María Nayeni Ochoa Espinosa

Expediente 947/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
947/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
29/07/2022

Partes del expediente

  • María Nayeni Ochoa Espinosa

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Visto; el oficio signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez, mediante el cual acusa recibo del diverso 16358/2022, con el que se remitió el original del juicio de amparo 947/2022, e informa que ACEPTÓ LA COMPETENCIA Y SE AVOCÓ AL CONOCIMIENTO del mismo; de lo que se toma nota para los efectos legales correspondientes, en virtud de que por auto de catorce de julio del año en curso, este juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer del presente asunto. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos el oficio de cuenta. A. ARCHIVO. Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción J), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que este Juzgado declino la competencia planteada en favor del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Toda vez que en el presente no se formó el incidente de suspensión, se deja de proveer al respecto. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES. Como lo dispone el citado artículo del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS Y TOMOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, catorce de julio de dos mil veintidós. Vista; la demanda de amparo promovida por +++, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con sede en Tonalá, Chiapas. I. REGISTRO Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 947/2022-III y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II. ANÁLISIS DE COMPETENCIA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el artículo 33 de la Ley de Amparo, resulta imprescindible previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, verificar si este Juzgado Federal resulta competente para conocer del presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia I.2o.P. J/40, con número de registro 218721, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 56, Agosto de 1992, página 36, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." En ese orden de ideas, en términos de los artículos 107, fracción VII, Constitucional, 37 y 48, de la Ley de Amparo, la consecuencia jurídica del acto reclamado para los efectos del juicio de amparo, es competencia de los Juzgados de Distrito con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas. En efecto, del análisis de los preceptos constitucionales y legales antes trascritos se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor comprensión técnica se puntualizan a continuación: a) La primera regla se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora, como sucede en el caso. b) La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye más bien un matiz de la anterior regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que para el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En tercer lugar, del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido el acto reclamado. Por otra parte, el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, establece en lo que interesa, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acacoyahua, Acapetahua, Amatenango de la Frontera, Arriaga, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Cacahoatán, El Porvenir, Escuintla, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, La Grandeza, Mapastepec, Mazapa de Madero, Mazatán, Metapa, Motozintla, Pijijiapan, Siltepec, Suchiate, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Chico, Tuzantán, Unión Juárez y Villa Comaltitlán. Luego, del análisis integral realizado a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión de dictar laudo en el expediente laboral número J/O/39/2018, del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Tonalá, Chiapas. Cabe mencionar que en el capítulo de antecedentes, la parte quejosa manifiesta que se encuentra cerrada la instrucción dentro del juicio laboral J/O/39/2018, sin embargo, la autoridad responsable ha sido omisa en emitir el laudo correspondiente, lo que se traduce en una franca transgresión a los principios de impartición de justicia pronta y expedita, acceso efectivo a la justicia, legalidad, fundamentación, motivación y seguridad jurídica, que tutela el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De lo anterior se advierte que, si bien, de acuerdo con su naturaleza, el acto reclamado es un acto omisivo, lo cierto es que tiene efectos positivos ya que sus consecuencias trascienden en un plano fáctico; es decir, conllevan ejecución material, pues su naturaleza parte de un deber de hacer, cuyo incumplimiento se reclama y se materializa de forma directa en detrimento o menoscabo del derecho fundamental del quejoso de acceso a la justica de manera pronta y expedita, en perjuicio de las partes en el proceso. Por ende, la omisión atribuida a la responsable, genera una afectación que no cesará hasta en tanto se cumpla con el deber señalado; y en ese sentido, se reitera, si bien el acto reclamado es uno omisivo -por no cumplirse con una obligación determinada- lo cierto es que genera efectos como si se tratara de un acto positivo. De ahí que se trata de un acto omisivo con efectos positivos. Entonces, es evidente que el acto omisivo reclamado no se circunscribe a la sola inactividad de la autoridad, pues la privación de ese derecho fundamental de acceso a la justicia pronta y expedita a favor de los gobernados legal y constitucionalmente, materializa una consecuencia en el mundo fáctico del quejoso que configura el principio de ejecución material. Conforme a lo anterior, se considera que en el caso se actualiza la primera hipótesis del artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone que a fin de determinar la competencia por razón de territorio, es competente el juzgado del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, pues la omisión reclamada tiene eficacia en el lugar en el que se materializa esa abstención, esto es, en Tonalá, Chiapas, lugar en donde reside la autoridad responsable. Por ende, la competencia debe fincarse en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas, en turno, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, pues dada la naturaleza del acto generador de molestia, no cesará hasta en tanto se cumpla con el deber señalado. Similar criterio adoptó el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver el conflicto competencial 14/2022, en el que, en lo que interesa dijo: "...A efecto de dilucidar la naturaleza y efectos del acto reclamado, debe tenerse presente que el quejoso señaló como acto reclamado la omisión de celebrar la audiencia de pruebas y alegatos en relación al incidente de acumulación dentro del expediente laboral J/O/67/2020, dijo que la autoridad responsable no cumplía con lo establecido en el numeral 17 constitucional, porque tanto os representantes de los trabajadores como de los patrones no firmaban las actuaciones por estar en desacuerdo, lo que impedía la celebración de la audiencia y se impedía la impartición de justicia pronta y expedita en los plazos que fija la ley. Con base en lo anterior, se destaca que la omisión de celebrar la audiencia que menciona el quejoso, si bien es un acto omisivo, lo cierto es que tiene efectos positivos ya que sus consecuencias trascienden en un plano fáctico; es decir, conllevan ejecución material, pues su naturaleza parte de un deber de hacer, cuyo incumplimiento se reclama y se materializa de forma directa en detrimento o menoscabo del derecho fundamental del quejoso de acceso a la justicia de manera pronta y expedita, en perjuicio de las partes en el proceso. Por ende, no puede afirmarse que la omisión atribuida a la responsable es una decisión meramente declarativa que no tiene ningún efecto o que no conlleve a consecuencia alguna. Por el contrario, con ello se genera una afectación que no cesará hasta en tanto se cumpla con el deber señalado; y en ese sentido, se reitera, si bien el acto reclamado es uno omisivo -por no cumplirse con una obligación determinada- lo cierto es que genera efectos que si se tratara de un acto positivo. De ahí que se trata de un acto omisivo con efectos positivos. Entonces, el acto omisivo reclamado no se circunscribe a la sola inactividad de la autoridad, pues la privación de ese derecho fundamental de acceso a la justicia pronta y expedita a favor de los gobernados legal y constitucionalmente, materializa una consecuencia en el mundo fáctico del quejoso que configura el principio de ejecución material. Conforme a lo anterior, se considera que en el caso se actualiza la primera hipótesis del artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone que a fin de determinar la competencia por razón de territorio, es competente el juzgado del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, pues la omisión reclamada tiene eficacia en el lugar en el que se materializa esa abstención, que por el momento y en atención a los elementos con que se cuentan en el presente conflicto, la autoridad responsable tiene su residencia en Tonalá, Chiapas Por ende, como ya se expuso, la competencia debe fincarse a favor del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, pues dada la naturaleza del acto generador de molestia, no cesará hasta en tanto se cumpla con el deber señalado; por lo que, en consecuencia, deberán remitirse los autos del expediente relativo a dicho órgano para su conocimiento..." Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente para los efectos legales procedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. III. DOMICILIO, AUTORIZADOS Y CORREO ELECTRÓNICO. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala ubicado en Primera Avenido Sur Poniente, Número 662-2, primer piso, Colonia Centro, de esta ciudad. Se tiene a Eder Sánchez Díaz, como autorizado en términos del numeral 12, párrafo segundo, en relación con el diverso 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo, esto, es únicamente para oír y recibir notificaciones, por haberlo solicitado así la promovente. Por otro lado, como lo establece el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID- 2019, el correo electrónico, es sólo un medio para entablar comunicaciones no procesales con las partes, y por tanto se le tiene por ofrecido el mismo, solo para el efecto antes mencionado. IV. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. V. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO: Número de expediente: 947/2022 Acuerdo: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, catorce de julio de dos mil veintidós. Vista; la demanda de amparo promovida por +++, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con sede en Tonalá, Chiapas. I. REGISTRO Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 947/2022-III y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II. ANÁLISIS DE COMPETENCIA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el artículo 33 de la Ley de Amparo, resulta imprescindible previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, verificar si este Juzgado Federal resulta competente para conocer del presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia I.2o.P. J/40, con número de registro 218721, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 56, Agosto de 1992, página 36, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." En ese orden de ideas, en términos de los artículos 107, fracción VII, Constitucional, 37 y 48, de la Ley de Amparo, la consecuencia jurídica del acto reclamado para los efectos del juicio de amparo, es competencia de los Juzgados de Distrito con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas. En efecto, del análisis de los preceptos constitucionales y legales antes trascritos se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor comprensión técnica se puntualizan a continuación: a) La primera regla se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora, como sucede en el caso. b) La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye más bien un matiz de la anterior regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que para el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En tercer lugar, del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido el acto reclamado. Por otra parte, el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, establece en lo que interesa, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acacoyahua, Acapetahua, Amatenango de la Frontera, Arriaga, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Cacahoatán, El Porvenir, Escuintla, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, La Grandeza, Mapastepec, Mazapa de Madero, Mazatán, Metapa, Motozintla, Pijijiapan, Siltepec, Suchiate, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Chico, Tuzantán, Unión Juárez y Villa Comaltitlán. Luego, del análisis integral realizado a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión de dictar laudo en el expediente laboral número J/O/39/2018, del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Tonalá, Chiapas. Cabe mencionar que en el capítulo de antecedentes, la parte quejosa manifiesta que se encuentra cerrada la instrucción dentro del juicio laboral J/O/39/2018, sin embargo, la autoridad responsable ha sido omisa en emitir el laudo correspondiente, lo que se traduce en una franca transgresión a los principios de impartición de justicia pronta y expedita, acceso efectivo a la justicia, legalidad, fundamentación, motivación y seguridad jurídica, que tutela el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De lo anterior se advierte que, si bien, de acuerdo con su naturaleza, el acto reclamado es un acto omisivo, lo cierto es que tiene efectos positivos ya que sus consecuencias trascienden en un plano fáctico; es decir, conllevan ejecución material, pues su naturaleza parte de un deber de hacer, cuyo incumplimiento se reclama y se materializa de forma directa en detrimento o menoscabo del derecho fundamental del quejoso de acceso a la justica de manera pronta y expedita, en perjuicio de las partes en el proceso. Por ende, la omisión atribuida a la responsable, genera una afectación que no cesará hasta en tanto se cumpla con el deber señalado; y en ese sentido, se reitera, si bien el acto reclamado es uno omisivo -por no cumplirse con una obligación determinada- lo cierto es que genera efectos como si se tratara de un acto positivo. De ahí que se trata de un acto omisivo con efectos positivos. Entonces, es evidente que el acto omisivo reclamado no se circunscribe a la sola inactividad de la autoridad, pues la privación de ese derecho fundamental de acceso a la justicia pronta y expedita a favor de los gobernados legal y constitucionalmente, materializa una consecuencia en el mundo fáctico del quejoso que configura el principio de ejecución material. Conforme a lo anterior, se considera que en el caso se actualiza la primera hipótesis del artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone que a fin de determinar la competencia por razón de territorio, es competente el juzgado del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, pues la omisión reclamada tiene eficacia en el lugar en el que se materializa esa abstención, esto es, en Tonalá, Chiapas, lugar en donde reside la autoridad responsable. Por ende, la competencia debe fincarse en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas, en turno, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, pues dada la naturaleza del acto generador de molestia, no cesará hasta en tanto se cumpla con el deber señalado. Similar criterio adoptó el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver el conflicto competencial 14/2022, en el que, en lo que interesa dijo: "...A efecto de dilucidar la naturaleza y efectos del acto reclamado, debe tenerse presente que el quejoso señaló como acto reclamado la omisión de celebrar la audiencia de pruebas y alegatos en relación al incidente de acumulación dentro del expediente laboral J/O/67/2020, dijo que la autoridad responsable no cumplía con lo establecido en el numeral 17 constitucional, porque tanto os representantes de los trabajadores como de los patrones no firmaban las actuaciones por estar en desacuerdo, lo que impedía la celebración de la audiencia y se impedía la impartición de justicia pronta y expedita en los plazos que fija la ley. Con base en lo anterior, se destaca que la omisión de celebrar la audiencia que menciona el quejoso, si bien es un acto omisivo, lo cierto es que tiene efectos positivos ya que sus consecuencias trascienden en un plano fáctico; es decir, conllevan ejecución material, pues su naturaleza parte de un deber de hacer, cuyo incumplimiento se reclama y se materializa de forma directa en detrimento o menoscabo del derecho fundamental del quejoso de acceso a la justicia de manera pronta y expedita, en perjuicio de las partes en el proceso. Por ende, no puede afirmarse que la omisión atribuida a la responsable es una decisión meramente declarativa que no tiene ningún efecto o que no conlleve a consecuencia alguna. Por el contrario, con ello se genera una afectación que no cesará hasta en tanto se cumpla con el deber señalado; y en ese sentido, se reitera, si bien el acto reclamado es uno omisivo -por no cumplirse con una obligación determinada- lo cierto es que genera efectos que si se tratara de un acto positivo. De ahí que se trata de un acto omisivo con efectos positivos. Entonces, el acto omisivo reclamado no se circunscribe a la sola inactividad de la autoridad, pues la privación de ese derecho fundamental de acceso a la justicia pronta y expedita a favor de los gobernados legal y constitucionalmente, materializa una consecuencia en el mundo fáctico del quejoso que configura el principio de ejecución material. Conforme a lo anterior, se considera que en el caso se actualiza la primera hipótesis del artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone que a fin de determinar la competencia por razón de territorio, es competente el juzgado del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, pues la omisión reclamada tiene eficacia en el lugar en el que se materializa esa abstención, que por el momento y en atención a los elementos con que se cuentan en el presente conflicto, la autoridad responsable tiene su residencia en Tonalá, Chiapas Por ende, como ya se expuso, la competencia debe fincarse a favor del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, pues dada la naturaleza del acto generador de molestia, no cesará hasta en tanto se cumpla con el deber señalado; por lo que, en consecuencia, deberán remitirse los autos del expediente relativo a dicho órgano para su conocimiento..." Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente para los efectos legales procedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. III. DOMICILIO, AUTORIZADOS Y CORREO ELECTRÓNICO. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala ubicado en Primera Avenido Sur Poniente, Número 662-2, primer piso, Colonia Centro, de esta ciudad. Se tiene a Eder Sánchez Díaz, como autorizado en términos del numeral 12, párrafo segundo, en relación con el diverso 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo, esto, es únicamente para oír y recibir notificaciones, por haberlo solicitado así la promovente. Por otro lado, como lo establece el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID- 2019, el correo electrónico, es sólo un medio para entablar comunicaciones no procesales con las partes, y por tanto se le tiene por ofrecido el mismo, solo para el efecto antes mencionado. IV. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. V. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 11,092 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano