Maria Luisa Hernandez Jimenez

Expediente 1439/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1439/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
21/07/2023

Partes del expediente

  • Maria Luisa Hernandez Jimenez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. QUEDA FIRME SENTENCIA. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. CRITERIO DE VALORACIÓN. A fin de determinar el criterio de valoración aplicable al presente juicio de amparo, se atenderá lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, tal y como se expondrá a continuación: EXPEDIENTE PRINCIPAL. Es destruible, pues se sobreseyó en el presente juicio; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere el artículo 20, fracción I. SELLO DE VALORACIÓN. Conforme a lo anterior, en términos del artículo 34 del acuerdo antes referido, la leyenda relativa a la valoración del expediente deberá constar mediante sello en la carátula del expediente. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    En Mérida, Yucatán, siendo las once horas con cincuenta minutos del treinta de junio de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1439/2023, Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido del Secretario con quien actúa y da fe, Martín Placito Cambero, declara abierta la audiencia pública sin la asistencia de las partes. Enseguida, se realiza la relación de las constancias que obran en autos entre las que se encuentran el escrito de demanda de amparo electrónica; el auto admisorio de siete de junio de dos mil veintitrés que obra en el expediente electrónico; el informe justificado de la responsable Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado; y con el resto de las actuaciones de trámite. Al respecto el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede y por rendido el informe justificado de la autoridad responsable. Acto continuo, se abre el periodo probatorio en el cual se da cuenta al Juez con las documentales remitidas por la parte quejosa que obran en el expediente electrónico; las de la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado como apoyo a su informe justificado (fojas 9 a 17). El Juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas ofrecidas, las que por su naturaleza se tienen por desahogadas; por tanto, se cierra esta fase procesal. Luego, se abre el periodo de alegatos, y el Secretario da cuenta con los formulados por la parte quejosa mediante escrito acordado en auto de diez de abril del año actual, así mismo hace constar que las demás partes no los formularon, y que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado tampoco presentó su alegato ministerial. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa formulando alegatos y por precluido el derecho de las demás partes para tal efecto; por lo que se cierra dicha fase. A lo anterior el Juez acuerda: se declara cerrada la audiencia constitucional, sin que exista prueba pendiente por desahogar ni promoción por acordad, por lo que se turnan los autos para el dictado de la sentencia que en derecho corresponda. V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 1439/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ********************, quien se ostenta como apoderado de la quejosa ********************, contra actos de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El cinco de junio de dos mil veintitrés, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, recibió electrónicamente la demanda de amparo promovida por ********************, quien se ostenta como apoderado de la quejosa ********************, contra actos de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad. En la demanda de amparo, la parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados, y expresó sus conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite del juicio Por razón de turno, la demanda fue enviada a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. En auto de siete de junio de dos mil veintitrés, se registró con el número de expediente 1439/2023, se admitió a trámite. En la secuela procesal, se emplazó al representante social de la adscripción. Se recibió el informe con justificación rendido por la responsable. Finalmente, en esta fecha se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que se reclama un acto omisivo de autoridad laboral dentro del procedimiento de origen con consecuencias de imposible reparación; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los acuerdos 104/2022 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. En ese sentido, del estudio íntegro de la demanda, y sus anexos, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE ACTOS RECLAMADOS Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Mérida, Yucatán La omisión de dictar el laudo correspondiente, en autos del juicio laboral ********************de su índice. Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia del acto reclamado La autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe de ley, negó el acto que se le reclama, en razón de que mediante acuerdo de veinticinco de enero de dos mil veintitrés se concedió término a la demandada para que proporcionara los domicilios correctos de los testigos, por lo que por dicho motivo no es posible cerrar la instrucción y turnar los autos a proyecto de laudo; es decir, que el juicio laboral no se encuentra para dictar laudo. Lo anterior se corrobora con las documentales que aportó la autoridad responsable y que tienen pleno valor probatorio al tenor de los numerales 122 y 209 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, debido a que se reclama un acto de naturaleza omisiva (relativo a la omisión de dictar el laudo), se vuelve imprescindible identificar si existe la obligación jurídica de la responsable de realizar el acto que se le atribuye, pues no cualquier omisión debe tenerse cierta, ya que debe existir obligación objetiva de su parte de obrar en el sentido aducido. Orienta lo expuesto, la tesis 1a. XXIV/98 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." En el caso, debe tenerse por inexistente el acto que se reclama, consistente medularmente en la omisión de dictar laudo en el juicio laboral ********************, ya que de las constancias que obran en autos, se desprende que no existe obligación de parte de la Junta responsable de emitir el laudo, puesto que el juicio laboral no se encuentra en el momento procesal para ello, esto es, el asunto aún no se encuentra en estado de resolución, debido a que se encuentra en la etapa probatoria. Ello es así, pues por auto veinticinco de enero de dos mil veintitrés se ordenó dar vista a la parte demandada para que en el término de tres días proporcionara el domicilio correcto de los testigos ********************, ******************** y ******************** para estar en aptitud de notificarlos en el juicio laboral ********************; el cual se notificó a la contraria del quejoso, el dieciocho de mayo del presente año; por tanto, se aprecia que el juicio laboral no se encuentra en el momento procesal para decretar el cierre de instrucción y en consecuencia, tampoco emitir laudo, debido a que se encuentra en la etapa probatoria. Por ello, a pesar de que la parte quejosa sostenga en su demanda que no existe prueba alguna pendiente por desahogar, lo cierto es que no aportó probanza alguna, que desvirtuara el estado procesal del juicio laboral de origen conforme a las constancias aportadas por la autoridad responsable, es decir, que no se encuentra en etapa probatoria, y por tanto, es que se deba considerarse inexistente el acto reclamado. Ilustra lo expuesto por analogía, la jurisprudencia la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, visible a página 926, del rubro y texto siguientes: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". Así, al resultar inexistente el acto reclamado, lo procedente es sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Lo anterior impide realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa en su demanda de amparo, en cumplimiento a la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." No obsta para lo hasta aquí determinado, el hecho de que no haya mediado el término de ocho días que prevé el numeral 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, toda vez que aun y que transcurriera el término referido, en nada variaría lo aquí expuesto. Por lo antes expuesto y fundado, con fundamento en los artículos 63, 74 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, quien se ostenta como apoderado de la quejosa ********************, contra actos de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad; por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por ********************, en representación de la parte tercera interesada ********************, con el que interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, entréguese copia del citado escrito de revisión y de expresión de agravios a partes restantes. Una vez que esté debidamente integrado y notificado, remítase el original del presente expediente, un disco en formato DVD, el referido escrito y la copia que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimocuarto Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para lo que esa Superioridad estime procedente acordar. En relación a lo anterior, y vista la certificación secretarial que a antecede, de la que se advierte que el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés se tuvo por recibido el expediente de amparo 2365/2022 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán y este Juzgado Federal se avocó a su conocimiento. Ello, en cumplimiento al punto de acuerdo 219/2022 relativo a la Medida de equilibro de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán. Ya que se acordó la remisión de juicios de amparo originalmente turnados a los Juzgados Primero a Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, a este órgano jurisdiccional, para dictar sentencia y continuar con la tramitación del juicio hasta el archivo definitivo. En consecuencia, mediante atento oficio que para tal efecto se gire, solicítese al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, a efecto de que de no existir inconveniente alguno autorice el acceso al expediente electrónico del juicio de amparo 2365/2022, de su índice, a fin de que este Juzgado de Distrito y el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimocuarto Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, se encuentren en aptitud de tener la visualización de todas las actuaciones y constancias electrónicas del citado juicio de amparo. Ahora, dada la voluminosidad del expediente físico de este asunto, para facilitar su manejo, se ordena formar el Tomo II, el cual será parte integrante del mismo y a partir de esta fecha está conformado por todas las actuaciones realizadas con motivo de las diversas actuaciones posteriores, por lo que se ordena cerrar este tomo con la constancia correspondiente. Finalmente, se ordena glosar el cuadernillo formado con posterioridad a la audiencia constitucional, al presente expediente para los efectos legales conducentes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de junio de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio signado por la Juez del Juzgado Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta Kanasín, así como anexo que acompaña, con cual informa lo relativo al cumplimiento de la sentencia de amparo. Atendiendo a que la autoridad oficiante, anexó a su informe un disco en formato DVD, manténgase el mismo BAJO RESGUARDO en la secretaría de este órgano jurisdiccional. Sin que dicho DVD se digitalice y forme parte del expediente electrónico en atención a su voluminosidad para formar el expediente electrónico, quedando a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 22, último párrafo y 23, del punto Cuarto, relativo al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Asimismo, en cuanto al disco versátil digital es aplicable la tesis de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que queden debidamente notificadas de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho convenga; apercibidas que de no hacer manifestación alguna dentro de ese plazo, este Juzgado resolverá lo que legalmente corresponda respecto al cumplimiento de la resolución de amparo. Notifíquese, personalmente a las partes y por oficio al Fiscal tercero interesado.

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