María Marcelina Vazquez de Vazquez
Expediente 2866/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2866/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- María Marcelina Vazquez de Vazquez
Actuaciones
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 466/2022, signado por el Secretario de Acuerdos de la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar, por medio del cual acusa recibo del oficio 25425/2021, en el cual se le remitió la sentencia dictada el veinte de octubre del año en curso por este órgano jurisdiccional; al efecto, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Domingo Alberto Martínez Nava, Secretario quien autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. DILIGENCIA ACTUARIAL Vista la diligencia actuarial que antecede, de la que se advierte que la quejosa María Marcelina Vázquez de Vázquez, ratificó la demanda promovida en su favor por Luis Arturo Falcón Garay y José de Jesús García Lima; sin embargo, el suscrito juzgador estima que debe desecharse la presente demanda, toda vez que se actualiza una causal de improcedencia en el presente juicio de amparo indirecto por las siguientes consideraciones. DESECHAMIENTO POR LITISPENDENCIA Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el 61, fracciones X y XI, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la presente demanda de amparo por encontrar en ella motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El artículo 61, fracción X, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; ." En efecto, del examen en su integridad de la demanda de amparo, se desprende que Luis Arturo Falcón Garay y José de Jesús García Lima, en representación de la quejosa directa María Marcelina Vázquez de Vázquez, promovió amparo indirecto contra el Representante Local de la Oficina Local del Instituto Nacional de Migración en Reynosa, Tamaulipas, con sede en esta ciudad, reclamando como actos primordiales, la privación de la libertad e incomunicación. Luego, de la certificación que antecede, se observa que el juicio de amparo 2429/2022, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, fue promovido el nueve de octubre el año en curso, en favor de la aquí quejosa, en la que de igual forma reclama actos privativos de libertad, así como deportación, la cual fue radicada en esa misma fecha, lo cual se visualiza en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, así como en la página https://www.dgej.cjf.gob.mx/internet/expedientes/ExpedienteyTipo.asp. Lo anteriormente expuesto, denota que en la especie se actualiza la causa de improcedencia señalada, toda vez que el presente juicio de amparo se promueve contra actos que serán materia de análisis en el diverso controvertido 2429/2022, del índice de ese juzgado, dado que en ese asunto, el nueve de octubre del año en curso, se concedió a la quejosa la suspensión de plano de los actos ahí reclamados, y previa ratificación del libelo constitucional, se admitió a trámite por diverso auto de catorce de octubre del año en curso, y se fijó para el once de noviembre del año en curso, el desahogo de la audiencia constitucional; por tanto, se encuentra pendiente de resolver. Es aplicable, la tesis 235, consultable en la página 193, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, que es del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución." Así como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, pública en el Semanario Judicial de la Federación, 205-216, Primera Parte, página 142, materia común, que dice: "LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTÍAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia." Así las cosas, al actualizarse de forma notoria y manifiesta la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la legislación invocada, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA promovida por María Marcelina Vázquez de Vázquez. Es aplicable al caso, la jurisprudencia XIX.1°. J/6, emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito, que aparece publicada en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, octubre de 1998, página 997, cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE. PARA QUE OPERE DEBE SER PATENTE, CLARA E INOBJETABLE. Conforme al artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito ante todo debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano, pero cuando la causal de improcedencia aducida por el a quo no es patente, clara e inobjetable, sino que simplemente se desecha porque a su juicio no existe violación de garantías, fundándose en los motivos y razones que, en su caso, podrían servir para negar la protección constitucional solicitada es inconcuso que tal manera de proceder no es lógica, ni jurídica, porque son precisamente esos temas sobre los que versar el estudio de fondo con vista del informe justificado y de las pruebas aportadas por las partes, por lo que en casos como el de la especie lo procedente es revocar el auto recurrido y ordenar que se admita a trámite la demanda." Asimismo, se ordena agregar copia certificada de las constancias respectivas del juicio 2429/2022, del índice de este juzgado para mayor ilustración. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, asistido de la Secretaria de Juzgado Diana Karen López Castillo, que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, rindiendo su informe justificado; asimismo, con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba documental la constancia que anexó a su informe; con lo anterior, dese vista a las partes, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Ahora, de las manifestaciones vertidas en su informe, y de la constancia que anexó a mismo, se advierte que dentro del juicio laboral 776/4/2016, el siete de abril de dos mil veintiuno, se acordó la planilla de liquidación que el cinco del mismo mes y año, exhibió el autorizado de la parte actora -aquí quejosa-, en el sentido de no acordar de conformidad la misma, en virtud de no estar a esa fecha notificada la totalidad de las partes el laudo emitido en ese juicio laboral; sin embargo, es un hecho notorio que ha transcurrido en exceso el plazo considerable para notificar a las partes dicha resolución. Por tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a dicha responsable para que dentro del término de tres días, computados legalmente, informe si a la fecha, aún la totalidad de las partes no han sido notificadas del laudo dictado en ese juicio de origen, o en su defecto informe las gestiones que se encuentra realizado para ello, y en el caso que las partes hayan sido notificadas de dicha resolución, provea lo conducente respecto a la planilla de liquidación mencionada en el párrafo que antecede, misma que constituye el acto reclamado en este juicio; lo anterior, a fin de estar en aptitud legal de resolver respecto de la legalidad del acto que se le reclama. Se apercibe a la responsable que de ser omisa, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con los numerales 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. La solicitud de la constancia aludida se justifica, ya que el suscrito juzgador tiene la obligación de oficio de recabar todas aquellas pruebas necesarias para examinar el acto reclamado, en términos del artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la Jurisprudencia VI.2o. J/76, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, Noviembre de 1996, página 376, del rubro y texto siguientes: "PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ FEDERAL DEBERA RECABARLAS OFICIOSAMENTE. De conformidad con la reforma realizada al último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro, que entró en vigor a partir del uno de febrero del mismo año, el Juez Federal está obligado a recabar de manera oficiosa las pruebas que habiendo sido rendidas ante la autoridad responsable no obren en los autos del juicio de amparo y sean necesarias; cuando como en el caso el quejoso haya probado la existencia del acto reclamado; y al incluirse en esta reforma la palabra "deberá", ello impone indudablemente al Juez constitucional la obligación de proveer lo necesario a fin de obtener oficiosamente las constancias indispensables para resolver el juicio de garantías, cuando las mismas obren y hayan sido valoradas en el juicio generador." Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Julio César Cruz García, Secretario quien autoriza y da fe.
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