María Natividad Encarnación Cuevas y Otros.
Expediente 1407/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1407/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- María Natividad Encarnación Cuevas y Otros.
Actuaciones
- Principal
Se declara que el auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado. Archívese el presente asunto como totalmente concluido. Expediente principal susceptible DESTRUIBLE en su totalidad. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Visto el escrito presentado por María Natividad Encarnación Cuevas, por su propio derecho, quien promueve demanda de amparo contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad. Registro demanda, tramitación e integración del expediente electrónico y físico. Anótese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE de registro de juicios de amparo con el número 1407/2023 B2 que le corresponde. Sin que haya lugar a requerir a la directa quejosa para que ratifique la huella digital que estampó en su demanda de amparo, en virtud de que la misma viene acompañada con la rúbrica de quien lo hizo a su ruego, cuyos elementos son suficientes para demostrar la manifestación de voluntad de instar la acción constitucional, ya que si bien la huella digital únicamente es un elemento de individualización, con la "firma a ruego" se exterioriza el propósito de promoverla al ser un elemento complementario y de perfeccionamiento de la voluntad de la promovente que no sabe o no puede firmar. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 1/2011 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo 3, libro IV, enero de 2012, página 2333, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES INNECESARIO REQUERIR SU RATIFICACIÓN PREVIO A SU ADMISIÓN, POR EL HECHO DE CONTENER LA HUELLA DIGITAL DEL PROMOVENTE Y LA RÚBRICA DE QUIEN FIRMA A SU RUEGO. Si de las constancias del juicio de amparo indirecto se advierte que la demanda carece de firma del quejoso, pero aparece su huella digital, así como la rúbrica de quien lo hizo a su ruego, tales elementos son suficientes para demostrar su manifestación de voluntad de instar la acción constitucional, ya que si bien la huella digital únicamente es un elemento de individualización, con la "firma a ruego" se exterioriza el propósito de promoverla al ser un elemento complementario y de perfeccionamiento de la voluntad del promovente que no sabe o no puede firmar, por lo que el juez de distrito o el tribunal del conocimiento deben admitir el ocurso sin necesidad de prevenirlo para ratificar su contenido. Además, el artículo 12 de la Ley de Amparo, prevé que la personalidad se justifica en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado, por lo que al existir en otros cuerpos legales normas que establecen que cuando el interesado no sepa leer o escribir bastará con que imprima su huella digital y alguien firme a su ruego, se concluye que la ley de la materia no puede prever exigencias mayores a las señaladas en éstas, lo que ocasiona que deba admitirse la demanda sin mayores presupuestos o exigencias legales, aunado a que en el citado ordenamiento legal no existe disposición alguna en el sentido de que deba requerirse a la persona que imprimió su huella digital para que la ratifique ante la presencia judicial." En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el numeral SEXTO transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, fórmese el expediente electrónico, y físico. Con apoyo en los preceptos legales 24, 251, 252, 253 y 263 del referido acuerdo general, se ordena a la persona oficial judicial "C" la digitalización diaria de todas las promociones, documentos que presenten las partes, comparecencias, certificaciones devolución de documentos, títulos de crédito, entre otros, audiencias, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; a las personas actuarias, se ordena la digitalización y vinculación al expediente electrónico diariamente de todas las constancias de notificaciones personales y de oficios, actas, citatorios y razones de notificación o de imposibilidad que elaboren, sellos de lista, así como de todo lo correspondiente al área de actuaría; y a las personas secretarias se ordena cerciorarse de la debida integración del expediente correspondiente. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. El motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Analizada la demanda de amparo en su integridad, esta juzgadora advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que en su orden disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; ." Para fijar el alcance de la causal de improcedencia, conviene tener presente que la emisión de un determinado acto de autoridad, tratándose de actos meramente jurisdiccionales, conlleva una afectación en la esfera jurídica de una de las partes en la contienda que la legítima para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que invalide el acto relativo. Sin embargo, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica de un gobernado que acuda a solicitar el amparo, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ha establecido diversos mecanismos que condicionan la procedencia de dicha vía. Esto, en virtud de que, en lo relativo al juicio de amparo, en consideración a los principios de celeridad y expeditez que deben regir todo proceso que resuelva una contienda entre partes para asegurar una pronta impartición de justicia y evitar el uso indiscriminado, el legislador determinó mecanismos de improcedencia de los cuales deriva, como elemento fundamental, evitar el retraso o entorpecimiento en la ejecución de una sentencia definitiva que haya adquirido el carácter de cosa juzgada. Proceder en sentido contrario redundaría en una franca contravención a la regla específica introducida por el legislador en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 107, fracción IV, segunda parte, de la Ley de Amparo. El artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, destaca el propósito del legislador en cuanto a la celeridad que debe darse al procedimiento de ejecución, porque su efecto es consolidar el derecho emanado de la sentencia en el menor tiempo posible, lo que acentúa la idea acerca de que una vez iniciado el trámite del juicio en su fase ejecutiva, no debe ser entorpecido, limitándose así la posibilidad de acceder al juicio de amparo indirecto contra resoluciones intermedias para las partes. Ello es así, pues en la intención del constituyente subyace la idea de que la sentencia ejecutoria debe cumplirse en un lapso perentorio, limitando la posibilidad de que los contendientes puedan acudir a su instauración, hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento respectivo, lo que revela que la idea sustancial no es tanto el vedar la posibilidad de promover el juicio de amparo, sino que en realidad el procedimiento ejecutorio no se vea dilatado, independientemente de quien sea la parte que intente el juicio de amparo. Como se indicó, de conformidad con lo establecido por la fracción IV del numeral 107 transcrito, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales judiciales, de los administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, los cuales no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en ese juicio. No obstante, tratándose de actos de esa naturaleza, es decir, actos en ejecución de sentencia el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la demanda relativa las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al gobernado y, si se trata de remates, sólo podrá instarse contra la resolución definitiva en que se otorgue la escritura y/o adjudicación de los bienes, en este caso, a repartir. El Máximo Tribunal del País ha interpretado lo que debe entenderse por "última resolución" y, estableció, que constituye la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o, bien, que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, conforme al actual artículo 214 de la ley de la materia. Es ilustrativa por no contraponerse al texto vigente de la Ley de Amparo actual, la jurisprudencia 32/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIII, abril de 2001, página 31, con número de registro 190035, que señala: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Así, la procedencia del juicio de amparo en la forma planteada, sólo se justifica si se tiene en cuenta que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada, dada la naturaleza propia del procedimiento, como una serie de actos concatenados entre sí, que culmina con una resolución. Esto es, dada la vinculación de causa-efecto entre una actuación judicial y otra, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, porque de acreditarse que hubo una infracción legal y que se dejó sin defensa al inconforme, tendrá que reponerse el procedimiento a partir de esa violación y, de lo contrario, de resultar infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de amparo, que no permite que sea utilizado como instrumento que dilate la administración de justicia. De la lectura de los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos que no constituyan la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia. En el caso, de la demanda de amparo se aprecia que el acto que se reclama es el auto de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, que resuelve el recurso de reconsideración que se interpuso en contra del auto de fecha quince de junio del mismo año, dictado dentro del incidente de liquidación de la sociedad conyugal, derivado del juicio de divorcio necesario del expediente número ********************, del Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo. De los antecedentes que, bajo protesta de decir verdad, narró la quejosa se advierte que el quince de junio de dos mil veintitrés la autoridad responsable dictó un acuerdo en el cual la requirió para que señalara la parte con la que quería quedarse del inmueble materia del incidente de liquidación conyugal, y la apercibió que de no hacerlo así en el término de tres días, sería dicho órgano jurisdiccional quien realizaría las adjudicaciones correspondientes. Como se aprecia, el acto reclamado consistente en la resolución interlocutoria de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, constituye una determinación dictada en ejecución de sentencia del expediente de origen; por ende, no se trata de aquellas con las cuales se haya puesto fin a ese procedimiento o bien, una a través de la que declarara la imposibilidad jurídica o material para tenerlo por cumplido o, incluso, que obstaculice esa finalidad. Basta imponerse de lo argumentado por la quejosa en los antecedentes del acto reclamado, para darse cuenta que se trata de un acto emitido en una fase de ejecución, por medio del cual la autoridad responsable requiere a la aquí quejosa para que señale la parte con la que quiera quedarse del inmueble materia del incidente de liquidación conyugal, y la apercibe que de no hacerlo así en el término de tres días, ese órgano jurisdiccional será quien realizará las adjudicaciones correspondientes, dentro del expediente ********************; por lo que dicha actuación no constituye la última resolución dictada en esa etapa de ejecución, es decir, con la que se haya culminado o reconocido de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, si no por el contrario, es un acto tendente a cumplir con una resolución firme. En las relatadas condiciones, queda demostrado de manera manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción IV, del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Domicilio y autorizados. Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica para tal efecto y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas ********************,******************** y ********************, toda vez que cuentan con cédula profesional que los acredita como licenciados en derecho, debidamente registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, tal y como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. Y, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a la restante persona que menciona en el ocurso de cuenta, sin gozar de las demás facultades que tienen los autorizados en términos amplios, en razón de la certificación secretarial de cuenta. Juicio en línea. Conforme lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, además, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Consulta del expediente. Hágase del conocimiento de las partes que, en caso de requerirlo, en términos de la circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Transparencia y datos personales. El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince, así como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también divulgada en dicho medio de comunicación oficial, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, del último cuerpo legal, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo regulado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que contempla las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el diario supracitado, el seis de febrero de dos mil catorce. Igualmente, que la sentencia que se dicte en el presente asunto es pública; que les asiste el derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales y, en caso de allegar constancias que estimen son de considerarse reservadas y confidenciales, deberán expresar la norma jurídica que les atribuye tal carácter; en la inteligencia que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique con dichos datos. En ese sentido, con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley y su publicación, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de sentencias especializado en el Sistema de Justicia Penal Adversarial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de marzo de dos mil veinte. Se informa a las partes que están en posibilidad de consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; por tanto, en atención a lo estipulado en los artículos 34, 35, 36, y 55, y demás relativos de dicho acuerdo general, previa solicitud expresa y acceso otorgado, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, como firma electrónica o certificado digital institucional, podrán consultar el expediente electrónico relativo, así como solicitar que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales respectivas, en términos del artículo 26, fracción IV, de la legislación de la materia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Maribel Castillo Moreno, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, asistida de la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que da fe.
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