María Marcela Porras Santamaría y Otros.
Expediente 973/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 973/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- María Marcela Porras Santamaría
- María Marcela Porras Santamaría y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA III B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, trece de junio de dos mil dieciséis. Vistos los autos, y advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por María Maricela Porras Santamaria; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, tomando en consideración que a foja treinta y uno obra agregada la documental mencionada en la certificación de cuenta, misma que exhibió la parte quejosa con su escrito de demanda; requiérasele para que en el plazo de noventa días naturales, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger dicho documento, apercibida que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo podrá ser depurada junto con el expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lucía Concepción Nicolás Ruiz que autoriza y da fe.
- Principal
MESA III B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diez de junio de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el escrito de la quejosa María Maricela Porras Santamaría, visto su contenido, como lo solicita, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, téngase por señalado como nuevo domicilio para recibir notificaciones el localizado en Avenida Central Oriente Poniente Casa 4 Manzana setenta (70), Unidad Habitacional Ricardo Flores Magón, Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y por autorizado sin las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la ley de la materia a Erick Díaz Méndez, aunado a que su cédula profesional no se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticinco de mayo de dos mil dieciséis. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por ********, contra actos del Director General del Organismo de Cuenca Pacifico Sur de la Comisión Nacional del Agua, residente en esta ciudad y otras autoridades, fórmese expediente impreso y electrónico y regístrese en el libro respectivo con el número 973/2016. Ahora bien, antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo. En la especie, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente: "IV.- LA NORMA GENERAL ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME.- ACTOS RECLAMADOS: - - - DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS Y EJECUTORAS RECLAMO EL ACTO DE AUTORIDAD QUE VIOLA MIS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS Y LAS GARANTÍAS OTORGADAS PARA SU PROTECCIÓN POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, ASÍ COMO LOS TRATADOS INTERNACIONALES QUE EL ESTADO MEXICANO ES PARTE, CON REFERENCIA A MI DERECHO COMO EMPLEADO PUBLICO FEDERAL BASIFICADO, CON RESPECTO A MI DERECHO DE INAMOVILIDAD LABORAL, toda vez que el día 4 DE MAYO DE 2016, se presentó a mi centro de trabajo el notificador Licenciado Joel David Barrita Soriano (Supervisor Técnico) con la instrucción de entregarme el MEMORANDO NO. B00.810.-206/2016 de fecha 03 de mayo de 2016, donde se me ordena un cambio de adscripción emergente a otra área de dirección (Área de Asuntos Jurídicos), por lo cual me niego ha recibir porque yo no he SOLICITADO NINGÚN CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE ÁREA Y A LA VEZ NO LO HE ACEPTADO DE CONFORMIDAD, POR NO CONVENIR A MIS INTERESAS Y DERECHOS LABORALES." En ese orden, el suscrito juzgador advierte que contra el precisado acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 103, fracción I, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, y 5°, fracción II, del primer ordenamiento legal invocado, en virtud de que los actos reclamados no pueden considerarse actos de autoridad para efectos del juicio de amparo ni equiparables a ellos. De los preceptos normativos citados, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se establece que no es suficiente con que se reclame una violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, para que el juicio de amparo sea procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de una autoridad. En vinculación con lo anterior, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada, a que los actos que se reclamen se consideren como de autoridad, entendiéndose por tal, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Así, el concepto actual de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales, esto es, acto de autoridad para efectos del juicio de amparo es el emitido en ejercicio de facultades decisorias que le están atribuidas al emisor en la ley y que, por ende, constituyen una potestad del Estado, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública su fuente, lo que permite concluir que el concepto de autoridad por regla general excluye a los actos de particulares. Lo anterior con independencia de la naturaleza formal del ente emisor, pues incluso la propia Ley de Amparo, precisa que tendrán la calidad de autoridad para efectos del juicio, los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos ya citados, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En la especie, se estima que el acto realmente reclamado por la quejosa, tiene naturaleza laboral y subyace dentro de la relación jurídica derivada de la relación de trabajo existente entre el peticionario del amparo como empleado y el Organismo de Cuenca Pacifico Sur de la Comisión Nacional del Agua, residente en esta ciudad, como patrón equiparado, en donde no obstante la subordinación lógica y legal del empleado al empleador (Ley Federal del Trabajo. Artículo 8°. Trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado) y la calidad de ente público del segundo, los actos suscitados dentro de tal relación no pueden considerarse como de autoridad, ya que la norma no faculta a los patrones para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica de sus trabajadores, sin la necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales. Ello, pues en términos del artículo 123, apartado A, fracción XX, y Apartado B, fracción XII, Constitucional, las diferencias o los conflictos entre los patrones (particulares y públicos) y los trabajadores, se sujetarán a la decisión de los Tribunales laborales competentes, lo cuales se integran por igual número de representantes de los obreros y de los patronos, y uno del Gobierno. En la especie, para sostener lo inicialmente afirmado, es conveniente señalar que de constancias de autos, a las que se les confiere valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte lo siguiente: La quejoso se desempeña como empleada publica federal basificada del Organismo de Cuenca Pacifico Sur de la Comisión Nacional del Agua. Motivo por el cual, el cuatro de mayo de esta anualidad, se presentó a su centro de trabajo, el Supervisor Técnico de dicho organismo, para hacerle de su conocimiento el memorando B00.810.-206/2016, de tres de los corrientes, donde se le ordena un cambio de adscripción emergente, al área de asuntos jurídicos de dicha dependencia gubernamental. De lo narrado se pone de manifiesto que el acto reclamado no es acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino que tiene su origen en la relación laboral que la promovente sostiene con las responsables en su carácter de patrón equiparado (Organismo de Cuenca Pacifico Sur de la Comisión Nacional del Agua, residente en esta ciudad); por lo que las controversias suscitadas entre ellos deben decidirse ante la vía ordinaria ante la Junta de Conciliación y Arbitraje competente y no directamente en la vía constitucional mediante el juicio de amparo. Ello, máxime que la materia del acto reclamado en su caso se instituye como la violación a un derecho laboral a cargo del patrón, específicamente a su derecho de inamovilidad laboral, como bien lo aduce la impetrante en el libelo constitucional, el cual se encuentra protegido por la Constitución en su artículo 123 y la Ley Federal del Trabajo. Esto es, no basta que la quejosa alegue una violación constitucional o a un derecho humano para hacer procedente el juicio de amparo, sino que es requisito que ese acto se reclame a una autoridad o a un particular que realice actos equiparables, lo que en el caso no acontece, ya que los patrones al efectuar determinaciones en relación a sus empleados no obstante que viole sus derechos humanos, no puede dársele el carácter de autoridad o ente equiparado a una. Se invoca en apoyo, el criterio emitido por el Tribunal Colegiado Supernumerario en materia del Trabajo del Primer Circuito, visible a página 329, materia laboral, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. AUTORIDADES DESIGNADAS COMO RESPONSABLES, QUE ACTÚAN COMO PARTICULARES EN UNA RELACIÓN OBRERO PATRONAL. Cuando la autoridad prescindiendo de su imperio, se sitúa en el mismo plano que los gobernados, y celebra un contrato de trabajo que regirá entre ellos las relaciones laborales, bajo las cuales los trabajadores desempeñarán sus servicios, y dentro de dichas relaciones los trabajadores estiman violados sus derechos laborales, y fueron esas transgresiones las que dieron origen al conflicto planteado ante el Juez Federal, la autoridad actuó como simple particular y sus actos necesariamente tienen ese carácter, por lo que el juicio de garantías resulta improcedente, en los términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 1o., fracción I, de la misma ley, y 103, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por contradicción de tesis, siguiente: AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento. [Época: Décima Época, Registro: 2007580, Instancia: Plenos de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: PC.III.L. J/5 L (10a)., Página: 1224] Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su artículo 2°, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA III B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticinco de mayo de dos mil dieciséis. (...) Notifíquese personalmente.
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