María Marcela Almeida Aleman
Expediente 908/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 13 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 908/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 22/02/2021
Partes del expediente
- María Marcela Almeida Aleman
- Congreso del Estado de Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Ejecutoria. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio y anexo signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad; mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo número 908/2019, así como la ejecutoria dictada dentro del amparo en revisión administrativo 154/2020-I, misma que se resolvió en los términos siguientes: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ******, contra las autoridades y los hechos precisados en esta sentencia." Integración. Agréguense al presente juicio de amparo las actuaciones originales del cuadernillo de revisión respectivo, debiéndose destruir el resto de las constancias que lo conforman. Acuse. Acúsese el recibo correspondiente al Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad. Documentos originales. No existen para su devolución. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Incidente. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. .Acuerdo General. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular, como lo establece el artículo 19, del Acuerdo invocado. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así lo acordó y firma Juan José Chávez Montes, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Incidental
Mexicali, Baja California, a veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que ha quedado firme la sentencia dictada en el juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración y destrucción. Por carecer de relevancia documental y por haberse negado la medida cautelar, el original del presente incidente de suspensión es susceptible de destrucción, de conformidad con el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mientras que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, al término de seis meses, de haberse ordenado el presente archivo, conforme con el diverso artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo general de que se trata. Certificación de carátula. Se ordena al Secretario certifique que la carátula de los expedientes original y duplicado de suspensión contienen ambos impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destrucción", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Notifíquese. Así lo acordó y firma Juan José Chávez Montes, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Escrito de ofrecimiento de pruebas. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta presentado por , autorizada de la parte quejosa; y, en atención a su contenido, se acuerda lo siguiente: Pruebas documentales. De conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, ténganse por ofrecidas las pruebas documentales que exhibe la oferente y que adjunta a su escrito de cuenta, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional respectiva. Hechos notorios. Asimismo, dígasele que, en caso de que se estime necesario, podrán invocarse como hechos notorios los criterios a que hace referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Documentales ofrecidas en términos del artículo 121 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en cuanto a las diversas pruebas documental e informe de autoridad que ofrece, las cuales sustenta en la solicitud que con fecha veintiocho de noviembre del año en curso hizo a la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), con residencia en esta ciudad, cuyo acuse de recibo exhibe, mediante el cual le solicitó a dicho Instituto copia certificada del Acuerdo , aprobado en la Séptima Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), de veintisiete de diciembre de dos mil cinco, así como todos sus anexos, por lo que su ofrecimiento lo realiza en términos del artículo 121 de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Mexicali, Baja California, a diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite el juicio de amparo ****, promovido por María Marcela Almeida Alemán, quien reclamó de las autoridades que señaló como responsables, el proceso legislativo que dio origen a los Decretos 203 y 204, mediante los cuales se expidió, respectivamente, la Ley que regula a los trabajadores a que se refiere la fracción II, apartado B, del artículo 99, de la Constitución Política del Estado de Baja California, así como la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y su inconstitucionalidad con motivo de su primer acto de aplicación. Ahora, al respecto, el artículo 26, fracción II, inciso c), de la Ley de Amparo, establece que las notificaciones en los juicios de amparo se harán por oficio al Ministerio Público de la Federación, en el caso de amparo contra normas generales. Se regulariza procedimiento. En consecuencia, dado que del auto admisorio y constancias que obran en autos, se desprende que se omitió notificar por oficio el auto admisorio de demanda al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, por tratarse el acto reclamado de normas generales; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo acorde a su numeral 2°, se ordena regularizar el procedimiento, para el efecto de que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, inciso c), de la Ley de Amparo, se gire el correspondiente oficio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por tratarse el presente asunto de un amparo contra normas generales, para efecto de lo cual se le deberá correr traslado con copia de la demanda de amparo. Diferimiento. En consecuencia, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las once horas con diez minutos del veinte de enero de dos mil veinte. Notifíquese.
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