María Margarita Vázquez Guerrero
Expediente 796/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 796/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/07/2021
Partes del expediente
- María Margarita Vázquez Guerrero
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, por medio del cual se hace del conocimiento el proveído de quince de los actuales, dictado en el juicio de amparo 1750/2021 de su índice, e informa que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en este Juzgado de Distrito, y al no haber diligencias pendientes por realizar, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente por tratarse de asuntos total y definitivamente concluido. En la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente será susceptible de destrucción, dado que este Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual se deban conservar; lo cual deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Inclúyase el presente asunto en el acta y relación que deberá elaborarse en su oportunidad, para efectos de la transferencia del archivo judicial o de la destrucción de expedientes, según corresponda, de conformidad con la normatividad aplicable. En virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse a la parte quejosa las documentales que, en su caso, haya exhibido en copia certificada o simple en el presente juicio; por tanto, mediante notificación por lista que se le realice, infórmesele que las mismas se dejan a su disposición en el local de este Juzgado, por el término de tres días, a efecto de que las recoja, con el apercibimiento de que de no hacerlo, serán destruidas junto con las constancias que correspondan. Se instruye al Secretario encargado de la mesa de trámite para que al momento de realizar la devolución de que se trata, únicamente proceda a dejar en autos la certificación de desglose de las documentales devueltas, sin que al efecto sea necesario dejar copia certificada de las mismas, previa toma de razón que por su recibo y entrega se asiente para constancia. Notifíquese. Así lo proveyó Eduardo Vázquez Torres, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la autorización de vacaciones aprobada al Titular de este órgano por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de cinco de julio de dos mil veintiuno, comunicada en el oficio CCJ/ST/2517/2021 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo mencionado realizado en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, asistido de Miguel Olvera Arreola, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad de México, nueve de julio de dos mil veintiuno. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo promovida ******, contra actos de la Fiscalía General de la República y otras autoridades. Integración del expediente. Fórmese el expediente 796/2021 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial Una vez analizada en su integridad la demanda de amparo que nos ocupa, este órgano jurisdiccional se declara incompetente por razón de materia, toda vez que corresponde a un Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, conocer del presente asunto. Actos reclamados. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierten como actos reclamados los siguientes: (.) (.) Asimismo, como antecedentes la quejosa señaló los siguientes: (.) (.) Una vez analizadas las anteriores consideraciones, este órgano jurisdiccional considera que legalmente carece de competencia para conocer de este asunto por las razones siguientes: El acto reclamado por la parte quejosa consiste en esencia en la normativa que regula las condiciones generales de trabajo aplicables al personal de base, donde se establecen requisitos para la obtención de nombramientos y las causas de terminación de los mismos; de ahí que, se pueda establecer que se trata de una demanda de amparo en la que el acto reclamado es de naturaleza eminentemente laboral; por lo que, el competente para conocer de la demanda de amparo es un Juez de Distrito en Materia de Trabajo en esta ciudad. La competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. Tiene la ventaja de que los Jueces de Distrito adscritos a un juzgado especializado en cierta rama del derecho, únicamente conocen de amparos de esa materia, lo que permite enfocar su atención a una sola rama del derecho y, además, repercute en la formación de su especialidad y lo encausa hacia una mayor profundización de conocimiento del amparo de la materia de que se trate. En esos casos, se debe resolver el asunto exclusivamente tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no, precisamente, por las leyes que las partes invoquen; lo anterior, regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.14o.C.8 K, emitida por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1773, tomo XVIII, Agosto de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 183,506, de rubro: "JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS POR RAZÓN DE MATERIA. SU COMPETENCIA SE DETERMINA CONFORME A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO". De esta forma, la naturaleza del acto ha sido fundamental para establecer la competencia de los juzgados o tribunales por materia, buscando con ello garantizar la prontitud en la tramitación y fallo de los juicios, atendiendo a que la resolución de los asuntos por materia, requiere del conocimiento y experiencia de los que se dedican a cada una de ellas. Los artículos 49, 57 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen y regulan la competencia por materia de los Jueces de Distrito, estableciendo, entre otros, Jueces de Distrito en Materia Administrativa y Jueces de Distrito en Materia de Trabajo. Luego, toda controversia que apunte a la preservación de derechos laborales, se encuentra enmarcada en los objetivos del derecho del trabajo y; en consecuencia, constituirá la materia que deben conocer los tribunales de amparo en materia laboral, bajo los principios rectores del artículo 123 constitucional y sus leyes reglamentarias, pues en ellos estará a discusión un derecho consagrado por la Constitución, por la ley o por contratos particulares en favor de los trabajadores o de los sindicatos de trabajadores o de los miembros de éstos. En efecto, para que el juicio de amparo se considere en materia de trabajo el acto reclamado debe afectar de manera directa e inmediata algún derecho consagrado en los derechos y prerrogativas previstas por el artículo 123 de la Constitución Federal, que surgen de la relación obrero-patronal y sus conflictos. Entonces, la calidad del sujeto que interviene como parte en el juicio de amparo y la naturaleza jurídica del acto reclamado son los que determinan la existencia de un juicio de amparo en materia laboral, sin importar el origen del acto reclamado; es decir, si deriva de un conflicto obrero-patronal, de un acto administrativo, de una ley o de un reglamento, pues basta que se afecte algún interés fundamental tutelado por las disposiciones constitucionales y legales antes citadas y que en el amparo intervenga un trabajador en defensa de aquél para que se esté en presencia de un conflicto en materia de trabajo. Atendiendo a los criterios para determinar la competencia de los Juzgados de Distrito, se estima que respecto de la parte quejosa ********, los actos reclamados en este juicio de amparo son de naturaleza laboral, en atención a las siguientes consideraciones de hecho y de derecho. A efecto de establecer lo relativo a la competencia para conocer de los actos reclamados, cabe destacar que el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece que los Jueces de Distrito en Materia de Trabajo conocerán: "61. Las y los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán:--- I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden;--- II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;--- III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial;--- IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio;--- V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y--- VI. De las diferencias o conflictos de la materia laboral, en los términos de la fracción XX del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Del artículo trascrito se desprende que es competente el Juez de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, para conocer de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de naturaleza laboral, esto es, que se encuentran contenidos tanto en la legislación sustantiva como adjetiva de dicha materia, lo cual en ningún caso, puede conocer un órgano en materia distinta. Lo anterior obedece a que el espíritu del legislador fue el de dar efectivo cumplimiento al artículo 17 constitucional, en cuanto a garantizar la eficacia y rapidez en la tramitación y fallo de los juicios, en virtud de que la resolución de los asuntos por materia requiere del conocimiento y de la experiencia de quienes se dedican, en forma preferente, a una rama del derecho. Corrobora lo anterior, el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que limita la competencia de éste órgano jurisdiccional a lo siguiente: "57. Las y los jueces de distrito en materia administrativa conocerán:--- I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas;--- II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden;--- III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;--- IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 51 y III del artículo anterior en lo conducente;--- V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio, y--- VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En ese contexto, la parte quejosa reclama "(a) la aprobación y expedición de los artículos 19, fracción XLIII, 50, fracción 52, 54, 56, 59, 62, 64, 65, 69, así como el cuarto, séptimo y octavo transitorios de la Ley de la Fiscalía General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de mayo de dos mil veintiuno; (b) la promulgación, publicación y ejecución de los artículos 19, fracción XLIII, 50, fracción 52, 54, 56, 59, 62, 64, 65, 69, así como el cuarto, séptimo y octavo transitorios de la Ley de la Fiscalía General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de mayo de dos mil veintiuno; (c) la inminente aplicación y ejecución en perjuicio de la quejosa de las disposiciones legales indicadas." Ahora bien, en el apartado de concepto de violación, la parte quejosa refirió lo que a continuación se transcribe: (.) (.)" De lo que se colige que lo que impugna la parte quejosa es precisamente las condiciones generales de trabajo aplicables al personal de base, donde se establecen requisitos para la obtención de nombramientos y las causas de terminación de los mismos, derivado de las normas que ahí reclama. Lo que desde luego implica el conocimiento y análisis por parte de un Juzgado especializado en Materia de Trabajo. Máxime que del escrito de demanda, se advierte que de las documentales que anexó como pruebas, se advierte que la parte quejosa ******* se desempeña con el cargo de "Técnico Superior"; esto es, la quejosa no realiza funciones similares a las de prevención y reacción en el ámbito de seguridad pública y no está sujeta al sistema de carrera policial, por lo que la relación existente con la Fiscalía General de la República no es administrativa sino de naturaleza laboral. De lo anterior se colige que la naturaleza jurídica de la relación laboral que guarda la parte quejosa con la Fiscalía citada implica el conocimiento de un juzgado de Distrito especializado en materia de trabajo, al tratarse de actos que impactan en el cargo a que tiene derecho con motivo de la relación de trabajo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis cuyo rubro y texto establecen: "TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. NO ESTÁN SUJETOS AL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN DE DERECHOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, CONSTITUCIONAL, POR LO QUE LA RELACIÓN QUE MANTIENEN CON AQUÉLLAS ES DE NATURALEZA LABORAL.- De la interpretación del artículo referido, en relación con el numeral 73 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se advierte que el régimen de excepción de derechos previsto en el precepto constitucional, sólo es aplicable a los miembros de las instituciones policiales que realicen la función de policía y que estén sujetos al Servicio Profesional de Carrera Policial; en consecuencia quienes, aun perteneciendo a dichas instituciones (trabajadores administrativos) no realicen funciones similares a las de investigación, prevención y reacción en el ámbito de seguridad pública y no estén sujetos al sistema de carrera policial, mantienen una relación de naturaleza laboral con tales instituciones, la cual se rige en términos de la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" Así, el personal administrativo que labora en la Fiscalía General de la República se encuentra regulado por la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, por lo que si la reclamación en la instancia constitucional en que se actúa se origina dadas las nuevas disposiciones que regulan la permanecia como personal de base, se debe decir que pertenece a la materia laboral y no administrativa, puesto que la naturaleza jurídica de la relación que guarda la referida institución con la quejosa es estrictamente laboral. Máxime que sin prejuzgar sobre el fondo del asunto para resolverlo se requiere un análisis de los argumentos vertidos en la demanda en relación con la normatividad reclamada, esto es, verificar los elementos que repercuten en relación a la posesión y expedición del nombramiento como Técnico Superior, lo cual lleva implícito un análisis a los ordenamientos legales en materia de trabajo, por lo que este Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, como se ha precisado, carece de competencia legal por razón de materia para conocer respecto de tales actos. Es aplicable, en lo conducente, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9 del Tomo 205-216 Primera Parte, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS DE CONTENIDO MATERIALMENTE LABORAL REALIZADOS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO. Sin que resulte relevante la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, pues como se precisó al realizar la fijación del acto reclamado, la competencia para conocer de un juicio de amparo se debe determinar atendiendo, primordialmente, a la naturaleza del acto reclamado y su contenido. Lo anterior, no pugna con el principio de especialización que justifica la creación de tribunales especializados, ni mucho menos los principios consagrados en el artículo 17 constitucional, referente a la garantía de una justicia expedita al dictarse el fallo correspondiente, porque la resolución de los asuntos por materia requiere del conocimiento y experiencia que tienen los que se dedican, en forma preferente, a una de las diversas ramas del derecho, quienes por ese motivo pueden ponderar en forma expedita y más autorizada las distintas soluciones en los casos concretos. En esas circunstancias, con apoyo en los artículos 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional declara carecer de competencia legal para conocer de este asunto, razón por la cual, declina competencia en favor de un Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno. Solicítese atentamente al juez declinado que acuse el recibo correspondiente vía interconexión a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y estese en espera de la determinación que adopte el Juez que se estima competente. Fórmese cuaderno de antecedentes, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Autorizados. Ténganse por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *****, ****** y ******, toda vez que tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los órganos jurisdiccionales. De igual manera, ténganse como autorizados para oír y recibir notificaciones, únicamente en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las diversas personas que refiere en su demanda. Acceso a expediente electrónico y notificaciones por dicho medio. Como lo solicita la parte quejosa, se autoriza la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones en virtud de que, conforme a la certificación de cuenta, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se encontró que los nombres de usuario "******", "******" y "*****" corresponden a ******, ****** y *******, respectivamente. Se instruye a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que realice las autorizaciones necesarias para tal efecto. En la inteligencia de que las autorizaciones de mérito son independientes de aquéllas otorgadas para la consulta física del expediente, y que en el caso de que sea intención de la parte promovente revocarlas, deberá solicitarlo de manera expresa e independiente. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. En caso de imposibilidad de notificación En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales], para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Jugado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Exhorto a tramitar el asunto "en línea". Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 28, sección tercera del capítulo V, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Las partes o sus representantes, a través del Portal de Servicios en Línea, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, en el entendido que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente. Quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayu da. Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Login o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. Notifíquese. Lo proveyó Manuel Camargo Serrano, Juez Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de la secretaria Eliana Damián Gaspar, que autoriza y da fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 4,184 expedientes
- María Luisa Vázquez Cerón289/2022
- María Luisa Vivanco Sotero1816/2022
- María Magdalena Arana López1975/2023
- María Magdalena Hernández Gutiérrez1132/2022
- María Magdalena Santillán464/2023
- María Manuela Lema Romero465/2023
- María Maricela Isabel Ortiz Luna1824/2021
- María Matilde Bautista Juárez1467/2021
- María Mercedes Martínez Gómez1728/2021
- María Mercedes Vega Rodríguez1099/2021
- María Micaela Granados Cano703/2021
- María Minerva Tercero Ochoa1228/2021