Maria Magdalena Saavedra Santa Anna

Expediente 1444/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1444/2015
Año
2015
Actuaciones
8
Última actuación
15/03/2016

Partes del expediente

  • Maria Magdalena Saavedra Santa Anna
  • Maria Magdalena Saavedra Santa Anna y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    MESA V A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, quince de marzo de dos mil dieciséis. Toda vez que del cómputo secretarial se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia que negó la protección constitucional a la parte quejosa, sin que lo hubiesen hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria dicho fallo, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. En diverso orden de ideas, devuélvase a la responsable, el expediente laboral 189/1991 de su índice, que remitió como apoyo a su informe justificado el cual obra en cuaderno de pruebas por separado (anexo I). Notifíquese. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lorena Carrera Martínez, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1444/2015, y Resultando PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el veintinueve de septiembre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito, la quejosa María Magdalena Saavedra Santa Anna, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra un acto de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, que hizo consistir en lo siguiente: ".IV.- EL ACTO RECLAMADO.- Lo constituye la Resolución del Incidente de Liquidación de fecha 9 de septiembre del 2015, dictada por la Autoridad Responsable en el Expediente Laboral D-189/1991, mediante la cual resuelve en el RESOLUTIVO TERCERO.- ".Se condena al INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, al pago de pensión de invalidez, asignaciones familiares e incrementos del 12 de julio de 1991 al 30 noviembre del 2009, por la cantidad total de $402,272.45 (CUATROCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 45/100 M.N.), independiente de las cantidades que se sigan generando." SEGUNDO. Tramitación del juicio. El treinta de septiembre de dos mil quince (fojas 21 y 22), se admitió a trámite la demanda de amparo de que se trata, registrándola en el Libro de Gobierno con el número 1444/2015, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención correspondiente a la Representante Social de la adscripción, se reservó el emplazamiento de la parte tercera interesada, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, asimismo se ordenó emplazar como tercero interesado al Instituto Mexicano del Seguro Social, y una vez llegadas la fecha y hora fijadas para la celebración de la audiencia constitucional, se verificó ésta al tenor del acta que antecede, y Considerando PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 37 de la Ley de Amparo; 48, 49 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de quince de febrero de dos mil trece, en razón de que por esta vía indirecta se combate un acto imputado a una autoridad con residencia en la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Materia del juicio de amparo. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo. Así, del análisis integral de la demanda y constancias de autos se deduce que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: a) La resolución dictada el nueve de septiembre de dos mil quince, en el incidente de liquidación tramitado en el juicio laboral D-189/1991 del índice de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. TERCERO. Certeza o inexistencia del acto reclamado. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de garantías, resulta oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia del acto que se tilda de inconstitucional, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo, dicho proceder debe ocurrir previamente y, sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el Tribunal que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no existir los actos combatidos, sería ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia, y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica en el primer caso, que el acto reclamado sea cierto; y en el segundo, que además de ser cierto, el juicio de garantías sea procedente. En este contexto, es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, toda vez que al rendir su informe justificado (foja 26), aceptó su existencia; lo cual se encuentra corroborado con las constancias que integran el expediente laboral D-189/1991, remitido como apoyo. CUARTO. Procedencia de la demanda. Previo el estudio del fondo del asunto, procede analizar si contra el acto cuya existencia ha quedado determinada se actualiza la causa de improcencia invocada por alguna de las partes, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, el tercero interesado Instituto Mexicano del Seguro Social aduce que se actualiza el motivo de inejercitabilidad previsto en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, en razón a que la quejosa consintió el acto reclamado. Lo anterior, aduce el instituto tercero interesado, ya que los conceptos de violación que aduce la quejosa son los mismos que hizo valer al promover el juicio de amparo indirecto contra la interlocutoria de veintitrés de febrero de dos mil quince, el cual fue radicado en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado con el número 411/2015, y resuelto mediante sentencia de ocho de septiembre de dos mil quince que decretó el sobreseimiento; fallo que causó ejecutoria el veintiocho siguiente. Por lo que, continua argumentando, si aquél juicio de amparo fue sobreseído y la quejosa no interpuso recurso alguno en contra de tal determinación, al tener la demanda que dio origen a este asunto los mismos conceptos de violación que los asentados en la demanda que motivó aquel, aduce que la peticionaria del amparo consintió la resolución interlocutoria de veintitrés de febrero de dos mi quince. La causal de improcedencia invocada es infundada. Lo anterior, considerando que el acto reclamado en el presente juicio es distinto al reclamado en el diverso amparo indirecto 411/2015 del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado. Además, de que la interlocutoria de nueve de septiembre de dos mil quince que resolvió el incidente de liquidación tramitado en el juicio laboral D-189/1991, fue emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada por este propio juzgado dentro del juicio 398/2015, en la que se otorgó la protección constitucional ante un vicio formal detectado en la resolución, específicamente una incongruencia entre dos razonamientos , y se dejó en libertad de jurisdicción a la responsable para que subsanara tal deficiencia, esto es, para que decidiera cual de esos dos razonamientos discordantes debía prevalecer. Luego, que si la resolución aquí reclamada fue emitida en cumplimiento a una ejecutoria de amparo en la cual se dejó en libertad de jurisdicción a la responsable, y constituye una diversa a la reclamada en el juicio 411/2015; es inconcuso lo infundado de la causal de improcedencia invocada, en tanto que resulta procedente un nuevo juicio de amparo indirectos sólo respecto de los puntos objeto de la litis del procedimiento natural que motivaron la concesión constitucional para que se resuelva con libertad de jurisdicción. Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia siguiente: AMPARO DIRECTO. NO ES MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA, QUE EL ACTO RECLAMADO HAYA SIDO EMITIDO EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DICTADA EN UN DIVERSO JUICIO DE GARANTÍAS, EN LA CUAL SE OTORGÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL SOLICITADA PARA EFECTOS. No constituye un motivo manifiesto de improcedencia que justifique desechar de plano una demanda de amparo directo que el acto reclamado haya sido dictado en cumplimiento de una ejecutoria emitida en un diverso juicio de garantías, en la cual se otorgó la protección constitucional solicitada para determinados efectos, pues en el caso resulta necesario no sólo recurrir al estudio de la demanda y sus anexos, sino también realizar un examen exhaustivo para precisar los siguientes elementos: a) Los efectos para los que se otorgó el amparo en la sentencia de garantías; b) La sentencia, laudo o resolución que puso fin al juicio, dictada en cumplimiento de la sentencia de amparo de mérito; y, c) Los conceptos de violación; en tanto que resulta procedente un nuevo juicio de amparo directo respecto de los puntos objeto de la litis del juicio natural que motivaron la concesión constitucional para que se resuelva con libertad de jurisdicción, esto es, por tratarse de actos nuevos de la autoridad responsable, por lo que, en su caso, debe realizarse el estudio de fondo sobre esos puntos litigiosos. [Época: Novena Época, Registro: 174943,Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Junio de 2006, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 83/2006, Página: 210] Al no haber hecho valer las partes diversa causa de improcedencia ni de oficio este órgano de control constitucional advertir que se actualice alguna, procede entrar al estudio del asunto planteado, sin que resulte necesario transcribir los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa. QUINTO. Examen de la cuestión de constitucionalidad propuesta en el amparo. Los conceptos de violación deben desestimarse, por las razones que a continuación se exponen. La peticionaria del amparo aduce que la responsable al emitir la resolución reclamada vulneró sus derechos fundamentales por lo siguiente: 1. Que al resolver el incidente de liquidación no tomó en consideración las constancias y actuaciones, y fundadamente las pruebas que ofreció, pues no obstante que dicha responsable sintetizó lo manifestado por las partes, hizo una indebida apreciación de las pruebas y de los dictámenes ofrecidos e, incluso, realizó una transcripción de los resolutivos segundo y cuarto del laudo de veintisiete de abril de dos mil; pero no advirtió que no se consideraron ni las asignaciones familiares, ni el 25% más por negligencia por daños y perjuicios. 2. Que la prueba consistente en la "constancia de certificación de derechos", emitida y ofrecida por el codemandado Instituto Mexicano del Seguro Social en copia simple, si bien es cierto que no se perfeccionó, la responsable manifestó lo siguiente: "en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el principal 565/2014, debe decirse que dicha hoja de certificación de derechos tiene valor probatorio aunque no haya sido ratificada ante la autoridad laboral, siendo aplicable al caso la tesis de jurisprudencia ".."; por lo que, dicha certificación tiene pleno valor probatorio; sin embargo, la responsable de ningún modo la considera integrantemente, ni la concatena o relaciona con los dictámenes ofrecidos, tanto como de la parte actora como de la demandada IMSS. 3. Que la responsable se dice convencida del dictamen emitido por el perito de la codemandada IMSS quien por su parte en ningún momento tomó en cuenta los elementos contenidos en la certificación de derechos, la cual es un elemento indispensable para la emisión de los dictámenes, ni tampoco tomó en consideración la condena establecida en el resolutivo cuarto del laudo segunda resolución del veintisiete de abril del dos mil, en lo relativo a las asignaciones familiares y a la cuantificación del 25 % por negligencia y daños, pues en ninguna parte de su dictamen hace alusión a ellos ni mucho menos los cuantifica. Con lo cual se demuestra la falta de valoración y de estudio de su parte, al decir que el dictamen del perito del IMSS es el que mayor convicción le crea y que por tanto se tiene por cierta la cuantificación hecha, empero la falta de valoración y aplicación de esta documental, por parte de la responsable es notoria, al no haber percibido esta grave omisión además de otras también graves que en el mismo existen. 4. Por ejemplo, la "Constancia de certificación de derechos", como bien lo establece la jurisprudencia relativa y transcrita por la Junta de conocimiento es un documento oficial de control e información legal con pleno valor probatorio, expedido por el propio instituto en su calidad de autoridad dentro de su esfera jurídico-administrativa, para la determinación de las semanas que un derechohabiente ha cotizado y para establecer con otros datos que en ella se consignan, el derecho a percibir las prestaciones en especie o en dinero que el Instituto está obligado a proporcionar; sin embargo, el perito del IMSS no lo toma en consideración. 5. Que dichas deficiencias e incongruencias del dictamen del perito del demandado Instituto Mexicano del Seguro Social, consistió, entre otras, en la fecha que dicho perito señaló como inicio de su estado de invalidez -31 de julio de 1991-; lo cual es falso, ya que en la constancia de certificación de derechos aparece como tal el 12 de julio de 1991, de conformidad con el artículo 134 de la Ley del Seguro Social. Así también, la responsable no advierte que al perito del referido demandado, sólo le sirvió la señalada constancia de certificación de derechos para decir que es un documento que sirve para certificar que el asegurado cumple con el tiempo de espera, cuando tal responsable considera que dicha constancia tiene valor probatorio aunque no haya sido ratificado ante la autoridad laboral. De igual manera, el perito de que se trata modificó el salario promedio que establece la referida Constancia de Certificación de Derechos, sin fundarla ni motivarla conforme a derecho. Así también, el experto aplicó el grupo salarial "W" que corresponde a salarios mayores a $280.00 con una cuantía básica anual del 35% y un incremento anual a la cuantía de 1.25 %, lo cual es totalmente incongruente y afecta de manera negativa y grave los resultados de su dictamen; antes de realizar los cálculos de la pensión el perito del codemandado enuncia ".Para efectos de determinar la cuantía básica anual de la pensión y sus incrementos se considera como salario diario al promedio correspondiente a las últimas doscientas cincuenta semanadas de cotización.." pero no utiliza el salario promedio acreditado en la certificación de derechos de $42.63 ni tampoco demuestra, de manera fehaciente cómo obtuvo el salario promedio que utilizó. Al realizar los cálculo con los datos que menciona en su dictamen el perito del codemandado causa desde un principio un daño económico muy importante y que no percibe la responsable ya que disminuye el monto de la cuantía básica y de igual manera, disminuye de manera importante el monto de la pensión mensual; en el cálculo de las asignaciones familiares también incurre en omisiones y perjuicios ya que ignora y no toma en cuenta a los beneficiarios registrados y acreditados en la certificación de derechos; esto es, hace caso omiso del otorgamiento de las asignaciones familiares establecidas en el artículo 164, fracción II, de la Ley del Seguro Social; que en la parte relativa a la concentración de cálculos ratifica las inconsistencias que se han detallado, pues en el cuadro de incremento de semanas indebidamente registra 558 semanas reconocidas, sin decir ni demostrar de una manera fehaciente en donde las obtuvo, porque en la certificación de derechos se acredita que la actora tiene 580 semanas reconocidas; así también indica que la actora tiene una mejora de 58 semanas, siendo que en la referida certificación acredita que son 80 semanas, asimismo dicho perito indica que le corresponde un incremento, cuando en la certificación determina que por las 80 semanas excedentes corresponde dos incrementos; que dicho perito indebidamente dice que el salario promedio es de 42,72 cuando en la certificación se acreditó 42.63, así también no da explicación de donde obtuvo el salario mínimo del D.F. de 11.9 y un grupo salario mínimo de 3.58%; que el perito en la obtención de la cuantía base de la pensión cita la aplicación del artículo 167 de la Ley de 1973, siendo que la que corresponde es la vigente en 1991, asimismo utiliza el porcentaje del 35% que en la tabla del artículo 167 aplicable corresponde al grupo salarial "W" aplicable para salarios mayores a $280.00, así como en cuanto al incremento anual a la cuantía aplica el porcentaje del 1.25% también del grupo "W", cuando se debió aplicar el grupo "M" como expresamente lo establece el indicado precepto legal. Por último, en ninguna parte del referido dictamen del perito del IMSS aparece cálculo alguno respecto al 25 % por negligencia y en donde se le dé cumplimiento al contenido del resolutivo cuarto del laudo segunda resolución de veintisiete de abril de dos mil. Previamente a analizar los conceptos de violación, para mejor comprensión del presente asunto se estima conveniente precisar los siguientes antecedentes del acto reclamado: I. Mediante auto de doce de agosto de mil novecientos noventa y uno, los integrantes de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, tuvieron por recibido el escrito de demanda de María Magdalena Saavedra Santa Anna, en contra de la Comisión Federal de Electricidad e Instituto Mexicano del Seguro Social, ordenaron tramitar el juicio laboral con el número D-189/1991, y señalaron fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas (foja 171 del segundo legajo glosado al cuaderno de pruebas). II. Seguido el procedimiento en su trámite, el doce de abril de mil novecientos noventa y nueve, los integrantes de la Junta responsable emitieron el laudo correspondiente (fojas 905 a 915 ibídem), en el cual en lo que interesa determinaron lo siguiente: "(.) SEGUNDO.- Se absuelve a la empresa Comisión Federal de Electricidad del otorgamiento de la Jubilación y sus incrementos en términos de la cláusula 60 del contrato colectivo de trabajo, de lo reclamado en los incisos c) d) e) f) k) l) m) ñ) s), del pago de descansos obligatorios g), del pago del seguro de retiro y el Fondo Nacional de la Vivienda. TERCERO.- Se condena a la empresa Comisión Federal de Electricidad a lo reclamado en el inciso n) establecido en la cláusula 78, al inciso LI) del pago de 30 días de salario por concepto de compensación y al pago de prima de antigüedad, por la cantidad total de $43´438,382.00 en su equivalente actual $43,438.38 (CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 38/100). CUARTO.- Se absuelve al Instituto Mexicano del Seguro Social del otorgamiento de una pensión definitiva, de la asignación familiar y sus incrementos y de prestaciones médicas, hospitalarias, quirúrgica, farmacéuticas, económicas y sociales, de lo reclamado en los incisos h) i) j) o) p) q) r) rr) y del pago de daños y perjuicios por la cantidad de $1,074,523,816.80. (.)." III. Inconforme con esta determinación la actora María Magdalena Saavedra Santa Anna, promovió juicio de amparo directo, el que por razón de turno correspondió conocer al entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, bajo el número 384/1999; juicio en el que mediante sentencia emitida el veintinueve de marzo de dos mil, los magistrados integrantes de dicho tribunal concedieron el amparo solicitado para efecto de que se dejara insubsistente el laudo reclamado y se emitiera otro siguiendo los lineamientos ahí establecidos (fojas 920 a 947 ibídem). IV. En cumplimiento a dicha sentencia, la Junta responsable emitió laudo en segunda resolución el veintisiete de abril de dos mil (fojas 956 a 960 ibídem), en donde en lo que interesa resolvió lo siguiente: "(.) CUARTO.- Se condena al INSTITUTO DEMANDADO al otorgamiento de pensión definitiva por invalidez y sus asignaciones familiares e incrementos lo que se determinará en incidente de liquidación en el que también se cuantificará la condena del 25% más por negligencia y daños y perjuicios conforme a la cláusula 10 del contrato colectivo de trabajo, asimismo se condena a otorgar prestaciones médicas, hospitalarias, quirúrgica, farmacéuticas, económicas y sociales. QUINTO.- Se absuelve al INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL del pago de daños y perjuicios por la cantidad de $1,074,523,816.80. (.)." V. Mediante escrito de ocho de marzo de dos mil cinco, María Magdalena Saavedra Santa Anna, promovió incidente de liquidación para dar cumplimiento al laudo emitido el veintisiete de abril de dos mil (fojas 1392 a 1397 del segundo legajo glosado al cuaderno de pruebas); el cual fue admitido por auto de dieciséis de marzo siguiente (foja 1407 ibídem). VI. Luego, el diecinueve de marzo de dos mil catorce (fojas 221 a 222 del último legajo glosado al cuaderno de pruebas), la Junta del conocimiento emitió laudo incidental de liquidación, en los siguientes términos: ".Oaxaca de Juárez, Oaxaca a diecinueve de marzo de dos mil catorce.- - - VISTOS. (.)- - - RESULTANDO (.) - - - CONSIDERANDO: - - - I.- Esta Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, es competente para conocer y resolver del Incidente de Liquidación planteado, de conformidad con el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo.- - - II.- Esta con fecha 27 de abril del 2000, dictó laudo en segunda resolución y en el resolutivo segundo se estableció lo siguiente: "Se condena a la empresa demandada Comisión Federal de Electricidad al otorgamiento de la jubilación de la trabajadora, prima de antigüedad, ayuda para despensa, previsión social, de lo reclamado en el inciso n) y ll) por la cantidad total de $256,278.32 equivalente actual, además de los incrementos y aguinaldos que se cuantificara (sic) en el Incidente de Liquidación y al otorgamiento de suministro de energía eléctrica.- Asimismo en el resolutivo cuarto se estableció lo siguiente: Se condena al Instituto Mexicano del Seguro Social, al otorgamiento de pensión definitiva por invalidez y sus asignaciones familiares e incrementos lo que se determinará en incidente de Liquidación en el que también se cuantificará la condena del 25% más por negligencia y daños y perjuicios conforme a la cláusula 10 del Contrato Colectivo de Trabajo, asimismo se condena a otorgar prestaciones médicas, hospitalarias, quirúrgicas, farmacéuticas, económicas y sociales.- Ahora bien, tomando en cuenta que los incidentes de liquidación, sus alcances los establece el laudo, ahora bien la carga de la prueba le corresponde a las demandadas, y debe decirse que Comisión Federal de Electricidad, ofreció las documentales que obran a fojas 1429 a 1434, mismas con las cuales no acredita los extremos de dicho Incidente, asimismo el Instituto Mexicano del Seguro Social, ofreció las documentales que obran a fojas 1452 y 1453 de autos, las cuales son copias simples y no merecen valor probatorio alguno, por consiguiente debe decirse que las partes ofrecieron la pericial contable de la parte actora a cargo del C. Contador Público ISIDRO CUELLAR LÁZARO quien dictaminó de la foja 106 a 125 de autos, Comisión Federal de Electricidad, la pericial contable a cargo del C. JUAN MANUEL CRUZ GARCÍA, quien dictaminó de la foja 144 a 146 de autos y el IMSS, a cargo del Contador Público MARTÍN SANTIAGO GUERRERO quien dictaminó de la foja 158 a 162 de autos, ahora bien, debe decirse que de acuerdo a las facultades que tiene esta Junta deben analizarse fehacientemente los dictámenes emitidos para determinar cual crea mayor convicción, por lo que respecta al dictamen del perito de Comisión Federal de Electricidad, este carece de valor probatorio, toda vez que únicamente se concretó a establecer el incremento de cada año, la condena pensión, las diferencias y el total que se adeuda sin fundar ni motivar debidamente su dictamen y además no contesto (sic) interrogatorio establecido, por lo que respecta al dictamen del perito del IMSS, este tampoco merece valor probatorio toda vez que únicamente se concretó a establecer lo que disponen diversos artículos de la Ley del Seguro Social, de hacer un cálculo de la pensión correspondiente, sin fundar debidamente su dictamen ni tampoco contestar los interrogatorios correspondientes y por el contrario el perito de la parte actora, primeramente debe decirse que contesto (sic) el interrogatorio, estableció el objeto de su dictamen, tomo (sic) en cuenta el salario establecido en el laudo correspondiente hizo sus cálculos de acuerdo a los incrementos habidos del 11 de noviembre de 1991 al primero de febrero de 2005, por lo que respecta a lo reclamado al IMSS y en relación a lo reclamado a la Comisión Federal de Electricidad se estableció lo determinado en el laudo, estableció que es jubilación, determinó la pensión jubilatoria diaria y de ahí los incrementos del 8 de febrero de 1991 al primero de mayo del 2005 y determinó el importe de energía eléctrica pagado por la actora de febrero de 1991 a octubre del 2005, así como hizo una deducción de los pagos realizados a la parte actora, por consiguiente, por lo que respecta a la Comisión Federal de Electricidad, de acuerdo al dictamen pericial emitido por lo que respecta a incrementos a la jubilación otorgada a la actora y pago de aguinaldos y otorgamiento de energía eléctrica, del 8 de febrero de 1991 al primero de mayo del 2005, se condena a Comisión Federal de Electricidad a pagarle a la actora por estas prestaciones la cantidad de $2.043,702.03 y por lo que respecta al Instituto Mexicano del Seguro Social, correspondiente a pensión de invalidez y asignaciones familiares e incrementos, más 25% de negligencia y daños por un periodo comprendido del 12 de julio de 1991 al 31 de mayo del 2005, a pagarle a la actora por las prestaciones antes mencionadas la cantidad total de $442,466.03.- - - Por lo expuesto y con fundamento en la fracción XX del artículo 123 de la Constitución Federal y 841, 842 y 8436 de la Ley Federal del Trabajo, se: - - - RESUELVE: - - - PRIMERO.- Se condena a Comisión Federal de Electricidad a pagar a la actora por concepto de jubilación e incrementos y energía eléctrica del 8 de febrero de 1991 al primero de mayo del 2005 la cantidad total de $2,043.701.03 (DOS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS UN PESOS 03/100 M.N.) salvo error u omisión aritmética involuntaria, independientemente de las prestaciones antes mencionadas que se sigan generando.- - - SEGUNDO.- Se condena al Instituto Mexicano del Seguro Social, al pago de pensión de invalidez, asignaciones familiares e incrementos del 12 de julio de 1991 al 31 de mayo del 2005, por la cantidad total $445,466.03 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N.). - - - (.)" VII. Inconforme con dicha determinación, el demandado Instituto Mexicano del Seguro Social promovió juicio de amparo indirecto, del que correspondió conocer al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, bajo el número de expediente 565/2014; quien al resolverlo el nueve de julio de dos mil catorce, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la responsable dejara insubsistente la interlocutoria de liquidación de diecinueve de marzo de ese año, emitiera otra, en la que reparara las violaciones formales ahí advertidas , y resolviera lo que conforme a derecho procediera, todo ello, con libertad de jurisdicción (fojas 246 a 251 ibídem). VIII. En cumplimiento a lo anterior, la Junta responsable por resolución dictada el siete de agosto de dos mil catorce (fojas 242 a 244 ibídem), dejó sin efecto la interlocutoria dictada el diecinueve de marzo anterior, y emitió otra en la que estableció lo siguiente: a) Trascribió los resolutivos segundo y cuarto del laudo de veintisiete de abril de dos mil; precisó las condenas en contra de la demandada Comisión Federal de Electricidad (importe o cantidad); y la impuesta al codemandado Instituto Mexicano del Seguro Social (pensión definitiva por invalidez y prestaciones involucradas, no cuantificada); b) Estableció que la carga de la prueba correspondía al demandado y codemandado, con fundamento en el artículo 784, fracción XII de la Ley Federal del Trabajo; c) Restó valor probatorio a las documentales exhibidas por la demandada Comisión Federal de Electricidad; d) Otorgó valor indiciario a la hoja de certificación de derechos exhibida por el Instituto codemandado con apoyo en la jurisprudencia del rubro: "SEGURO SOCIAL. LA HOJA DE CERTIFICACIÓN DE DERECHOS TIENE PLENO VALOR PROBATORIO, AUNQUE NO HAYA SIDO RATIFICADA ANTE LA AUTORIDAD LABORAL, POR LA PERSONA QUE LA EXPIDIÓ"; e) Concedió valor probatorio suficiente al dictamen en materia contable del perito propuesto por la parte actora; f) Restó valor probatorio al dictamen en materia contable del perito propuesto por la demandada Comisión Federal de Electricidad; g) Restó valor probatorio al dictamen en materia contable del perito propuesto por el codemandado Instituto Mexicano del Seguro Social; y al diverso dictamen del perito tercero en discordia, y h) Determinó los importes o cantidades de las condenas cuantificadas en contra de la demandada y codemandado, con apoyo en la opinión del experto propuesto por la actora. IX. Inconforme con dicha determinación, el demandado Instituto Mexicano del Seguro Social nuevamente promovió juicio de amparo indirecto, del que correspondió conocer al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, bajo el número de expediente 1332/2014; quien al resolverlo el veintitrés de enero de dos mil quince, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la responsable dejara insubsistente la interlocutoria de liquidación de siete de agosto de dos mil catorce, y emitiera otra en la que, por una parte, dejara subsistente la condena en contra de la demandada Comisión Federal de Electricidad, que no fue materia de estudio en ese juicio de amparo, y en otra, con libertad de jurisdicción y mediante el estudio profundo, acucioso, lógico y objetivo del problema planteado en los dictámenes de los peritos propuestos por la actora y codemandado Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto de reconocerles o no la confiabilidad y credibilidad que merecen al respecto, que le permitieran sostener o no una afirmación indudable sobre los hechos analizados en esas periciales, además de manera fundada y motivada, les otorgara valor probatorio o los desestimara, previa verificación de los hechos, fundamentos y motivos que considerara para conceder o negar eficacia a un dictamen pericial y arribar a la valoración jurídica del hecho que con el dictamen se pretende demostrar, todo ello con base en las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica propias del razonamiento del juzgador; y en lo demás, dictara la resolución que conforme a derecho procediera, sobre lo cual no se prejuzgó (fojas 259 a 264 ibídem). X. En cumplimiento a lo anterior, la Junta responsable por resolución dictada el veintitrés de febrero de dos mil quince (fojas 265 a 268 ibídem), dejó sin efecto la interlocutoria dictada el siete de agosto de dos mil catorce, y emitió otra en la que estableció lo siguiente: a) Trascribió los resolutivos segundo y cuarto del laudo de veintisiete de abril de dos mil; precisó las condenas en contra de la demandada Comisión Federal de Electricidad (importe o cantidad); y la impuesta al codemandado Instituto Mexicano del Seguro Social (pensión definitiva por invalidez y prestaciones involucradas, no cuantificada); b) Estableció que la carga de la prueba correspondía al demandado y codemandado, con fundamento en el artículo 784, fracción XII de la Ley Federal del Trabajo; c) Analizó los dictámenes de los peritos propuestos por la actora y codemandado Instituto Mexicano del Seguro Social; d) Determinó que el dictamen del perito del Instituto Mexicano del Seguro Social, fue emitido en términos de los artículos 821, 822, 823, 825 y 826 de la Ley Federal del Trabajo; por lo que estimó que es el dictamen que mayor convicción le crea, y por tanto, debía tenerse por cierta la cuantificación hecha por el citado perito, y e) Con base en ello, condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social a pagar a la parte actora por concepto de pensión de invalidez, asignaciones familiares e incrementos, más 25% de negligencia y daños, por un periodo del 12 de julio de 1991 al 31 de mayo del 2005, la cantidad de $402,272.45 pesos (cuatrocientos dos mil doscientos setenta y dos pesos 45/100); independientemente de las cantidades que se sigan generando. XI. Inconforme con dicha determinación, el demandado Instituto Mexicano del Seguro Social nuevamente promovió juicio de amparo indirecto, del que correspondió conocer a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, bajo el número de expediente 398/2015; quien al resolverlo el doce de agosto de dos mil quince, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. En dicha sentencia, se detectó una incongruencia en la cuantificación de la condena liquidada en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que por una parte había determinado darle valor probatorio pleno al dictamen en contabilidad elaborado por el perito propuesto por tal demandada, en demerito de los restantes, dando por cierta la cuantificación hecha en tal dictamen que ascendía a l $402,272.45 pesos (cuatrocientos dos mil doscientos setenta y dos pesos 45/100), por lo que liquidó el laudo en esa misma cantidad, precisando que correspondía al periodo del doce de julio de mil novecientos noventa y uno, al treinta y uno de mayo de dos mil cinco; pero sin embargo, en el mencionado dictamen pericial, el perito estableció que la cuantificación alcanzada, esto es la de $402,272.45 pesos (cuatrocientos dos mil doscientos setenta y dos pesos 45/100), correspondía al periodo del doce de julio de mil novecientos noventa y uno, al treinta de noviembre de dos mil nueve. En consecuencia, se determinó conceder el amparo para el efecto de que la responsable dejara insubsistente la resolución incidental de liquidación de veintitrés de febrero de dos mil quince, y emitiera otra en la que con "plenitud de jurisdicción" reparara la violación formal advertida en tal sentencia. Esto es, reiterando lo que no fue materia de la concesión de amparo, reparara la incongruencia detectada. XII. En cumplimiento a lo anterior, la Junta responsable por resolución dictada el nueve de septiembre de dos mil quince, dejó sin efecto la interlocutoria dictada el veintitrés de febrero de dos mil quince, y emitió otra en la que estableció lo siguiente: a) Trascribió los resolutivos segundo y cuarto del laudo de veintisiete de abril de dos mil; precisó las condenas en contra de la demandada Comisión Federal de Electricidad (importe o cantidad); y la impuesta al codemandado Instituto Mexicano del Seguro Social (pensión definitiva por invalidez y prestaciones involucradas, no cuantificada); b) Estableció que la carga de la prueba correspondía a las demandadas, con fundamento en el artículo 784, fracción XII de la Ley Federal del Trabajo; c) Analizó los dictámenes de los peritos propuestos por la actora y codemandado Instituto Mexicano del Seguro Social; d) Determinó que el dictamen del perito del Instituto Mexicano del Seguro Social, fue emitido en términos de los artículos 821, 822, 823, 825 y 826 de la Ley Federal del Trabajo; por lo que estimó que es el dictamen que mayor convicción le generaba, y por tanto, debía tenerse por cierta la cuantificación hecha por el citado perito; pues tal autoridad señaló previamente que si bien el perito de la parte actora en su dictamen contestó el interrogatorio correspondiente, emitió los cálculos respecto a los montos de la pensión, estableció los medios que se valió para llegar a la conclusión de su dictamen, y sus conclusiones respecto a la pensión que deba otorgar al IMSS a dicha parte actora, manifestando que se aplicó el artículo 167 de la Ley del Seguro Social vigente en la fecha de declaración de invalidez de la actora y estableció el promedio de cotización con la que se cuantificó haciendo el cálculo correspondiente que acreditó tener los conocimientos de contaduría pública como ya se estableció que exhibió cédula profesional, también resultaba cierto que no estableció de manera fehaciente cómo se obtuvo el salario promedio de cotización, y por lo que respecta al dictamen del perito del IMSS acreditó tener los conocimientos en la materia al haber exhibido cédula profesional como contador público, estableció los fundamentos legales para el otorgamiento de la pensión de invalidez, establecidos en la Ley del Seguro Social, estableció los elementos que se consideraran para determinar la pensión de invalidez, hizo ver la tabla establecida en el artículo 167 de la Ley del Seguro Social vigente en la fecha del otorgamiento de la pensión, hizo el cálculo de la pensión estableciendo la cuantía básica, la cuantía número de incrementos, contestó el cuestionario de la parte actora y emitió sus conclusiones. Luego, la Junta responsable también precisó que el dictamen emitido por el perito del IMSS, que dio como resultado la cantidad de $402,272.45, correspondía al periodo del doce de julio de mil novecientos noventa y uno al treinta de noviembre de dos mil nueve. e) Con base en ello, condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social a pagar a la parte actora por concepto de pensión de invalidez, asignaciones familiares e incrementos del 12 de julio de 1991 al 30 de noviembre del 2009, la cantidad de $402,272.45 pesos (cuatrocientos dos mil doscientos setenta y dos pesos 45/100); independientemente de las cantidades que se sigan generando. Determinación que constituye en esta instancia el acto reclamado. Precisado lo anterior, a juicio de este resolutor los conceptos de violación contenidos en la demanda, y que han sido sintetizados en el proemio de este considerando, son inoperantes. Lo anterior, al tomar en consideración que la resolución que ahora se combate fue emitida en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo 398/2015, del índice de este propio juzgado, promovido por el tercero interesado Instituto Mexicano del Seguro Social. En la sentencia que se emitió en dicho asunto, se concedió "para efectos", ante la violación formal que consistió en: (.) Ahora, a fin de evidenciar la violación formal de referencia, es de indicarse que la Junta responsable al resolver el incidente de liquidación de que se trata, analizó los dictámenes de los peritos propuestos por la parte actora y codemandado Instituto Mexicano del Seguro Social, enseguida con base en dicho análisis determinó que el dictamen del perito del citado Instituto había sido emitido en términos de los artículos 821, 822, 823, 825 y 826 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que era el dictamen que mayor convicción le creaba, y por tanto, debía tenerse por cierta la cuantificación hecha por el citado perito; luego, con base en el dictamen aludido, condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social a pagar a la parte actora la cantidad de $402,272.45 pesos (cuatrocientos dos mil doscientos setenta y dos pesos 45/100), por concepto de pensión de invalidez, asignaciones familiares e incrementos, más 25% de negligencia y daños, por un periodo del doce de julio de mil novecientos noventa y uno al treinta y uno de mayo de dos mil cinco. Sin embargo, de las constancias de autos se advierte, como lo aduce el inconforme, que el citado dictamen emitido por el perito Martín Santiago Guerrero, que dio como resultado la cantidad arriba apuntada, corresponde al periodo del doce de julio de mil novecientos noventa y uno al treinta de noviembre de dos mil nueve, y no únicamente al periodo comprendido del doce de julio de mil novecientos noventa y uno al treinta y uno de mayo de dos mil cinco que indica la Junta responsable (fojas 158 a 162 del tercer legajo glosado al cuaderno de pruebas), Lo expuesto permite advertir que la resolución reclamada transgrede en perjuicio del quejoso los principios de congruencia y exhaustividad, en la parte que condena al Instituto Mexicano del Seguro Social, a pagar a la parte actora la cantidad de $402,272.45 pesos (cuatrocientos dos mil doscientos setenta y dos pesos 45/100), por concepto de pensión de invalidez, asignaciones familiares e incrementos, más 25% de negligencia y daños, por un periodo del doce de julio de mil novecientos noventa y uno al treinta y uno de mayo de dos mil cinco; pues, por una parte otorga valor probatorio al dictamen emitido por el perito designado por el codemandado Instituto Mexicano del Seguro Social (que abarca el periodo comprendido del doce de julio de mil novecientos noventa y uno al treinta y uno de mayo de dos mil cinco) y con base en este ordena la condena que el citado Instituto debe pagar a la parte actora por los conceptos señalado, y por otra, determina que dicho monto corresponde al periodo comprendido del doce de julio de mil novecientos noventa y uno al treinta y uno de mayo de dos mil cinco; sin que se adviertan las razones suficientes que justifiquen que el citado dictamen únicamente corresponde al periodo señalado, y no como se establece en la citada probanza del doce de julio de mil novecientos noventa y uno al treinta de noviembre de dos mil nueve. Por ende, resulta inconcuso que dicha determinación causa estado de indefensión al Instituto quejoso, vulnerando en su perjuicio los artículos 14 y 16 Constitucionales, así como los numerales 841, 842 y 843 de la Ley Federal del Trabajo, al no satisfacer los principios de congruencia y exhaustividad que debe contener toda resolución jurisdiccional. (.) De lo expuesto, se aprecia que si bien el fallo protector otorgó libertad de jurisdicción a la responsable, también es verdad que ello sólo fue para purgar el vicio formal detectado, esto es, para que subsanara la incongruencia entre el periodo que abarcaba la condena liquida, determinado en la resolución y el determinado en el peritaje con base en el cual se dijo se cuantificó y al que se le otorgó valor probatorio pleno; ya que en la resolución reclamada no se advertía razonamiento alguno que justificara tal discrepancia, y que fuera susceptible de análisis en la instancia constitucional, por lo que la responsable debía reasumir su jurisdicción, pero sólo en tal aspecto. Luego, que si la resolución aquí reclamada fue emitida en cumplimiento a una ejecutoria de amparo en la cual se dejó en libertad de jurisdicción a la responsable, es inconcuso que si bien resultó procedente el presente juicio de amparo indirecto, esto es sólo respecto de los puntos objeto de la litis del procedimiento natural que motivaron la concesión constitucional para que resolviera con libertad de jurisdicción. Esto es así, toda vez que la sentencia que concedió el amparo en el juicio constitucional 398/2015, sólo constriñó a la Junta responsable a reparar la violación formal con relación al periodo que comprendió el dictamen del perito del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues confirió valor probatorio a dicha experticial que abarcó el lapso de doce de julio de mil novecientos noventa y uno al treinta de noviembre de dos mil nueve; sin embargo, al condenar al demandado al pago de los conceptos señalados, lo hizo por un periodo diverso, esto es, el comprendido del doce de julio de mil novecientos noventa y uno al treinta y uno de mayo de dos mil cinco, sin exponer razonamiento que justificara tal discrepancia entre la fuente (dictamen) y el resultado (resolución). En cumplimiento a lo anterior, la Junta responsable emitió la resolución de nueve de septiembre de dos mil quince, que ahora constituye el acto reclamado, en la que subsanó la violación formal advertida, estableciendo identidad entre el periodo determinado de liquidación de la condena en el peritaje del perito de la parte demandada y el periodo establecido en la resolución por el cual se liquidaba en laudo, por lo que se tuvo cumplida dicha sentencia. De ahí que, no obstante que el acto aquí reclamado fue emitido en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, al haberse otorgado la protección constitucional "para efectos", ante una deficiente fundamentación y motivación, debe admitirse la procedencia de un nuevo juicio de amparo en su contra; sin embargo, la litis constitucional en esta nueva ocación debe verse limitada en relación a los efectos para los que se otorgó el amparo anterior, ya que sólo son impugnables aquellos aspectos en los que se dejó en libertad de jurisdicción a la responsable, siendo improcedente impugnar aspectos reiteró al no haber sido materia de la concesión de amparo. En la especie, lo único que resulta factible cuestionar en este nuevo juicio de amparo, es la parte relativa en la que la autoridad responsable determinó el periodo que comprendía el pago a que fue condenado el Instituto Mexicano del Seguro Social, puesto que sólo en esa parte se le dejó plenitud de jurisdicción; por lo que si en el caso la quejosa pretende cuestionar aspectos que en dicha sentencia quedaron firmes, como es lo relativo a la valoración del dictamen del perito del demandado Instituto Mexicano del Seguro Social, sus conceptos de violación resultan inoperantes, puesto que ya no se encuentra en discusión la apreciación que haya realizado dicha Junta de las pruebas y dictámenes rendidos en el incidente de liquidación de que se trata. Además el análisis de los dictámenes que se emitieron en el incidente de liquidación de que se trata, fue materia de los juicios de amparo -565/2014, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, en el que se concedió para el efecto de que la responsable dejara insubsistente la interlocutoria de liquidación de diecinueve de marzo de dos mil catorce, emitiera otra, en la que reparara las violaciones formales ahí advertidas, esto es, para que fundara y motivara la valoración de las pruebas vinculadas a la litis de liquidación, entre otras, la pericial colegiada en materia contable, ajustándose a los principios establecidos en los numerales 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, y resolviera lo que conforme a derecho procediera; y en el juicio de amparo 1332/2014, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, en el que se ordenó dejar subsistente la condena en contra de la demandada Comisión Federal de Electricidad, que no fue materia de estudio en ese juicio de amparo, y en otra, con libertad de jurisdicción y mediante el estudio profundo, acucioso, lógico y objetivo del problema planteado en los dictámenes de los peritos propuestos por la actora y codemandado Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto de reconocerles o no la confiabilidad y credibilidad que merecen al respecto, que le permitieran sostener o no una afirmación indudable sobre los hechos analizados en esas periciales, además de manera fundada y motivada, les otorgara valor probatorio o los desestimara, previa verificación de los hechos, fundamentos y motivos que considerara para conceder o negar eficacia a un dictamen pericial y arribar a la valoración jurídica del hecho que con el dictamen se pretendía demostrar, todo ello con base en las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica propias del razonamiento del juzgador; y en lo demás, dictara la resolución que conforme a derecho procediera, sobre lo cual no se prejuzgó. Mientras que el diverso 398/2015, del que se ocupó este órgano de control constitucional, sólo constriñó a la Junta responsable a reparar la violación formal con relación a la condena dictada en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, y en específico, en lo relativo al periodo que comprendió el dictamen del perito de dicho demandado, dejando firme lo demás que abordó tal resolución incidental, entre lo que se encuentra la parte de la valoración de la prueba pericial, de la que ahora sustancialmente se duele la quejosa. Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia siguiente: AMPARO DIRECTO. NO ES MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA, QUE EL ACTO RECLAMADO HAYA SIDO EMITIDO EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DICTADA EN UN DIVERSO JUICIO DE GARANTÍAS, EN LA CUAL SE OTORGÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL SOLICITADA PARA EFECTOS. No constituye un motivo manifiesto de improcedencia que justifique desechar de plano una demanda de amparo directo que el acto reclamado haya sido dictado en cumplimiento de una ejecutoria emitida en un diverso juicio de garantías, en la cual se otorgó la protección constitucional solicitada para determinados efectos, pues en el caso resulta necesario no sólo recurrir al estudio de la demanda y sus anexos, sino también realizar un examen exhaustivo para precisar los siguientes elementos: a) Los efectos para los que se otorgó el amparo en la sentencia de garantías; b) La sentencia, laudo o resolución que puso fin al juicio, dictada en cumplimiento de la sentencia de amparo de mérito; y, c) Los conceptos de violación; en tanto que resulta procedente un nuevo juicio de amparo directo respecto de los puntos objeto de la litis del juicio natural que motivaron la concesión constitucional para que se resuelva con libertad de jurisdicción, esto es, por tratarse de actos nuevos de la autoridad responsable, por lo que, en su caso, debe realizarse el estudio de fondo sobre esos puntos litigiosos. [Época: Novena Época, Registro: 174943,Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Junio de 2006, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 83/2006, Página: 210] Consecuentemente, al haberse desestimado los conceptos de violación y no advertir queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada. Por lo expuesto y fundado, se Resuelve ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María Magdalena Saavedra Santa Anna, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, consistente en la resolución incidental de liquidación dictada el nueve de septiembre de dos mil quince, en el juicio laboral D-189/1991; por las consideraciones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lorena Carrera Martínez, que autoriza y da fe, hasta hoy veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, en que las labores del juzgado lo permitieron. Con lo que se da por terminada la audiencia. Se cierra el acta que se autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    MESA V A Visto el estado que guardan los autos, se advierte que se encuentra señalada para hoy la celebración de la audiencia constitucional, y que en proveído de veinte de octubre del año en curso, se agregaron las últimas constancias remitidas por la responsable, el cual se notificó a las partes el veintiuno siguiente; en consecuencia, con el objeto de que éstas tengan conocimiento de las constancias aludidas, con la anticipación a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día a efecto de que tenga verificativo a las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. Sirve de apoyo, la tesis I.5o.C.2 K, publicada en la página 594, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, tomo II, agosto de mil novecientos noventa y cinco, materia común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro indica: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES.".

  4. Principal

    MESA V A Agréguese para los efectos legales a que haya lugar, el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual, en atención a lo solicitado en proveído de veintitrés de octubre del año en curso, remite copia certificada de las constancias solicitadas en dicho proveído deducidas del juicio de amparo 411/2015 de su índice. NOTIFÍQUESE.

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