María Mercedes Ramírez Rodríguez
Expediente 347/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 347/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 26/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- María Mercedes Ramírez Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio, y en atención a la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia dictada el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido; e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese orden, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto el cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General de referencia, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión fue negada la medida cautelar solicitada. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio, y en atención a la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia dictada el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido; e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese orden, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto el cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General de referencia, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión fue negada la medida cautelar solicitada. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente.
- Principal
NOTIFICACIÓN PERSONAL A LAS PARTES.
- Principal
NO ATENDIÓ CITATORIO LA PARTE QUEJOSA. Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 347/2020, promovido por ., contra actos del Presidente Municipal de Atoyac, Veracruz, y otras autoridades, los que consideró violatorios en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 5, 14, 16 y 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el once de agosto de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, . solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y las autoridades que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: ....ACTOS RECLAMADOS: a) El acto de autoridad privativo y/o de molestia llevado a cabo de manera irregular por el C. ., en su carácter de Director de Comercio del Ayuntamiento Municipal de Atoyac, Veracruz, en compañía de sus sub alternos inspectores de dicha dirección de comercio, consistente en la diligencia de CLAUSURA por tiempo indefinido, de fecha 28 de julio del año 2020, la cual fue llevada a cabo en mi negociación mercantil de venta de alimentos frescos para su consumo inmediato, denominada ..., ubicada en domicilio Conocido ., dentro de la cual fui apercibida por la autoridad responsable Director de Comercio del Ayuntamiento Municipal de Atoyac, Veracruz, de que a partir de ese momento no podría abrir mi negocio sin darme una fecha de duración de esa suspensión de labores diciéndome que era por tiempo indefinido. b) El acto de autoridad privativo y/o de molestia consistente en la imposición de la multa por parte de la autoridad responsable Director de Comercio del Ayuntamiento Municipal de Atoyac, Veracruz, por la cantidad de $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) por concepto de PAGO POR CLAUSURA DE ESTABLECIMIENTO ., tal y como lo acredito con el original del recibo oficial No. 45250 de fecha 29 de julio de 2020, expedido por la tesorería municipal de Atoyac, Veracruz, en donde consta el pago de dicha multa. c) El acto de autoridad privativo y/o de molestia llevado a cabo como consecuencia del señalado en el inciso a) de esta demanda de amparo, consistente en la imposición e instalación de sellos de CLAUSURADO y cinta amarilla indicando la prohibición de acceso al interior del negocio de mi propiedad denominada ... ubicada en domicilio Conocido ., por parte del C. ., en su carácter de Director de Comercio del Ayuntamiento Municipal de Atoyac, Veracruz, y de sus subalternos inspectores de dicha dirección de comercio, quienes bajo las órdenes del antes mencionado procedieron a instalar los sellos de clausura y la cinta amarilla que prohíbe al acceso a mi negocio". SEGUNDO. Prevención, admisión de la demanda y trámite del juicio. Mediante proveído de trece de agosto de dos mil veinte, este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, al que correspondió el conocimiento del presente asunto, previno a la quejosa, en lo que trasciende, para que manifestara qué acto atribuía a los integrantes del Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz, y si también señalaba como acto reclamado el ADENDUM a la Declaratoria de Emergencia en el municipio de Atoyac, Veracruz, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, emitido mediante sesión extraordinaria número 011- 2020 de veinticuatro de julio de dos mil veinte; y de ser así, precisara de qué autoridad o autoridades lo reclamaba. Por ocurso presentado en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, la peticionaria de amparo desahogó la prevención formulada en el sentido siguiente: PRIMERO: De las autoridades señaladas como ordenadoras les reclamo lo siguiente: 1. Del C. ., en su carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz y Presidente del Consejo Municipal de Protección Civil de ese mismo municipio. 2. De la C. ., en su carácter de Síndica Municipal del H. Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz. 3. Del C. ., en su carácter de Regidor 1ro. del H. Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz. 4. De la C. ., en su carácter de Regidora 2da. del H. Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz. 5. De la C. ., en su carácter de Regidora 3ra. del H. Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz. 6. De la C. ., en su carácter de Regidora 4ta. del H. Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz. la emisión para su ejecución de lo ordenado en la cláusula quinta del ADENDUM a la Declaratoria de Emergencia en el Municipio de Atoyac, Veracruz, de fecha 25 de marzo de 2020, celebrado mediante sesión extraordinaria No. 011- 2020 de fecha 24 de julio de 2020, por el cabildo del H. Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz. SEGUNDO: Como ACTO RECLAMADO de todas y cada una de las autoridades responsables señaladas por la suscrita como ORDENADORAS en el escrito inicial de demanda de Amparo, las cuales quedaron enumeradas en el punto PRIMERO anterior, todas ellas en su conjunto y en su carácter de cabildo del H. Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz; les reclamo la emisión para su ejecución del ADENDUM a la Declaratoria de Emergencia en el Municipio de Atoyac, Veracruz, de fecha 25 de marzo de 2020, mediante sesión extraordinaria No. 011-2020 de fecha 24 de julio de 2020, celebrada por el cabildo del H. ayuntamiento de Atoyac, Veracruz, específicamente su cláusula QUINTA". En auto de veintiuno de agosto de dos mil veinte, se tuvo por desahogada dicha prevención, admitió la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. Celebración de la audiencia constitucional. Seguido que fue el trámite, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal, según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura íntegra de la demanda y escrito aclaratorio se advierte que la parte quejosa reclama: a) La emisión por parte del Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz, de la cláusula quinta del ADENDUM a la Declaratoria de Emergencia en el municipio de Atoyac, Veracruz, de veinticuatro de julio de dos mil veinte, con motivo de su primer acto de aplicación consistente en la diligencia de clausura por tiempo indefinido de la negociación ".", ubicada en ., municipio de ., realizada el veintiocho de julio de dos mil veinte, por el Director de Comercio Municipal del Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz; y como consecuencia, la instalación de sellos de clausura y cinta amarilla en dicho establecimiento. b) La multa impuesta por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos con ceros centavos), por concepto de pago por clausura del establecimiento ".". TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables denominadas 1. Presidente, 2. Síndica, 3. Regidor Primero, 4. Regidora Segunda, y 5. Regidora Tercera, todos del Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz; así como 7. Director de Comercio Municipal de Atoyac, Veracruz, así se advierte de sus informes justificados, en los que los integrantes del cabildo aceptaron la emisión del Adendum; y el Director la diligencia de clausura, la imposición de sellos y multa. La 6. Regidora Cuarta del Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz, fue omisa en rendir su informe justificado, a pesar de estar notificada del oficio por el cual se le requirió, como se advierte del acuse respectivo; por tanto, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le atribuye. Además, la existencia de los actos reclamados se corrobora con las copias certificadas que las responsables remitieron al rendir su informe de ley, consistentes en el Adendum a la declaratoria de emergencia en el municipio de Atoyac, Veracruz, publicada el veinticinco de marzo de dos mil veinte; el acta de hechos de clausura de establecimiento de veintiocho de julio del año en curso y el recibo oficial 45250; documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, ya que se trata de documentos públicos expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, previo al análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados, procede el relativo a las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En el caso, este órgano de control constitucional estima que respecto de los actos reclamados, consistentes en la diligencia de clausura, instalación de sellos y cinta amarilla, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, invocada por las responsables, ya que la quejosa no acreditó contar con el interés jurídico necesario para acudir a esta vía constitucional. En efecto, los artículos 5, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, disponen: Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.). De la interpretación armónica de ambos preceptos, se obtiene que existen dos reglas para acudir al juicio de amparo. Una, que establece que el referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien alega ser titular de un derecho (interés jurídico); y otra, que se refiere a un interés legítimo individual o colectivo (interés legítimo); en ambos casos, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Federal, y con ello se afecte su esfera jurídica, sea de manera directa (interés jurídico), o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). De no demostrarse esa afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso, como lo señala el último precepto transcrito, el juicio de amparo será improcedente. Para la mejor comprensión de dichas figuras es pertinente precisar los elementos constitutivos de cada una, a saber: El interés jurídico consiste en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, y b) que el acto de autoridad afecte ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por otra parte, para probar el interés legítimo debe acreditarse: a) la existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y c) que el promovente pertenezca a esa colectividad. La anterior distinción fue establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 51/2019, publicada el ocho de marzo de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Sentado lo anterior, se precisa que el análisis de procedencia de este juicio se efectuará desde la perspectiva del interés jurídico, toda vez que de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la quejosa se ostenta como propietaria de la negociación "", cuya clausura reclama. Elementos que, conforme a lo previamente expuesto, corresponden a la figura del interés jurídico para efectos del juicio de amparo y no a la de interés legítimo. En esta tesitura, el juicio de amparo procede para proteger cualquier derecho, entre ellos los de propiedad o posesión, que resulte afectado sin respetar sus derechos humanos de audiencia y defensa que se consagran en el aludido precepto constitucional; sin embargo, como se dijo, esa afectación debe ser comprobada de forma fehaciente, sin que pueda inferirse tan sólo por presunciones; consecuentemente, la parte quejosa tiene la carga procesal de demostrar que los actos que reclaman afectan su interés jurídico, pues es un presupuesto para la procedencia de la acción constitucional. En el caso, la peticionaria de amparo reclama la diligencia de clausura por tiempo indefinido de la negociación ... ubicada en ., municipio de ., realizada el veintiocho de julio de dos mil veinte, por el Director de Comercio Municipal del Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz; y como consecuencia, la instalación de sellos de clausura y cinta amarilla en dicho establecimiento. Lo anterior, en su carácter de propietaria de esa negociación. Por tanto, dado que se trata de persona física que se dedica a una actividad comercial, para acreditar su interés jurídico debe demostrar que cuenta con licencia, permiso o autorización de funcionamiento expedido por la autoridad competente para el ejercicio de dicha actividad, pues con ello demuestra la existencia del derecho que se busca proteger en el juicio de amparo. Ello, de conformidad con lo previsto en el Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz y el Reglamento de Comercio del Municipio de Atoyac, Veracruz, que en lo conducente establecen: Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz Artículo 195.- Es objeto de este derecho el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, permiso o autorización, registro o refrendo a negociaciones, giros o actividades económicas, cuya reglamentación y vigilancia corresponda a la autoridad municipal." Artículo 196.- Los propietarios de negociaciones comerciales, industriales, de prestación de servicios, de comisión y, en general, de toda actividad económica, deberán empadronarse en la Tesorería y obtener la cédula respectiva y, en su caso, la licencia o autorización de funcionamiento que corresponda, ya sea que sus actividades las realicen en tiendas abiertas al público, en despachos, almacenes, bodegas, interior de casas o edificios o en cualquier otro lugar. Dicha cédula de empadronamiento se mantendrá vigente, hasta en tanto no se realice baja, cambio de giro o de domicilio, excepto para los giros que implican la enajenación o expendio de bebidas alcohólicas, en cuyo caso la vigencia de la cédula de empadronamiento de la licencia será de un año." Artículo 197.- El inicio de actividades, la ampliación o el cambio de giro de los establecimientos o locales a los que se refiere el artículo anterior, serán autorizados por la Tesorería, de conformidad con los requisitos que establezca el reglamento municipal respectivo o, en su defecto, el Cabildo." Artículo 198.- Son sujetos de este derecho las personas físicas o morales que soliciten del Ayuntamiento la autorización de funcionamiento, registro o refrendo señalados en el artículo 195 de este Código o la licencia correspondiente." "Artículo 199.- El Municipio, en términos de lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal y demás normatividad aplicable, ejercerá facultades operativas de verificación al momento de expedir las licencias a que se refiere este Código y deberá solicitar a los interesados la exhibición de su cédula de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. En términos de la normatividad aludida en el párrafo anterior, la licencia, permiso o autorización de funcionamiento, o el registro o refrendo anual en su caso, no causarán cuota alguna, pero sus propietarios cumplirán los requisitos que para el otorgamiento de aquéllos señalen los reglamentos municipales y cubrirán, en su caso, el pago de las formas valoradas que correspondan, que no podrá exceder de una Unidad de Medida y Actualización. Se exceptúan de la no causación los giros comerciales que enajenen o expendan bebidas alcohólicas en forma total o parcial al público en general, en cuyo caso deberán cubrir la cuota o tarifa establecida en el presente Código por el otorgamiento o refrendo de cada licencia, pero la omisión a dicha obligación se sancionará con multa equivalente a la cuota o tarifa señalada para el refrendo, según el caso y, de persistir la omisión dentro del término de quince días, se procederá a la clausura." Reglamento de Comercio del Municipio de Atoyac, Veracruz Artículo 44. Los propietarios de negociaciones comerciales, industriales, de profesión de servicios de comisión y, en general, de toda actividad económica, ya sea que sus actividades las realicen en tiendas abiertas al público, despachos, almacenes, bodegas, interior de casas o edificios o en cualquier otro lugar deberán obtener la cédula de empadronamiento respectiva y, en su caso, la licencia o autorización de funcionamiento que corresponda. Dicha Cédula de Empadronamiento se mantendrá vigente, hasta en tanto no realice baja, cambio de giro o de domicilio, excepto para los giros que implican la enajenación o expendio de bebidas alcohólicas, en cuyo caso la vigencia de la cédula de empadronamiento de la licencia será de un año. El cobro por la forma de la cédula de empadronamiento será por la cantidad de un salario mínimo vigente en la zona, debiéndose hacer dicho pago en la Tesorería del Ayuntamiento". De las disposiciones transcritas deriva que para realizar operaciones en los giros comerciales, los interesados deben empadronarse en la Tesorería del Municipio de Atoyac, Veracruz y obtener la cédula respectiva y, en su caso, la licencia o autorización de funcionamiento que corresponda, ya sea que sus actividades las realicen en tiendas abiertas al público, en despachos, almacenes, bodegas, interior de casas o edificios o en cualquier otro lugar; asimismo, que dicha licencia, permiso o autorización de funcionamiento, o el registro o refrendo anual en su caso, no causarán cuota alguna, pero sus propietarios cumplirán los requisitos que para el otorgamiento de aquéllos señalen los reglamentos municipales y cubrirán, en su caso, el pago de las formas por la cantidad de un salario mínimo vigente en la zona. Ahora, para acreditar su interés jurídico para acudir a esta vía constitucional, la impetrante ofreció los medios de prueba siguientes: a) Constancia de situación fiscal expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. b) Copia simple del recibo oficial número 45250, por concepto de pago por clausura del establecimiento ..., por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos cero centavos), a nombre de .. c). Cuatro fotografías. Medios de convicción que resultan insuficientes para acreditar su interés jurídico, ya que, aún relacionados, no acreditan fehacientemente que la peticionaria de amparo cuente con la cédula de empadronamiento vigente para desempeñar la actividad comercial que refiere. Es así, pues si bien de la constancia de situación fiscal, se advierte que la quejosa está dada de alta en el Servicio de Administración Tributaria, con la actividad económica elaboración de alimentos frescos para consumo inmediato, ésta no acredita que cuente con el permiso por parte de la autoridad municipal para ejercer dicha actividad. En cuanto a las impresiones de las fotografías, carecen de validez probatoria alguna, dado que no reúnen los requisitos previstos en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, en términos de su artículo 2º, pues no contienen la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancia en que fueron tomadas. Apoya a lo anterior, la tesis número XIV.2o.21, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en la página 284, del Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto siguientes: FOTOGRAFÍAS. SU VALOR PROBATORIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, el valor probatorio de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios, y debe estimarse acertado el criterio del juzgador si considera insuficientes las fotografías para acreditar el hecho de la posesión aducido en la demanda de amparo". Respecto de la copia simple del recibo de pago por la cantidad de dos mil pesos $2,000.00 (dos mil pesos cero centavos), cuya copia certificada fue remitida por el Director de Comercio del Municipio de Atoyac, Veracruz, no tiende a demostrar que la quejosa cuenta con el permiso para ejercer el comercio que le fue clausurado. Por tanto, tales medios probatorios son insuficientes para acreditar la titularidad del derecho que pretende defender con motivo de la actividad comercial que desarrolla, y por ende, no acredita su interés jurídico respecto de la diligencia de clausura y, como consecuencia, la instalación de sellos y cinta amarilla. Sirve de apoyo, por sus argumentos, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 45, Volumen CXXXVIII, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Sexta Época, que literalmente expresa: CLAUSURA DE GIROS MERCANTILES REGLAMENTADOS. LA LICENCIA CORRESPONDIENTE ES REQUISITO NECESARIO PARA EL INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. Ante la falta de licencia, la orden de clausura y su ejecución, de un negocio comercial que se encuentra reglamentado y requiere de licencia que autorice su funcionamiento, no son actos que afecten intereses jurídicos del reclamante, aun cuando demuestre su propiedad sobre el mismo establecimiento, ya que la clausura no debe considerarse como un acto conculcatorio del derecho de propiedad, sino del de mantener abierto al público, en franco funcionamiento, el giro; facultad que sólo se tiene con la licencia correspondiente, que es la que engendra la titularidad de ese derecho y, por ende, un interés jurídico legalmente protegido. Por otra parte, respecto del acto reclamado consistente en la emisión de la cláusula quinta del ADENDUM a la Declaratoria de Emergencia en el municipio de Atoyac, Veracruz, de veinticuatro de julio de dos mil veinte, también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya analizada, pues al no acreditarse el interés jurídico respecto de la diligencia de clausura, tampoco lo hace en relación con la disposición normativa aplicada, dado que ésta no puede desvincularse del acto de aplicación. Sirve de apoyo a lo anterior, por el razonamiento emitido, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página doscientos treinta y cinco, Tomo XII, agosto de dos mil, con número de registro 191311, de rubro y texto: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917- 1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. También se invoca como apoyo la tesis VII.2o.T.2 CS (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 2861, Libro 43, Tomo IV, Junio de 2017, con número de registro 2014534, de rubro y texto: AMPARO CONTRA LEYES. ES IMPROCEDENTE SI EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY QUE SE RECLAMA NO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (COMISIÓN DICTAMINADORA DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR NÚMERO 07), AL NO PODER DESVINCULARSE EL ANÁLISIS DE LA LEY, AL DEL ACTO. De los artículos 1o. y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, aplicados en sentido contrario, se deduce que el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos de autoridad o disposiciones generales que violenten derechos humanos, entendiendo por autoridad aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, contra actos de particulares que tengan la calidad de autoridad para los efectos del juicio de amparo, esto es, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos de los gobernados, siempre y cuando sus funciones estén determinadas por una norma general; entonces, si el acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional proviene de la Comisión Dictaminadora del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar Número 07, la cual no colma los requisitos para ser considerada como autoridad para los efectos del amparo indirecto, en términos de la tesis VII.2o.T.24 L (10a.), emitida por este órgano colegiado, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 4 de marzo de 2016 a las 10:15 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 28, Tomo II, marzo de 2016, página 1706, con el título y subtítulo: DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ASCENSO LABORAL, NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", debido a que su actuación no emana de un mandato que tenga su origen en la ley, que le confiera atribuciones coercitivas para actuar como una autoridad de Estado, modificando unilateralmente una situación jurídica, sino que se trata de actos que derivan de una relación laboral que pueden clasificarse en un plano de coordinación, que es lo que caracteriza a ese tipo de relaciones; en consecuencia, el acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional, al no provenir de una autoridad para los efectos del juicio de amparo indirecto, requisito indispensable para la procedencia de dicho juicio; torna improcedente a éste, tanto por lo que respecta al aludido acto de aplicación, como por lo que hace a la norma impugnada, pues, como se dijo, el análisis de la ley respectiva no puede desvincularse del que concierne a su acto de aplicación, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, publicada en la página 235 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN.". Estimar lo contrario, conduciría a tener como acto de aplicación de un precepto su simple cita en algún escrito formulado por cualquier particular, sin las atribuciones legales que de una autoridad prevé la propia Ley de Amparo, lo que trastocaría las reglas para el estudio del juicio de amparo indirecto contra leyes, cuando se promueve con motivo de un acto de aplicación. Asimismo, en relación con el acto reclamado, consistente en la multa impuesta, se actualiza la causa de improcedencia en análisis, pues la quejosa no acredita contar con interés jurídico para promover juicio de amparo en su contra, ya que dicha sanción no fue dirigida a ella, sino al contribuyente ., según se advierte del recibo oficial número 45250, por concepto de pago por clausura del establecimiento ..., por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos cero centavos); persona que además se ostentó propietario del establecimiento, tanto en la diligencia de clausura como en la que se retiraron los sellos; por tanto, la multa reclamada no ocasiona a la impetrante un perjuicio real y directo en su esfera de derechos. Por consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio, acorde con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la legislación invocada. QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que en el auto de admisión se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ., por los actos reclamados de las autoridades responsables señaladas en el resultando primero, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de esta sentencia.
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