Maria Mendez Almaguer

Expediente 245/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
245/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
31/03/2017

Partes del expediente

  • Maria Mendez Almaguer

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda, el oficio A/2011/2017-I, enviado por el Secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, con sede en Matamoros, del cual se desprende que aceptó la competencia para conocer de la demanda promovida por María Méndez Almaguer, dado que este juzgado en proveído de catorce de marzo de dos mil diecisiete, determinó que no tiene competencia legal para conocer de la misma. En mérito de lo anterior, dado que no existe cuestión diversa por desahogar, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la nueva Ley de Amparo, debiendo hacer las anotaciones correspondientes en el Libro Uno de Juzgado y en el sistema integral del seguimiento de expedientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto.

  2. Principal

    ...Vista la demanda de amparo promovida por MARÍA MÉNDEZ ALMAGUER, contra actos de este órgano judicial, y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, con el número 245/2017-II, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, este Juzgador advierte que carece de competencia legal para conocer de la misma; lo anterior es así, si se toma en cuenta lo dispuesto por el artículo 37, de la Ley de Amparo, que al efecto establece tres hipótesis para determinar la competencia de un juzgado de Distrito, que son: 1). Es competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2). Cuando el acto se haya empezado a ejecutar en un Distrito y siga realizándose en otro, será competente, a prevención, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones; y, 3). Cuando el acto reclamado no exige ejecución material resultará competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En la especie, tenemos que la parte quejosa reclama básicamente el acuerdo emitido el trece de diciembre de dos mil dieciséis, por la Magistrada del Tribunal Unitario agrario del Distrito Treinta, con sede en Victoria, Tamaulipas, en el que se determinó que la aquí quejosa se abstenga de perturbar a SUSANA VILLAREAL GARCÍA, el uso, goce y disfrute de la parcela 25 del poblado "LAS PALMAS-16 DE SEPTIEMBRE" municipio de San Fernando, Tamaulipas, y se abstenga de dañar los cercos de alambre de púas en la colindancia al noreste con 4.91 metros que delimitan la mencionada parcela con su propiedad privada, como puede verse de las documentales que adjunta a su escrito inicial de demanda. En relación con lo anterior, el suscrito juzgador considera que el citado acto reclamado reviste de carácter negativo-prohibitivo con efectos positivos, pues implica una orden o conducta positiva de la autoridad tendiente a impedir una conducta de la quejosa, pues dicha orden repercute el paso de la quejosa a su parcela, tan es así que se obstruye de derecho de paso. En efecto, es cierto que el derecho de paso de la quejosa se encuentra restringida a virtud del acuerdo dictado el trece de diciembre de dos mil dieciséis, por la autoridad responsable, pero también dicha abstención es ocasionada, en parte, por el acto reclamado en la demanda que se provee, pues con la negativa del derecho de paso de la quejosa entre la parcela 25 del poblado "LAS PALMAS-16 DE SEPTIEMBRE" municipio de San Fernando, Tamaulipas, limita su derecho a entrar a su propiedad privada; es decir, veda su pretensión de que se le permita el paso a su propiedad, toda vez que por virtud del acto reclamado deberá abstenerse de dañar o quitar los cercos de alambre de púas de la parcela, y por ello no podía entrar a su propiedad. Es por eso que, se reitera, con motivo de la emisión del acto reclamado por la quejosa, es indudable que por el acto reclamado la quejosa deberá abstenerse a dañar los cercos de alambre de púas que colindan la parcela con su propiedad ubicada en parcela 25, del poblado "LAS PALMAS-16 DE SEPTIEMBRE", municipio de San Fernando, Tamaulipas; así, dicho acto negativo-prohibitivo tiene el efecto positivo de que la quejosa no puede acceder a su predio, que es la manera finalista a la afectación positiva del acto reclamado, ejecutable en específico los cercos de alambre de púas en la colindancia al noreste con 4.91 metros que delimitan la parcela propiedad del tercero interesado. En tal virtud, conforme a la regla de competencia indicada párrafos anteriores, al continuar absteniendo a la parte quejosa el paso a su propiedad, dicho acto seguirá ejecutándose en San Fernando, Tamaulipas, que es donde se ubica dicho bien raíz; por tanto, atento a lo establecido en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, el juez de Distrito competente para conocer de la demanda, es aquél en cuya jurisdicción se ubique el bien inmueble que se defiende. Lo anterior es así, pues como se dijo, conforme al artículo 37, párrafo primero, de la ley de la materia, para conocer de un juicio de amparo es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, y en el caso concreto, si como se indicó, el acto reclamado por el quejoso tiene efectos positivos, pues a virtud del mismo se impone a la quejosa una carga que a la que no está obligada, misma que favorecerá a que continúe sin poder acceder a su predio por virtud de los cercos de alambre de púas que colindan la cita parcela con la propiedad de la quejosa, al no ejercer jurisdicción en esa ciudad este órgano de control constitucional, se deja de manifiesto que no tiene competencia legal para seguir conociendo y resolver del juicio de amparo en que se actúa. Lo anterior, toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y a la especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; este órgano de legalidad ejerce jurisdicción en los municipios de Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Mier, Miguel Alemán, Reynosa y Río Bravo, pero no en San Fernando, Tamaulipas, lugar en el que se ubicado el bien raíz del que defiende la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, párrafo primero, y 48 ambos de la Ley de Amparo, este juzgado no tiene competencia legal para conocer de la demanda de amparo que se provee, estimando que debe remitirse el presente juicio al Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, residente en Matamoros. Por otro lado, cabe hacer mención que en el presente caso no aplica lo establecido en el último párrafo del artículo 126, de la Ley de Amparo, en virtud de que la suspensión de oficio y de plano del acto reclamado sólo procede cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, lo que en el caso no acontece, pues el acto reclamado es entre ejidatarios y el mismo no afecta al núcleo ejidal, como quedó establecido en párrafos que anteceden; además, que de conceder dicha suspensión equivaldría a darle efectos restitutorios, que son propios de la sentencia constitucional que se pronuncie en el juicio principal.

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