María Magdalena Chiquito Rivera
Expediente 183/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 183/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 13/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- María Magdalena Chiquito Rivera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 183/2023, promovido por*** por propio derecho y en su carácter de Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, contra actos del Juez Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República Mexicana, y otra autoridad, que consideró violatorios en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos*** CUARTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son de orden público y de estudio preferente, con independencia de que las invoquen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. I. Falta de legitimación En el caso, este órgano de control constitucional advierte de oficio, que en relación con la quejosa, en su carácter de Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5°, fracción I, y 6° de la Ley de Amparo, que establecen*** La fracción XXIII del artículo 61 transcrita, no prevé de manera específica una causa de improcedencia del juicio de amparo debido a que el legislador no podía establecer de manera casuística todos los motivos que impiden el ejercicio de la acción constitucional y a efecto de no pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando se formulan los supuestos de improcedencia, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción de trato, que es ciertamente justificada en tanto que existen causas de improcedencia establecidas en la Constitución Federal y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguna de las específicas que se prevén en el numeral de referencia. Por otra parte, la interpretación sistemática de los artículos 5º, fracción I, y 6º de la ley de la materia, permite establecer que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de las normas generales, actos u omisiones de autoridad, el cual se sigue siempre a instancia de parte agraviada, es decir, el juicio constitucional únicamente puede promoverlo la parte a quien perjudique el acto que se reclame; en consecuencia, para que sea procedente, es menester que quien lo interponga esté legitimado para ello, presupuesto que se colma con la existencia de un agravio en su esfera de derechos. En este entendido, es dable afirmar que si el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones de autoridad y se sigue siempre a instancia de parte agraviada; entonces, aquella persona que no resulta agraviada con el acto o resolución que pretende reclamar, carece de legitimación para promover aquél. En el caso, se considera que la impetrante de amparo, en su carácter de Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, carece de legitimación para promover la acción constitucional contra el auto de ocho de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el concurso mercantil número*** en el que, en lo que trasciende, se le impuso una multa equivalente a doscientas cuarenta Unidades de Medida y Actualización. Lo anterior, debido a que tal acto, por sí mismo, no agravia a la autoridad que ella representa en el presente juicio y, por tanto, al no surtirse el supuesto de procedibilidad previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal, en relación con los numerales 5º, fracción I, y 6º de la Ley de Amparo, la acción intentada resulta improcedente. En efecto, como se desprende del proemio y del texto íntegro de la demanda de amparo, la promovente*** se ostenta como Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, tan es así que para acreditar tal personalidad exhibió copia certificada de la constancia de nombramiento expedido por el Consejo Técnico del referido Instituto; documento público al que se le otorga valor probatorio pleno con fundamento en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sin embargo como lo ha señalado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la persona física o titular de una unidad administrativa, es quien ante la omisión de cumplir un mandato judicial, se hace acreedor a la imposición de una multa, con independencia de que la imposición se haga relacionando su nombre, o bien, refiriéndose al titular del cargo, pues se entiende que aquélla se impone a la persona física o funcionario que, en su actuación como autoridad, omite por ejemplo cumplir con algún mudamiento judicial y no así a la autoridad que representa; tan es así, que aquél es quien debe cubrirla de su propio peculio y no con el presupuesto con el que se ostenta. En ese entendido, la resolución que impone multa en los términos referidos es susceptible de violar los derechos fundamentales de la persona física mencionada, afectando su esfera jurídica; por tanto, esta última, sólo por su propio derecho está legitimada para promover el juicio de amparo en su contra. Bajo tales premisas, dado que la decisión jurídica que ya se precisó, contenida en el acuerdo reclamado, no incide en el ámbito patrimonial de la autoridad que la promovente representa, sino que en todo caso afecta a la persona física que ejerce el cargo, quien directamente tendrá que hacerse cargo del pago de la multa, con su propio peculio; entonces, dicha accionante carece de legitimación para para ejercitar el juicio de amparo, únicamente en su carácter de Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social*** Consentimiento tácito Por otro lado, se estima que respecto de la quejosa, por propio derecho, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 18 de la misma ley, dado consintió tácitamente el acto reclamado, al no haber promovido el juicio de amparo oportunamente. A efecto de demostrar tal aserto, resulta pertinente trascribir el contenido de los aludidos numerales, los cuales establecen lo siguiente*** De los numerales transcritos se desprende que el juicio de amparo resulta improcedente si no es promovido dentro de los quince días contados a partir de los siguientes supuestos*** Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa*** Desde el día siguiente al en que haya tenido el quejoso conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o bien*** Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. En el caso, como se anticipó, la quejosa reclama en el presente controvertido: el acuerdo de ocho de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el concurso mercantil número*** en la parte conducente en la que se hizo efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintiocho de diciembre anterior y, por ende, se le impuso una multa equivalente a doscientas cuarenta Unidades de Medida y Actualización. Así, se tiene que la inconforme fue notificada de la determinación reclamada el catorce de febrero de dos mil veintitrés, según se advierte de la constancia respectiva. En ese entendido, de conformidad con el artículo 1075 del Código de Comercio, de aplicación supletoria a la Ley de Concursos Mercantiles, por disposición expresa de su numeral 8°, dicha notificación surtió efectos al día siguiente, esto es, el quince, por lo que el lapso de quince días para promover la demanda de amparo previsto en el artículo 17, de la Ley de la Materia, transcurrió del dieciséis de febrero al ocho de marzo del referido año. Ello sin contar en dicho lapso los días dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de febrero, cuatro y cinco de marzo, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Luego, si del sello de recibido de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, que aparece en el escrito original de demanda, claramente se advierte que ésta fue presentada el nueve de marzo de dos mil veintitrés; es evidente que se promovió una vez vencido el plazo de quince días en mención. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en análisis. No pasa inadvertido lo manifestado por la quejosa en su demanda de amparo, en torno a que tuvo conocimiento del acto reclamado el quince de febrero del presente año; empero, dicha aseveración quedó desvirtuada con los antecedentes anteriormente narrados, en el sentido de que dicho acto le fue notificado el catorce de los referidos mes y año*** Definitividad Adicionalmente, es pertinente señalar que aun cuando se partiera de la base de que la demanda que dio origen al presente juicio de amparo resulta oportuna; de cualquier forma este contencioso constitucional sería improcedente. Se sostiene esto, pues también se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa inobservó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, al no haber agotado contra la determinación reclamada, previo a acudir a esta vía constitucional, el recurso de revocación previsto en la Ley de Concursos Mercantiles, con el que podía obtener la revocación del acto que aquí impugna. Para demostrar dicha postura, es pertinente invocar el artículo 61, fracción XVIII, de la citada Ley de Amparo, que dispone*** En el precepto transcrito se encuentra inmerso el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual ordena que antes de promoverlo se deben agotar todos los recursos ordinarios o medios de defensa que procedan contra el acto que se estime ilegal y que tengan el efecto de revocarlo, modificarlo o nulificarlo, ya que de lo contrario, se actualizaría su improcedencia, pues a esta vía debe acudirse sólo cuando la actuación que se impugna no pueda remediarse ante las propias autoridades de instancia. Asimismo, la disposición normativa de mérito prevé las excepciones a dicho principio, esto es, los casos en que el gobernado no está obligado a agotar el recurso o medio ordinario de defensa respectivos, antes de acudir al juicio de amparo. En relación con lo anterior, cabe descartar que el artículo 268 de la Ley de Concursos Mercantiles aplicable al caso establece que cuando dicho ordenamiento no prevea el recurso de apelación procederá la revocación, que se tramitará conforme a las disposiciones del Código de Comercio. En ese entendido, de conformidad con el referido numeral resulta jurídicamente correcto afirmar que en contra del auto reclamado procedía el recurso de revocación, toda vez que no existe disposición expresa en la legislación aludida de que en su contra proceda el de apelación. Sin embargo, no existe constancia de la que se advierta que la parte quejosa, previamente a acudir a este juicio de amparo haya agotado el recurso de revocación contra de la determinación que reclama, con el que podía obtener su revocación, esto es, no observó con el principio de definitividad que establece la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en mención. En el entendido de que en el caso no se actualiza alguna de las excepciones al principio de definitividad que prevé el mencionado precepto, pues el acto reclamado no es de los que importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa. Además, la procedencia del medio ordinario de defensa aludido, no está sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarlo, pues es claro y patente que se encuentran regulado en la ley ordinaria de la materia. Por otro lado, la impetrante no es tercero extraña al procedimiento, ya que de los autos que integran el sumario de origen se desprende que si bien la inconforme no es parte formal, se vinculó estrechamente a éste, ya que por escrito fechado el dieciséis de febrero de dos mil veintitrés contestó, por conducto de su representante, el requerimiento que el juez responsable le hizo mediante acuerdos de veintisiete de octubre y veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, y ocho de febrero de este año; tal y como lo indicó en su demanda. En otras palabras, si bien la hoy quejosa no es parte formal en el expediente de origen y sólo fue llamada en forma transitoria para intervenir en dicho proceso como auxiliar en éste, la circunstancia de que haya comparecido a dicho asunto con motivo de uno de los requerimientos que le fueron formulados por el instructor del proceso, es razón suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña, toda vez que ello evidencia que estuvo en posibilidad de interponer los medios de defensa y recursos ordinarios contra las providencias que estuvieran relacionadas con su intervención, y en el supuesto de no obtener respuesta favorable, acudir al juicio de amparo correspondiente, una vez satisfechos los principios que lo rigen, como es el de definitividad. Lo que se corrobora con las consideraciones vertidas en la ejecutoria de la que derivó dicha jurisprudencia, de la que se advierte que la Sala sostuvo lo siguiente*** Por ende, se insiste, al haberse vinculado la aquí quejosa al procedimiento de origen, ya que contestó un requerimiento que le hizo la responsable, es inconcuso que perdió el carácter de tercera extraña, y por ende, se encontraba en aptitud de promover el recurso mencionado contra el acto reclamado. De ahí que se sostenga que, de cualquier forma, se actualizaría la improcedencia de este juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia invocadas, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, lo que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución atribuido a la 2. Administradora Desconcentrada de Auditoría de Veracruz*** dado que no fue reclamado por vicios propios, sino en vía de consecuencia. QUINTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes, en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se*** ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por*** por propio derecho y en su carácter de Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, contra los actos reclamados de las autoridades responsables, 1. Juez Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República Mexicana, y 2. Administradora Desconcentrada de Auditoría de Veracruz*** por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese, por lista de acuerdos a la parte quejosa y vía electrónica al tercero interesado
- Incidental
Córdoba, Veracruz, a trece de octubre de dos mil veintitrés. Visto el escrito firmado por*** autorizada de la parte quejosa en los presentes autos, por medio del cual, exhibe comprobante de pago por la cantidad de*** para que surta efectos la suspensión definitiva decretada en los presentes autos. Realícense las anotaciones en el libro correspondiente y comuníquese lo anterior a la autoridad responsable. Por cuanto hace a la devolución de los documentos que exhibe, se acordará lo que en derecho proceda una vez que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el expediente original del que deriva el presente incidente de suspensión. Notifíquese.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, a dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que*** cuenta con cédula profesional registrada en el Registro Nacional de Profesionistas; por tanto, se tiene a ésta como autorizada de la quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. En ese entendido, respecto del escrito firmado por*** autorizada de la parte quejosa, con anexos, por medio del cual pretende acreditar que se constituyó ante la autoridad exactora el importe de la multa reclamada en el juicio de amparo del que deriva este incidente; dado que el comprobante que exhibe es copia simple, no se tiene acreditado dicho pago. En cuanto a su petición de tener como autorizados a*** se debe estar a lo ordenado el trece de marzo de dos mil veintitrés, donde se les tuvo por autorizados de la parte quejosa; sin que haya lugar a tener con dicho carácter a*** toda vez que de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, el autorizado no puede substituir o delegar sus facultades en un tercero. Respecto del domicilio que señala para oír y recibir notificaciones, se debe estar a lo acordado el trece de marzo pasado. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se le tiene proporcionando correo electrónico y número de teléfono a través del cual se pueda entablar comunicaciones no procesal en los casos en que se estime necesario. Notifíquese
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA
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