Maria Moserrat Figueroa Lugo
Expediente 228/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 13 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 228/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 27/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Maria Moserrat Figueroa Lugo
- Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Visto el oficio enviado por la Jueza Mixto de Paz del Municipio de Mochitlán, Guerrero, el cual devuelve el oficio 27185/2022 dirigido al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tetipac Guerrero; en consecuencia se comisiona a la actuaria judicial adscrita encargada del presente juicio de amparo para que envíe de manera correcta el citado oficio al tercero interesado de referencia, en el entendido que deberá adjuntar el acuse de recibo que acredite dicha actuación. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de Los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, cinco de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no realizó manifestaciones acerca del cumplimiento dado por la autoridad responsable en este juicio de amparo; por lo cual, este órgano de control constitucional se pronuncia con relación a dicho cumplimiento, por ser de orden público y análisis oficioso. Señalado lo anterior, el que aquí resuelve considera necesario realizar un análisis bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. 1. Efectos de la sentencia de amparo. De las constancias que integran el presente juicio de amparo, se aprecia que en la sentencia se concedió el amparo y protección de la justicia a la parte quejosa para que la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: Emitiera una nueva determinación en el juicio laboral ************, en donde con plenitud de jurisdicción pero de manera fundada y motivada (en observancia a los numerales 14 y 16 Constitucionales), y en complemento al proveído de cinco de abril de dos mil veintidós, se pronunciara respecto a la solicitud de hacer efectiva al ayuntamiento demandado, a través de su representante, la multa equivalente a doscientos cincuenta días de salario mínimo vigente, por su incumplimiento al laudo condenatorio en el juicio laboral *************, tal como se lo pidió la actora en promoción que presentó el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno; y notifique la determinación a las partes. 2. Trámites de la responsable. Con el fin de dar cumplimiento a los efectos de la sentencia de amparo, la responsable informó: Que mediante oficio 6170/2022 la autoridad responsable anexó copia certificada del acuerdo de uno de agosto de dos mil veintidós, emitido en el juicio laboral *********en el cual el tribunal laboral informó que en complemento al proveído de cinco de abril de dos mil veintidós, y en especificó a la solicitud de hacer efectiva al Ayuntamiento demandado la multa equivalente a doscientos cincuenta días de salario mínimo por su incumplimiento al laudo como lo solicitó en su escrito que presentó el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Argumentó que el cinco de marzo de dos mil veinte, dictó un proveído en el cual señaló nueva fecha para llevar a cabo la reinstalación de la actora pero debido a que no fue notificada la demanda no se llevó a cabo la reinstalación en la fecha que se fijó, razón por la cual no pues hacer efectivo apercibimiento alguno a la demandada aunado a que por error involuntario no se fijó apercibimiento a la demandada para el caso de no reinstalar a la demandada. Por otra parte, del auto de cinco de marzo de dos mil veinte, se requirió de pago a la demandada en el cual se otorgó un término considerable para su cumplimiento, pero como bien lo señala la parte actora en su promoción de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, que la demandada con fecha uno de octubre de dos mil veintiuno, tomó protesta la nueva administración municipal 2021-2022, y a la presente fecha hay otra persona ocupando el cargo de síndico procurador, lo cual se corrobora con la promoción presentada el dos de marzo de dos mil veintidós, en la cual se apersonó *************, en su carácter de Síndico procurador lo cual es un hecho notorio público. Ahora bien, el acuerdo de cinco de marzo de dos mil veinte, el apercibimiento se realizó a (*************** en su carácter de Síndica procuradora quien actualmente no ocupa el cargo), y al no haberse notificado dicho acuerdo a la demandada el órgano laboral considera necesario notificarlo, para los demás actos que se establecen, pero no para el requerimiento de pago realizado y con los apercibimientos de ley a la síndica procuradora en su carácter de persona física ya se si se notificar para dichos efectos no se podría aplicar la medida de apremio ordenada en caso de que la demandada no desahogue el requerimiento, esto debido a que es nueva administración; por lo que lo correcto es realizar una nuevo requerimiento lo cual se realizó en auto de cinco de abril del año en curso. De igual forma procedió a señalar las doce horas del veintiocho de octubre de dos mil veintidós, para llevar a cabo la reinstalación de la parte actora, en los mismos términos y condiciones decretados en el laudo de nueve de marzo de dos mil dieciséis, y auto de ejecución de trece de diciembre de dos mi diecisiete, con su respectivo apercibimiento. Finamente, remitió copia certificada de las cédulas de notificación del acuerdo de uno de agosto del año en curso, realizadas a las partes en el juicio laboral de origen. 3. Conclusión. En virtud de lo expuesto en apartados precedentes, se advierte que efectivamente la autoridad responsable acreditó que efectivamente emitió un nuevo acuerdo complementando el acuerdo de cinco de abril del año en curso, tomando en consideración su petición realizada a través del escrito de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, en la que solicitó hacer efectivo el apercibimiento decretado e acuerdo de cinco de marzo de dos mil veinte, en la que argumentó que dicha petición no era procedente por los motivos que expuso en líneas que anteceden; en consecuencia. SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE MÉRITO. Sin que pase inadvertido que no se cuenta con el acuse relativo al oficio 21545/2022 de doce de agosto de dos mil veintidós, dirigido al diverso tercero interesado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tetipac, Guerrero, dado que dicha determinación de (uno de agosto de dos mil veintidós), le fue notificada el doce de agosto del año en curso, según se aprecia de la cédula de notificación realizada a la parte demandada aquí tercera interesada. Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 196 párrafo cuarto y 214, ambos de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se determina; De acuerdo, con el supuesto que prevé el capítulo séptimo artículo 18 inciso b) del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DEPURADO, porque se concedió la protección en el juicio, debiendo conservar la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido y demás documentos que el titular del órgano jurisdiccional. En cumplimiento a lo que establece el capítulo quinto en su artículo quince del citado Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente a criterio del suscrito no es de relevancia documental, histórica ni jurídica, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, tres de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, mediante el cual remite copia con firmas autógrafas del acuerdo dictado el uno de agosto de dos mil veintidós, emitido en el juicio laboral 754/2009 de su índice, con el cual informa los trámites realizados para cumplir la sentencia emitida en el juicio de amparo en que se actúa. Atento a su contenido téngase a la autoridad responsable por informando los trámites para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Luego, tomando en consideración que los efectos de la sentencia fueron para que: (i) Emita una nueva determinación en el juicio laboral 754/2009, en donde con plenitud de jurisdicción pero de manera fundada y motivada (en observancia a los numerales 14 y 16 Constitucionales), y en complemento al proveído de cinco de abril de dos mil veintidós, se pronuncie respecto a la solicitud de hacer efectiva al ayuntamiento demandado, a través de su representante, la multa equivalente a doscientos cincuenta días de salario mínimo vigente, por su incumplimiento al laudo condenatorio en el juicio laboral 754/2009, tal como se lo pidió la actora en promoción que presentó el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno; y notifique la determinación a las partes. Ahora bien, sí la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero residente en esta ciudad, refiere que ya dio cumplimiento a emitir una nueva determinación y únicamente le falta anexar las constancias de notificación realizadas a las partes del acuerdo antes citado. En consecuencia, requiérase a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero para que en un término de tres días hábiles siguientes a la notificación del presente auto a efecto de que remita: Copia certificada de las constancias de notificación realizadas a las partes del acuerdo de uno de agosto de dos mil veintidós, emitido en el juicio laboral 754/2009. Conforme a lo anterior, se apercibe a Miriam Cortes Cisneros, en su carácter de Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238, 258 y 192, de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Es relevante manifestar a la autoridad responsable que la multa indicada se pude imponer sin motivación alguna, con base en la jurisprudencia 2a./J.127/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: "MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.". De seguir con la contumacia, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, siete de julio de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos del presente juicio, así como la certificación secretarial de cuenta se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que AMPARA ha causado EJECUTORIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En ese orden de ideas, se advierte que los efectos del amparo en el presente juicio constitucional fueron para que la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: (i) Emita una nueva determinación en el juicio laboral 754/2009, en donde con plenitud de jurisdicción pero de manera fundada y motivada (en observancia a los numerales 14 y 16 Constitucionales), y en complemento al proveído de cinco de abril de dos mil veintidós, se pronuncie respecto a la solicitud de hacer efectiva al ayuntamiento demandado, a través de su representante, la multa equivalente a doscientos cincuenta días de salario mínimo vigente, por su incumplimiento al laudo condenatorio en el juicio laboral 754/2009, tal como se lo pidió la actora en promoción que presentó el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno; y notifique la determinación a las partes. Apercibida Miriam Cortes Cisneros Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad capital, que de no realizar lo ordenado en la ejecutoria se hará acreedor a una multa equivalente a Cien Unidades de Medida y Actualización, que asciende a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, de acuerdo con los artículos 238, 258, 192 y 193 de la Ley de Amparo. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo no tiene; lo anterior en términos de la tesis 2a./J.36/2011 (10ª), consultable a página 3515, con número de registro 2000099 del Libro IV, enero de 2012, Tomo 4, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que en rubro y texto dice: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de Los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.
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