María Nieves López Sesma
Expediente 32/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 14 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 32/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 28/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- María Nieves López Sesma
- Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Se recibe ejecutoria. Agréguese a los autos el oficio y anexo remitido por el secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativo del Quinto Circuito, al que acompaña el testimonio de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión administrativo 626/2022, interpuesto en contra de la resolución de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, de la que se advierte los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO.- Se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por María Nieves Lopez Sesma, contra los actos reclamados de las autoridades responsables predicadas en el considerando tercero (III) de la sentencia impugnada" Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y se hace constar que este expediente es destruible, a partir del término de tres años de haberse dictado este acuerdo como asunto definitivamente concluido. Devolución de documentos. Se requiere a la parte promovente para que, en caso de que hubiere exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días naturales, a recuperarlos; con apercibimiento que de no hacerlo, la documentación será destruida. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. RamiroRJ
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Admite recurso de revisión. Agréguese a los autos el oficio remitido por la actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, con el cual informa que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia de dieciocho de mayo del año en curso; asimismo, que dicho medio de impugnación fue radicado con el toca 626/2022. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Se interpone recurso de revisión. Agréguese a los autos el escrito presentado por el autorizado legal de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra la resolución constitucional; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte ocursante interponiendo recurso de revisión, en contra de la referida resolución. Distribúyase entre las partes copia del escrito de expresión de agravios, en la inteligencia que las que les conciernen a las autoridades responsables les serán remitidas mediante oficio, en tanto que para las demás partes quedan a su disposición en la secretaría de este juzgado; y en el expediente electrónico del sumario. En su oportunidad, remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado del Quinto Circuito que corresponda, para el trámite correspondiente del medio de impugnación interpuesto, acompañándole el original y copia del escrito de expresión de agravios. Se hace la acotación que no se dejará para consulta, copia de las constancias que integran el sumario, toda vez que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes una versión digital de este, la cual puede ser consultada por el órgano y las partes, de conformidad con la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal; lo dispuesto por el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo; y, en atención al contenido del oficio CJF/VJ/6052/2011 del visitador general del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que hágase la certificación correspondiente en el cuaderno de antecedentes. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y personalmente a las demás partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con cuarenta y dos minutos del dieciocho de mayo de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta con el escrito inicial de demanda, con las constancias de notificación a las partes y los informes justificados rendidos por dos de las responsables. El juez acuerda: Téngase por hecha la certificación anterior para los efectos legales a que haya lugar. Revisado el estado de autos, se advierte que en auto de radicación, se estimó que dada la naturaleza del acto reclamado, no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que no existe tercero interesado. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales ofrecidas por la quejosa anexas a su demanda, instrumental, presuncional y las páginas de internet mencionadas en la misma; así como, las documentales anexas al informe rendido por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; asimismo, la confesional expresa, presuncional e instrumental de actuaciones ofertadas por el subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones del referido instituto. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su especial naturaleza las citadas probanzas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para expresarlos; se cierra esta fase y al no existir cuestión pendiente por proveer, se procede a dictar la resolución que conforme a derecho corresponda. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 32/2021; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Demanda. Mediante demanda de amparo presentada el dieciocho de enero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad y recibida en este órgano jurisdiccional el día siguiente hábil, María Nieves López Sesma solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos reclamados de la Junta Directiva Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Se admite la presente demanda. El veintidós de enero siguiente, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que previo diferimiento se llevó a cabo el seis de mayo de dos mil veintiuno, fecha en la que se emitió la resolución constitucional respectiva. Inconforme con el fallo, la parte quejosa interpuso recurso de revisión en su contra, el cual fue radicado con el número de toca 503/2021, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito. Posteriormente, el siete de abril de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la ejecutoria de amparo en la que el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, en auxilio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, revocó la sentencia recurrida y ordenó reponer el procedimiento, por lo que en acatamiento a lo determinado por el tribunal de alzada se dio vista a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda en relación con un nuevo acto, consistente en el contenido del acta de sesión número 708, emitida el treinta de septiembre de dos mil veinte por la autoridad responsable Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, apercibida que de no realizarlo se continuaría el juicio únicamente por los actos y autoridades precisadas en su escrito inicial de demanda, el cual se le hizo efectivo en auto de doce de mayo de la anualidad que transcurre. Finalmente, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclama un acto de autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados: Acuerdo J.D.S.O. 672/08, adoptado durante la sesión ordinaria celebrada por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, relativo al incremento para el año dos mil dieciocho. Acuerdo N°5.1-2020-SE-705, adoptado durante la sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, el quince de julio de dos mil veinte, relativo a la corrección del incremento para el año dos mil diecinueve. Acuerdo N°7.III.Bis-2020-SO-700, adoptado durante la sesión ordinaria celebrada por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, el siete de febrero de dos mil veinte, relativo al incremento para el año dos mil veinte. Existencia de los actos reclamados Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, pues así lo manifestó al rendir su informe justiciado por conducto del Jefe de la Unidad Jurídica de dicho instituto. Si bien la autoridad responsable subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (antes subdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del citado instituto), al rendir su informe justificado negó el acto reclamado, también lo es que de su contenido se advierte la certeza del mismo. Por otro lado, la autoridad responsable subdirector de Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, omitió rendir su informe justificado a pesar de haber sido legalmente notificado para ello, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado. Lo anterior, se corrobora con la copia auténtica de los documentos relativos a las Actas del Acuerdo J.D.S.O. 672/08, adoptado durante la sesión ordinaria celebrada por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, relativo al incremento para ese año, del Acuerdo N°7.III.Bis-2020-SO-700, adoptado durante la sesión ordinaria celebrada por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, el siete de febrero de dos mil veinte, relativo al incremento para ese año, y del Acuerdo N°5.1-2020-SE-705, adoptado durante la sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, el quince de julio de dos mil veinte, relativo a la corrección del incremento para ese año, que adquieren el carácter de documentales públicas y, por tanto, con valor probatorio pleno conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo autoriza su artículo 2º. Causa de improcedencia En cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, quien resuelve se avoca al estudio de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." La autoridad responsable Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado por conducto del jefe de la Unidad Jurídica, señala que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, según refiere, en consideración a que con la emisión del acta de sesión número 708 de fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, se dio un cambio de situación jurídica. Que lo anterior es así, pues con la emisión de la citada acta se regularizó y actualizaron las diferencias de pensión en términos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, en concordancia con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, lo que dio como consecuencia que la quejosa se encuentre gozando de un incremento en su pensión del 5%, debidamente actualizada. Tal causal deviene infundada por los motivos que a continuación se exponen: En principio cabe señalar que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que invoca la responsable, textualmente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." De lo antes trascrito, se advierte que para que opere la improcedencia por cambio de situación jurídica deben concurrir los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Precisado lo anterior, y como se anticipó, se considera infundado lo argumentado por la Junta Directiva del Instituto responsable, en primer orden porque los actos reclamados en el presente juicio de derechos humanos no emanan de un procedimiento judicial y tampoco de uno administrativo seguido en forma de juicio. Además, cabe señalar que el acuerdo contenido en el acta de sesión número 708 de treinta de septiembre de dos mil veinte que invoca la autoridad responsable mencionada, contiene las mismas consideraciones que la parte quejosa impugna en sus conceptos de violación, es decir, su inconformidad estriba en que el incremento en la pensión para el ejercicio 2019, debe ser del 5%, cuestión que sigue siendo idéntico en ambos acuerdos, por lo tanto no constituyen actos que actualicen un cambio de situación jurídica. Aunado a lo anterior, contrario a lo manifestado por el Instituto responsable, al concluir la citada sesión se asentó como único punto de acuerdo lo relativo al ejercicio 2019, en los términos siguientes: ".En el desahogo del punto ocho punto once, se solicita autorización para realizar Ajuste de pago de pensión derivado del incremento aplicable 2019. Con la finalidad de dar cumplimiento al acuerdo de la junta directiva de 30 de Junio del presente año, en el cual se autorizó un incremento del 5% para todos los pensionados y jubilados del Instituto, esta Subdirección procedió en dos pasos para dar cumplimiento a dicho acuerdo en función de la disponibilidad presupuestal realizándolo de la siguiente forma: 1.-En el mes de Agosto del presente año, se pagó el retroactivo correspondiente al periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2019, para todos aquellos pensionados y jubilados que tuvieran derecho a este. 2.- Se realizarán las adecuaciones en los montos de las pensiones y jubilaciones en el próximo mes de Octubre, con la finalidad de incrementarlas en los términos que marca el acuerdo. El profesor José Castillo, manifiesta que en esta sesión se autoriza el pago para el mes de octubre para ajustar la nómina a cómo debe ser, asimismo solicita se realicen los cálculos para determinar el impacto financiero del incremento de pensiones y jubilaciones en 2020. Specto(sic) del último punto el Director General del Instituto señala que se realizará el análisis financiero y presupuestal para programar el pago correspondiente. ACUERDO N8°.XI-2020-SO-708. La Junta Directiva, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104, fracciones III y XIV de la Ley 38, toma conocimiento y autoriza por unanimidad de sus integrantes, se realice el pago del punto cincuenta y cinco por ciento de los pensionados y jubilados del magisterio, así como del uno por ciento de los demás pensionados y jubilados del Instituto por concepto de ajuste de la nómina del ejercicio 2019, por el periodo de enero a septiembre de 2020. ." De lo anterior, se advierte que en el acuerdo invocado por la autoridad responsable no se solucionó lo abordado en el acuerdo N°7.III.Bis-2020-S0-700, adoptado durante la sesión ordinaria de siete de febrero de dos mil veinte, concerniente al incremento para el año dos mil veinte, que también constituye uno de los actos reclamados en el presente juicio de derechos humanos; de ahí que es indudable que no puede actualizarse la causa de improcedencia que invoca la responsable con apoyo en la existencia del referido acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veinte. En apoyo a lo anterior se invoca la tesis 2a. CXI/96 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 219, Tomo IV, correspondiente al mes de Diciembre de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Dado que no se advierte que se actualice alguna causal de improcedencia del juicio de amparo, este juzgado de Distrito procederá a examinar la legalidad de los actos reclamados, y los conceptos de violación respectivos. Cuestión previa al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Los conceptos de violación que hace valer la quejosa en la demanda de garantías no se trascriben con apoyo en la tesis jurisprudencial número 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Ahora bien, previo a dar respuesta a la litis planteada dentro del presente juicio, cabe destacar que la quejosa reclama las determinaciones de los incrementos pensionarios -en lo que interesa-, que autorizó en los años dos mil dieciocho, dos mil diecinueve y dos mil veinte, contenidas en los acuerdos siguientes: 1. El acuerdo J.D.S.O. 672/08 adoptado durante la sesión ordinaria celebrada por la Junta Directiva del ISSSTESON, el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. Relativo al incremento para el año de dos mil dieciocho. 2. El acuerdo N° 5.1-2020-SE-705, adoptado durante la sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva del ISSSTESON, el quince de julio de dos mil veinte. Atinente a la corrección del incremento para el año dos mil diecinueve. 3. El acuerdo N°7.III.Bis-2020-SO-700, adoptado durante la sesión ordinaria celebrada por la Junta Directiva del ISSSTESON, el siete de febrero de dos mil veinte. Concerniente al incremento para el año de dos mil veinte. En vía de conceptos de violación la quejosa aduce sustancialmente que el Instituto responsable tomó determinaciones incorrectas de los incrementos pensionarios para los años dos mil dieciocho, dos mil diecinueve y dos mil veinte. Es preponderante realizar la delimitación del marco económico legal para la actualización de los montos de las pensiones y análisis del procedimiento llevado a cabo por las autoridades responsables para tales efectos. De conformidad con lo previsto en el quinto transitorio del Decreto 211 de la Ley 38 que rige al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, así como el artículo 26 del Reglamento de pensiones del referido Instituto, el incremento anual al monto de pensión debe otorgarse considerando el salario mínimo general en la zona de Hermosillo, Sonora. 39. Así, los numerales cuya inobservancia delata la quejosa, disponen: LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA TRANSITORIOS DEL DECRETO 211: "ARTÍCULO QUINTO. Los montos de las pensiones y jubilaciones que actualmente cubre el Instituto y las que se autoricen en el futuro a los trabajadores que conforman a las generaciones actuales, se incrementarán en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo general en la zona de Hermosillo, Sonora o, en su caso, conforme al aumento derivado de la negociación de los trabajadores del Estado con éste, el que sea mayor, con posterioridad a la fecha de su otorgamiento." REGLAMENTO DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA: "Artículo 26. Los incrementos en los montos de las pensiones otorgadas por el Instituto, serán en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo general en la zona de Hermosillo, Sonora, para las generaciones futuras; para las generaciones actuales o con derechos adquiridos será en los mismos términos o conforme al aumento derivado de la negociación de los trabajadores con el Estado u los Organismos afiliados, el que sea mayor. El incremento en el salario mínimo se aplicará al monto de las pensiones a partir del día primero de enero del año correspondiente, debiéndose actualizar en los casos en que se acredite ante el Instituto un incremento mayor, en los precisos términos del acuerdo correspondiente." Como se observa, de acuerdo con los dispositivos legales recién transcritos, en relación con el artículo 59 de la Ley 38 de ISSSTESON, el derecho a la obtención de una pensión por jubilación, vejez, cesantía por edad avanzada, invalidez o muerte se genera a favor del trabajador o sus familiares derechohabientes, cuando se colman determinadas exigencias legalmente previstas para tal efecto. Además, conforme al transcrito transitorio, existen dos clases de generaciones de pensionados, las actuales y las futuras, las primeras incluyen a las personas que iniciaron su prestación laboral al servicio del Estado previo a la emisión del decreto 211, en tanto que las segundas son las que ingresaron a trabajar con posterioridad al inicio de vigencia del referido decreto (veintinueve de junio de dos mil cinco); siendo que las señaladas en primer término se incrementarán conforme al salario mínimo general vigente en esta Entidad Federativa o a la negociación de trabajadores con el Estado; el que sea mayor. Luego, a efecto de poner en contexto con la mecánica disyuntiva que prevén los numerales en cita y principalmente para poder atender con suficiente información el problema jurídico planteado en el presente juicio, debemos definir la figura denominada "salario mínimo". En ese sentido, la figura económica del salario mínimo, se puede definir como la cuantía mínima de remuneración que un empleador está obligado a pagar a sus asalariados por los trabajos que estos realizan durante un periodo determinado, misma que no puede verse disminuida ni en virtud de un convenio colectivo ni de un acuerdo individual. La finalidad de que se establezca un salario mínimo es proteger a los trabajadores contra el pago de remuneraciones escasas y que con ello se garantice el mínimo vital de la clase trabajadora. En el sistema jurídico mexicano, la figura del salario mínimo encuentra su fundamento en el artículo 123, segundo párrafo, apartado A, fracciones VI y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 90 y 94 de la Ley Federal del Trabajo. En consonancia con tales disposiciones fundamentales y, en atención a la satisfacción de necesidades normales de un jefe de familia, cada año el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, previa realización de los estudios correspondientes, efectúa la actualización del valor del salario mínimo general y profesionales su misión es fijar y revisar los salarios mínimos generales y profesionales, procurando asegurar la congruencia entre lo que establece la Constitución Federal y las condiciones económicas y sociales del país, en un contexto de derecho del trabajador a una vida digna. Aquí, es importante hacer hincapié que la CONASAMI es un órgano constituido en la Carta Magna, cuya función, por mandato constitucional, consiste en determinar los incrementos a los salarios mínimos de acuerdo con los estudios y análisis que realice, y puede auxiliarse de comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones. Por otra parte y para dar lugar a los incrementos del salario mínimo correspondientes a los años 2017, 2018, 2019 y 2020, es trascendente remitirse a la "Resolución del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos por la que se crea la Comisión Consultiva para la Recuperación Gradual y Sostenida de los Salarios Mínimos Generales y Profesionales", publicada en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil catorce, en la que se creó la Comisión Consultiva para la Recuperación gradual y sostenida de los Salarios Mínimos Generales y Profesionales, en la que se creó la Comisión Consultiva para la Recuperación gradual y sostenida de los Salarios Mínimos Generales y Profesionales. Dentro de los objetivos de esta comisión destacan los siguientes: a. Proponer las bases o elementos de una política salarial que haga posible la recuperación gradual y sostenida de los salarios mínimos generales y profesionales, en un contexto de crecimiento de la economía nacional, sustentado en el incremento de la productividad, una vez que el poder legislativo haya resuelto, en lo procedente, la desvinculación de la figura del salario mínimo de las disposiciones legales en que se le utiliza como unidad de cuenta, base o medida de referencia, lo que ha constituido una de las ataduras más importantes para que el salario mínimo avance en el cumplimiento del mandato constitucional. b. Promover la desvinculación del salario mínimo como unidad de cuenta, base o medida de referencia en las legislaciones vigentes creadas por los Congresos de las Entidades Federativas, al tener en cuenta que una nueva política para la recuperación gradual y sostenida de los salarios mínimos se establecerá a partir de haberse dado dicha desvinculación en la legislación federal; de no llevarse a cabo podría generar efectos no deseados que afecten a los trabajadores, a las empresas y a las finanzas del Estado en sus tres niveles. En la misma concordancia, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas constitucionales que incorporaron la utilización de la Unidad de Medida y Actualización que serviría como parámetro de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del entonces Distrito Federal, así como en cualquier otra disposición en el país. Posteriormente, para determinar los salarios mínimos para 2017, el Consejo de Representantes de la CONASAMI señaló en el considerando sexto de la "Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos general y profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2017": "Sexto. Los estudios elaborados en el seno de la Comisión Consultiva que señalan la posibilidad de que se incrementen los salarios mínimos son los siguientes: Salario mínimo e inflación de la autoría del Banco de México, en sus consideraciones finales señala: "...requiere que la interpretación que los agentes económicos den al incremento en el salario mínimo no tenga efectos negativos sobre la formación de expectativas. Para ello, es necesario que dichos incrementos, de adoptarse, sean moderados e interpretados no como un ajuste en el costo de vida, sino como un cambio en el precio relativo de la fuerza laboral con menores percepciones." Resumen Ejecutivo de los estudios sobre Salario Mínimo y Empleo, elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el que se específica: "No hemos detectado efectos (ni positivos ni negativos) del salario mínimo en la distribución salarial de México. Esto no es de extrañar puesto que el salario mínimo no se ha movido de su valor real en los últimos diez años, manteniéndose a niveles muy por debajo de lo que se consideraría un salario bajo (dos tercios de la mediana). Hay por lo tanto margen para incrementar el nivel del salario mínimo en el país. Y aunque no sabemos (en agregado para la economía) el efecto que esto puede tener en el empleo, las evidencias que arrojan la reforma laboral son alentadoras: un incremento del salario mínimo, junto con políticas que palien posibles efectos negativos, pueden ser positivas para reducir la desigualdad y a la vez incrementar el empleo." Efectos del Salario Mínimo sobre la Sustentabilidad de las Empresas en México. Reporte de Investigación. Este reporte fue realizado por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), en él se concluye: "Lo anterior permite establecer conclusiones acotadas de acuerdo a la estimación del modelo econométrico. Primero, resulta factible un ajuste controlado del ingreso real de los trabajadores mediante la revisión del salario mínimo pero sujeto a una vigilancia y revisión permanente de la evolución de los otros factores que afectan la rentabilidad económica de las empresas." "El Informe Final, que contiene los Resultados de las Investigaciones y Estudios Efectuados y las sugerencias y estudios de los trabajadores y patrones" y sus Anexos (Estudios Técnicos), así como los Anexos Normativo y Operativo se entregaron a los solicitantes de esta información por instrucciones del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); por su parte, el Consejo de Representantes resolvió que toda la información señalada se hiciera del conocimiento público mediante su instalación en la página web de la Entidad. Desde el mes de noviembre del presente la información se ubicó en el siguiente sitio web de la Entidad: http:www.conasami.gob.mx" También indicó que en junio de dos mil dieciséis, el Secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal aseguró que - dadas las condiciones existentes, como estabilidad macroeconómica, aumento en la productividad laboral y una baja sensible en la informalidad- era posible un incremento al salario, sin embargo, no se concretó. Debido a ello, con el fin de recuperar de manera gradual y sostenida el poder adquisitivo de los trabajadores, se otorgaron dos incrementos al salario mínimo: uno denominado "Monto Independiente de Recuperación" de $4.00 pesos y otro consistente en un "incremento de fijación" de 3.9%. En relación con ello, la comisión enfatizó que el incremento del MIR de $4.00 pesos diarios correspondía al proceso de recuperación gradual y sostenido del salario mínimo general aplicable única y exclusivamente para beneficio de los trabajadores asalariados, inaplicable para los salarios mínimos profesionales, a quienes únicamente les correspondía el 3.9% denominado "incremento de fijación". También acentuó que el propósito del MIR era que los trabajadores asalariados que percibían un salario mínimo general recuperaran el poder adquisitivo; lo que únicamente se cumplía cuando tenían un aumento adicional que no repercutiera en los precios de los bienes y servicios que consumen las familias en las que existe por lo menos un trabajador que percibe el salario mínimo general. A su vez, dentro de la misma resolución, los sectores obrero y empresarial reiteraron que el incremento al salario mínimo general, tanto en lo que corresponde al MIR como al porcentaje de incremento de la fijación salarial, no debía ser referente para definir los aumentos de los demás trabajadores asalariados del país. Por tanto, las negociaciones de los salarios contractuales debían realizarse con la mayor libertad de las partes, dentro de las condiciones específicas de cada empresa, tomando en cuenta su productividad, competitividad y la imperiosa necesidad de generar empleos productivos, de manera tal que los incrementos otorgados no sean ni techo ni piso para la determinación de los salarios de los mexicanos. Finalmente, en el resolutivo segundo la CONASAMI concluyó: "SEGUNDO. El salario mínimo general que tendrá vigencia a partir del 1o. de enero de 2017 en el área geográfica a que se refiere el punto resolutorio anterior, se integra por tres componentes: primero, el monto del salario mínimo general vigente en 2016, $73.04 pesos diarios; segundo, el Monto Independiente de Recuperación (MIR), $4.00 pesos diarios y, tercero, el incremento de 3.9% sobre la suma de los dos componentes anteriores, $3.00 pesos diarios, lo que arroja un monto de $80.04 pesos diarios como cantidad mínima que deben recibir en efectivo los trabajadores por jornada diaria de trabajo." Un año después, en la "Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos general y profesionales vigentes a partir del 1o. de enero de 2018" se reiteraron los factores del MIR y el porcentaje de aumento de la fijación salarial, tal como se expuso en el considerando cuarto: "CUARTO. De acuerdo con la Resolución del H. Consejo de Representantes de esta Comisión Nacional que revisa los salarios mínimos generales y profesionales vigentes desde el 1o. de enero de 2017 y establece los que habrán de regir a partir del 1o. de diciembre de 2017, el Consejo determinó actualizar el monto del salario mínimo general, otorgándole un incremento mediante el mecanismo de Monto Independiente de Recuperación (MIR) de $5.00 pesos diarios, para llevar el salario mínimo general a un monto de $85.04 pesos diarios, sobre el cual se otorgó de manera anticipada el incremento correspondiente a la fijación salarial que entrará en vigor el 1o. de enero de 2018 de 3.9%, con lo cual el salario mínimo general que estará vigente a partir del 1o. de diciembre de 2017 será de $88.36 pesos diarios." En dicha resolución se insistió que el MIR es una cantidad absoluta en pesos, cuyo objetivo es única y exclusivamente contribuir a la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo general; y bajo ninguna circunstancia debía servir, ni en términos absolutos ni de manera proporcional, de referente para determinar los incrementos de los salarios mínimos profesionales, contractuales o de cualquier otro salario vigente en el mercado laboral. Asimismo, los sectores obrero y empresarial resaltaron que el aumento al salario mínimo general, tanto en lo que corresponde al MIR como al porcentaje de incremento de la fijación salarial no debía ser referente para definir los aumentos de los demás trabajadores asalariados del país y que las negociaciones de los salarios contractuales debían realizarse con la mayor libertad, dentro de las condiciones específicas de cada empresa, tomando en cuenta su productividad, competitividad y la imperiosa necesidad de generar empleos remunerados. Asimismo, para el año dos mil dos mil diecinueve, en la "Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos general y profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2019.", en relación con la tabla de salarios mínimos publicados, se conoció que el salario mínimo para la zona general se compondría de un MIR por la cantidad de $9.43, y un porcentaje fijo del 5%. Luego mediante el dictado de la resolución que se difunde a través del Diario Oficial de la Federación, para el año dos mil veinte, se divulgó a través del mencionado medio de difusión oficial, esencialmente lo que a continuación se transcribe: "SE RESUELVE: PRIMERO. Para fines de aplicación de los salarios mínimos en la República Mexicana habrá dos áreas geográficas: El área geográfica de la "Zona Libre de la Frontera Norte", integrada por los siguientes municipios: Ensenada, Playas de Rosarito, Mexicali, Tecate y Tijuana, en el Estado de Baja California; San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta, en el Estado de Sonora; Janos, Ascensión, Juárez, Práxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides, en el Estado de Chihuahua; Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo, en el Estado de Coahuila de Zaragoza; Anáhuac, en el Estado de Nuevo León; y Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, en el Estado de Tamaulipas. El área geográfica del "Resto del país", integrada por el resto de los municipios del país y las alcaldías de la Ciudad de México que no fueron listadas en el punto anterior y conforman la República Mexicana. SEGUNDO. En esta ocasión en términos generales para efectos de la fijación del salario mínimo se integran tres componentes: primero, el monto del salario mínimo general vigente a partir del 1° de enero de 2019; segundo, un Monto Independiente de Recuperación que se suma al monto del salario mínimo vigente anterior; y, tercero, un factor de aumento por fijación igual a 5% que se aplica a la suma del salario mínimo vigente anterior y al MIR; en la fijación del salario mínimo de la Zona Libre de la Frontera Norte no se aplicó el identificado como Monto Independiente de Recuperación. TERCERO. Los salarios mínimos generales que tendrán vigencia a partir del 1° de enero de 2020 será de 185.56 pesos diarios por jornada diaria de trabajo en el área geográfica de la Zona Libre de la Frontera Norte, cuyo incremento corresponde únicamente a la fijación del 5%. Para el Resto del país el salario mínimo general será de 123.22 pesos diarios por jornada diaria de trabajo, cuyo incremento corresponde a 14.67 pesos de MIR más 5% de incremento por fijación. Éstos serán los que figuren en la Resolución de esta Comisión que serán publicados en el Diario Oficial de la Federación como cantidad mínima que deberán recibir en efectivo las y los trabajadores." Así, lo resuelto en la resolución en cita, relativo a los incrementos de los últimos cuatro años, se resume de la manera siguiente: Año Salario Anterior MIR Salario Mínimo + MIR Incremento de fijación salarial Nuevo Salario Publicación en el Diario Oficial de la Federación 2017 $73.04 + $77.04 (x) = 19/12/2016 $4.00 3.90% $80.04 2018 $80.04 + $85.04 (x) = 21/12/2017 $5.00 3.90% $88.36 2019 $88.36 + $97.79 (x) = 26/12/2018 $9.43 5.00% $102.68 2020 $102.68 + $117.35 (x) = 23/12/2019 $14.67 5.00% $123.22 De la mecánica de los últimos cuatro años, se advierte que al salario mínimo del año anterior, se le suma el MIR que la CONASAMI determinó, y la cantidad resultante se multiplica por el porcentaje de incremento salarial, cantidad que se adiciona y resulta en un nuevo salario final. Así, a diferencia de años previos, las resoluciones que fijaron el salario mínimo general vigente para los años 2017, 2018, 2019 y 2020, innovaron en la forma de cuantificarlos, pues incorporaron previo al porcentaje habitual, un monto fijo en pesos que se le denominó MIR. Ciertamente, la CONASAMI determinó que el MIR es: 1) Es una cantidad absoluta en pesos. 2) Su objetivo es única y exclusivamente contribuir a la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo general. 3) No debe ser utilizado como referente para fijar incrementos de los demás salarios vigentes en el mercado laboral (salarios contractuales, federales y de la jurisdicción local; salarios diferentes a los mínimos y a los contractuales; salarios para servidores públicos federales, estatales y municipales; y demás salarios del sector informal). 4) El MIR podrá ser aplicado en los procedimientos de revisión salarial o fijación salarial, en términos del artículo 570 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora, una vez delineado el marco económico legal del valor referente que de acuerdo con el quinto transitorio del Decreto 211 de la Ley 38 que rige al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, debe tomarse en cuenta para la actualización de los montos de las pensiones, procede atender los conceptos de violación expresados por la parte quejosa en relación a la constitucionalidad de los incrementos en la pensión. En primer orden, se consideran inoperantes los conceptos de violación expresados por la parte quejosa con relación al acuerdo J.D.S.O 672/08, adoptado durante la sesión ordinaria celebrada por la Junta Directiva responsable con fecha veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo. Se considera así, pues de concederse el amparo a la impetrante por lo que se refiere al acuerdo J.D.S.O 672/08 donde se incrementó su pensión para el año dos mil dieciocho, se causaría mayor perjuicio a la promovente del juicio. En efecto, la parte quejosa sustancialmente reclama la autorización y cuantificación del incremento de la pensión en un cuatro por ciento (4%), contenido en el acuerdo J.D.S.O 672/08, al no observarse las disposiciones normativas previstas por los artículos 59, segundo párrafo, y quinto transitorio del Decreto 211 de la Ley 38 que rige al propio organismo, así como el artículo 26 del Reglamento de pensiones del referido Instituto, concretamente, al incrementársele según su parecer, una cantidad inferior a la que corresponde. En párrafos que anteceden se concluyó que los porcentajes de incremento que en todo caso habrá de considerar la autoridad responsable para los efectos de aumentos de pensión a que se contraen los citados numerales, son los estipulados en las resoluciones emitidas por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que para el año dos mil dieciocho, fue del tres punto nueve por ciento (3.9%). Por otra parte, si bien la autoridad responsable al momento de determinar el aumento en la pensión de la parte quejosa para el año dos mil dieciocho, no atendió al ejercicio disyuntivo entre un incremento con base en el índice inflacionario que anualmente publica el Banco de México y el porcentaje de aumento correspondiente al salario mínimo; lo cierto es que se otorgó a la quejosa un porcentaje mayor al que le correspondía. Es decir, la quejosa recibió un aumento del cuatro por ciento (4%) en su pensión por jubilación, y según lo analizado en esta resolución le correspondía un tres punto nueve (3.9%); por tanto, resulta inconcuso que conceder la protección constitucional para efectos de que la autoridad realice el ejercicio disyuntivo de mérito le irrogaría un perjuicio, más que aportarle un beneficio, de ahí lo inoperante de sus motivos de disenso. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la sustentan la tesis número 2a. CCII/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, correspondiente al mes de Enero de 2003, consultable en la página 726, Novena Época, de la voz: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. DEBEN DECLARARSE ASÍ Y NEGAR EL AMPARO, CUANDO DE CONCEDERSE ÉSTE, SE CAUSEN PERJUICIOS AL QUEJOSO. Acorde con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, el efecto de la concesión de la protección de la Justicia de la Unión al solicitante del amparo respecto a las argumentaciones relativas a que la reforma a los artículos 119-M y 119-Ñ de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 2001, era violatoria de los principios de proporcionalidad, equidad y legalidad tributarias consagrados en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que en ellos, además, se imponía una sanción excesiva e inusitada prohibida por el artículo 22 de la propia Ley Fundamental, sería que el quejoso dejara de tributar conforme a ese régimen, por ser ilegal, desproporcional e inequitativo o por contener un tratamiento perjudicial, por lo que quedaría obligado a tributar conforme al régimen general, ya que de esa manera se le estaría restituyendo en el pleno goce de sus garantías individuales violadas, lo que le irrogaría un perjuicio más que aportarle un beneficio. En consecuencia, si con la concesión del amparo se va a causar un perjuicio al promovente del juicio, deben declararse inoperantes los argumentos a que se ha hecho referencia." Por tanto, al haber resultado inoperantes los conceptos de violación que hace valer la quejosa en contra del acuerdo J.D.S.O. 672/08, contenido en el acta 672 de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, donde se autorizó un incremento del cuatro por ciento en su pensión, lo que procede es negar el amparo solicitado por lo que hace a tal acto reclamado. Por otra parte, son fundados pero inoperantes los conceptos de violación que plantea la parte quejosa en relación con el acuerdo N°5.1-2020-SE-705, emitido durante la sesión extraordinaria celebrada con fecha quince de julio de dos mil veinte (corrección al incremento de la pensión del año dos mil diecinueve). En efecto, en vía de concepto de violación la quejosa aduce sustancialmente que el Instituto responsable omitió incrementar el monto pensionario aplicando los parámetros establecidos en el artículo quinto transitorio del Decreto 211, lo que se evidencia al tener a la vista el acuerdo reclamado. Tal motivo de disenso resulta fundado en la parte en la que aduce que en el acuerdo reclamado la autoridad responsable no atendió al ejercicio disyuntivo entre un incremento con base en el índice inflacionario que anualmente publica el Banco de México y el porcentaje de aumento correspondiente al salario mínimo, para emitir el acuerdo de quince de julio de dos mil veinte; sin embargo, el incremento autorizado en el citado acuerdo es el correcto, como a continuación se verá. En efecto, la autoridad responsable tomó como fundamento principal para determinar el monto en el que se incrementaría la pensión a los jubilados del magisterio para el ejercicio de dos mil diecinueve, las diversas sentencias que han sido emitidas por los Juzgados de Amparo y por los Tribunales Colegiados de este Quinto Circuito al resolver los juicios y recursos de revisión interpuestos en relación al tema, en las que se estableció que posterior a realizar el análisis conducente, el incremento para el ejercicio mencionado sería de 5%. No obstante lo anterior, se arriba a la conclusión que su motivo de inconformidad, si bien es fundado, resulta inoperante, pues en nada favorecería conceder el amparo para que la autoridad responsable realice el análisis disyuntivo en los términos que disponen los artículos 59 y quinto transitorio de Ley del ISSSTESON, en virtud de que como se analizó en el considerando que antecede, el incremento que corresponde al ejercicio de dos mil diecinueve, se determinó en un 5% y no el pretendido por la parte quejosa. Lo anterior, pues la parte quejosa sustancialmente reclama que la autoridad responsable no estuvo en lo correcto al emitir el acuerdo reclamado, al considerar que el aumento del salario mínimo -para el año dos mil diecinueve- sólo fue del cinco por ciento (5%), puesto que no refleja el concepto real en que aumentó el concepto para ese año, con relación al anterior, pues el incremento al salario mínimo era del dieciséis punto veinte por ciento (16.20%). En esencia, en sus conceptos de violación indica que el problema en el acuerdo adoptado por la autoridad responsable radica en que fue emitido dotando de un alcance restringido al parámetro del salario mínimo vigente en Hermosillo, pues el considerar que el porcentaje en que éste había aumentado era el equivalente sólo a uno de sus tres componentes que integran el concepto de salario mínimo general, excluyendo de esa manera lo relativo al monto del salario mínimo general vigente en el año inmediato anterior y al Monto Independiente de Recuperación (MIR). De ahí que a ninguna aplicación práctica llevaría conceder un amparo, como se explicó previamente, ya que contrario a lo que la parte quejosa plantea, el elemento - porcentaje-, se obtiene de las propias Resoluciones del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, donde se fijan los salarios mínimos general y profesionales para el año que corresponda o en las tablas de dicha comisión, en las que se publican tales aumentos, y en los cuales se señala el porcentaje específico de incremento al salario mínimo. En la resolución que fijó el salario mínimo general para el año 2019, la CONASAMI únicamente autorizó - en proporción a la inflación- un aumento al salario mínimo general para todo el país - incluyendo Hermosillo- del 5%. De esta manera, el porcentaje en que aumentó el salario mínimo general en la zona de Hermosillo para el ejercicio dos mil diecinueve, fue del 5%, y no del 16.20% como refiere la parte quejosa en la demanda, por tal razón, acorde a los artículos 59 y quinto transitorio de la Ley del ISSSTESON, el porcentaje que debe considerarse en que incrementó el salario mínimo general para la zona de Hermosillo es del 5%. Porcentaje el anterior, que como se observa del propio acuerdo de quince de julio de dos mil veinte (reclamado en el presente juicio de derechos humanos), fue el que se ordenó aplicar de forma general como incremento a los pensionados para el ejercicio de dos mil diecinueve y que se reitera en el acuerdo celebrado en la diversa sesión ordinaria número 708 de treinta de septiembre de dos mil veinte, en la que se acordó la forma de pago retroactivo en relación al ejercicio de 2019, tomando como base el 5%. La autoridad responsable regularizó lo relativo al porcentaje que corresponde del incremento a la pensión de la parte quejosa, aplicándole el 5% que corresponde, aún y cuando no hubiere atendido formalmente los parámetros establecidos por el legislador estatal en los artículos 59 y quinto transitorio de la Ley del ISSSTESON. Además, indirectamente lo realizó al especificar en el acta de quince de julio de dos mil vente, que emitía la adecuación del incremento atendiendo al sentido de las múltiples ejecutorias de amparo, en las que se realizó el análisis conducente y donde se especificó el incrementó que correspondería para ese año. Considerar lo contario implicaría aceptar de facto que la cuota pensionaria diaria se eleve en función del MIR, y una vez actualizada, podría aplicarse el porcentaje de aumento del salario mínimo, lo que es jurídicamente inaceptable. Bajo ese contexto resulta inexacto el planteamiento en el que la parte quejosa afirma que el salario mínimo aumentó el 16.20%, pues como se vio, el incremento relativo sólo fue del 5%, en la inteligencia que lo demás corresponde al concepto denominado MIR, cuya naturaleza y reglas de operatividad son incompatibles con el sistema pensionario elegido por el legislador sonorense. Por ello, el acuerdo de quince de julio de dos mil veinte, donde se regularizó el incremento para el ejercicio 2019, arribando al porcentaje ya indicado (5%) está ajustado a las cantidades que se encuentran plenamente establecidas para el tema en particular. En virtud de lo expuesto, resulta fundado pero inoperante el concepto de violación en la parte en la que se establece que en el acuerdo impugnado no se atendieron las previsiones establecidas en los artículos 59 y quinto transitorio de la Ley del ISSSTESON, para arribar a la cantidad que corresponde al incremento en la pensión para el año dos mil diecinueve, pues con independencia de los motivos que tomó la autoridad responsable para concluir que el porcentaje que debe considerarse para el incremento de la pensión es el 5%, a nada práctico llevaría una concesión de amparo, en virtud de que está previamente determinado que es ese el porcentaje correcto que se debe considerar para el año dos mil diecinueve, y no el 16.20% como lo refiere la parte quejosa. Resulta aplicable al caso la tesis jurisprudencial sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 108 en el Apéndice 2000, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Materia Común, página 85, Séptima Época, registro electrónico 917642, del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado." Consecuentemente, ante lo fundado pero inoperante del concepto de violación expresado por la quejosa con relación al acuerdo N°5.1- 2020-SE-705 de fecha quince de julio de dos mil veinte, lo que procede es negar a la quejosa el amparo solicitado. Por otra parte, son igualmente fundados pero inoperantes los conceptos de violación que plantea la parte quejosa en relación con el acuerdo N°7.III.BIS-2020-SO-700, adoptado durante la sesión ordinaria de siete de febrero de dos mil veinte. (corrección al incremento de la pensión del año dos mil veinte). En relación con el acto de autoridad que reclama la parte quejosa, plantea que a partir del uno de enero de dos mil veinte el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, el salario mínimo ascendería a ciento veintitrés pesos con veintidós centavos ($123.22); que las autoridades han omitido cumplir con lo establecido en el artículo 59 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, que refiere que los montos de las pensiones y jubilaciones que se otorguen con base en la citada legislación, se incrementarán en beneficio de quienes las reciban en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo general en la zona de Hermosillo, Sonora, o conforme al índice inflacionario que anualmente determine el Banco de México, el que sea mayor, con posterioridad a la fecha de su otorgamiento. Para dar soporte jurídico a su planteamiento, la impetrante expone que de acuerdo con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.". En seguimiento a su exposición, la parte quejosa invoca en su favor los alcances del principio de interpretación conforme y el principio pro persona, y considera que el artículo quinto transitorio del Decreto 211 es una norma relativa al derecho fundamental de previsión social y por lo tanto debe ser interpretado a la luz de los principios hermenéuticos. Tal motivo de disenso resulta fundado en la parte en la que aduce que en el acuerdo reclamado la autoridad responsable no atendió al ejercicio disyuntivo entre un incremento con base en el índice inflacionario que anualmente publica el Banco de México y el porcentaje de aumento correspondiente al salario mínimo, para emitir el acuerdo de quince de julio de dos mil veinte; sin embargo, el incremento autorizado es correcto, para sustentar tal aserto, es necesario analizar además del acta reclamada, también la diversa de sesión 714 que la complementa, la que constituye un hecho notorio en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código de Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, las cuales en el apartado que aquí resulta de interés, señalan: ¨(.) 2. Criterio normativo. Con fundamento en el artículo 104, fracciones III y XIV de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, para efectos de la incorporación del porcentaje que se señala en las resoluciones de los tribunales federales relacionados con demandas de amparo en las que se reclama el incremento de la cuantía de la pensión, se emite criterio normativo, en el sentido de que otorgará el incremento del 1% que a la fecha han señalado los tribunales, que se aplicará de manera retroactiva al mes de enero de 2019 y hasta diciembre de ese año, una vez que se confirme el criterio mencionado. Una vez que se confirme el criterio en mención por los tribunales federales, se convocara a sesión de Junta Directiva para determinar la aplicación del criterio procedente y los términos en que se realizará el pago respectivo. Para el caso de los pensionados del magisterio, confirmándose lo anterior se les otorgará un incremento del 0.55%, en razón de que durante el 2019 el incremento que recibieron considerando sus negociaciones salariales con el gobierno federal fue de 4.45%. Respecto del ejercicio de 2020, aplicaría el mismo criterio confirmándose las hipótesis anteriores en lo relativo a los pensionados y jubilados del magisterio el incremento con base en lo anterior podrá ser de hasta el 5% con efectos retroactivos al mes de enero de 2020. ACUERDO Nº7.III.Bis-2020-SO-700. La Junta Directiva, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104, fracciones III y XVI de la Ley 38, toma conocimiento y autoriza por unanimidad de sus integrantes, el incremento a la cuantía de pensiones para 2020, conforme a lo siguiente: Un incremento salarial del 3.8% a pensionados y jubilados para el ejercicio de 2020, tal y como fue autorizado por el Gobierno del Estado. Este incremento podrá otorgarse durante el mes de marzo y el retroactivo en el mes de abril, con efectos retroactivos al mes de enero. Por otra parte considerando que generalmente durante el mes de mayo de cada año, el magisterio y las autoridades educativas federales, convienen el incremento salarial que se otorgará para el año correspondiente, se plantea que en función del incremento que se otorgue al magisterio, se reconozca el diferencial que se presente entre el 3.8% otorgado por el Gobierno del Estado y el que concedan las autoridades federales. En relación al incremento adicional que reciba el magisterio, deberá de informarse a la Secretaría de Hacienda, a efecto de que considere el impacto presupuestal y se prevean las medidas necesarias para el otorgamiento del incremento señalado.(.)" "SESIÓN ORDINARIA 714 (.) ACUERDO No.8.VI.BIS.2021-SO-714: La H. Junta Directiva, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104, fracciones III y XIV de la Ley 38, sus consejeros integrantes toman conocimiento que el incremento de las pensiones y jubilaciones correspondientes al año 2020 y respectivo retroactivo se aplicó de la manera siguiente conforme a la disponibilidad financiera del Instituto. En el mes de marzo del 2020, el Departamento de Administración de Nómina de Pensionados y Jubilados, aplicó un incremento del 3.8%, posteriormente en el mes de enero de 2021, se aplicó el incremento diferencial para llegar al 5%, quedando de forma global a todos los pensionados y jubilados de este Instituto su incremento al 5% del ejercicio 2020, incluyendo el pago retroactivo. (.)" Ahora, para atender las pretensiones planteadas por la impetrante, debe hacerse referencia nuevamente a la resolución emitida por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI), invocada en párrafos anteriores; esto, a efecto de comprender la mecánica y teleología del incremento salarial. De acuerdo con dicha resolución, puede advertirse que el procedimiento de actualización de salarios mínimos del año dos mil veinte, hace alusión a un mecanismo que haga posible recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores asalariados que perciben un salario mínimo general, a saber el llamado Monto Independiente de Recuperación (MIR). El citado monto es una cantidad complementaria, diversa y totalmente ajena al salario base sobre el cual se aplica el porcentaje de incremento en cuestión; la cual se ha resuelto adicionar como una medida de protección social a favor de todos aquellos trabajadores cuyos ingresos no superan el salario mínimo, en aras de contribuir a que recobren su capacidad adquisitiva y tengan acceso a, por los menos, los satisfactores básicos necesarios que como aspiración de derecho fundamental se prevé en el numeral 123, apartado A, fracción VI, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aspiración que incluso así quedó patentizada en la resolución pronunciada por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos en la que al referirse a la introducción de dicha figura, fueron enfáticos en señalar, entre otros aspectos, que se trata de una cantidad absoluta en pesos cuyo objetivo único es contribuir a la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo general y, que no debe ser utilizada como referente para fijar incrementos de los demás salaros vigentes en el mercado laboral (salarios federales y locales, diferentes a los mínimos y contractuales, de servidores públicos federales, estatales y municipales y demás del sector informal). Bajo ese orden de ideas, ante la naturaleza del Monto Independiente de Recuperación (MIR) y sobre todo considerando la exclusión en torno a su aplicación, como ya se dijo, resulta incuestionable que este no puede hacerse extensivo al caso de las pensiones. En concreto, este juzgador concluye que los porcentajes de incremento que, en todo caso, habrá de considerar la autoridad responsable para los efectos de aumentos de pensión a que se contraen los citados numerales quinto transitorio del Decreto 211 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, así como al artículo 26 del Reglamento de pensiones del referido Instituto, son los estipulados en las resoluciones emitidas por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, a que se hizo alusión en esta determinación, esto es, del 5% para el año dos mil veinte. Lo que se ve robustecido con los artículos 59, 68 y 73 de la Ley 38 del ISSSTESON donde se establece que para determinar la cuota pensionaria únicamente se debe considerar el sueldo o sueldos percibidos por los que se cotizó al instituto, sin que exista elemento alguno que permita inferir ni siquiera indirectamente que se permitió la inclusión del Monto Independiente de Recuperación (MIR) que, además, no forma parte del sueldo que percibió la persona trabajadora ahora pensionada. Bajo el anterior marco jurídico y consideraciones efectuadas, en atención al acuerdo al acuerdo N°7.III.BIS-2020-SO-700, adoptado durante la sesión ordinaria de siete de febrero de dos mil veinte y su complemento N°8.VI.BIS.2021-SO-714 contenido en el acta 714 de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, donde se autorizó el pago diferencial aplicable a las pensiones y jubilaciones de dos mil veinte, para obtener un incremento total del cinco por ciento respecto a dicha anualidad, es inoperante el concepto de violación hecho valer por la quejosa, sin que en el caso se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo. Ahora, con base en el estudio realizado en párrafos precedentes del presente considerando, se concluyó que los porcentajes de incremento que, en todo caso, habrá de considerar la autoridad responsable para los efectos de aumentos de pensión a que se contraen los citados numerales, son los estipulados en las resoluciones emitidas por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que para el año dos mil veinte es de un 5%. Por otra parte, si bien, quedó evidenciado que la autoridad responsable al momento de determinar los aumentos de los pensionados para el año dos mil veinte, no atendió al ejercicio disyuntivo entre un incremento con base en el porcentaje de aumento correspondiente al salario mínimo, no estaba constreñida a observar estrictamente el procedimiento que para el incremento de salarios debe efectuarse en relación con aquellas personas pensionadas que perciben el salario mínimo; por tanto, lo cierto es que se otorgó a la impetrante el porcentaje que le correspondía. Es decir, la quejosa recibió un aumento total del cinco por ciento (5%) en su pensión por jubilación, y según lo analizado en esta resolución le correspondía un cinco por ciento (5%); de ahí, resulta inconcuso que conceder la protección constitucional para efectos de que la autoridad realice el ejercicio disyuntivo de mérito, no le aportaría ningún beneficio, por ello, lo inoperante de su motivo de disenso. En otro aspecto, cabe destacar que, contrario a lo que pretende la quejosa, la interpretación de las normas que derivan del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no tiene por efecto soslayar las reglas que imperan en el juicio de amparo o lo previsto en la legislación aplicable en cuanto al fondo del asunto. En efecto, si bien la reforma a los artículos 1 y 103, fracción I, de la Constitución Federal, en relación a los derechos humanos y a la interpretación más favorable a la persona, implicó un cambio en el sistema jurídico mexicano; también lo es que dicha circunstancia no tiene el alcance de que los juzgadores soslayen las reglas que rigen el juicio de amparo o la inobservancia de las normas jurídicas en cuanto al fondo del asunto, es decir, que dejen de cumplir con sus atribuciones y facultades. Por tanto, al no encontrar sustento jurídico lo argumentado por la parte quejosa, pues como ya se dijo, no hay en el ordenamiento jurídico estatal precepto normativo alguno que permita la variación de la pensión en los términos que pretende la peticionaria de amparo, ello no significa que se transgreda en su perjuicio los derechos de legalidad y previsión social. En atención a la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, página 906, Décima Época, materias Constitucional, Común, con registro digital 2004748, de rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." Consecuentemente, ante lo fundado pero inoperante de los conceptos de violación expresado por la quejosa en relación con el acuerdo N°7.III.BIS-2020-SO-700, adoptado durante la sesión ordinaria de siete de febrero de dos mil veinte, concerniente al incremento de la pensión para el año dos mil veinte, lo que procede es negar a la quejosa el amparo solicitado. En otro aspecto, se hace la acotación de que la parte quejosa se duele de que las autoridades responsables efectuaron el pago de las diferencias derivadas de los incrementos pensionarios autorizados en los ejercicios fiscales contenidos en los acuerdos que reclama y las describe como incorrectas, partiendo de la premisa de que el incremento que se le realizó a su pensión es menor al que en su opinión le corresponde. Sin embargo, atendiendo a lo arribado en la presente sentencia, al determinarse que no le agravian los porcentajes acordados por la autoridad como incremento para los ejercicios 2018, 2019 y 2020, es que deviene ineficaz el argumento vertido en ese aspecto. En cuanto a ello expone que el pago de las citadas diferencias le fueron realizados sin estar debidamente actualizadas. En apoyo a sus manifestaciones cita la jurisprudencia 2a./J. 135/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PENSIONES OTORGADAS POR EL ISSSTE. LAS DIFERENCIAS DERIVADAS DE LOS INCREMENTOS OMITIDOS POR EL INSTITUTO DEBEN ENTREGARSE ACTUALIZADAS." Ahora, en este criterio que invoca la parte quejosa en apoyo a sus manifestaciones, se hace referencia a que cuando el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), omite dar cumplimiento a la normativa en comento y el pensionado reclama (ya sea ante el propio Instituto o con posterioridad en el juicio contencioso) tanto los incrementos omitidos como las diferencias que de ellos deriven, en caso de resultar procedente dicho reclamo, quedará constreñido a entregar las diferencias debidamente actualizadas. En el caso particular, no se advierte que la parte quejosa se hubiera inconformado, en principio, ante el propio Instituto, cuando recibió el pago por concepto de "retroactivo" y de lo cual tuvo pleno conocimiento, como se observa de las diversas documentales públicas remitidas por las autoridades responsables, en las que se agregaron los recibos de pago a nombre de la parte quejosa donde se incluye el concepto de pago por retroactivo en su favor, los cuales no fueron debatidos con las probanzas idóneas por la impetrante, salvo con las manifestaciones plasmadas en la demanda. Sobre ese particular, no debe perderse de vista que los actos de autoridad se presumen legales salvo prueba en contrario. Por lo tanto, si la autoridad responsable remitió los comprobantes de nómina en los que se advierte el pago de retroactivo y la parte quejosa afirma que los porcentajes que en derecho le corresponde son distintos a los considerados y entregados por la autoridad, pues a su parecer no fueron entregados de forma actualizada; entonces a ella le correspondía demostrar sus aseveraciones, a fin de desestimar la veracidad de los porcentajes reportados por el Instituto demandado, lo que trae como consecuencia que la carga de la prueba sea compartida. De ahí lo ineficaz de sus argumentos en relación a ese tópico. En lo conducente, se invoca el criterio contenido en la tesis I.5o.A.15 A (10a.) del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 68, correspondiente al mes de Julio de 2019, Tomo III, página 2138, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "PENSIONES OTORGADAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LA CARGA DE LA PRUEBA DE SUS INCREMENTOS DEBE SER COMPARTIDA ANTE LA INSISTENCIA DEL ACTOR EN CUANTO A QUE EXISTE UN CÁLCULO INCORRECTO. De conformidad con el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia 2a./J. 93/2013 (10a.), de título y subtítulo: "PENSIÓN DEL ISSSTE. CARGA DE LA PRUEBA DE SUS INCREMENTOS EN EL JUICIO DE NULIDAD.", corresponde al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado probar los hechos en que motiva el contenido de la resolución expresa o de la que originó la negativa ficta impugnada, respecto del cálculo correcto y pago de los incrementos a la pensión jubilatoria, cuando el pensionado lo niegue lisa y llanamente; no obstante, si de las pruebas exhibidas por el instituto demandado se colige que éste aplicó los incrementos pensionarios respectivos conforme al régimen legal aplicable, y el actor insiste en que existe un cálculo incorrecto, al afirmar que los porcentajes que en derecho le corresponden son distintos a los considerados por la autoridad, entonces a aquél corresponde demostrar sus aseveraciones, a fin de desestimar la veracidad de los porcentajes reportados por ésta, lo que trae como consecuencia que la carga de la prueba en ese caso sea compartida." Decisión En las relatadas condiciones, ante lo fundado pero inoperante de los conceptos de violación expresados por la quejosa con relación con los acuerdos N°7.III.BIS-2020-SO-700, adoptado durante la sesión ordinaria de siete de febrero de dos mil veinte y N°5.1-2020-SE-705 de fecha quince de julio de dos mil veinte, así como lo inoperante de sus conceptos en relación con el acuerdo J.D.S.O 672/08 de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, concerniente al incremento de la pensión para los años dos mil dieciocho, dos mil diecinueve y dos mil veinte, lo que procede es negar a la quejosa el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María Nieves López Sesma, respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas en los considerandos II y III del presente fallo, por las razones expuestas en el apartado V. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy Fe.
Quedan 10 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · 9,432 expedientes
- María Moreno Flores543/2023
- María Moreno Flores807/2021
- María Moreno Flores1463/2021
- María Moreno Flores801/2020
- María Myriam Morales Pedrín1308/2023
- María Natalia Hatchman Miranda1366/2022
- María Obdulia Lamadrid Dávila611/2020
- María Ofelia Corrales Valenzuela1403/2021
- Maria Ofelia Del Cid Vindiola745/2020
- Maria Olga Cordova Espinoza1476/2017
- Maria Olidia Nieblas Celaya1323/2017
- María Olimpia Vásquez Torres1839/2023