Maria Natividad Cortes Aguilar

Expediente 449/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
449/2023
Año
2023
Actuaciones
18
Última actuación
13/10/2023

Partes del expediente

  • Maria Natividad Cortes Aguilar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, del análisis íntegro de la demanda de amparo se observa que la impetrante del amparo María Natividad Cortés Aguilar, reclama en esta instancia constitucional, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés; el cual atribuye a las autoridades responsables siguientes: 1. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; 2. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; 3. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; 4. Secretario de Gobernación; y, 5. Director del Diario Oficial de la Federación. Todas con sede en la Ciudad de México. Ahora bien, la procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como lo sustentado por la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, tomo VI, página 262, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esta cuestión de orden público en el juicio de garantías". En vinculación con lo anterior, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual, el juzgador federal se encuentra impedido para establecer si el acto reclamado es constitucional o no, es decir, la improcedencia va a motivar que el órgano de control constitucional no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra integrada por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más Alto Tribunal, la que se analiza conjuntamente con el texto del artículo 62 de la Ley en cita. En la especie, el suscrito considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.)" La fracción invocada establece que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que al momento de promover la demanda existían; sin embargo, durante la substanciación del mismo, cesaron de manera total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección federal solicitada. La cesación de efectos se actualiza por revocación y por sustitución, la primera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; en tanto que, la relativa a la sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Tiene aplicación a lo expuesto la jurisprudencia III.2o.C. J/22 consultable en la página 1579, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, de texto: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así como la Jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210 del Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto de estudio, se aprecia que al momento de promover la demanda de amparo tenía vigencia, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés. Sin embargo, durante la substanciación del presente juicio, cesaron los efectos de dicho decreto, por haberse dejado de producir los efectos del mismo, pues constituye hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que en sesión de veintidós de junio de dos mil veintitrés, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la acción de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas, y declaró la invalidez total y con efectos absolutos el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés, en términos de los resolutivos que se insertan: "(.) VIII. DECISIÓN 236. Por lo antes expuesto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve: PRIMERO. Son procedentes y fundadas las presentes acciones de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se declara la invalidez del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés, de conformidad con los apartados VI y VII de la presente resolución. TERCERO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación y en el Semanario Judicial de la Federación. (.)" En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo se sobresee en el presente juicio de amparo por haber cesado en sus efectos jurídicos los actos reclamados. Se cita como sustento de lo anterior, por aplicación analógica, la jurisprudencia P./J. 114/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable con el registro digital 180215, Novena Época, Materias(s): Constitucional, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Noviembre de 2004, página 588, que dispone: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI DURANTE SU TRAMITACIÓN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DECLARA LA INVALIDEZ DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, COMO CONSECUENCIA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN UNA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL, DEBE ESTIMARSE QUE HAN CESADO LOS EFECTOS DE AQUÉLLA, POR LO QUE PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO. La cesación de efectos prevista como causa de improcedencia de las controversias constitucionales en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicable también a las acciones de inconstitucionalidad en términos del numeral 65 de la ley citada, se actualiza si mientras se tramita una acción de inconstitucionalidad en contra de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara la invalidez con efectos absolutos de dicha norma, también impugnada en una controversia constitucional, pues es claro que han cesado sus efectos, lo que determina sobreseer en el procedimiento relativo, en términos del artículo 20, fracción II, de la ley de la materia." Asimismo, apoya lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 59/99 consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tal virtud, con apoyo en los artículos 63, fracción IV y V, así como 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado a las autoridades responsables. El sobreseimiento se decreta fuera de audiencia sin que sea necesario esperar al desahogo de la audiencia constitucional, pues estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, contrario a lo que dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve como sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 184572, cuyo rubro y texto expresan literalmente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". En consecuencia, se dejan sin efectos las once horas con cincuenta minutos del siete de noviembre de dos mil veintitrés, señaladas para el desahogo de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a las partes y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe. Estefanía Razón.- En esta fecha se giró (giraron) el (los) oficio (s) 24004, 24005, 24006, 24007 y 24008 a la (s) autoridad (es) correspondiente (s); notificándole (s) el auto que antecede. Conste. "2023. Año de Francisco Villa, El Revolucionario del Pueblo". OFICIO.24004. CÁMARA DE DIPUTADOS. OFICIO.24005. CÁMARA DE SENADORES. OFICIO.24006. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS OFICIO.24007. SECRETARIO DE GOBERNACIÓN. OFICIO.24008.DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. DENTRO DE LOS AUTOS QUE INTEGRAN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO I449/2023-JJSG, QUE PROMUEVE MARÍA NATIVIDAD CORTÉS AGUILAR, SE DICTÓ UN AUTO QUE A LA LETRA EXPRESA: Morelia, Michoacán, trece de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, del análisis íntegro de la demanda de amparo se observa que la impetrante del amparo María Natividad Cortés Aguilar, reclama en esta instancia constitucional, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés; el cual atribuye a las autoridades responsables siguientes: 1. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; 2. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; 3. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; 4. Secretario de Gobernación; y, 5. Director del Diario Oficial de la Federación. Todas con sede en la Ciudad de México. Ahora bien, la procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como lo sustentado por la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, tomo VI, página 262, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esta cuestión de orden público en el juicio de garantías". En vinculación con lo anterior, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual, el juzgador federal se encuentra impedido para establecer si el acto reclamado es constitucional o no, es decir, la improcedencia va a motivar que el órgano de control constitucional no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra integrada por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más Alto Tribunal, la que se analiza conjuntamente con el texto del artículo 62 de la Ley en cita. En la especie, el suscrito considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.)" La fracción invocada establece que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que al momento de promover la demanda existían; sin embargo, durante la substanciación del mismo, cesaron de manera total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección federal solicitada. La cesación de efectos se actualiza por revocación y por sustitución, la primera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; en tanto que, la relativa a la sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Tiene aplicación a lo expuesto la jurisprudencia III.2o.C. J/22 consultable en la página 1579, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, de texto: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así como la Jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210 del Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto de estudio, se aprecia que al momento de promover la demanda de amparo tenía vigencia, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés. Sin embargo, durante la substanciación del presente juicio, cesaron los efectos de dicho decreto, por haberse dejado de producir los efectos del mismo, pues constituye hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que en sesión de veintidós de junio de dos mil veintitrés, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la acción de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas, y declaró la invalidez total y con efectos absolutos el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés, en términos de los resolutivos que se insertan: "(.) VIII. DECISIÓN 236. Por lo antes expuesto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve: PRIMERO. Son procedentes y fundadas las presentes acciones de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se declara la invalidez del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés, de conformidad con los apartados VI y VII de la presente resolución. TERCERO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación y en el Semanario Judicial de la Federación. (.)" En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo se sobresee en el presente juicio de amparo por haber cesado en sus efectos jurídicos los actos reclamados. Se cita como sustento de lo anterior, por aplicación analógica, la jurisprudencia P./J. 114/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable con el registro digital 180215, Novena Época, Materias(s): Constitucional, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Noviembre de 2004, página 588, que dispone: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI DURANTE SU TRAMITACIÓN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DECLARA LA INVALIDEZ DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, COMO CONSECUENCIA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN UNA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL, DEBE ESTIMARSE QUE HAN CESADO LOS EFECTOS DE AQUÉLLA, POR LO QUE PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO. La cesación de efectos prevista como causa de improcedencia de las controversias constitucionales en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicable también a las acciones de inconstitucionalidad en términos del numeral 65 de la ley citada, se actualiza si mientras se tramita una acción de inconstitucionalidad en contra de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara la invalidez con efectos absolutos de dicha norma, también impugnada en una controversia constitucional, pues es claro que han cesado sus efectos, lo que determina sobreseer en el procedimiento relativo, en términos del artículo 20, fracción II, de la ley de la materia." Asimismo, apoya lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 59/99 consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tal virtud, con apoyo en los artículos 63, fracción IV y V, así como 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado a las autoridades responsables. El sobreseimiento se decreta fuera de audiencia sin que sea necesario esperar al desahogo de la audiencia constitucional, pues estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, contrario a lo que dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve como sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 184572, cuyo rubro y texto expresan literalmente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". En consecuencia, se dejan sin efectos las once horas con cincuenta minutos del siete de noviembre de dos mil veintitrés, señaladas para el desahogo de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a las partes y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe. LO QUE TRANSCRIBO A USTED PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS QUE SE INDICAN. A T E N T A M E N T E: LA SECRETARIA DEL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO. LICENCIADA ISELA ESTEFANÍA BUENO GALLEGOS (Firmado Electrónicamente)

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rinde la Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con residencia en la Ciudad de México. Con lo anterior, hágase nueva relación en la audiencia constitucional respectiva. En otra tesitura, agréguese el oficio suscrito por el Subdirector de Amparos, así como representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con residencia en la Ciudad de México, por el cual, en atención al requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional en auto de fecha veintidós de septiembre de la presente anualidad, remite lo siguiente: - Copias certificadas de los documentos que integran el proceso legislativo que dio lugar a la aprobación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado el dos de marzo de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas documentales públicas que acompaña a su oficio de cuenta el Subdirector de Amparos, así como representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con residencia en la Ciudad de México. De lo anterior, hágase nueva relación en la audiencia constitucional respectiva y con las citadas documentales se ordena formar un tomo de pruebas. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.Jg

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que mediante auto de fecha tres de mayo de la presente anualidad, se tuvo al Subdirector de Amparos, así como representante legal de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con residencia en la Ciudad de México, rindiendo su informe justificado [foja 96]. Ahora bien, toda vez que la autoridad responsable no anexó constancias a su libelo de cuenta por el cual rindió su informe justificado, con fundamento en los artículos 75 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase a la referida responsable para que dentro del plazo de tres días contado a partir de que reciba notificación del presente auto, remita copia íntegra y perfectamente legible de todos los documentos, actas, constancias y/o certificaciones que integran el proceso legislativo correspondiente al decreto por el que se aprobó el diverso por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo del año en curso; incluyendo toda la documentación correspondiente a las etapas de iniciativa, dictamen, debate y discusión, observaciones y expedición de la norma. Apercibida que en caso de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Por tanto, para dar lugar a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan las once horas con cincuenta minutos del siete de noviembre de dos mil veintitrés, para su verificativo. En otra tesitura, del mismo estado de autos, se advierte que la parte quejosa en su escrito de demanda señalo como ley o acto reclamado, lo siguiente: "[.] IV. Ley o acto reclamado; Reclamo los siguientes actos: a) La aprobación de las reformas a Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales por parte del CONGRESO DE LA UNIÓN, las cuales terminaron su proceso legislativo con la aprobación del dictamen por parte de la CÁMARA DE SENADORES en fecha 22 de febrero de 2023. En este sentido, los actos que se atribuyen a las autoridades responsables citadas, constituyen conductas violatorias de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 4º, 5°, 14, 16, 25, 35, 41 y 73 fracción XXIX-U de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como a los Tratados Internacionales de los cuales México es parte y son Ley Suprema de conformidad con el artículo 133 de la Constitución como lo son: La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Carta de la EOA y la OIT [.]." En virtud a lo anterior, y toda vez que el Subdirector de Amparos, rindió su informe justificado, únicamente como representante legal de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con residencia en la Ciudad de México; con copia del auto admisorio y copia de demanda, requiérase a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con residencia en la Ciudad de México, para que dentro del plazo de quince días, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, rinda su informe con justificación, el cual deberá rendir de la manera siguiente: En dicho informe deberá exponer las razones y fundamentos que considere pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos; además, deberá remitir ante este órgano de control constitucional, copia íntegra y perfectamente legible de todos los documentos, actas, constancias y/o certificaciones que integran el proceso legislativo correspondiente al decreto por el que se aprobó el diverso por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo del año en curso; incluyendo toda la documentación correspondiente a las etapas de iniciativa, dictamen, debate y discusión, observaciones y expedición de la norma. Para dar margen a lo anterior, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan para la celebración de la audiencia constitucional las once horas con cincuenta minutos del siete de noviembre de dos mil veintitrés. Asimismo, deberá rendir el informe justificado requerido con copia certificada de las documentales que justifique la constitucionalidad de los actos reclamados, tomando en consideración las siguientes directrices: 1. Si algunas de las fojas del expediente de origen se encuentran ilegibles o pierden su continuidad, en virtud de que así se encuentran en el mismo, aclare dicha circunstancia y señale el número de folio que corresponde a cada una de ellas; 2. En el caso de que las constancias sean legibles, pero las reproducciones que se obtengan de éstas no, deberá efectuar su transcripción con la indicación y folio correspondientes al remitirlas a este juzgado; y, 3. Observe que las copias que remita se encuentren debidamente ordenadas, atendiendo a su legibilidad, continuidad, orden cronológico y totalidad, o bien, realice las aclaraciones respectivas si así obran en el expediente a que pertenecen. En el entendido de que en caso de no rendir el informe en el tiempo y forma requeridos, se presumirán ciertos los actos reclamados respectivos, salvo prueba en contrario, de acuerdo con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que en caso de que remitan el expediente original del que derivan los actos reclamados, es su obligación conservar testimonio autorizado íntegro del mismo, ya que en el supuesto de necesitarlo para realizar alguna actuación, este juzgado no podrá devolverlo por ser imprescindible para resolver el juicio de amparo y en su caso el recurso de revisión, por lo que queda bajo su responsabilidad obtener las copias conducentes para su resguardo. Asimismo, se requiere a la autoridad responsable para el efecto de que en su informe haga del conocimiento de este juzgado si la parte quejosa o alguna otra persona ha promovido juicio de amparo indirecto relacionado con los actos reclamados o derivado del expediente de origen, informando el número de juicio y el Juzgado de Distrito a que corresponde, apercibida que en caso de no hacerlo, de acuerdo con el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, de la Ley de Amparo, se les impondrá un multa de manera individual, por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA). De conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de no rendir su informes justificado o lo haga sin acatar las directrices que fueron trazadas con anterioridad, se hará acreedora a una multa individual equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostentan y emolumentos que por esa causa recibe. En términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que en el supuesto de cesación de efectos de los actos reclamados o en caso de que se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento, lo hagan saber a este juzgado de manera inmediata, apercibidas que en caso de no hacerlo, de conformidad con el artículo 238, en relación con el diverso 251, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de manera individual por el equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA). Por otra parte, se informa a la autoridad responsable que no es necesario que acuse recibo de los oficios derivados del presente juicio, salvo que les sea solicitado expresamente y se les proporcione plazo específico para ello. Con apoyo en los numerales 9 y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, téngase como delegados a las personas que, en su caso, designe la autoridad responsable y por señalados los domicilios para recibir notificaciones que lleguen a designar en autos. Asimismo, se exhorta a las partes para que realicen lo siguiente: 1. Obtengan su firma electrónica FIREL; se registren como usuarios de los Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; soliciten a este órgano jurisdiccional el acceso a este expediente y la práctica de notificaciones de manera electrónica y, en la medida de lo posible, realicen todas sus promociones por esa vía. 2. En relación con la autoridades responsables, se exhorta a los funcionarios públicos a rendir sus informes o cumplir sus requerimientos a través de la plataforma referida en el párrafo que antecede, tomando en consideración que en ocasiones la logística de su trabajo no lo permite, por lo que se les requiere para que en su caso, proporcionen a este órgano una dirección de correo electrónico a través de la cual se puedan mantener las comunicaciones oficiales y dirijan sus informes y demás solicitudes al correo institucional 7jdo11cto@correo.cjf.gob.mx; sin que lo anterior implique que se sustituya la facultad de este juzgado de solicitar, cuando el caso lo amerite, que la comunicación se realice de manera ordinaria. 3. Asimismo, para que las autoridades proporcionen el nombre, cargo, teléfono fijo o móvil del servidor público que pueda fungir como enlace a efecto de instituir un vínculo de comunicación para las gestiones derivadas de la tramitación del presente asunto. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas a petición verbal de las partes, previa identificación y recibo que de ello se deje en autos para constancia. Por otro lado, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. De conformidad con los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables, así como a las que tengan el carácter de terceras interesadas, mediante oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente en relación con aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa, en el entendido de que las determinaciones diversas serán notificadas mediante lista que se publica en lugar visible de este juzgado, así como en la sección de servicios de la página electrónica institucional www.cjf.gob.mx consultable vía Internet. En tal virtud, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista de autos, lo cual constituye un sistema de notificación que se publica en Internet con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, y con apoyo además en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante el Acuerdo General 49/2011. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio 7708/2023 suscrito por el secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa remite testimonio de la resolución dictada el trece de julio del año en curso en el recurso de queja civil 135/2023, en relación con la queja administrativa 136/2023, de la que se advierte que se declaró infundado el recurso de queja interpuesto contra el auto por el que se admitió la demanda que dio origen a este expediente. Acúsese recibo respectivo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro, electrónico, de gobierno respectivo. Finalmente, resulta innecesario glosar a los autos el cuaderno que se formó con motivo de la remisión del expediente original al Tribunal Colegiado, por lo que se ordena destruir desde ahora el mismo, previa integración al juicio de las constancias originales que obren en éste, toda vez que el principal ya fue devuelto a este juzgado y dicho cuaderno no se considera de antecedentes al contar con los autos originales. Notifíquese por lista, y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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