María Nori Deisi Hernández Rodríguez

Expediente 546/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
546/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
29/12/2022

Partes del expediente

  • María Nori Deisi Hernández Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de dos de julio de dos mil veintiuno, se recibió el oficio *******, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, por el que informó que se ese órgano colegiado determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda promovida por ***********, en contra de los actos atribuidos al Juzgado Cuarto del Ramo Civil del Distrito Judicial del Tuxtla, residente en esta ciudad, y otra autoridad; por lo que remitió informe justificado, copia certificada del expediente natural -dos tomos-, y copia certificada de los documentos base de la acción -en sobre cerrado-, así como el cuaderno de amparo correspondiente, sin que se haya remitido el acuse de recibo respectivo. Al efecto se acuerda: Al efecto, acúsese recibo a la superioridad del oficio y anexos detallados, para los efectos legales conducentes. CÚMPLASE.

  2. Principal

    Vista: la certificación anterior y que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98, en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara en contra del proveído dos de julio del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovido por ***. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 80 y 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veintitrés de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que en el presente no se formaron los cuadernos incidentales, de deja acordar lo conducente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Finalmente, en atención que el órgano declinante, Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, remitió junto con el cuaderno de amparo, el copias certificadas del expediente natural -dos tomos-, así como los documentos base de la acción -en sobre cerrado- resulta innecesaria su retención, por lo cual, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales procedentes; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo respectivo dado que se trata de una reproducción de su original. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA.

  3. Principal

    Visto; el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, por medio del cual informa que se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda promovida por María Nori Deisi Hernández Rodríguez, en contra del 1. Juzgado Cuarto del Ramo Civil del Distrito Judicial del Tuxtla, residente en esta ciudad, y otra autoridad; por lo que, remite informe justificado, copia certificada del expediente natural -dos tomos-, y copia certificada de los documentos base de la acción -en sobre cerrado-, así como el cuaderno de amparo correspondiente a este asunto. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, en relación con el diverso 107, de la Ley de Amparo, SE ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA, Y ESTE JUZGADO SE AVOCA, AL CONOCIMIENTO DEL PRESENTE ASUNTO. Acúsese de recibo correspondiente a la superioridad. I. REGISTRO. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 546/2021-II y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Ahora, es importante precisar que el artículo 113, de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. La norma legal invocada pone de manifiesto la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con lo anterior, diversos tribunales se han pronunciado en el sentido de que lo "manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo "indudable" resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Informa de lo anterior la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 64, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número. 80, Agosto de 1994, con registro digital 210751, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." En el contexto anterior, del análisis a la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente reclama del 1. Juez Cuarto del Ramo Civil del Distrito Judicial del Tuxtla, residente en esta ciudad, lo siguiente: a) La orden de lanzamiento y, en consecuencia, la privación de la posesión del bien inmueble ubicado en Cuarta Avenida Sur Poniente Número 611 seiscientos once, en esta ciudad. Y del 2. Actuario adscrito al Juzgado Cuarto del Ramo Civil del Distrito Judicial del Tuxtla, residente en esta ciudad. b) La falta de notificación personal de la sentencia definitiva recaída en el expediente número 347/2016. c) La falta de requerimiento personal respecto del desalojo voluntario del citado bien. En ese tenor, respecto de la actuación precisada en el inciso a), se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo, este último aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, ya que la misma forma parte del procedimiento de ejecución de la sentencia emitida en el expediente de origen, debido a que fue dictado para instar a la recurrente con el objeto de que voluntariamente desocupe y entregue el inmueble materia del juicio natural; además de que el lanzamiento y, en consecuencia, la privación de la desposesión del bien inmueble citado supralíneas, no constituye el último acto dictado en ejecución de la sentencia respectiva, dado que de él todavía pueden derivar diversas acciones para la ejecución material de ésta, como pueden ser, entre otros, que el inconforme no cumpla voluntariamente con lo ordenado en el acuerdo relativo a la entrega voluntaria. Por tanto, como el acto reclamado es un acto que forma parte de la etapa de ejecución, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, acorde con la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, no le es aplicable la regla genérica de procedencia contenida en la citada fracción, sino la que específicamente se refiere a los actos dictados en ejecución de sentencia, al tratarse de una actuación estrictamente encaminada a obtener el cumplimiento de la sentencia que constituye cosa juzgada. Así, resulta inconcuso que el juicio de amparo es notoriamente improcedente, toda vez que no se trata de la última resolución en el procedimiento de ejecución; por lo que la parte quejosa se encuentra en aptitud de impugnar todas las determinaciones que a su estimación se tilden como violaciones de derechos y garantías en su perjuicio, en el momento en que se dicte el auto en el que reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado. Por identidad jurídica sustancial, guarda aplicación la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la literalidad siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Y por identidad de razón, la diversa sostenida por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: "LANZAMIENTO. SUSPENSIÓN DE LA DILIGENCIA DE, IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE ACTO DE EJECUCIÓN. Si el acto reclamado se hace consistir en la suspensión de la diligencia de lanzamiento, realizada por el actuario adscrito al juzgado responsable, con motivo de la ejecución provisional de la sentencia emitida en el juicio natural; en tal circunstancia, aquélla no es la última resolución dictada en ejecución de la sentencia, la cual tampoco se puede considerar como la última en el procedimiento de ejecución; luego, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, y por ende, con fundamento en el diverso 73, fracción XVIII, de la ley de la materia, sobreseer el juicio de amparo." En esa tesitura, se insiste, en relación con el acto sintetizado en el inciso a), atribuido a la autoridad responsable precisada en el numeral 1, se considera que surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo, este último aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, Por otra parte, atinente a los actos reclamados indicados en los incisos b) y c), se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando la ley conceda algún recurso, por virtud del cual las resoluciones judiciales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, razón por la que obligatoriamente deben agotarse dichos recursos. En principio, es menester destacar uno de los principios que rigen el juicio de amparo consiste en el de definitividad, relativo a que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así será improcedente el juicio de amparo. Este principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa a través de la protección de las garantías individuales, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. Así, tenemos que, en contra de los actos reclamados, acotados con antelación -b) y c)-, procede un medio de defensa legal, por medio del cual pueden ser modificados, revocados o nulificados; y en el caso, la parte quejosa al no haberlo agotado previamente, no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." En efecto, el recurso o medio de defensa legal que debe tener a su alcance la peticionaria de amparo para impugnar la actuación de una autoridad, es algún recurso ordinario por virtud del cual se pueda revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada, lo que quiere decir que no cualquier medio de defensa en su terminología lato sensu, cuyo concepto comprende medios de defensa ordinarios y extraordinarios que se deje de interponer, conduce necesariamente a la conclusión de que se pueda actualizar esta causal de improcedencia. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la institución agraviada consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos reclamados. Tales recursos, cuya no promoción hace improcedente el juicio de garantías, deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen. Así, para que tenga obligación la parte quejosa de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional un recurso ordinario legalmente existente con el objeto de impugnar el acto que lo agravie, debe existir entre éste y aquél una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley rectora del acto en forma expresa para combatir a éste y no que por analogía se considere a dicho recurso como procedente para tal efecto. Ahora bien, de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo trascrito, se colige que el juicio de garantías se tornará improcedente, cuando se haga valer en contra de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra las cuales resulte procedente algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento de origen, en virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas; ello no obstante que la parte perjudicada no hubiese hecho valer tal recurso con la oportunidad legal debida. Es decir, el amparo únicamente procederá cuando previamente se hayan agotado los recursos o medios de defensa que pudieren tener por efecto revocar, modificar o nulificar las resoluciones, provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo reclamadas; todo ello, atendiendo al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. En el caso en análisis, se estima que antes de instar el juicio de amparo indirecto, contra la falta de notificación personal de la sentencia definitiva recaída en el expediente número 347/2016, así como del requerimiento respecto del desalojo voluntario del citado bien, debió agotar el incidente de nulidad de actuaciones, en términos del artículo 74 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas. En efecto, del artículo en cita se obtiene que las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales de manera que quede sin defensa la parte y cuando la ley expresamente lo determine. Por tanto, si los actos reclamados en el presente juicio se emitieron dentro de los autos del juicio 347//2016, del índice de la autoridad responsable citada en ordinal 2, procede de forma genérica el incidente de nulidad de actuaciones, de conformidad con el artículo 74 del código procesal civil de la entidad, es indudable que la parte quejosa previo a instar la vía constitucional debió interponer el incidente de nulidad de actuaciones y al no haberlo hecho así, es evidente que no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, lo que hace improcedente el presente juicio. Resulta aplicable al caso por su contenido y alcance la tesis IV.10.C.52 C, instada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible a página 2430, Tomo XXII, octubre de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. EL INCIDENTE RELATIVO CONSTITUYE UN MEDIO DE DEFENSA ORDINARIO QUE DEBE AGOTARSE DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AUNQUE LA PARTE AFECTADA AFIRME HABERSE ENTERADO DE LA ILEGAL NOTIFICACIÓN DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA. Si el quejoso plantea como violación procesal la ilegalidad de una notificación practicada en el juicio mercantil instaurado en su contra y alega que tuvo conocimiento de la misma con posterioridad al dictado de la sentencia reclamada, empero, las constancias de autos patentizan su legal emplazamiento y además, que se le tuvo por contestando la demanda en tiempo y forma, quedando indiscutiblemente incorporado al procedimiento, lo cual hace inaceptable otorgarle el carácter de tercero extraño por equiparación; entonces, no existe razón para relevarlo de la obligación de cumplir con el requisito exigido por el artículo 161, fracción I, de la Ley de Amparo, conforme al cual debió combatir oportunamente la diligencia actuarial en cuestión, mediante el incidente de nulidad previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, pues es claro que de acuerdo al sistema procesal legalmente instituido, no habrá motivo alguno para liberarlo de su obligación de velar por sus propios intereses, estando pendiente del proceso respectivo, máxime si la relación jurídico-procesal quedó bien establecida y consentida. Por tanto, es inadmisible desconocer esa realidad fáctica y atender la pretensión del afectado, en el sentido de que a partir de cierto estado del procedimiento, se actuó a sus espaldas, para considerar que sí se encuentra en posibilidad de combatir la alegada violación procesal, sin estar obligado a cumplir con los requisitos exigidos por el citado numeral 161, fracción I, de la ley de la materia." Sirve de apoyo, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, con el rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En ese contexto, resulta evidente que la parte promovente debió interponer el señalado medio de defensa, cumpliendo así con el principio de definitividad rector de la instancia constitucional, contenido en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, toda vez que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en ese normativo; a saber, que se trate de un tercero extraño a procedimiento, que se trate de órdenes privativas de la libertad, que el acto importe peligro de privación de la vida, deportación de destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional; o que la procedencia del recurso se sujete a interpretación adicional. Al efecto, resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." En efecto, para que opere la causal de improcedencia anunciada, basta con que alguna ley ordinaria prevenga de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado. En ese orden de ideas, es evidente que contra los actos precisados en los incisos b) y c), reclamados a la autoridad responsable indicada en el arábigo 2, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues se itera, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, prevé el medio de defensa, en virtud del cual, estos pudieron ser nulificados, modificados o revocados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia, emitida por la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Nación, visible en la página 729, Tomo 1, Libro X, julio de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su texto: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." III. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA En esas condiciones, al actualizarse las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo, este último aplicado en sentido contrario, y en la diversa fracción XVIII, del ordinal precisado en primer orden, todos de la Ley de Amparo, , con fundamento en el artículo 113, de la ley de la materia, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ***, por los motivos expuestos con anterioridad. Guarda aplicación la tesis II.1o.C.T.11 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre de 1995, página 509, Materia Común, Novena Época, con registro digital 203580, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." IV. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por otra parte, con apoyo en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír notificaciones el que señala la promovente en su escrito de demanda. Sin que sea necesario efectuar pronunciamiento respecto de autorizados, toda vez que no designó ninguno. V. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. VI. RESGUARDO DE DOCUMENTOS En ese tenor, hágase la entrega de la copia certificada de los documentos base de la acción -en sobre cerrado-, al Secretario encargado de la caja de valores, para su guarda, custodia y registro correspondiente. VII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se realicen con los diversos 41 y 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y su reforma de veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena al secretario que elabore en versión pública la presente resolución y la integre al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, respetando los lineamientos de versión públicas aplicables para salvaguardar los datos personales de las personas involucradas en este juicio. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa: Visto; el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, por medio del cual informa que se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda promovida por María Nori Deisi Hernández Rodríguez, en contra del 1. Juzgado Cuarto del Ramo Civil del Distrito Judicial del Tuxtla, residente en esta ciudad, y otra autoridad; por lo que, remite informe justificado, copia certificada del expediente natural -dos tomos-, y copia certificada de los documentos base de la acción -en sobre cerrado-, así como el cuaderno de amparo correspondiente a este asunto. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, en relación con el diverso 107, de la Ley de Amparo, SE ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA, Y ESTE JUZGADO SE AVOCA, AL CONOCIMIENTO DEL PRESENTE ASUNTO. Acúsese de recibo correspondiente a la superioridad. I. REGISTRO. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 546/2021-II y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Ahora, es importante precisar que el artículo 113, de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. La norma legal invocada pone de manifiesto la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con lo anterior, diversos tribunales se han pronunciado en el sentido de que lo "manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo "indudable" resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Informa de lo anterior la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 64, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número. 80, Agosto de 1994, con registro digital 210751, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." En el contexto anterior, del análisis a la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente reclama del 1. Juez Cuarto del Ramo Civil del Distrito Judicial del Tuxtla, residente en esta ciudad, lo siguiente: a) La orden de lanzamiento y, en consecuencia, la privación de la posesión del bien inmueble ubicado en Cuarta Avenida Sur Poniente Número 611 seiscientos once, en esta ciudad. Y del 2. Actuario adscrito al Juzgado Cuarto del Ramo Civil del Distrito Judicial del Tuxtla, residente en esta ciudad. b) La falta de notificación personal de la sentencia definitiva recaída en el expediente número 347/2016. c) La falta de requerimiento personal respecto del desalojo voluntario del citado bien. En ese tenor, respecto de la actuación precisada en el inciso a), se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo, este último aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, ya que la misma forma parte del procedimiento de ejecución de la sentencia emitida en el expediente de origen, debido a que fue dictado para instar a la recurrente con el objeto de que voluntariamente desocupe y entregue el inmueble materia del juicio natural; además de que el lanzamiento y, en consecuencia, la privación de la desposesión del bien inmueble citado supralíneas, no constituye el último acto dictado en ejecución de la sentencia respectiva, dado que de él todavía pueden derivar diversas acciones para la ejecución material de ésta, como pueden ser, entre otros, que el inconforme no cumpla voluntariamente con lo ordenado en el acuerdo relativo a la entrega voluntaria. Por tanto, como el acto reclamado es un acto que forma parte de la etapa de ejecución, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, acorde con la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, no le es aplicable la regla genérica de procedencia contenida en la citada fracción, sino la que específicamente se refiere a los actos dictados en ejecución de sentencia, al tratarse de una actuación estrictamente encaminada a obtener el cumplimiento de la sentencia que constituye cosa juzgada. Así, resulta inconcuso que el juicio de amparo es notoriamente improcedente, toda vez que no se trata de la última resolución en el procedimiento de ejecución; por lo que la parte quejosa se encuentra en aptitud de impugnar todas las determinaciones que a su estimación se tilden como violaciones de derechos y garantías en su perjuicio, en el momento en que se dicte el auto en el que reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado. Por identidad jurídica sustancial, guarda aplicación la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la literalidad siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Y por identidad de razón, la diversa sostenida por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: "LANZAMIENTO. SUSPENSIÓN DE LA DILIGENCIA DE, IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE ACTO DE EJECUCIÓN. Si el acto reclamado se hace consistir en la suspensión de la diligencia de lanzamiento, realizada por el actuario adscrito al juzgado responsable, con motivo de la ejecución provisional de la sentencia emitida en el juicio natural; en tal circunstancia, aquélla no es la última resolución dictada en ejecución de la sentencia, la cual tampoco se puede considerar como la última en el procedimiento de ejecución; luego, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, y por ende, con fundamento en el diverso 73, fracción XVIII, de la ley de la materia, sobreseer el juicio de amparo." En esa tesitura, se insiste, en relación con el acto sintetizado en el inciso a), atribuido a la autoridad responsable precisada en el numeral 1, se considera que surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo, este último aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, Por otra parte, atinente a los actos reclamados indicados en los incisos b) y c), se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando la ley conceda algún recurso, por virtud del cual las resoluciones judiciales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, razón por la que obligatoriamente deben agotarse dichos recursos. En principio, es menester destacar uno de los principios que rigen el juicio de amparo consiste en el de definitividad, relativo a que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así será improcedente el juicio de amparo. Este principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa a través de la protección de las garantías individuales, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. Así, tenemos que, en contra de los actos reclamados, acotados con antelación -b) y c)-, procede un medio de defensa legal, por medio del cual pueden ser modificados, revocados o nulificados; y en el caso, la parte quejosa al no haberlo agotado previamente, no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." En efecto, el recurso o medio de defensa legal que debe tener a su alcance la peticionaria de amparo para impugnar la actuación de una autoridad, es algún recurso ordinario por virtud del cual se pueda revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada, lo que quiere decir que no cualquier medio de defensa en su terminología lato sensu, cuyo concepto comprende medios de defensa ordinarios y extraordinarios que se deje de interponer, conduce necesariamente a la conclusión de que se pueda actualizar esta causal de improcedencia. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la institución agraviada consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos reclamados. Tales recursos, cuya no promoción hace improcedente el juicio de garantías, deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen. Así, para que tenga obligación la parte quejosa de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional un recurso ordinario legalmente existente con el objeto de impugnar el acto que lo agravie, debe existir entre éste y aquél una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley rectora del acto en forma expresa para combatir a éste y no que por analogía se considere a dicho recurso como procedente para tal efecto. Ahora bien, de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo trascrito, se colige que el juicio de garantías se tornará improcedente, cuando se haga valer en contra de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra las cuales resulte procedente algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento de origen, en virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas; ello no obstante que la parte perjudicada no hubiese hecho valer tal recurso con la oportunidad legal debida. Es decir, el amparo únicamente procederá cuando previamente se hayan agotado los recursos o medios de defensa que pudieren tener por efecto revocar, modificar o nulificar las resoluciones, provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo reclamadas; todo ello, atendiendo al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. En el caso en análisis, se estima que antes de instar el juicio de amparo indirecto, contra la falta de notificación personal de la sentencia definitiva recaída en el expediente número 347/2016, así como del requerimiento respecto del desalojo voluntario del citado bien, debió agotar el incidente de nulidad de actuaciones, en términos del artículo 74 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas. En efecto, del artículo en cita se obtiene que las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales de manera que quede sin defensa la parte y cuando la ley expresamente lo determine. Por tanto, si los actos reclamados en el presente juicio se emitieron dentro de los autos del juicio 347//2016, del índice de la autoridad responsable citada en ordinal 2, procede de forma genérica el incidente de nulidad de actuaciones, de conformidad con el artículo 74 del código procesal civil de la entidad, es indudable que la parte quejosa previo a instar la vía constitucional debió interponer el incidente de nulidad de actuaciones y al no haberlo hecho así, es evidente que no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, lo que hace improcedente el presente juicio. Resulta aplicable al caso por su contenido y alcance la tesis IV.10.C.52 C, instada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible a página 2430, Tomo XXII, octubre de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. EL INCIDENTE RELATIVO CONSTITUYE UN MEDIO DE DEFENSA ORDINARIO QUE DEBE AGOTARSE DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AUNQUE LA PARTE AFECTADA AFIRME HABERSE ENTERADO DE LA ILEGAL NOTIFICACIÓN DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA. Si el quejoso plantea como violación procesal la ilegalidad de una notificación practicada en el juicio mercantil instaurado en su contra y alega que tuvo conocimiento de la misma con posterioridad al dictado de la sentencia reclamada, empero, las constancias de autos patentizan su legal emplazamiento y además, que se le tuvo por contestando la demanda en tiempo y forma, quedando indiscutiblemente incorporado al procedimiento, lo cual hace inaceptable otorgarle el carácter de tercero extraño por equiparación; entonces, no existe razón para relevarlo de la obligación de cumplir con el requisito exigido por el artículo 161, fracción I, de la Ley de Amparo, conforme al cual debió combatir oportunamente la diligencia actuarial en cuestión, mediante el incidente de nulidad previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, pues es claro que de acuerdo al sistema procesal legalmente instituido, no habrá motivo alguno para liberarlo de su obligación de velar por sus propios intereses, estando pendiente del proceso respectivo, máxime si la relación jurídico-procesal quedó bien establecida y consentida. Por tanto, es inadmisible desconocer esa realidad fáctica y atender la pretensión del afectado, en el sentido de que a partir de cierto estado del procedimiento, se actuó a sus espaldas, para considerar que sí se encuentra en posibilidad de combatir la alegada violación procesal, sin estar obligado a cumplir con los requisitos exigidos por el citado numeral 161, fracción I, de la ley de la materia." Sirve de apoyo, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, con el rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En ese contexto, resulta evidente que la parte promovente debió interponer el señalado medio de defensa, cumpliendo así con el principio de definitividad rector de la instancia constitucional, contenido en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, toda vez que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en ese normativo; a saber, que se trate de un tercero extraño a procedimiento, que se trate de órdenes privativas de la libertad, que el acto importe peligro de privación de la vida, deportación de destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional; o que la procedencia del recurso se sujete a interpretación adicional. Al efecto, resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." En efecto, para que opere la causal de improcedencia anunciada, basta con que alguna ley ordinaria prevenga de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado. En ese orden de ideas, es evidente que contra los actos precisados en los incisos b) y c), reclamados a la autoridad responsable indicada en el arábigo 2, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues se itera, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, prevé el medio de defensa, en virtud del cual, estos pudieron ser nulificados, modificados o revocados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia, emitida por la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Nación, visible en la página 729, Tomo 1, Libro X, julio de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su texto: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." III. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA En esas condiciones, al actualizarse las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo, este último aplicado en sentido contrario, y en la diversa fracción XVIII, del ordinal precisado en primer orden, todos de la Ley de Amparo, , con fundamento en el artículo 113, de la ley de la materia, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ***, por los motivos expuestos con anterioridad. Guarda aplicación la tesis II.1o.C.T.11 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre de 1995, página 509, Materia Común, Novena Época, con registro digital 203580, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." IV. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por otra parte, con apoyo en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír notificaciones el que señala la promovente en su escrito de demanda. Sin que sea necesario efectuar pronunciamiento respecto de autorizados, toda vez que no designó ninguno. V. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. VI. RESGUARDO DE DOCUMENTOS En ese tenor, hágase la entrega de la copia certificada de los documentos base de la acción -en sobre cerrado-, al Secretario encargado de la caja de valores, para su guarda, custodia y registro correspondiente. VII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se realicen con los diversos 41 y 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y su reforma de veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena al secretario que elabore en versión pública la presente resolución y la integre al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, respetando los lineamientos de versión públicas aplicables para salvaguardar los datos personales de las personas involucradas en este juicio. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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