María Moreno Flores

Expediente 543/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 8 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
543/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
06/07/2023

Partes del expediente

  • María Moreno Flores
  • Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, seis de julio de dos mil veintitrés. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que este ha causado estado. Háganse las capturas correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y destrúyase, una vez transcurrido el plazo de tres años. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes, toda vez que como se advierte de la certificación que antecede no obran en el sumario documentos originales. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio que remite el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en proveído de seis de junio del año en curso. Pruebas. Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las documentales anexas al oficio que se atiende; por lo que es procedente proveer lo siguiente. Sobreseimiento por cesación de efectos. Del análisis del oficio recibido, así como de la documental agregada, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que esta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir en: La omisión de la Junta responsable de tomar las medidas necesarias para lograr el desahogo de las probanzas ofrecidas por las partes, señaladas en auto de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés dentro del juicio laboral 2208/2020; y, La falta de notificación a los testigos ofrecidos por la parte demandada. Ahora bien, el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, al rendir informe justificado y en el oficio que se atiende, remitió copia certificada del proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, en el que señaló nueva hora y fecha para llevar a cabo el desahogo de la probanzas ofrecidas por las partes, y, asimismo, remitió copia certificada en la que se advierte que realizó las gestiones necesarias a fin de notificar a la totalidad de las partes, dentro del juicio laboral 2208/2020. En ese orden de ideas, si la afectación aducida por la parte quejosa radicaba en el retraso excesivo y la abierta dilación en el procedimiento, en relación con la omisión de la Junta responsable de no tomar las medidas necesarias para lograr el desahogo de las probanzas ofrecidas por las partes, así como la falta de notificación a los testigos ofrecidos por la parte demandada, en el juicio natural, lo cual ya aconteció, resulta evidente la actualización del motivo de inejercitabilidad examinada, toda vez que con el actuar de la responsable volvieron las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, en tanto sus pretensiones se encuentran satisfechas, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. Sin que obste a lo anterior que la notificación a los testigos aún no se hayan llevado a cabo, toda vez que como ya quedo establecido, en el caso concreto, la parte quejosa reclama la omisión de realizar las gestiones necesarias a fin de lograr el desahogo de las probanzas y notificar a los testigos ofrecidos por la parte demandada, en el expediente laboral 2526/2020JE1, lo que se traduce en una paralización del procedimiento por parte de las responsables, misma que con las constancias que anexaron a su informes justificados acreditan que la omisión fuente de dicha paralización fue destruida al constituirse el actuario en el domicilio señalado para llevar a cabo la notificación sin poder llevarla a cabo, por los motivos expuestos en la misma; imposibilidad que no puede ser atribuida a dicha autoridad. En ese orden de ideas, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la ley de la materia, procede sobreseer fuera de audiencia, al declararse improcedente el juicio de amparo, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado. Sustenta la anterior determinación, la tesis jurisprudencial 2a./J.10/2003, visible a fojas 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Audiencia constitucional sin efectos. En esas condiciones, se deja sin efectos la fecha designada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se encontraba señalada para las once horas con veintitrés minutos del día de hoy. Háganse las anotaciones correspondientes, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. RamiroRJ

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, seis de junio de dos mil veintitrés. Cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio que remite el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, mediante el cual pretende cumplir con el requerimiento formulado en proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Se requieren constancias. Con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad responsable, a fin de que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada de las constancia de notificación realizada a la totalidad de las partes respecto al auto de veinticinco de mayo del año en curso; así como de todos y cada uno de los testigos propuestos por las partes. O bien, haga saber a este juzgado la imposibilidad que tenga para ello, esto, a fin de estar en aptitud de resolver el asunto en que se actúa conforme a derecho. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de incumplir con el anterior requerimiento, conforme a lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259, de la ley de la materia, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. RamiroRJ

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Integración de oficio. Agréguese a los autos el oficio y anexo que remite el secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, en atención a su contenido, se provee: Integración de escrito. Ahora bien, agréguese a los autos el escrito que firma la autorizada legal de la parte quejosa, mediante el cual solicita el acceso al expediente electrónico para su consulta; sin embargo, no ha lugar acordar de conformidad, toda vez que carece de facultades para solicitarlo, al corresponder dicha petición a las partes o representantes legales. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. RamiroRJ

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