María Mercedes Vega Rodríguez
Expediente 1099/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 3 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1099/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 03/09/2021
Partes del expediente
- María Mercedes Vega Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, tres de septiembre de dos mil veintiuno. Demanda de Amparo. Vista la demanda de amparo promovida por **************; contra actos del Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Coordinación General "C", de la Fiscalía General de la República y otras autoridades. Integración del expediente. Fórmese el expediente 1099/2021 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Incompetencia. Una vez analizada en su integridad la demanda de amparo, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente por cuestión de materia para conocer del presente juicio. En primer término debe precisarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo. Así, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el propósito de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose este dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y Tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de materia, cuantía, grado y territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por materia. Sobre dicho criterio, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sostuvo que el legislador tomó como base dos criterios: i) la naturaleza del acto reclamado y ii) la naturaleza de la autoridad responsable. Por lo que solo deben tomarse en cuenta esos elementos, sin acudir a los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 24/2009, de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS." Precisado lo anterior, de la lectura integral de la demanda de amparo y de sus anexos se advierte que el quejoso reclama lo siguiente: (.)".1.- De las autoridades responsables reclamo, la determinación contenida en el acuerdo de fecha 31 de mayo del 2021, por el cual se niega de levantar el aseguramiento realizado a mi inmueble ubicado en calle de **********, notificado en fecha 9 de agosto del 2021; así como de mis bienes inmuebles ubicados en ***********, y *************. 2.- La emisión de la ilegal orden de aseguramiento de mi inmueble referido del mes de diciembre del 2020 y su ejecución ilegal, sin respetar mi garantía de audiencia. 3.- La ejecución del aseguramiento "Custodia" sobre el folio real ******* que ampara el inmueble ubicado en calle **************, en esta **********."(.) En esas condiciones, de la lectura del escrito de demanda, es evidente que la peticionaria del amparo, reclama la determinación contenida en el acuerdo de treinta y uno de mayo del presente año, por medio del cual, las autoridades señaladas como responsables, se niegan de levantar el aseguramiento realizado al inmueble con folio real **********, que ampara el inmueble ubicado en calle *************, mismo que se llevó a cabo por medio de la orden de la Fiscalía General de la Republica, en el mes de diciembre del dos mil veinte, dentro de la averiguación previa ************, asegurado en "Custodia", tal como se advierte, de los antecedentes respecto de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad manifestó la quejosa. Con base en el acto reclamado por la promovente, y las manifestaciones que hizo valer, lo cual tiene vinculación con actos posiblemente constitutivos de algún delito, es posible advertir que en atención a su naturaleza, no se encuentran inmersos dentro de la materia administrativa, ya que su naturaleza debe fijarse en concordancia con la esencia de las consecuencias que pueden producir, como es en el caso, la comisión del algún ilícito, por tanto, para analizar los actos que por la presente vía controvierte, se tendrá que tomar en consideración la legislación penal; circunstancia por la cual este juzgado considera que el análisis del acto que reclama compete al Juez de Distrito especializado en Materia Penal. Así, toda vez que el acto reclamado por la quejosa se vincula con el aseguramiento en custodia, de diversos bienes inmuebles, por encontrarse inmersos dentro de la averiguación previa **************, por la probable comisión de algún ilícito, la competencia se surte en favor de los juzgados de distrito en materia penal. En efecto, para fijar la competencia para conocer de la demanda de amparo que contra tales actos se intenta, debe considerarse incluida dentro de los supuestos previstos en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, aunque no se contemple expresamente en esa disposición, pues su interpretación admite que su finalidad no está basada en el carácter orgánico de la autoridad a la que se le atribuye el acto, sino el carácter material del acto y su sentido de afectación, por lo tanto, se considera que la competencia para conocer del presente juicio le corresponde a un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece lo siguiente: "Artículo 56. Las y los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; (.)" Del contenido del artículo antes transcrito se desprende que los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, conocerán de los juicios de amparo que se promuevan en contra de resoluciones del orden penal, como ocurre en el presente caso. Se insiste, las omisiones reclamadas están necesariamente vinculada con la Fiscalía General de República, pues es precisamente en esa instancia en la que se dilucidan todos los aspectos que giran en torno a un delito, de modo que deben considerarse un acto materialmente penal, aunque formalmente proceda de autoridades administrativas, puesto que esa omisión está conectada funcionalmente con su integración; cuestiones que deben analizarse con base, precisamente, en la legislación sustantiva en materia penal. De ahí que sea el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, el competente para conocer del presente asunto, ya que éste goza de la formación, especialidad y dominio de la materia penal, necesarios para resolver de manera más autorizada y con mayor prontitud la cuestión sometida a su jurisdicción. En ese mismo sentido, por analogía resulta aplicable la tesis I.14o.C.8 K, del Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, Agosto de 2003, página 1773, que señala: "JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS POR RAZÓN DE MATERIA. SU COMPETENCIA SE DETERMINA CONFORME A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. La competencia para conocer de una demanda de garantías por razón de la materia deriva de la naturaleza del acto reclamado, pero no de la autoridad que sea señalada como responsable; por ello, si la parte quejosa señaló en la demanda de amparo como responsables a autoridades de distinta materia, como lo son el Juez de lo Civil y el tribunal administrativo, y si a la primera le atribuyó actos de naturaleza civil como lo es todo lo actuado en el juicio de restitución de parcela, el cual ha concluido con sentencia y está en la etapa de ejecución, y por otra parte, a la segunda de ellas que tiene naturaleza administrativa le atribuyó como acto reclamado el auto por cuya virtud declaró carecer de competencia legal para conocer del procedimiento de restitución de parcela, y si de las constancias de autos se pone de manifiesto que la autoridad del orden civil aceptó y sustanció el procedimiento respecto del cual la autoridad administrativa adujo no tener competencia para ello, es evidente que lo actuado por la autoridad administrativa se subsumió en la aceptación de competencia de la autoridad del orden civil, por lo que deberá estarse, conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo, a que la naturaleza del acto y su ejecución corresponden a un Juez de Distrito en esta materia, puesto que al aceptarse la competencia del procedimiento administrativo declinado por esta autoridad, los actos de ella quedaron inmersos en el actuar de la autoridad del orden civil." Por lo tanto, con fundamento en los artículos 48 de la Ley de Amparo y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo y ordena remitirla al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, a quien se estima competente para conocerla, por los motivos antes expuestos, solicitando atentamente acuse recibo e informe sobre la determinación que tenga a bien adoptar. Fórmese cuaderno de antecedentes de este expediente, con las constancias mínimas indispensables. Domicilio y autorizados. Por otra parte, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta. Téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *********, toda vez que tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los órganos jurisdiccionales. De igual manera, ténganse como autorizada para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a la diversa persona que menciona. Por lo que hace al correo electrónico y número de teléfono que proporciona, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. En caso de imposibilidad de notificación En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales, para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Jugado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Exhorto a tramitar el asunto "en línea". Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 28, sección tercera del capítulo V, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Las partes o sus representantes, a través del Portal de Servicios en Línea, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, en el entendido que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente. Quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayu da. Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Login o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. Notifíquese. Así lo proveyó Eduardo Vázquez Torres, Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en términos de la comunicación contenida en el oficio CCJ/ST/2238/2021de doce de julio de dos mil veintiuno, asistido del secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.
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