María Nelsi Gómez Cinta
Expediente 530/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 17 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 530/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 01/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- María Nelsi Gómez Cinta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, primero de diciembre de dos mil veintiuno. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 530/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, primero de diciembre de dos mil veintiuno. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes mediante proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si las autoridades responsables incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que en sentencia de catorce de octubre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la aquí quejosa María Nelsi Gómez Cinta, para los efectos siguientes: "[.] En consecuencia, procede conceder la protección constitucional solicitada para el efecto de que el Juez responsable: a). Deje insubsistente el auto de formal prisión de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, emitido en la causa penal 166/2019 de su índice. b). En su lugar, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución donde subsane los vicios formales detectados, conforme a las consideraciones apuntadas en esta sentencia. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución combatidos, esto es, la identificación administrativa de la quejosa, al ser una consecuencia del auto de formal prisión cuya inconstitucionalidad ha sido determinada en esta sentencia. [.]" Mediante proveído de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la referida sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. En auto de veintidós de noviembre del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que las autoridades dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que mediante oficio 4687/2021 el Juez Interino del Juzgado Primero de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, remitió copia certificada de la resolución de doce de noviembre de dos mil veintiuno, de la que se advierte que dejó insubsistente el auto de formal prisión de veintiuno de junio de dos mil veintiuno (acto reclamado) dictado en contra de María Nelsi Gómez Cinta, como probable responsable del delito de abuso de confianza, cometido en agravo del patrimonio de BARTOLO REYES RAMOS. Asimismo, procedió a resolver de nueva cuenta la situación jurídica de la quejosa, dictando auto de libertad por falta de elementos para procesar en favor de María Nelsi Gómez Cinta, por el delito de abuso de confianza que se dijo cometido en agravio de Bartolo Reyes Ramos, al no estar demostrado el primero de los elementos del delito, solo por cuanto hace a la CAMIONETA FORD EXPLORER COLOR ROJA, MODELO 1992, PLACAS Y6D3969 del Estado de Veracruz, serie 1FMDU32X4NUB57480, de igual forma, decreto el sobreseimiento por prescripción de la acción penal a favor de la citada quejosa, como probable responsable del delito de abuso de confianza, en relación al vehículo Matiz Chevy, modelo 2004, sublinea Pontiac, color negro, placas YEB8531, número de serie KL2ML61064C962532, en base a las siguientes consideraciones: En un inició, expuso los elementos objetivos o externos que integran el cuerpo del delito de abuso de confianza, siendo los siguientes: A. Que el agente activo disponga para sí o para otro: 1. De un documento que importe obligación, liberación o transmisión de derechos, o 2. De una cosa mueble, total o parcialmente ajena B. Que se le haya transferido al activo la posesión derivada de dicho objeto. C. Que la anterior conducta la realice con ánimo de dominio, lucro o uso, en perjuicio de tercero. D. Que el valor de lo dispuesto exceda de setecientos cincuenta días de salario. En relación al primero de los elementos integradores del delito "Que el agente activo disponga para sí o para otro: De una cosa mueble, total o parcialmente ajena", analizó la denuncia de Bartolo Reyes Ramos de veinticuatro de enero de dos mil trece, a la cual le concedió valor de indicio y alcance probatorio en términos del artículo 277, fracción VII del Código de Procedimientos Penales en vigor, siendo que el pasivo afirmó que hizo entrega de cuatro vehículos automotores a la indiciada, para que fueran vendidos por ésta y darle ganancias, transmitiendo las unidades, las llaves y las facturas, así como la tenencia de esos bienes de forma voluntaria. Razón por la que la citó ante la Agencia del Ministerio Público Especializado en responsabilidad Juvenil y de Conciliación de Acayucan, Veracruz, para que, tras dialogar le entregara todo lo que era de él, dándole dos de las cuatro unidades que le iba a vender, negándose a entregarle una CAMIONETA FORD EXPLORER COLOR ROJA, MODELO 1992, PLACAS Y6D3969 del Estado de Veracruz, serie 1FMDU32X4NUB57480 y un vehículo Matiz Chevy, modelo 2004, sublinea Pontiac, color negro, placas YEB8531, número de serie KL2ML61064C962532. De igual forma, advirtió que para demostrar que los bienes eran de su propiedad, Bartolo Reyes Ramos, exhibió las documentales siguientes: a) Documental privada consistente en CARTA RESPONSIVA DE COMPRA-VENTA, de un vehículo Matiz Chevy, modelo 2004, sublinea Pontiac, color negro, placas de YEB8531 NÚMERO DE SERIE KL2ML61064C962532, signada por Julio Hernández Suriano y Bartolo Reyes Ramos. b) Documental Pública, consistente en CITATORIO, de fecha diecisiete de enero del año dos mil trece, relativo al expediente 62/20212, signado por el Agente del Ministerio Público especializado en Responsabilidad Juvenil y de Conciliación, Licenciado Oscar Tereso Mar Chagoya. c) ocho impresiones fotográficas, que decir del pasivo, corresponden a los vehículos objeto del delito y que se encuentran en casa de la sujeto activo María Nelsi Gómez Cinta. Documentales que consideró como pruebas indiciarias con fundamento en el artículo 277, fracción II y III del Código Procesal Penal en vigor, al no estar redargüidos de falsos y en relación a la carta responsiva, con valor al ser reconocida por su autor, Julio Hernández Suriano, quien aceptó haber firmado la responsiva por la compraventa de un vehículo Marca Pontiac, Matiz Chevy, modelo 2004, sublinea Pontiac, color negro, placas YEB8531, número de serie KL2ML61064C962532 a Bartolo Reyes Ramos, con las que consideró se encuentra demostrado que esa unidad pertenece al peculio del denunciante. Aunado a lo anterior, valoró el dictamen pericial en materia de Grafoscopía número 701/2019, de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, signado por el Subdelegado Regional de Servicios Periciales Liborio Pérez Delgado, con valor probatorio en términos de los arábigos 214, 215, fracción III y 277, fracción IV, del Código Adjetivo Penal vigente, del que advirtió que el sujeto activo realizó de su puño y letra los endosos de las facturas que señala el perito, factura número 00362 de quince de junio de dos mil cuatro, expedida por la Empresa Calidad del Sureste Sociedad Anónima de Capital Variable, a nombre de María Alejandra Miranda Cruz, así como la diversa 0213 de dieciséis de enero de dos mil catorce, expedida por Autos Usados Guerrero Sociedad Anónima de Capital Variable, a nombre de Petra Ortiz Flores y/o María Del Carmen Vizcarra Ortiz y a nombre de Nelsi Gómez. Por otro lado, en relación a la camioneta CAMIONETA FORD EXPLORER COLOR ROJA, MODELO 1992, PLACAS Y6D3969 del Estado de Veracruz, serie 1FMDU32X4NUB57480, determinó que aun cuando el pasivo asegura que es de su propiedad no encontró documento o probanza que avale su afirmación, porque, pese a que arguye que se enteró que el diecisiete de enero de dos mil trece, aproximadamente a las diez de la noche, la denunciada María Nelsi Gómez Cinta, en compañía de Gerardo Tinoco González, acudieron ante la señora Susana Rivera Lobo y con engaños les firmó el endoso en blanco de la camioneta Ford Explorer, su afirmación no está robustecida. Para este supuesto, estudió la declaración de María Nelsi Gómez Cinta de once de mayo de dos mil trece, otorgándole valor de indicio de acuerdo al numeral 277 fracción I del Código Procesal Penal, en la que además de negar los hechos, asegura que la mencionada camioneta es de su propiedad. Así como, la factura expedida por AUTOS USADOS GUERRERO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que ampara la compra de la CAMIONETA FORD EXPLORER COLOR ROJA, MODELO 1992, PLACAS Y6D3969 del Estado de Veracruz, serie 1FMDU32X4NUB57480, que dio valor conforme al artículo 277, fracción III del Código de Proceder en la materia, misma que determinó demuestra la propiedad de ese objeto y contradice la afirmación del pasivo de que esa fue endosada indebidamente a la indiciada. Lo anterior, relacionado con la deposición de Susana Rivera Lobo, como indicio de acuerdo al numeral citado, fracción VII, quien afirmó que dicha camioneta fue de su propiedad pero la vendió y posteriormente volvió a su comprador, endosando la factura, sin recordar el nombre de la titular, pero posteriormente se enteró por el denunciante, que estaba endosada en favor de la indiciada y que este le pedía un documento para que él la recuperara, lo que ella se negó porque ya la había vendido. Entonces, el juez responsable concluyó que de la negativa de la quejosa, la factura que presentó para demostrar la propiedad de la unidad en cita, enlazada a la pericial de Grafoscopía previamente valorada y la declaración de Susana Rivero Lobo, se aprecia que la camioneta afecta, es de María Nelsi Gómez Cinta, esto, aun cuando no se tiene fecha de endoso a su favor en la factura que ampara la propiedad, ya que la testigo sostuvo que vendió el vehículo y endosó la factura, siendo de esta forma que a su parecer la Fiscal no aporto otras probanzas que desvirtuaran las mismas. Por ende, no encontró acreditado que la CAMIONETA FORD EXPLORER COLOR ROJA, MODELO 1992, PLACAS Y6D3969 del Estado de Veracruz, serie 1FMDU32X4NUB57480, pertenezca al patrimonio del pasivo, con lo que, por este, ante la falta de requisito de procedibilidad, con fundamento en el artículo 177 del Código de Procedimientos Penales, procedió a dictar AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR, en favor de María Nelsi Gómez Cinta, por el delito de abuso de confianza, que se dijo cometido en agravio de Bartolo Reyes Ramos. Seguidamente, al solo tener por demostrada la propiedad del vehículo Matiz Chevy, modelo 2004, sublinea Pontiac, color negro, placas YEB8531, número de serie KL2ML61064C962532, objeto que debido a sus características se encuentra comprendido como un bien mueble, de acuerdo a lo estatuido por los artículos 794 y 795 del Código Sustantivo Penal, ajeno a la sujeto activa, valuado en el dictamen de valuación número 188/2017 de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, signado por Liborio Pérez Delgado, Subdelegado Regional de los Servicios Periciales, en el que concluyó: "Segunda; El automóvil marca Chevrolet, se valúa en la cantidad total de Treinta y cinco mil pesos cero centavos moneda nacional." Dictamen al que no concedió valor probatorio, en términos de los arábigos 214, 215 fracción III y 277 fracción IV, del Código Adjetivo Penal vigente, porque, aun cuando este fue realizado por un especialista en la materia, ratificado ante el fiscal investigador el veintisiete de febrero del año dos mil diecisiete, no fue impugnado por ninguna de las partes, empero, aun cuando el perito describió que se basó en el método analítico y utilizó como técnica la investigación de precios actuales en el mercado, no aporto en su dictamen cuales son las bases en las que se sustentó para poder advertir en el mercado el valor actual del objeto del delito, si este no lo tuvo a la vista para poder determinar sus condiciones físicas y de funcionalidad que con ello pudiera determinar su valor actual, máxime que se trata de un vehículo que por el trascurso del tiempo se deteriora, resultando por ello, insuficiente su afirmación dogmática de este tiene un valor de treinta y cinco mil pesos. Bajo esa tesitura, a criterio de la autoridad responsable, en términos del artículo 173 del Código de Procedimientos Penales, al no existir probanza con la que se pueda precisar la cuantía del objeto del delito, lo tuvo como valor indeterminado y lo encuadro dentro de la hipótesis del numeral 213, fracción I del Código Penal en vigor en la época de los hechos, mismo que establece una penalidad de trabajo en favor de la comunidad de uno a cuatro meses y multa hasta de noventa días de salario; procediendo, a analizar la prescripción de la acción de penal. Así, observó que si el delito a estudio, en su media aritmética dispone una pena de trabajo en favor de la comunidad, por el periodo de uno a cuatro meses, la misma sería de dos meses y seis meses (sic), y para la prescripción es necesario que se haya excedido de la pena, pero no inferior a tres años. De ahí, que bajo su consideración, si de autos de la investigación ministerial que dio origen a este proceso apreció que existió un periodo de inactividad por parte del órgano investigador, que lo fue del dos de octubre de dos mil trece en que el fiscal envió dicha indagatoria a la reserva, hasta el tres de febrero de dos mil diecisiete, en que se ordenó continuar con la integración de la misma y la práctica de las diligencias necesarias para esclarecimiento de los hechos. Al realizar el computo respectivo encontró que entre ambas fechas (dos de octubre de dos mil trece al tres de febrero de dos mil diecisiete) transcurrió una temporalidad de tres años, tres meses y veintinueve días, sin que la fiscalía realizara acción alguna de investigación, por lo que, se ha superado en exceso el término establecido en el artículo 112 del Código Penal vigente, el cual era la temporalidad mínima para la figura de la prescripción. Así, consideró procedente la figura jurídica de la prescripción de la acción decretada en perjuicio de la libertad de María Nelsi Gómez Cinta, por el delito de abuso de confianza, cometido en agravio del patrimonio de Bartolo Reyes Ramos, dentro de los autos de la causa penal 166/2019 de su índice, por el simple transcurso del tiempo, conforme a lo que disponen los artículos 1,14,16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 y 118, del Código Penal vigente. En virtud de ello, decretó el sobreseimiento por prescripción de la acción penal, a favor de María Nelsi Gómez Cinta, como probable responsable de delito de abuso de confianza, cometido en agravio del patrimonio de Bartolo Reyes Ramos y, procedió a girar a favor de la inculpada la boleta de inmediata libertad, única y exclusivamente por lo que hace al delito y causa citados, remitiendo copia de la resolución a estudio al Director del Reclusorio Regional, de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Por lo expuesto anteriormente, este órgano jurisdiccional estima que la autoridad responsable dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo amparador, toda vez que, dejó insubsistente el auto de formal prisión de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, emitido en la causa penal 166/2019 de su índice y, en su lugar, con plenitud de jurisdicción, dictó una nueva resolución donde subsanó los vicios formales detectados, conforme a las consideraciones apuntadas en la sentencia de amparo. Asimismo, el Director y Jefe de Supervisión y Custodia, ambos del Centro Penitenciario Zamora, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, procedió a realizar las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno llevados en dicha dependencia. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, se estima innecesario conservar las constancias remitidas por la autoridad responsable como justificación de sus actos, por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo que se formó, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes mediante proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si las autoridades responsables incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que en sentencia de catorce de octubre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la aquí quejosa María Nelsi Gómez Cinta, para los efectos siguientes: "[.] En consecuencia, procede conceder la protección constitucional solicitada para el efecto de que el Juez responsable: a). Deje insubsistente el auto de formal prisión de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, emitido en la causa penal 166/2019 de su índice. b). En su lugar, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución donde subsane los vicios formales detectados, conforme a las consideraciones apuntadas en esta sentencia. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución combatidos, esto es, la identificación administrativa de la quejosa, al ser una consecuencia del auto de formal prisión cuya inconstitucionalidad ha sido determinada en esta sentencia. [.]" Mediante proveído de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la referida sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. En auto de veintidós de noviembre del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que las autoridades dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que mediante oficio 4687/2021 el Juez Interino del Juzgado Primero de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, remitió copia certificada de la resolución de doce de noviembre de dos mil veintiuno, de la que se advierte que dejó insubsistente el auto de formal prisión de veintiuno de junio de dos mil veintiuno (acto reclamado) dictado en contra de María Nelsi Gómez Cinta, como probable responsable del delito de abuso de confianza, cometido en agravo del patrimonio de BARTOLO REYES RAMOS. Asimismo, procedió a resolver de nueva cuenta la situación jurídica de la quejosa, dictando auto de libertad por falta de elementos para procesar en favor de María Nelsi Gómez Cinta, por el delito de abuso de confianza que se dijo cometido en agravio de Bartolo Reyes Ramos, al no estar demostrado el primero de los elementos del delito, solo por cuanto hace a la CAMIONETA FORD EXPLORER COLOR ROJA, MODELO 1992, PLACAS Y6D3969 del Estado de Veracruz, serie 1FMDU32X4NUB57480, de igual forma, decreto el sobreseimiento por prescripción de la acción penal a favor de la citada quejosa, como probable responsable del delito de abuso de confianza, en relación al vehículo Matiz Chevy, modelo 2004, sublinea Pontiac, color negro, placas YEB8531, número de serie KL2ML61064C962532, en base a las siguientes consideraciones: En un inició, expuso los elementos objetivos o externos que integran el cuerpo del delito de abuso de confianza, siendo los siguientes: A. Que el agente activo disponga para sí o para otro: 1. De un documento que importe obligación, liberación o transmisión de derechos, o 2. De una cosa mueble, total o parcialmente ajena B. Que se le haya transferido al activo la posesión derivada de dicho objeto. C. Que la anterior conducta la realice con ánimo de dominio, lucro o uso, en perjuicio de tercero. D. Que el valor de lo dispuesto exceda de setecientos cincuenta días de salario. En relación al primero de los elementos integradores del delito "Que el agente activo disponga para sí o para otro: De una cosa mueble, total o parcialmente ajena", analizó la denuncia de Bartolo Reyes Ramos de veinticuatro de enero de dos mil trece, a la cual le concedió valor de indicio y alcance probatorio en términos del artículo 277, fracción VII del Código de Procedimientos Penales en vigor, siendo que el pasivo afirmó que hizo entrega de cuatro vehículos automotores a la indiciada, para que fueran vendidos por ésta y darle ganancias, transmitiendo las unidades, las llaves y las facturas, así como la tenencia de esos bienes de forma voluntaria. Razón por la que la citó ante la Agencia del Ministerio Público Especializado en responsabilidad Juvenil y de Conciliación de Acayucan, Veracruz, para que, tras dialogar le entregara todo lo que era de él, dándole dos de las cuatro unidades que le iba a vender, negándose a entregarle una CAMIONETA FORD EXPLORER COLOR ROJA, MODELO 1992, PLACAS Y6D3969 del Estado de Veracruz, serie 1FMDU32X4NUB57480 y un vehículo Matiz Chevy, modelo 2004, sublinea Pontiac, color negro, placas YEB8531, número de serie KL2ML61064C962532. De igual forma, advirtió que para demostrar que los bienes eran de su propiedad, Bartolo Reyes Ramos, exhibió las documentales siguientes: a) Documental privada consistente en CARTA RESPONSIVA DE COMPRA-VENTA, de un vehículo Matiz Chevy, modelo 2004, sublinea Pontiac, color negro, placas de YEB8531 NÚMERO DE SERIE KL2ML61064C962532, signada por Julio Hernández Suriano y Bartolo Reyes Ramos. b) Documental Pública, consistente en CITATORIO, de fecha diecisiete de enero del año dos mil trece, relativo al expediente 62/20212, signado por el Agente del Ministerio Público especializado en Responsabilidad Juvenil y de Conciliación, Licenciado Oscar Tereso Mar Chagoya. c) ocho impresiones fotográficas, que decir del pasivo, corresponden a los vehículos objeto del delito y que se encuentran en casa de la sujeto activo María Nelsi Gómez Cinta. Documentales que consideró como pruebas indiciarias con fundamento en el artículo 277, fracción II y III del Código Procesal Penal en vigor, al no estar redargüidos de falsos y en relación a la carta responsiva, con valor al ser reconocida por su autor, Julio Hernández Suriano, quien aceptó haber firmado la responsiva por la compraventa de un vehículo Marca Pontiac, Matiz Chevy, modelo 2004, sublinea Pontiac, color negro, placas YEB8531, número de serie KL2ML61064C962532 a Bartolo Reyes Ramos, con las que consideró se encuentra demostrado que esa unidad pertenece al peculio del denunciante. Aunado a lo anterior, valoró el dictamen pericial en materia de Grafoscopía número 701/2019, de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, signado por el Subdelegado Regional de Servicios Periciales Liborio Pérez Delgado, con valor probatorio en términos de los arábigos 214, 215, fracción III y 277, fracción IV, del Código Adjetivo Penal vigente, del que advirtió que el sujeto activo realizó de su puño y letra los endosos de las facturas que señala el perito, factura número 00362 de quince de junio de dos mil cuatro, expedida por la Empresa Calidad del Sureste Sociedad Anónima de Capital Variable, a nombre de María Alejandra Miranda Cruz, así como la diversa 0213 de dieciséis de enero de dos mil catorce, expedida por Autos Usados Guerrero Sociedad Anónima de Capital Variable, a nombre de Petra Ortiz Flores y/o María Del Carmen Vizcarra Ortiz y a nombre de Nelsi Gómez. Por otro lado, en relación a la camioneta CAMIONETA FORD EXPLORER COLOR ROJA, MODELO 1992, PLACAS Y6D3969 del Estado de Veracruz, serie 1FMDU32X4NUB57480, determinó que aun cuando el pasivo asegura que es de su propiedad no encontró documento o probanza que avale su afirmación, porque, pese a que arguye que se enteró que el diecisiete de enero de dos mil trece, aproximadamente a las diez de la noche, la denunciada María Nelsi Gómez Cinta, en compañía de Gerardo Tinoco González, acudieron ante la señora Susana Rivera Lobo y con engaños les firmó el endoso en blanco de la camioneta Ford Explorer, su afirmación no está robustecida. Para este supuesto, estudió la declaración de María Nelsi Gómez Cinta de once de mayo de dos mil trece, otorgándole valor de indicio de acuerdo al numeral 277 fracción I del Código Procesal Penal, en la que además de negar los hechos, asegura que la mencionada camioneta es de su propiedad. Así como, la factura expedida por AUTOS USADOS GUERRERO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que ampara la compra de la CAMIONETA FORD EXPLORER COLOR ROJA, MODELO 1992, PLACAS Y6D3969 del Estado de Veracruz, serie 1FMDU32X4NUB57480, que dio valor conforme al artículo 277, fracción III del Código de Proceder en la materia, misma que determinó demuestra la propiedad de ese objeto y contradice la afirmación del pasivo de que esa fue endosada indebidamente a la indiciada. Lo anterior, relacionado con la deposición de Susana Rivera Lobo, como indicio de acuerdo al numeral citado, fracción VII, quien afirmó que dicha camioneta fue de su propiedad pero la vendió y posteriormente volvió a su comprador, endosando la factura, sin recordar el nombre de la titular, pero posteriormente se enteró por el denunciante, que estaba endosada en favor de la indiciada y que este le pedía un documento para que él la recuperara, lo que ella se negó porque ya la había vendido. Entonces, el juez responsable concluyó que de la negativa de la quejosa, la factura que presentó para demostrar la propiedad de la unidad en cita, enlazada a la pericial de Grafoscopía previamente valorada y la declaración de Susana Rivero Lobo, se aprecia que la camioneta afecta, es de María Nelsi Gómez Cinta, esto, aun cuando no se tiene fecha de endoso a su favor en la factura que ampara la propiedad, ya que la testigo sostuvo que vendió el vehículo y endosó la factura, siendo de esta forma que a su parecer la Fiscal no aporto otras probanzas que desvirtuaran las mismas. Por ende, no encontró acreditado que la CAMIONETA FORD EXPLORER COLOR ROJA, MODELO 1992, PLACAS Y6D3969 del Estado de Veracruz, serie 1FMDU32X4NUB57480, pertenezca al patrimonio del pasivo, con lo que, por este, ante la falta de requisito de procedibilidad, con fundamento en el artículo 177 del Código de Procedimientos Penales, procedió a dictar AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR, en favor de María Nelsi Gómez Cinta, por el delito de abuso de confianza, que se dijo cometido en agravio de Bartolo Reyes Ramos. Seguidamente, al solo tener por demostrada la propiedad del vehículo Matiz Chevy, modelo 2004, sublinea Pontiac, color negro, placas YEB8531, número de serie KL2ML61064C962532, objeto que debido a sus características se encuentra comprendido como un bien mueble, de acuerdo a lo estatuido por los artículos 794 y 795 del Código Sustantivo Penal, ajeno a la sujeto activa, valuado en el dictamen de valuación número 188/2017 de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, signado por Liborio Pérez Delgado, Subdelegado Regional de los Servicios Periciales, en el que concluyó: "Segunda; El automóvil marca Chevrolet, se valúa en la cantidad total de Treinta y cinco mil pesos cero centavos moneda nacional." Dictamen al que no concedió valor probatorio, en términos de los arábigos 214, 215 fracción III y 277 fracción IV, del Código Adjetivo Penal vigente, porque, aun cuando este fue realizado por un especialista en la materia, ratificado ante el fiscal investigador el veintisiete de febrero del año dos mil diecisiete, no fue impugnado por ninguna de las partes, empero, aun cuando el perito describió que se basó en el método analítico y utilizó como técnica la investigación de precios actuales en el mercado, no aporto en su dictamen cuales son las bases en las que se sustentó para poder advertir en el mercado el valor actual del objeto del delito, si este no lo tuvo a la vista para poder determinar sus condiciones físicas y de funcionalidad que con ello pudiera determinar su valor actual, máxime que se trata de un vehículo que por el trascurso del tiempo se deteriora, resultando por ello, insuficiente su afirmación dogmática de este tiene un valor de treinta y cinco mil pesos. Bajo esa tesitura, a criterio de la autoridad responsable, en términos del artículo 173 del Código de Procedimientos Penales, al no existir probanza con la que se pueda precisar la cuantía del objeto del delito, lo tuvo como valor indeterminado y lo encuadro dentro de la hipótesis del numeral 213, fracción I del Código Penal en vigor en la época de los hechos, mismo que establece una penalidad de trabajo en favor de la comunidad de uno a cuatro meses y multa hasta de noventa días de salario; procediendo, a analizar la prescripción de la acción de penal. Así, observó que si el delito a estudio, en su media aritmética dispone una pena de trabajo en favor de la comunidad, por el periodo de uno a cuatro meses, la misma sería de dos meses y seis meses (sic), y para la prescripción es necesario que se haya excedido de la pena, pero no inferior a tres años. De ahí, que bajo su consideración, si de autos de la investigación ministerial que dio origen a este proceso apreció que existió un periodo de inactividad por parte del órgano investigador, que lo fue del dos de octubre de dos mil trece en que el fiscal envió dicha indagatoria a la reserva, hasta el tres de febrero de dos mil diecisiete, en que se ordenó continuar con la integración de la misma y la práctica de las diligencias necesarias para esclarecimiento de los hechos. Al realizar el computo respectivo encontró que entre ambas fechas (dos de octubre de dos mil trece al tres de febrero de dos mil diecisiete) transcurrió una temporalidad de tres años, tres meses y veintinueve días, sin que la fiscalía realizara acción alguna de investigación, por lo que, se ha superado en exceso el término establecido en el artículo 112 del Código Penal vigente, el cual era la temporalidad mínima para la figura de la prescripción. Así, consideró procedente la figura jurídica de la prescripción de la acción decretada en perjuicio de la libertad de María Nelsi Gómez Cinta, por el delito de abuso de confianza, cometido en agravio del patrimonio de Bartolo Reyes Ramos, dentro de los autos de la causa penal 166/2019 de su índice, por el simple transcurso del tiempo, conforme a lo que disponen los artículos 1,14,16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 y 118, del Código Penal vigente. En virtud de ello, decretó el sobreseimiento por prescripción de la acción penal, a favor de María Nelsi Gómez Cinta, como probable responsable de delito de abuso de confianza, cometido en agravio del patrimonio de Bartolo Reyes Ramos y, procedió a girar a favor de la inculpada la boleta de inmediata libertad, única y exclusivamente por lo que hace al delito y causa citados, remitiendo copia de la resolución a estudio al Director del Reclusorio Regional, de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Por lo expuesto anteriormente, este órgano jurisdiccional estima que la autoridad responsable dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo amparador, toda vez que, dejó insubsistente el auto de formal prisión de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, emitido en la causa penal 166/2019 de su índice y, en su lugar, con plenitud de jurisdicción, dictó una nueva resolución donde subsanó los vicios formales detectados, conforme a las consideraciones apuntadas en la sentencia de amparo. Asimismo, el Director y Jefe de Supervisión y Custodia, ambos del Centro Penitenciario Zamora, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, procedió a realizar las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno llevados en dicha dependencia. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, se estima innecesario conservar las constancias remitidas por la autoridad responsable como justificación de sus actos, por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo que se formó, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, primero de diciembre de dos mil veintiuno. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes mediante proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si las autoridades responsables incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que en sentencia de catorce de octubre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la aquí quejosa María Nelsi Gómez Cinta, para los efectos siguientes: "[.] En consecuencia, procede conceder la protección constitucional solicitada para el efecto de que el Juez responsable: a). Deje insubsistente el auto de formal prisión de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, emitido en la causa penal 166/2019 de su índice. b). En su lugar, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución donde subsane los vicios formales detectados, conforme a las consideraciones apuntadas en esta sentencia. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución combatidos, esto es, la identificación administrativa de la quejosa, al ser una consecuencia del auto de formal prisión cuya inconstitucionalidad ha sido determinada en esta sentencia. [.]" Mediante proveído de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la referida sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. En auto de veintidós de noviembre del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que las autoridades dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que mediante oficio 4687/2021 el Juez Interino del Juzgado Primero de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, remitió copia certificada de la resolución de doce de noviembre de dos mil veintiuno, de la que se advierte que dejó insubsistente el auto de formal prisión de veintiuno de junio de dos mil veintiuno (acto reclamado) dictado en contra de María Nelsi Gómez Cinta, como probable responsable del delito de abuso de confianza, cometido en agravo del patrimonio de BARTOLO REYES RAMOS. Asimismo, procedió a resolver de nueva cuenta la situación jurídica de la quejosa, dictando auto de libertad por falta de elementos para procesar en favor de María Nelsi Gómez Cinta, por el delito de abuso de confianza que se dijo cometido en agravio de Bartolo Reyes Ramos, al no estar demostrado el primero de los elementos del delito, solo por cuanto hace a la CAMIONETA FORD EXPLORER COLOR ROJA, MODELO 1992, PLACAS Y6D3969 del Estado de Veracruz, serie 1FMDU32X4NUB57480, de igual forma, decreto el sobreseimiento por prescripción de la acción penal a favor de la citada quejosa, como probable responsable del delito de abuso de confianza, en relación al vehículo Matiz Chevy, modelo 2004, sublinea Pontiac, color negro, placas YEB8531, número de serie KL2ML61064C962532, en base a las siguientes consideraciones: En un inició, expuso los elementos objetivos o externos que integran el cuerpo del delito de abuso de confianza, siendo los siguientes: A. Que el agente activo disponga para sí o para otro: 1. De un documento que importe obligación, liberación o transmisión de derechos, o 2. De una cosa mueble, total o parcialmente ajena B. Que se le haya transferido al activo la posesión derivada de dicho objeto. C. Que la anterior conducta la realice con ánimo de dominio, lucro o uso, en perjuicio de tercero. D. Que el valor de lo dispuesto exceda de setecientos cincuenta días de salario. En relación al primero de los elementos integradores del delito "Que el agente activo disponga para sí o para otro: De una cosa mueble, total o parcialmente ajena", analizó la denuncia de Bartolo Reyes Ramos de veinticuatro de enero de dos mil trece, a la cual le concedió valor de indicio y alcance probatorio en términos del artículo 277, fracción VII del Código de Procedimientos Penales en vigor, siendo que el pasivo afirmó que hizo entrega de cuatro vehículos automotores a la indiciada, para que fueran vendidos por ésta y darle ganancias, transmitiendo las unidades, las llaves y las facturas, así como la tenencia de esos bienes de forma voluntaria. Razón por la que la citó ante la Agencia del Ministerio Público Especializado en responsabilidad Juvenil y de Conciliación de Acayucan, Veracruz, para que, tras dialogar le entregara todo lo que era de él, dándole dos de las cuatro unidades que le iba a vender, negándose a entregarle una CAMIONETA FORD EXPLORER COLOR ROJA, MODELO 1992, PLACAS Y6D3969 del Estado de Veracruz, serie 1FMDU32X4NUB57480 y un vehículo Matiz Chevy, modelo 2004, sublinea Pontiac, color negro, placas YEB8531, número de serie KL2ML61064C962532. De igual forma, advirtió que para demostrar que los bienes eran de su propiedad, Bartolo Reyes Ramos, exhibió las documentales siguientes: a) Documental privada consistente en CARTA RESPONSIVA DE COMPRA-VENTA, de un vehículo Matiz Chevy, modelo 2004, sublinea Pontiac, color negro, placas de YEB8531 NÚMERO DE SERIE KL2ML61064C962532, signada por Julio Hernández Suriano y Bartolo Reyes Ramos. b) Documental Pública, consistente en CITATORIO, de fecha diecisiete de enero del año dos mil trece, relativo al expediente 62/20212, signado por el Agente del Ministerio Público especializado en Responsabilidad Juvenil y de Conciliación, Licenciado Oscar Tereso Mar Chagoya. c) ocho impresiones fotográficas, que decir del pasivo, corresponden a los vehículos objeto del delito y que se encuentran en casa de la sujeto activo María Nelsi Gómez Cinta. Documentales que consideró como pruebas indiciarias con fundamento en el artículo 277, fracción II y III del Código Procesal Penal en vigor, al no estar redargüidos de falsos y en relación a la carta responsiva, con valor al ser reconocida por su autor, Julio Hernández Suriano, quien aceptó haber firmado la responsiva por la compraventa de un vehículo Marca Pontiac, Matiz Chevy, modelo 2004, sublinea Pontiac, color negro, placas YEB8531, número de serie KL2ML61064C962532 a Bartolo Reyes Ramos, con las que consideró se encuentra demostrado que esa unidad pertenece al peculio del denunciante. Aunado a lo anterior, valoró el dictamen pericial en materia de Grafoscopía número 701/2019, de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, signado por el Subdelegado Regional de Servicios Periciales Liborio Pérez Delgado, con valor probatorio en términos de los arábigos 214, 215, fracción III y 277, fracción IV, del Código Adjetivo Penal vigente, del que advirtió que el sujeto activo realizó de su puño y letra los endosos de las facturas que señala el perito, factura número 00362 de quince de junio de dos mil cuatro, expedida por la Empresa Calidad del Sureste Sociedad Anónima de Capital Variable, a nombre de María Alejandra Miranda Cruz, así como la diversa 0213 de dieciséis de enero de dos mil catorce, expedida por Autos Usados Guerrero Sociedad Anónima de Capital Variable, a nombre de Petra Ortiz Flores y/o María Del Carmen Vizcarra Ortiz y a nombre de Nelsi Gómez. Por otro lado, en relación a la camioneta CAMIONETA FORD EXPLORER COLOR ROJA, MODELO 1992, PLACAS Y6D3969 del Estado de Veracruz, serie 1FMDU32X4NUB57480, determinó que aun cuando el pasivo asegura que es de su propiedad no encontró documento o probanza que avale su afirmación, porque, pese a que arguye que se enteró que el diecisiete de enero de dos mil trece, aproximadamente a las diez de la noche, la denunciada María Nelsi Gómez Cinta, en compañía de Gerardo Tinoco González, acudieron ante la señora Susana Rivera Lobo y con engaños les firmó el endoso en blanco de la camioneta Ford Explorer, su afirmación no está robustecida. Para este supuesto, estudió la declaración de María Nelsi Gómez Cinta de once de mayo de dos mil trece, otorgándole valor de indicio de acuerdo al numeral 277 fracción I del Código Procesal Penal, en la que además de negar los hechos, asegura que la mencionada camioneta es de su propiedad. Así como, la factura expedida por AUTOS USADOS GUERRERO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que ampara la compra de la CAMIONETA FORD EXPLORER COLOR ROJA, MODELO 1992, PLACAS Y6D3969 del Estado de Veracruz, serie 1FMDU32X4NUB57480, que dio valor conforme al artículo 277, fracción III del Código de Proceder en la materia, misma que determinó demuestra la propiedad de ese objeto y contradice la afirmación del pasivo de que esa fue endosada indebidamente a la indiciada. Lo anterior, relacionado con la deposición de Susana Rivera Lobo, como indicio de acuerdo al numeral citado, fracción VII, quien afirmó que dicha camioneta fue de su propiedad pero la vendió y posteriormente volvió a su comprador, endosando la factura, sin recordar el nombre de la titular, pero posteriormente se enteró por el denunciante, que estaba endosada en favor de la indiciada y que este le pedía un documento para que él la recuperara, lo que ella se negó porque ya la había vendido. Entonces, el juez responsable concluyó que de la negativa de la quejosa, la factura que presentó para demostrar la propiedad de la unidad en cita, enlazada a la pericial de Grafoscopía previamente valorada y la declaración de Susana Rivero Lobo, se aprecia que la camioneta afecta, es de María Nelsi Gómez Cinta, esto, aun cuando no se tiene fecha de endoso a su favor en la factura que ampara la propiedad, ya que la testigo sostuvo que vendió el vehículo y endosó la factura, siendo de esta forma que a su parecer la Fiscal no aporto otras probanzas que desvirtuaran las mismas. Por ende, no encontró acreditado que la CAMIONETA FORD EXPLORER COLOR ROJA, MODELO 1992, PLACAS Y6D3969 del Estado de Veracruz, serie 1FMDU32X4NUB57480, pertenezca al patrimonio del pasivo, con lo que, por este, ante la falta de requisito de procedibilidad, con fundamento en el artículo 177 del Código de Procedimientos Penales, procedió a dictar AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR, en favor de María Nelsi Gómez Cinta, por el delito de abuso de confianza, que se dijo cometido en agravio de Bartolo Reyes Ramos. Seguidamente, al solo tener por demostrada la propiedad del vehículo Matiz Chevy, modelo 2004, sublinea Pontiac, color negro, placas YEB8531, número de serie KL2ML61064C962532, objeto que debido a sus características se encuentra comprendido como un bien mueble, de acuerdo a lo estatuido por los artículos 794 y 795 del Código Sustantivo Penal, ajeno a la sujeto activa, valuado en el dictamen de valuación número 188/2017 de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, signado por Liborio Pérez Delgado, Subdelegado Regional de los Servicios Periciales, en el que concluyó: "Segunda; El automóvil marca Chevrolet, se valúa en la cantidad total de Treinta y cinco mil pesos cero centavos moneda nacional." Dictamen al que no concedió valor probatorio, en términos de los arábigos 214, 215 fracción III y 277 fracción IV, del Código Adjetivo Penal vigente, porque, aun cuando este fue realizado por un especialista en la materia, ratificado ante el fiscal investigador el veintisiete de febrero del año dos mil diecisiete, no fue impugnado por ninguna de las partes, empero, aun cuando el perito describió que se basó en el método analítico y utilizó como técnica la investigación de precios actuales en el mercado, no aporto en su dictamen cuales son las bases en las que se sustentó para poder advertir en el mercado el valor actual del objeto del delito, si este no lo tuvo a la vista para poder determinar sus condiciones físicas y de funcionalidad que con ello pudiera determinar su valor actual, máxime que se trata de un vehículo que por el trascurso del tiempo se deteriora, resultando por ello, insuficiente su afirmación dogmática de este tiene un valor de treinta y cinco mil pesos. Bajo esa tesitura, a criterio de la autoridad responsable, en términos del artículo 173 del Código de Procedimientos Penales, al no existir probanza con la que se pueda precisar la cuantía del objeto del delito, lo tuvo como valor indeterminado y lo encuadro dentro de la hipótesis del numeral 213, fracción I del Código Penal en vigor en la época de los hechos, mismo que establece una penalidad de trabajo en favor de la comunidad de uno a cuatro meses y multa hasta de noventa días de salario; procediendo, a analizar la prescripción de la acción de penal. Así, observó que si el delito a estudio, en su media aritmética dispone una pena de trabajo en favor de la comunidad, por el periodo de uno a cuatro meses, la misma sería de dos meses y seis meses (sic), y para la prescripción es necesario que se haya excedido de la pena, pero no inferior a tres años. De ahí, que bajo su consideración, si de autos de la investigación ministerial que dio origen a este proceso apreció que existió un periodo de inactividad por parte del órgano investigador, que lo fue del dos de octubre de dos mil trece en que el fiscal envió dicha indagatoria a la reserva, hasta el tres de febrero de dos mil diecisiete, en que se ordenó continuar con la integración de la misma y la práctica de las diligencias necesarias para esclarecimiento de los hechos. Al realizar el computo respectivo encontró que entre ambas fechas (dos de octubre de dos mil trece al tres de febrero de dos mil diecisiete) transcurrió una temporalidad de tres años, tres meses y veintinueve días, sin que la fiscalía realizara acción alguna de investigación, por lo que, se ha superado en exceso el término establecido en el artículo 112 del Código Penal vigente, el cual era la temporalidad mínima para la figura de la prescripción. Así, consideró procedente la figura jurídica de la prescripción de la acción decretada en perjuicio de la libertad de María Nelsi Gómez Cinta, por el delito de abuso de confianza, cometido en agravio del patrimonio de Bartolo Reyes Ramos, dentro de los autos de la causa penal 166/2019 de su índice, por el simple transcurso del tiempo, conforme a lo que disponen los artículos 1,14,16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 y 118, del Código Penal vigente. En virtud de ello, decretó el sobreseimiento por prescripción de la acción penal, a favor de María Nelsi Gómez Cinta, como probable responsable de delito de abuso de confianza, cometido en agravio del patrimonio de Bartolo Reyes Ramos y, procedió a girar a favor de la inculpada la boleta de inmediata libertad, única y exclusivamente por lo que hace al delito y causa citados, remitiendo copia de la resolución a estudio al Director del Reclusorio Regional, de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Por lo expuesto anteriormente, este órgano jurisdiccional estima que la autoridad responsable dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo amparador, toda vez que, dejó insubsistente el auto de formal prisión de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, emitido en la causa penal 166/2019 de su índice y, en su lugar, con plenitud de jurisdicción, dictó una nueva resolución donde subsanó los vicios formales detectados, conforme a las consideraciones apuntadas en la sentencia de amparo. Asimismo, el Director y Jefe de Supervisión y Custodia, ambos del Centro Penitenciario Zamora, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, procedió a realizar las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno llevados en dicha dependencia. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, se estima innecesario conservar las constancias remitidas por la autoridad responsable como justificación de sus actos, por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo que se formó, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes mediante proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si las autoridades responsables incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que en sentencia de catorce de octubre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la aquí quejosa María Nelsi Gómez Cinta, para los efectos siguientes: "[.] En consecuencia, procede conceder la protección constitucional solicitada para el efecto de que el Juez responsable: a). Deje insubsistente el auto de formal prisión de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, emitido en la causa penal 166/2019 de su índice. b). En su lugar, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución donde subsane los vicios formales detectados, conforme a las consideraciones apuntadas en esta sentencia. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución combatidos, esto es, la identificación administrativa de la quejosa, al ser una consecuencia del auto de formal prisión cuya inconstitucionalidad ha sido determinada en esta sentencia. [.]" Mediante proveído de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la referida sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. En auto de veintidós de noviembre del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que las autoridades dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que mediante oficio 4687/2021 el Juez Interino del Juzgado Primero de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, remitió copia certificada de la resolución de doce de noviembre de dos mil veintiuno, de la que se advierte que dejó insubsistente el auto de formal prisión de veintiuno de junio de dos mil veintiuno (acto reclamado) dictado en contra de María Nelsi Gómez Cinta, como probable responsable del delito de abuso de confianza, cometido en agravo del patrimonio de BARTOLO REYES RAMOS. Asimismo, procedió a resolver de nueva cuenta la situación jurídica de la quejosa, dictando auto de libertad por falta de elementos para procesar en favor de María Nelsi Gómez Cinta, por el delito de abuso de confianza que se dijo cometido en agravio de Bartolo Reyes Ramos, al no estar demostrado el primero de los elementos del delito, solo por cuanto hace a la CAMIONETA FORD EXPLORER COLOR ROJA, MODELO 1992, PLACAS Y6D3969 del Estado de Veracruz, serie 1FMDU32X4NUB57480, de igual forma, decreto el sobreseimiento por prescripción de la acción penal a favor de la citada quejosa, como probable responsable del delito de abuso de confianza, en relación al vehículo Matiz Chevy, modelo 2004, sublinea Pontiac, color negro, placas YEB8531, número de serie KL2ML61064C962532, en base a las siguientes consideraciones: En un inició, expuso los elementos objetivos o externos que integran el cuerpo del delito de abuso de confianza, siendo los siguientes: A. Que el agente activo disponga para sí o para otro: 1. De un documento que importe obligación, liberación o transmisión de derechos, o 2. De una cosa mueble, total o parcialmente ajena B. Que se le haya transferido al activo la posesión derivada de dicho objeto. C. Que la anterior conducta la realice con ánimo de dominio, lucro o uso, en perjuicio de tercero. D. Que el valor de lo dispuesto exceda de setecientos cincuenta días de salario. En relación al primero de los elementos integradores del delito "Que el agente activo disponga para sí o para otro: De una cosa mueble, total o parcialmente ajena", analizó la denuncia de Bartolo Reyes Ramos de veinticuatro de enero de dos mil trece, a la cual le concedió valor de indicio y alcance probatorio en términos del artículo 277, fracción VII del Código de Procedimientos Penales en vigor, siendo que el pasivo afirmó que hizo entrega de cuatro vehículos automotores a la indiciada, para que fueran vendidos por ésta y darle ganancias, transmitiendo las unidades, las llaves y las facturas, así como la tenencia de esos bienes de forma voluntaria. Razón por la que la citó ante la Agencia del Ministerio Público Especializado en responsabilidad Juvenil y de Conciliación de Acayucan, Veracruz, para que, tras dialogar le entregara todo lo que era de él, dándole dos de las cuatro unidades que le iba a vender, negándose a entregarle una CAMIONETA FORD EXPLORER COLOR ROJA, MODELO 1992, PLACAS Y6D3969 del Estado de Veracruz, serie 1FMDU32X4NUB57480 y un vehículo Matiz Chevy, modelo 2004, sublinea Pontiac, color negro, placas YEB8531, número de serie KL2ML61064C962532. De igual forma, advirtió que para demostrar que los bienes eran de su propiedad, Bartolo Reyes Ramos, exhibió las documentales siguientes: a) Documental privada consistente en CARTA RESPONSIVA DE COMPRA-VENTA, de un vehículo Matiz Chevy, modelo 2004, sublinea Pontiac, color negro, placas de YEB8531 NÚMERO DE SERIE KL2ML61064C962532, signada por Julio Hernández Suriano y Bartolo Reyes Ramos. b) Documental Pública, consistente en CITATORIO, de fecha diecisiete de enero del año dos mil trece, relativo al expediente 62/20212, signado por el Agente del Ministerio Público especializado en Responsabilidad Juvenil y de Conciliación, Licenciado Oscar Tereso Mar Chagoya. c) ocho impresiones fotográficas, que decir del pasivo, corresponden a los vehículos objeto del delito y que se encuentran en casa de la sujeto activo María Nelsi Gómez Cinta. Documentales que consideró como pruebas indiciarias con fundamento en el artículo 277, fracción II y III del Código Procesal Penal en vigor, al no estar redargüidos de falsos y en relación a la carta responsiva, con valor al ser reconocida por su autor, Julio Hernández Suriano, quien aceptó haber firmado la responsiva por la compraventa de un vehículo Marca Pontiac, Matiz Chevy, modelo 2004, sublinea Pontiac, color negro, placas YEB8531, número de serie KL2ML61064C962532 a Bartolo Reyes Ramos, con las que consideró se encuentra demostrado que esa unidad pertenece al peculio del denunciante. Aunado a lo anterior, valoró el dictamen pericial en materia de Grafoscopía número 701/2019, de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, signado por el Subdelegado Regional de Servicios Periciales Liborio Pérez Delgado, con valor probatorio en términos de los arábigos 214, 215, fracción III y 277, fracción IV, del Código Adjetivo Penal vigente, del que advirtió que el sujeto activo realizó de su puño y letra los endosos de las facturas que señala el perito, factura número 00362 de quince de junio de dos mil cuatro, expedida por la Empresa Calidad del Sureste Sociedad Anónima de Capital Variable, a nombre de María Alejandra Miranda Cruz, así como la diversa 0213 de dieciséis de enero de dos mil catorce, expedida por Autos Usados Guerrero Sociedad Anónima de Capital Variable, a nombre de Petra Ortiz Flores y/o María Del Carmen Vizcarra Ortiz y a nombre de Nelsi Gómez. Por otro lado, en relación a la camioneta CAMIONETA FORD EXPLORER COLOR ROJA, MODELO 1992, PLACAS Y6D3969 del Estado de Veracruz, serie 1FMDU32X4NUB57480, determinó que aun cuando el pasivo asegura que es de su propiedad no encontró documento o probanza que avale su afirmación, porque, pese a que arguye que se enteró que el diecisiete de enero de dos mil trece, aproximadamente a las diez de la noche, la denunciada María Nelsi Gómez Cinta, en compañía de Gerardo Tinoco González, acudieron ante la señora Susana Rivera Lobo y con engaños les firmó el endoso en blanco de la camioneta Ford Explorer, su afirmación no está robustecida. Para este supuesto, estudió la declaración de María Nelsi Gómez Cinta de once de mayo de dos mil trece, otorgándole valor de indicio de acuerdo al numeral 277 fracción I del Código Procesal Penal, en la que además de negar los hechos, asegura que la mencionada camioneta es de su propiedad. Así como, la factura expedida por AUTOS USADOS GUERRERO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que ampara la compra de la CAMIONETA FORD EXPLORER COLOR ROJA, MODELO 1992, PLACAS Y6D3969 del Estado de Veracruz, serie 1FMDU32X4NUB57480, que dio valor conforme al artículo 277, fracción III del Código de Proceder en la materia, misma que determinó demuestra la propiedad de ese objeto y contradice la afirmación del pasivo de que esa fue endosada indebidamente a la indiciada. Lo anterior, relacionado con la deposición de Susana Rivera Lobo, como indicio de acuerdo al numeral citado, fracción VII, quien afirmó que dicha camioneta fue de su propiedad pero la vendió y posteriormente volvió a su comprador, endosando la factura, sin recordar el nombre de la titular, pero posteriormente se enteró por el denunciante, que estaba endosada en favor de la indiciada y que este le pedía un documento para que él la recuperara, lo que ella se negó porque ya la había vendido. Entonces, el juez responsable concluyó que de la negativa de la quejosa, la factura que presentó para demostrar la propiedad de la unidad en cita, enlazada a la pericial de Grafoscopía previamente valorada y la declaración de Susana Rivero Lobo, se aprecia que la camioneta afecta, es de María Nelsi Gómez Cinta, esto, aun cuando no se tiene fecha de endoso a su favor en la factura que ampara la propiedad, ya que la testigo sostuvo que vendió el vehículo y endosó la factura, siendo de esta forma que a su parecer la Fiscal no aporto otras probanzas que desvirtuaran las mismas. Por ende, no encontró acreditado que la CAMIONETA FORD EXPLORER COLOR ROJA, MODELO 1992, PLACAS Y6D3969 del Estado de Veracruz, serie 1FMDU32X4NUB57480, pertenezca al patrimonio del pasivo, con lo que, por este, ante la falta de requisito de procedibilidad, con fundamento en el artículo 177 del Código de Procedimientos Penales, procedió a dictar AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR, en favor de María Nelsi Gómez Cinta, por el delito de abuso de confianza, que se dijo cometido en agravio de Bartolo Reyes Ramos. Seguidamente, al solo tener por demostrada la propiedad del vehículo Matiz Chevy, modelo 2004, sublinea Pontiac, color negro, placas YEB8531, número de serie KL2ML61064C962532, objeto que debido a sus características se encuentra comprendido como un bien mueble, de acuerdo a lo estatuido por los artículos 794 y 795 del Código Sustantivo Penal, ajeno a la sujeto activa, valuado en el dictamen de valuación número 188/2017 de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, signado por Liborio Pérez Delgado, Subdelegado Regional de los Servicios Periciales, en el que concluyó: "Segunda; El automóvil marca Chevrolet, se valúa en la cantidad total de Treinta y cinco mil pesos cero centavos moneda nacional." Dictamen al que no concedió valor probatorio, en términos de los arábigos 214, 215 fracción III y 277 fracción IV, del Código Adjetivo Penal vigente, porque, aun cuando este fue realizado por un especialista en la materia, ratificado ante el fiscal investigador el veintisiete de febrero del año dos mil diecisiete, no fue impugnado por ninguna de las partes, empero, aun cuando el perito describió que se basó en el método analítico y utilizó como técnica la investigación de precios actuales en el mercado, no aporto en su dictamen cuales son las bases en las que se sustentó para poder advertir en el mercado el valor actual del objeto del delito, si este no lo tuvo a la vista para poder determinar sus condiciones físicas y de funcionalidad que con ello pudiera determinar su valor actual, máxime que se trata de un vehículo que por el trascurso del tiempo se deteriora, resultando por ello, insuficiente su afirmación dogmática de este tiene un valor de treinta y cinco mil pesos. Bajo esa tesitura, a criterio de la autoridad responsable, en términos del artículo 173 del Código de Procedimientos Penales, al no existir probanza con la que se pueda precisar la cuantía del objeto del delito, lo tuvo como valor indeterminado y lo encuadro dentro de la hipótesis del numeral 213, fracción I del Código Penal en vigor en la época de los hechos, mismo que establece una penalidad de trabajo en favor de la comunidad de uno a cuatro meses y multa hasta de noventa días de salario; procediendo, a analizar la prescripción de la acción de penal. Así, observó que si el delito a estudio, en su media aritmética dispone una pena de trabajo en favor de la comunidad, por el periodo de uno a cuatro meses, la misma sería de dos meses y seis meses (sic), y para la prescripción es necesario que se haya excedido de la pena, pero no inferior a tres años. De ahí, que bajo su consideración, si de autos de la investigación ministerial que dio origen a este proceso apreció que existió un periodo de inactividad por parte del órgano investigador, que lo fue del dos de octubre de dos mil trece en que el fiscal envió dicha indagatoria a la reserva, hasta el tres de febrero de dos mil diecisiete, en que se ordenó continuar con la integración de la misma y la práctica de las diligencias necesarias para esclarecimiento de los hechos. Al realizar el computo respectivo encontró que entre ambas fechas (dos de octubre de dos mil trece al tres de febrero de dos mil diecisiete) transcurrió una temporalidad de tres años, tres meses y veintinueve días, sin que la fiscalía realizara acción alguna de investigación, por lo que, se ha superado en exceso el término establecido en el artículo 112 del Código Penal vigente, el cual era la temporalidad mínima para la figura de la prescripción. Así, consideró procedente la figura jurídica de la prescripción de la acción decretada en perjuicio de la libertad de María Nelsi Gómez Cinta, por el delito de abuso de confianza, cometido en agravio del patrimonio de Bartolo Reyes Ramos, dentro de los autos de la causa penal 166/2019 de su índice, por el simple transcurso del tiempo, conforme a lo que disponen los artículos 1,14,16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 y 118, del Código Penal vigente. En virtud de ello, decretó el sobreseimiento por prescripción de la acción penal, a favor de María Nelsi Gómez Cinta, como probable responsable de delito de abuso de confianza, cometido en agravio del patrimonio de Bartolo Reyes Ramos y, procedió a girar a favor de la inculpada la boleta de inmediata libertad, única y exclusivamente por lo que hace al delito y causa citados, remitiendo copia de la resolución a estudio al Director del Reclusorio Regional, de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Por lo expuesto anteriormente, este órgano jurisdiccional estima que la autoridad responsable dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo amparador, toda vez que, dejó insubsistente el auto de formal prisión de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, emitido en la causa penal 166/2019 de su índice y, en su lugar, con plenitud de jurisdicción, dictó una nueva resolución donde subsanó los vicios formales detectados, conforme a las consideraciones apuntadas en la sentencia de amparo. Asimismo, el Director y Jefe de Supervisión y Custodia, ambos del Centro Penitenciario Zamora, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, procedió a realizar las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno llevados en dicha dependencia. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, se estima innecesario conservar las constancias remitidas por la autoridad responsable como justificación de sus actos, por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo que se formó, para los efectos legales conducentes. Lo que se notifica por este conducto a la parte tercero interesada por así estar ordenado en autos.
- Principal
V. Con esta fecha se notifica por este conducto a las parte quejosa y a la tercero interesado el proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, mismo que a la letra dice: Agréguense los telegramas remitidos por el Director y Jefe de Supervisión y Custodia, ambos del Centro Penitenciario Zamora, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz; en atención a su contenido, téngasele informando el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada con los telegramas de cuenta, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación que se les haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto, transcurrido el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Por otro lado, de autos se advierte que en proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, se puso a vista de las partes las constancias remitidas por el Juez Interino del Juzgado Primero de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo; sin embargo, no obra constancia en autos que acredite se expidiera oficio a fin de notificar a la autoridad tercero interesado Fiscal adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla Veracruz. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento a efecto de notificar mediante oficio al Fiscal adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla Veracruz, el proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, con copia del registro 18347 y anexo.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio y anexo signado por el Juez Interino del Juzgado Primero de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz; en atención a su contenido, téngasele remitiendo las constancias con las que considera haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada con el oficio y anexo de cuenta, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación que se les haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibidas las partes que de no hacer manifestación alguna al respecto, transcurrido el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables.Lo que se notifica por este medio a la parte tercero interesada, así por estar ordenado en autos, y a la parte quejosa, por medio electrónico.
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