Maria Marcelina Rodriguez Dorantes
Expediente 341/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 341/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Maria Marcelina Rodriguez Dorantes
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del auto de nueve de febrero de dos mil veintitrés. Por tanto, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el inciso b), del artículo 21, del Capítulo Octavo, del citado acuerdo general, por lo que es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere el precepto citado. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese.
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Se notifica por lista de estrados a la parte quejosa ****, el acuerdo de 9 de febrero de 2023, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, mismo que refiere: Mérida, Yucatán, nueve de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa María Marcelina Rodríguez Dorantes, mediante el cual pretende desahogar la prevención realizada por este Juzgado en proveído de veintisiete de enero del año en curso. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo y el escrito aclaratorio, se obtiene que la parte promovente reclama del actuario adscrito a la Central de Actuarios Juez Primero de Oralidad Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: - La ilegal notificación de cinco de enero de dos mil veintitrés, del auto de uno de septiembre de dos mil veintidós, respecto del embargo decretado en la etapa de ejecución de sentencia del juicio ejecutivo mercantil 723/2016. En principio, debe precisarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Congruente con lo anterior, se estima que en el caso se debe DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. El precepto legal de referencia establece: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [...]" La invocada causa de improcedencia prevé la obligatoriedad de agotar, previamente a la promoción del juicio de amparo, que constituye un medio extraordinario de defensa, los recursos ordinarios de impugnación o medios de defensa que en su caso conceda la ley que rija el acto reclamado. Los elementos que la integran son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) El recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) Por virtud de dicho medio, la resolución judicial, administrativa o laboral pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de defensa oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, según la propia fracción XVIII, del numeral 61, en cita, los siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE YUCATÁN JUICIO DE AMPARO 341/2023-I extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Ahora bien, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la peticionaria de amparo reclama la notificación que le fue realizada el cinco de enero de dos mil veintitrés, del auto de uno de septiembre de dos mil veintidós, respecto del embargo decretado en la etapa de ejecución de sentencia del juicio ejecutivo mercantil 723/2016, del índice de la responsable. De lo anterior se pone de manifiesto, que al ser la peticionaria de amparo, parte en el juicio natural, pudo recurrir ante la propia autoridad responsable el acto ahora combatido, mediante el incidente de nulidad de actuaciones, que prevé el artículo 1345, fracción V, del Código de Comercio, al ser el medio de impugnación idóneo para revisar el auto en el que se ordena la forma en la que se realizará una notificación es el incidente de nulidad de notificaciones, porque a través de él se puede revisar si la notificación se realizó conforme a las reglas legales respectivas y su incumplimiento acarrea su nulidad. Al respecto resulta aplicable, por sus razones esenciales, la jurisprudencia 1a./J. 68/2019 (10a.), con número de registro digital 2020845, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. ES EL MEDIO IDÓNEO PARA IMPUGNAR LA FORMA EN LA QUE SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DE UN AUTO DICTADO EN UN PROCEDIMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. El artículo 1345, fracción V, del Código de Comercio al prever que se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan contra el auto que desecha el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento y contra la resolución que se dicte en el incidente, permite inferir la existencia misma del incidente de nulidad de actuaciones. Sin embargo, dicho incidente de nulidad no tiene mayor regulación que la prevista para todos los incidentes que se susciten en los juicios mercantiles, prevista en los artículos 1349 a 1358 del Código de Comercio, sin que se regule de manera explícita si procede en contra del auto en el que se ordena la forma en la que se hará una notificación, por lo que al no existir fundamento legal que prevea expresamente un medio de impugnación contra el auto en el que se ordena la forma en la que se realizará una notificación, es necesario realizar una interpretación jurídica a fin de determinar cuál es el medio de impugnación idóneo contra dicho acto. Ahora bien, el recurso de revocación tiene por objeto controvertir autos de mero trámite que hayan conculcando las normas que rigen el procedimiento, de esta manera, la litis en dicho recurso consiste en analizar la legalidad de los fundamentos y las consideraciones que sustentan los autos, siendo el caso que se confirman, revocan o modifican. Por otra parte, el incidente de nulidad de actuaciones, cuando se trata de defectos en el emplazamiento, tiene por objeto analizar la legalidad de los actos judiciales a través de los cuales se hace del conocimiento de las partes los autos emitidos dentro del procedimiento, esto es, se verifica que la notificación haya cumplido con las formalidades que al efecto establece la ley y, en caso de que se estime fundado, se repondrá el procedimiento. Por lo anterior, el medio de impugnación idóneo para revisar el auto en el que se ordena la forma en la que se realizará una notificación es el incidente de nulidad de notificaciones, porque a través de él se puede revisar si la notificación se realizó conforme a las reglas legales respectivas y su incumplimiento acarrea su nulidad. En efecto, cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye la falta o ilegalidad de una notificación hecha en un juicio ejecutivo mercantil, como ocurre en la especie, el juicio de amparo es improcedente, porque dicho acto puede ser revocado por la autoridad JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE YUCATÁN JUICIO DE AMPARO 341/2023-I que conozca del juicio natural, mediante el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida, de conformidad con los numerales antes señalados, el cual debe agotarse previamente a intentarse el juicio de amparo, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo. No es óbice a lo anterior, el hecho que el procedimiento del que derivó la notificación reclamada, se encuentre en etapa de ejecución. Al respecto, sirve de apoyo por sus razones esenciales, la jurisprudencia 1a./J. 26/2005, con número de registro digital 178685, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor literal siguiente: NULIDAD DE ACTUACIONES. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO CONTRA ACTOS POSTERIORES AL DICTADO DE LA SENTENCIA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. La nulidad de actuaciones, tiene por finalidad que los actos judiciales puedan ser revisados y, en su caso, modificados o revocados, por existir en ellos un vicio cuya corrección legal procede, de suerte que el proceso sea debidamente rectificado antes de que sea resuelto. Por regla general, la referida nulidad se presenta contra actos emitidos antes de pronunciarse sentencia, en la instancia procesal en que cometa la violación en cuestión, en tanto que el juzgador no está facultado para revocar sus propias determinaciones. Lo anterior no implica que la nulidad de actuaciones sólo pueda promoverse contra actos procesales anteriores a la sentencia, toda vez que con posterioridad a ésta también se presenta la necesidad de que la autoridad judicial actúe, y en caso de estimarse que se presenta una violación en tal actuación, puede sustanciarse el incidente relativo. En tal virtud, para efectos del juicio de amparo, debe agotarse el incidente de nulidad de actuaciones, contra las pronunciadas después de dictada sentencia, pues de no hacerlo se surtirá la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Resta decir que no se actualiza la hipótesis de excepción prevista en la última parte de la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que la procedencia del incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado no está sujeta a interpretación adicional, ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla, pues el Máximo Tribunal del País ya se ha pronunciado respecto a su procedencia, al tenor de las tesis de jurisprudencia antes invocadas. Además, el acto reclamado no constituye un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Ni la parte quejosa es persona extraña al procedimiento, sino que es parte en el mismo, como manifiesta en la demanda de amparo, pues fue emplaza el trece de junio de dos mil diecisiete. En ese orden de ideas, es clara la obligación de la parte afectada de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley que rige el acto reclamado, cuando como en el caso, los tiene a su alcance, aparte de que así lo dispone la ley aplicable. De ahí que, si el acto reclamado lo constituye la falta o ilegalidad de una notificación, como en el caso, el juicio de amparo es improcedente, porque dicho acto puede ser dejado sin efectos por la autoridad del conocimiento, mediante el incidente de nulidad de actuaciones, el cual debe agotarse previamente a intentarse el juicio constitucional, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo. Se afirma lo anterior, dado que el acto reclamado lo constituyen la notificación emanadas de una autoridad judicial, y por ello constriñe a JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE YUCATÁN JUICIO DE AMPARO 341/2023-I los gobernados en la obligación de agotar los recursos ordinarios que establezcan las leyes procesales, siempre y cuando éstos tengan el alcance de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; de ahí que al no haber agotado la aquí quejosa el incidente de nulidad, previo al ejercicio de la acción de amparo, es evidente que se actualiza la hipótesis de improcedencia invocada en este asunto. En estas condiciones al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE MÉRITO, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia. Notifíquese personalmente.
- Principal
I. Se notifica por lista de estrados a la parte quejosa **** , el acuerdo de 27 de ENERO de 2023, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, mismo que refiere: Mérida, Yucatán, veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Radicación. Con la demanda de amparo promovida por ****, contra el acto de la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, con sede en esta ciudad, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 341/2023-I. Prevención. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierten irregularidades que dan lugar a su prevención. En primer lugar, no obstante que *** señala bajo protesta de decir verdad que desconoce el nombre y dirección de la persona a la que le recae el carácter de tercera interesada, lo cierto es que al provenir los actos reclamados del juicio ejecutivo mercantil 723/2016, es su contraparte a quien le recae ese carácter, como lo dispone el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 538, del Tomo XIV, Julio de 1994, correspondiente a la Octava Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 211339, que indica: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO TIENE LA CARGA PROCESAL DE SEÑALAR EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO. De lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley de Amparo, que contempla los os requisitos que debe contener una demanda constitucional en la vía indirecta, se infiere que en realidad prevé diversas cargas procesales que el quejoso debe satisfacer para que se pueda dar curso a su petición, entre ellas, la prevista por la fracción II, relativa al señalamiento del nombre y domicilio del tercero perjudicado, que resulta exigible siempre que, cuando con relación al acto reclamado existe una persona que se ubique en alguno de los supuestos que prevé en sus diversos incisos (tres) la fracción III del artículo 5o., de la legislación de la materia. Además, la ley invocada en ninguno de sus preceptos establece bajo algún supuesto la satisfacción de ese señalamiento por otra de las partes en el juicio de amparo ni por el propio juzgado federal, excepto en el caso de amparos en materia agraria cuando el quejoso sea alguno de los sujetos que menciona el artículo 212 del ordenamiento invocado. En consecuencia, es de concluirse al respecto que, legalmente la carga procesal de señalar nombre y domicilio del tercero perjudicado pesa exclusivamente sobre el quejoso, el que debe procurarse todos los medios y agotar las instancias posibles para cumplir con esa obligación, y sólo ante la demostración de que ha actuado de tal forma puede recurrirse a otras alternativas para tener conocimiento de los datos indicados". De igual forma, la impetrante del amparo no señala de forma completa los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, pues únicamente refiere la fecha en la que señala se llevó a cabo la diligencia de notificación que pretende reclamar. Al respecto debe señalarse que para tener por colmada esa obligación procesal, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse este juicio, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia, por ser una cuestión de orden público. Apoya lo anterior la tesis I.7o.A.100 K sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Abril de 2006, visible a página 990, del rubro y texto: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." Debe decirse que la quejosa es parte demandada en el juicio de origen, como lo señala bajo protesta de decir verdad, por lo que no se advierte que exista imposibilidad alguna de su parte para obtener los datos antes indicados. De igual forma, la solicitante del amparo no precisa la autoridad a la que le atribuye el acto que reclama en esta vía, pues si bien refiere que es la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, lo cierto es que esa unidad administrativa del Poder Judicial del Estado de Yucatán, no fue la encargada de llevar a cabo la diligencia que tilda de inconstitucional, sino el Actuario adscrito a la misma Esto, ya que conforme a la naturaleza del acto, indefectiblemente su materialización se trata de una conducta atribuible al fedatario antes indicado, en términos de la jurisprudencia P./J. 29/94 del Pleno del Alto Tribunal, publicada en la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 82, Octubre de 1994, visible a página 11, del rubro y texto siguientes: "ACTUARIO, HIPOTESIS EN QUE DEBE SER SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE. De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Amparo, el actuario tiene la calidad de autoridad responsable, por lo que si en el amparo indirecto, el quejoso se ostenta como extraño al juicio, y le atribuye omisiones o irregularidades respecto al emplazamiento, debe señalarse a ese funcionario como autoridad responsable, toda vez que el mismo está obligado a cumplir cabalmente con los lineamientos legales que regulan tal acto; consecuentemente es el directamente encargado de defender la legalidad de su actuación, puesto que es el que conoce los pormenores de la misma, que lleva a cabo bajo su estricta responsabilidad, ello, con independencia de que el titular del Tribunal que igualmente puede tener el carácter de autoridad responsable, cumpla con su deber de revisar de oficio el actuar de su subalterno." Tampoco precisó qué acto reclama en esta instancia constitucional, pues si bien refiere que es la notificación realizada por cédula el cinco de enero de este año, lo cierto es que en el capítulo de conceptos de violación de su demanda, hace alusión a diversos criterios relativos al emplazamiento a juicio, además que en su punto petitorio segundo refiere que solicita se admita el incidente de nulidad de notificaciones; lo que torna impreciso el acto reclamado. Apoya lo anterior la tesis XX.57 K sustentada por la Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Marzo de 1996, visible a página 871, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." Y, finalmente, tampoco exhibió las copias de demanda necesarias para dar trámite al juicio de amparo, pues como se aprecia del sello estampado en su demanda, únicamente presentó dos copias, empero, son necesarias cuatro para correr traslado a las partes y tramitar el incidente de suspensión, ya que una es para la autoridad responsable, una para el tercero interesado, otra para el Agente del Ministerio Público y una más para agregar al incidente de suspensión. En ese sentido, a efecto de acordar sobre la admisión, o no, de la acción intentada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracciones II, III, IV y V, 110 y 114, fracciones I, II, IV y V, todos de la Ley de Amparo, prevénganse a la parte promovente, para que dentro del término de cinco días, contados partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído: a) Señale el nombre completo y domicilio de la persona a la que le recae el carácter de tercero interesado, es decir, de su contraparte en el juicio de origen. b) Indique, bajo protesta de decir verdad, todos y cada uno de los hechos y abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, siendo enfático en cuanto al estado procesal que guarda el juicio de origen y el carácter con el que se ostenta en este sumario constitucional. c) Precise la autoridad a la que le atribuye el acto reclamado. d) Señale con precisión el acto que reclama en esta vía. e) Exhiba dos copias más de su demanda. En el entendido que del escrito por el que dé cumplimiento al presente requerimiento, deberá exhibir cuatro copias para correr traslado a las partes y para ser agregada en el incidente de suspensión. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 36/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, del Tomo XIII, del mes de abril, del año dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es del tenor literal: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo ordenado en los párrafos que anteceden, dentro del término indicado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte promovente el que señala en el escrito de cuenta como suyo, no así el que señala para el mismo efecto perteneciente a su autorizada. Asimismo, se tiene como autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, hasta en tanto acredite el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, a la diversa persona que señala en los mismos efectos restringidos, por así indicarlo expresamente. Habilitación de días y horas inhábiles. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el arábigo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio y del incidente de suspensión. Protección de datos personales. Finalmente, con fundamento en el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de los datos personales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL PROMOVENTE. [...].
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