguimiento o respuesta dada a la solicitud que formuló. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos que realiza el autorizado de la parte quejosa. Sin que de momento se estime necesario hacer el requerimiento que refiere en su escrito de cuenta, lo anterior, tomando en cuenta que el acto que en esta instancia constitucional se reclamó fue precisamente la omisión de la responsable de darle contestación a su escrito de trece de junio de dos mil dieciocho, lo que a la especie ya aconteció, tal como se advierte del estado de autos. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se desprende que el quince de enero del año en curso se tuvo por rendido el informe justificado del Jefe de Departamento de Asuntos Penales y Amparos de la Dirección de lo Contencioso de la Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, al cual acompañó la contestación que recayó al escrito de trece de junio de dos mil dieciocho, en el que la quejosa solicitó el pago de la póliza del seguro que en vida le pertenecía a ********************. Asimismo, en esa propia data se ordenó notificar a la peticionaria de amparo la contestación antes mencionada; sin embargo, al consultar la página de internet http://sise.cjf.gob.mx/sise/ExpedienteElectronico/PanelCentral.aspx, relativa a las notificaciones judiciales del expediente en que se actúa, se constata que si bien existe una notificación donde se da a conocer a la quejosa el auto de quince de enero pasado, lo cierto es que no se notificó el oficio ******************** de diez de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración- oficio que se encomendó notificar-. Por tanto, con fundamento en el artículo 58, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2° y para el sólo efecto de regularizar el procedimiento, se comisiona al actuario judicial notifique a la impetrante de amparo el oficio ******************** de diez de diciembre de dos mil veinte, mismo que obra como anexo de la promoción 215, en el entendido que en caso de realizar la notificación de manera electrónica, en el "acuse de recepción de notificación" se deberá percibir que efectivamente se remitió el oficio de cuenta a la quejosa. Notifíquese por lista y cúmplase. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes
- María Monserrat Bernal García749/2021
- María Monserrat Bernal García751/2021
- Maria Nancy Martínez González327/2018
- Maria Natividad Cortes Aguilar449/2023
- Maria Natividad Rueda Ramirez33/2019
- María Nohemi Acuña Aviles427/2019
- María Oliva Cortes Alegre800/2021
- María Oliva Cortes Alegre787/2021
- Maria Oralia Montero Padilla993/2017
- María Raquel Pineda Pineda743/2019
- María Renata Mejia Anguiano837/2023
- Maria Rodriguez Olvera1351/2023