María Nelsi Gómez Cinta

Expediente 75/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 24 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
75/2021
Año
2021
Actuaciones
24
Última actuación
14/07/2021

Partes del expediente

  • María Nelsi Gómez Cinta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Incidental

    Con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, se estima innecesario seguir conservando las constancias remitidas por la autoridad responsable 1. Juzgado Primero de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo que formó, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley.Así lo acordó y firma Miguel Gastón Manzanilla Hernández, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, Encargado del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de catorce de junio de dos mil veintiuno, con motivo de que el titular de este órgano jurisdiccional se encuentra gozando de su primer período vacacional, que comprende del cinco al diecinueve de julio de dos mil veintiuno; según consta en el oficio CCJ/ST/1445/2021 signado por el Secretario Técnico de la citada Comisión, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, catorce de julio de dos mil veintiuno. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercero interesada, mediante proveídos de proveídos de veinticuatro y veinticinco de junio de dos mil veintiuno, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizara manifestación alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si las autoridades responsables incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia de catorce de mayo de dos mil veintiuno, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a MARÍA NELSI GÓMEZ CINTA, para los efectos siguientes: "[.] Por tanto, se concede la protección constitucional solicitada, para el efecto de que el juez responsable: a). Deje insubsistente la resolución de plazo constitucional reclamada. b). Reponga el procedimiento en el proceso penal de origen, a fin de que durante la totalidad del plazo constitucional ampliado que deberá otorgar nuevamente a la quejosa (sin recabar de nueva cuenta su declaración preparatoria) tome las medidas legales necesarias para desahogar las testimoniales que en esa etapa ofreció la defensa de la quejosa a cargo de Bartolo Reyes Ramos y Julio Hernández Suriano, así como del interrogatorio a cargo del perito Liborio Pérez Delgado. c). Una vez desahogados esos medios de convicción o hecha la certificación de imposibilidad material o temporal para su desahogo durante ese periodo, con plenitud de jurisdicción, resuelva nuevamente la situación jurídica de la quejosa. Lo anterior, en el entendido que el plazo constitucional para realizar el desahogo de los referidos medios de prueba, incluso diversos medios probatorios que se ofrezcan durante la dilación constitucional, comenzará a partir de que el juez responsable reciba la notificación de que este fallo cause ejecutoria y se le requiera su cumplimiento. Se precisa que es innecesario el análisis de los concepto de violación planteados, en tanto que los vicios alegados podrían quedar superados una vez que esta sentencia cause ejecutoria y se subsane la irregularidad procesal detectada. Además, la concesión del amparo debe hacerse extensiva al acto de ejecución consistente en la identificación administrativa de la quejosa, al ser una consecuencia directa de la formal prisión reclamada y no haberse combatido por vicios propios. [.]". En proveído de siete de junio de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de referencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Posteriormente, en proveídos de veinticuatro y veinticinco de junio de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a las partes quejosas y tercero interesada, con las constancias relativas con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que con oficio 3278 el Juez Primero de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, remitió copia certificada del acuerdo de quince de junio de dos mil veintiuno, del que se advierte que dejó insubsistente el auto de formal prisión de veinte de enero de dos mil veintiuno, dictado en contra de María Nelsi Gómez Sinta, dentro de los autos de la causa penal 166/2019-I, como probable responsable del delito de abuso de confianza, cometido en agravio del patrimonio de Bartolo Reyes Ramos. Así, abrió nuevamente el plazo constitucional, el cual fenecería el veintiuno de junio de dos mil veintiuno a las once horas con cuarenta minutos, en virtud de que la quejosa declaró en formal preparatoria solicitar la duplicidad del término constitucional. Seguidamente, fijó las once horas y once horas con treinta minutos del diecisiete de junio de dos mil veintiuno, para que comparecieran a declarar Bartolo Reyes Ramos y Julio Hernández Suriano, girando el exhorto 347/2021, vía telegrama al Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en Acayucan, Veracruz, para notificarles su comparecencia a ese juzgado en la data señalada, para que declararan en ampliación y de ser necesario interrogados por las partes. Asimismo, por cuanto hace al perito Liborio Pérez Delgado, al advertir del oficio signado por el Director General de los Servicios Periciales, con residencia en Xalapa, Veracruz, que ya no laboraba para dicha dependencia, giró instrucciones al Encargado y/o Jefe de Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado, a efectos de que dentro del término de veinticuatro horas, informara el domicilio particular del citado perito. Posteriormente, en auto de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, al obtener respuesta del anterior requerimiento, señaló las once horas del dieciocho de junio de dos mil veintiuno, para llevar a cabo la ratificación del dictamen que emitiera el perito Liborio Pérez Delgado, girando exhorto 349/2021 vía telegráfico al Juez de Procesos y Procedimiento Penal Oral, con residencia en Acayucan, Veracruz, a efecto de que le notificara su comparecencia a ese Juzgado para el desahogo de la diligencia a su cargo. Por otro lado, obra la certificación de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, en la que se asentó que Bartolo Reyes Ramos y Julio Hernández Suriano, citados en esa fecha a las once horas para que declararan en ampliación y de ser necesario interrogados por las partes, no comparecieron, estando únicamente presente el defensor particular y la fiscal adscrita. De igual forma, en auto de esa misma fecha, fijó las once horas y once horas con treinta minutos del dieciocho de junio de dos mil veintiuno para que comparecieran a declarar Bartolo Reyes Ramos y Julio Hernández Suriano, girando nuevamente exhorto al Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en Acayucan, Veracruz, para que les notificara lo ordenado. Asimismo, se advierte la certificación de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, en la que se asentó que Bartolo Reyes Ramos y Julio Hernández Suriano, así como Liborio Pérez Delgado, citados a partir de las once horas a efecto de que declararan en ampliación y fueran interrogados por las partes, no se presentaron a ese juzgado. Además, en auto de esa misma fecha, señaló las nueve horas del veintiuno de junio de dos mil veintiuno, para el desahogo de las referidas diligencias, girando el exhorto 354/2021 al Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral, en Acayucan, Veracruz, para las notificaciones correspondientes a los dos primeros mencionados. En ese sentido, al haber recibido las constancias de los exhortos girados con anterioridad, advirtió que Bartolo Reyes Ramos, fue notificado por conducto de su cónyuge, tal como apreció de las diligencias de notificación de dieciséis y dieciocho de junio de dos mil veintiuno, sin que justificara su inasistencia, por lo que, hizo efectiva la multa equivalente a diez unidades de medida, consistente en $896 (ochocientos noventa y seis pesos 00/100 moneda nacional) girando oficio a la oficina de Hacienda del Estado, en Acayucan, Veracruz, para el cobro respectivo. Asimismo, tuvo del conocimiento la imposibilidad de notificación de Julio Hernández Suriano, que apreció de la constatación de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, por lo que, remitió oficio FGE/DGPM/OAL/3955/2021 al Director de la Policía Ministerial, con residencia en Xalapa, Veracruz, para que antes del vencimiento del plazo constitucional, ordenara a los elementos de la policía Ministerial con residencia en Acayucan, Veracruz, se avocaran a la búsqueda y localización del mismo, así como que le informara el resultado a la brevedad. Además, se aprecia que el Juez responsable dicto el auto de formal prisión de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, en contra de la inculpada María Nelsi Gómez Cinta, como probable responsable del delito de abuso de confianza, cometido en agravio de Bartolo Reyes Ramos, en el que asentó que pese a las gestiones realizadas en los autos de la causa penal 166/2019 de su índice, no se logró la comparecencia de Bartolo Reyes Ramos, Julio Hernández Suriano, así como el perito Liborio Pérez Delgado, para el desahogo de las diligencias a su cargo. Asimismo, el 2. Director General Penitenciario, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, informó que quedó notificado que el Juez responsable, dejó insubsistente el auto de formal prisión de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, así como de la nueva resolución dictada en contra de María Nelsi Gómez Cinta, dentro de los autos de la causa penal 166/2019 de su índice. Finalmente, de lo expuesto con anterioridad se advierte que las autoridades responsables dieron cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, se dejó insubsistente la resolución de plazo constitucional reclamada, se repuso el procedimiento en el proceso penal de origen, otorgando nuevamente a la quejosa la totalidad del plazo constitucional ampliado (sin recabar de nueva cuenta su declaración preparatoria) tomando las medidas legales necesarias para desahogar las testimoniales que en esa etapa ofreció la defensa de la quejosa a cargo de Bartolo Reyes Ramos y Julio Hernández Suriano, así como del interrogatorio a cargo del perito Liborio Pérez Delgado y, una vez hechas las certificaciones de imposibilidad de su desahogo, con plenitud de jurisdicción, resolvió nuevamente la situación jurídica de la quejosa. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, se estima innecesario seguir conservando las constancias remitidas por la autoridad responsable 1. Juzgado Primero de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo que formó, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley.Lo que se notifica por este medio a la parte tercero interesada, así por estar ordenado en autos.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, nueve de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el telegrama remitido por el Fiscal adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, en atención a su contenido, téngasele acusando recibo del oficio 15806 de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, en el que se le dio vista con las constancias remitidas por la autoridad responsable. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, ocho de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito signado por el secretario del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, por medio del cual remite el telegrama enviado por el Juez Interino de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, en el que informa las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento al respecto debido a que en auto de veinticinco de junio de la presente anualidad, se tuvieron por recibidas las constancias con las que acredita el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y se pusieron a vista de las partes. Notifíquese en términos de ley.

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