María Magdalena Madrigal Montejano

Expediente 842/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
842/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
26/08/2021

Partes del expediente

  • María Magdalena Madrigal Montejano

Actuaciones

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE veintiséis de agosto DE DOS MIL VEINTIUNO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Mexicali, Baja California, a veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Firme desechamiento. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual puede advertirse que transcurrió término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de once de agosto de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo ; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes. Documento original. Dado que obran en autos documentos originales que fueron anexados a la demanda de amparo; en consecuencia, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, comparezca debidamente identificada ante este Juzgado Federal en días y horas hábiles, a recibir los originales de las constancias que exhibió en el presente juicio, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente; lo anterior con fundamento en el segundo párrafo del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así lo acordó y firma Rafael Antonio Quiñónez Olivares, asistido deRoberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Firme desechamiento. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual puede advertirse que transcurrió término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de once de agosto de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo ; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes. Documento original. Dado que obran en autos documentos originales que fueron anexados a la demanda de amparo; en consecuencia, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, comparezca debidamente identificada ante este Juzgado Federal en días y horas hábiles, a recibir los originales de las constancias que exhibió en el presente juicio, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente; lo anterior con fundamento en el segundo párrafo del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así lo acordó y firma Rafael Antonio Quiñónez Olivares, asistido deRoberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a once de agosto de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Y TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA ***, NO ATENDIO EL AVISO QUE FUE DEJADO EL 12 DE AGOSTO DE 2021, SE LE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO CONTENIDO EN EL MISMO Y SE LE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO QUE EN LO CONDUCENTE DICE. Mexicali, Baja California, a once de agosto de dos mil veintiuno. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por *****, contra actos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de la Ciudad de Mexicali Baja California, por conducto del Lic. Jesús Antonio Quintero Moreno Jefe de Zona Comercial 3; fórmese el expediente respectivo, y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 842/2021. Improcedencia. En principio, es importante precisar que el artículo 113, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. *****En ese contexto cabe puntualizar que, del escrito de demanda, se advierte que el quejoso, señala como actos reclamados: De lo anterior, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." De lo anterior se aprecia que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que prevé la citada ley y sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de suspenderse de acuerdo con dicha Ley. En términos generales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107 de la Ley de Amparo, en su fracción II, el juicio de amparo es procedente contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; sin embargo, para la procedencia del juicio de amparo en esas condiciones, debe siempre atenderse al principio de definitividad. Conforme a lo transcrito, para que se actualice la causal de improcedencia invocada debe de concurrir lo siguiente: a) Se trate de actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Dichos actos u omisiones deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. c) Se prevea la suspensión de los efectos de dichos actos con la interposición del recurso o medio de defensa legal, ello con independencia de que el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la ley. d) Que la ley del recurso no exija mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni mayor plazo para el otorgamiento de la suspensión provisional. e) Cuando el acto reclamado carezca totalmente de fundamentación; y cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. Luego, el texto del precepto anteriormente transcrito (61, fracción XX, de la Ley de Amparo), en virtud de que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad, ya que antes de acudir al juicio de amparo contra los actos aquí reclamados, debió promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, a través del cual es posible que se obtenga la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado. En el caso en estudio, se prevé que se debe agotar el principio de definitividad, exceptuando los casos en los que en la ley ordinaria, además cuando se exijan mayores requisitos para conceder la suspensión definitiva, cuando se establezca un plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión provisional. Excepción ésta última que no opera en el caso particular, ya que en la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, que se reformó en el decreto número 218, mediante el cual se aprobó la reforma a los artículos 49, 90, 91 y 94, de la citada ley, publicada en el periódico oficial del Estado de Baja California, el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, entrando en vigor al días siguiente de su publicación, no establece un plazo mayor que la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional. Lo que se constata al imponerse del contenido de los artículos 49 y 56, de la citada Ley local vigente, que respecto a la admisión de la demanda y solicitud de suspensión provisional, disponen: "Artículo 49. La demanda se admitirá dentro de las veinticuatro horas siguientes al de su presentación. En el mismo auto se aceptará o rechazará la intervención del tercero y se señalará fecha para que tenga verificativo la audiencia dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la admisión de la demanda." "Artículo 56. La suspensión provisional de los actos impugnados deberá resolverse por el Magistrado de la Sala en el mismo auto en que se admita la demanda, haciéndolo saber a la autoridad demandada, para su cumplimiento, si se concede." Como se aprecia de los numerales transcritos, la demanda de nulidad debe admitirse dentro de veinticuatro horas siguientes al de su presentación y sobre la suspensión provisional de los actos impugnados debe resolverse en el mismo auto en que se admita la demanda, por lo que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado cuenta con plazo de veinticuatro horas para acordar la solicitud de suspensión. Por su parte, el artículo 112 de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 112.- Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite." De la transcripción anterior se advierte que sobre la admisión de la demanda de amparo debe proveerse dentro del plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de su presentación y en igual término debe decidir sobre la suspensión del acto reclamado. Por tanto, es indiscutible que en dicho aspecto la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, establece un plazo igual que la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional de los actos reclamados. *****Por su parte, es dable precisar que, la multa que aduce la parte quejosa le fue impuesta por la autoridad señalada como responsable, no carece de fundamentación, puesto que de su texto se advierte la cita del precepto conducente previsto en la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2021; aunado a que, no se soslaya el hecho de que la parte quejosa expone que reclama la multa que le fue impuesta, sin embargo, se advierte de la documental que a su demanda adjuntó, que en sí, la misma no contiene la imposición de multa alguna en contra de la accionante constitucional, sino que en si se trata de la notificación o el que el informaron a la misma el presupuestos con folio 78035, donde se le dijo que adeuda la cantidad en el consignada y, por tal razón le fue hecha la invitación a regularizar su situación derivada del consumo de aguata potable y de los servicios de drenaje y alcantarillado, empero, de forma alguna se advierte de la documental en cita, la imposición de multa alguna como lo refiere la parte quejosa, sino que, se insiste, se trata de un presupuesto el cual realizó la autoridad señalada como responsable invitando a la parte quejosa a regular dicha situación, acercándose para ello, a las oficinas de dicha autoridad, por lo que hasta el momento no existe acto que implique violación de derechos fundamentales, razón por la cual, no es óbice en todo caso, para concluir la procedencia de su demanda de amparo, el hecho de que la promovente de trato alegue sólo violaciones directas a los preceptos constitucionales que reseña en aquella, dado que, se reitera, el acto reclamado en sí no es la imposición de una multa como lo aduce, sino solo una invitación a solucionar su situación con la autoridad señalada como responsable. Por consiguiente, al no operar alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, se afirme que, en todo caso, respecto del acto que la quejosa señala como reclamado, se actualiza el motivo de improcedencia previsto en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo; de ahí entonces que, de impugnar el mismo no debe hacerlo a través de esta vía constitucional, sino que en todo caso la parte quejosa está obligada a promover el medio ordinario de impugnación correspondiente, previo al juicio de amparo. En congruencia con todo lo anterior lo conducente en el caso es, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, desechar de plano la demanda de amparo relativa. *****Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Autorizados. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a (I) Jorge Enrique Rodríguez Merino, toda vez que se encontró registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación y a las demás personas que señala únicamente para oír y recibir notificaciones toda vez que no están registradas sus cedulas profesionales. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3°, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efectos de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. De igual forma, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Exhortación a todas las partes a continuar juicio en línea. Por otro lado, con fundamento en el artículo 22 y 28, segundo párrafo, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid19, se exhorta a todas partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", y propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente; ello, con la finalidad de mejorar la comunicación con las partes. Debiendo precisarse a la parte quejosa que, para que un expediente se pueda tramitar "en línea", resulta determinante que, con independencia de que la demanda, recurso, solicitud o promoción inicial se hubiere presentado a través del Portal de Servicios en Línea, las partes y/o sus autorizados deben solicitar expresamente el acceso al expediente electrónico para consultar, notificarse y actuar electrónicamente desde el "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación", con dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea; misma liga en donde se encuentra toda la información necesaria para que las partes puedan tener acceso al juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada (FIREL O FIEL), y pueden acceder al expediente electrónico relativo al presente asunto así como consultar todas las actuaciones llevadas a cabo en éste. Se instruye a los actuarios judiciales adscritos. Por otro lado, conforme al artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, a efecto de que una vez que lleven a cabo las notificaciones respectivas integren de inmediato y debidamente el expediente electrónico del presente juicio de amparo. Asimismo, en tanto el presente juicio no se tramite en su totalidad bajo el esquema de juicio en línea, se les instruye a los actuarios para que las notificaciones personales que en su caso sean ordenadas, las realicen con estricta observancia a lo dispuesto por la normatividad aplicable con relación a la protección de la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. En virtud de lo antes citado, por cuestiones de seguridad e higiene, con la intención de salvaguardar tanto la integridad física y salud del personal de este juzgado como de las partes que intervienen en el presente juicio, además de cortar probables cadenas de contagio del virus SARS-CoV2 que ocasiona la enfermedad denominada COVID 19, se solicita de los actuarios adscritos a este juzgado que para la práctica de notificaciones personales, en el acta de notificación respectiva, asienten que leyeron y entregaron copia de los acuerdos relativos, además deberán abstenerse de recabar las firmas relativas, lo que también deberán anotar en el acta, con la finalidad de respetar los protocolos sanitarios de sana distancia, en términos de los artículos 2 y 23 fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales Ante la Contingencia por el Virus Covid-19. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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