María Magdalena Vázquez Rivera
Expediente 1067/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1067/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 21/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- María Magdalena Vázquez Rivera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de la quejosa María Magdalena Vázquez Rivera, mediante el cual solicita copia certificada del acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase las copias que solicita y hágase entrega a las personas que menciona, previa firma que de recibido quede asentada en autos para constancia. En el entendido que la entrega de copias estará limitada a que sea posible su reproducción por el prestador de servicios de fotocopiado que se encuentra dentro de este edificio sede, virtud que en términos de lo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el horario y personal que puede acceder a este órgano jurisdiccional se encuentra limitado. De conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General citado, el acceso a las instalaciones de este juzgado deberán agendarse en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional; por lo que la entrega de copias, documentos y reproducción de constancias a través de medios electrónicos, estarán supeditadas a la fecha que el sistema permita agendar y al tiempo permitido de permanencia en el órgano jurisdiccional. Notifíquese. Así lo acordó el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido del licenciado José Leónides Miguel Santos Cortés, Secretario que autoriza y da fe
- Principal
Culiacán, Sinaloa, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron el auto de veintitrés de febrero del año en curso, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído ha causado estado; en tal virtud, agréguese a los autos el cuaderno original del incidente de suspensión. Al no existir actuación por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia que en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción. Toda vez que el duplicado del incidente es susceptible de destrucción; en consecuencia, una vez que transcurra el término de seis meses que establece el citado Acuerdo, dese nueva cuenta para acordar lo procedente; en la inteligencia de que la Secretaría deberá realizar el cómputo correspondiente para facilitar, en su oportunidad, la destrucción respectiva. En el entendido que de conformidad con las fracciones III y IV del artículo noveno, capítulo tercero del referido acuerdo, este expediente no tiene valor jurídico ni relevancia documental, por no actualizarse ninguno de los supuestos indicados en las fracciones de referencia. Notifíquese.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, once de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos sin mayor pronunciamiento el oficio enviado por el Subprocurador Fiscal del Estado, en suplencia por ausencia del Procurador Fiscal del Estado de Sinaloa, en representación del Director de Recursos Humanos dependiente del Subsecretario de Administración del Gobierno del Estado de Sinaloa, mediante el cual exhibe copia certificada; lo anterior, en virtud de que mediante proveído de veintitrés de febrero del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA DE ESTRADOS A LA ARTE QUEJOSA Culiacán, Sinaloa, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. En el caso existe causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de garantías, lo que impone sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, por las siguientes razones: Por manifiesto se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, en su caso, de los documentos que se anexen; mientras lo indudable es que se tenga certeza y plena convicción que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener convicción diversa. Al respecto es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de la siguiente lectura: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. La parte quejosa reclama las retenciones o descuentos realizados a su sueldo como trabajadora activa del Gobierno del Estado de Sinaloa, como Jefe de Oficina A. Al respecto, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, de la Ley de Amparo, esta última aplicada en sentido contrario, dado que no se está ante actos autoridad para efectos del juicio de amparo. La interpretación conjunta de ambos preceptos revela que, por regla general, el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad; del texto del segundo de esos numerales se advierte dos supuestos para determinar quién es autoridad para los efectos de juicio de amparo, a saber: 1. La que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica, o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, con independencia de la naturaleza formal de dicho sujeto. 2. Los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. A diferencia de la Ley de Amparo anterior, la vigente atribuye calidad de autoridad con independencia de la naturaleza formal del órgano o sujeto que emite el acto; es decir, el concepto de autoridad responsable quedó desvinculado de su naturaleza formal y, ahora, atiende al tipo de acto, el cual debe ser susceptible de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, de forma unilateral y obligatoria; precisa que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, cuyas funciones estén determinadas por alguna norma general. En el proceso legislativo origen a la inclusión de este concepto de autoridad para los efectos del amparo, específicamente en el Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia de Gobernación, de Estudios Legislativos, Segunda a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, en la consideración Sexta se abordó el tema de autoridad responsable y particulares en los siguientes términos: Autoridad Responsable y Particulares. Se define a la autoridad responsable como parte en el juicio de amparo en el artículo 5, fracción II del presente proyecto. Tendrá tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En la teoría tradicional de los derechos fundamentales que ha sido predominante en México, su eficacia vertical implicaba que sólo fueran oponibles ante los actos del Estado. Esto estaba en gran medida justificado en que los derechos de las personas eran concebidos como limitantes de la actuación del Estado y provenía de las primeras declaraciones de derechos que surgieron como reacción a los Estados absolutistas y que representaban el 'enemigo a vencer' por el gran poder que detentaban sus gobernantes. Este concepto de verticalidad tuvo gran apoyo doctrinal y jurisprudencial en la relación jurídica de la 'garantía individual' de suprasubordinación entre el gobernado y los órganos de autoridad, y por lo mismo la procedencia del amparo se restringió al concepto de autoridad responsable que fuere constituida con ese carácter conforme a la ley o que bien dispusiera directa o indirectamente de la fuerza pública para hacer cumplir sus resoluciones. El énfasis que se hizo en esta concepción de los derechos como una afectación del Estado en la esfera de los particulares, si bien es comprensible, también ha quedado rebasado por la realidad actual por tres razones principales. La primera es que el surgimiento de los derechos económicos, sociales y culturales ha transformado el papel del Estado frente a los gobernados de tal suerte en que ya no debe ser visto únicamente como enemigo, sino todo lo contrario, debe ser percibido como un aliado para hacer estos derechos efectivos. La tutela, respeto y protección de este tipo de derechos debe verse a través de una actividad positiva del Estado a favor de los particulares, como sucede en la educación, la vivienda, la salud, la cultura, el deporte, el medio ambiente, y en otros derechos concretamente establecidos en las normas fundamentales. La segunda, es precisamente que hoy en día, en materia de derechos humanos, la vulneración más importante de tales derechos no sólo provienen del Estado, sino que también provienen de la actuación de los particulares en ciertas circunstancias. El medio ambiente ha sido principalmente vulnerado por los actos de particulares, más que del Estado mismo; la discriminación social no solamente proviene de los agentes del Estado, sino que lamentablemente es alimentada por prácticas dentro de la sociedad y de los mismos particulares; el derecho a la intimidad, a las comunicaciones privadas y a la protección de datos personales es una responsabilidad que hoy corresponde también a los particulares garantizar. Y finalmente la tercera razón es porque la vía de protección procesal que permita prevenir o reparar violaciones de derechos humanos realizadas por particulares era prácticamente nula o de una eficacia muy limitada. En muchos casos de la jurisprudencia y doctrina jurídica en México se ha interpretado y reflejado que los destinatarios de los derechos básicos de las personas no sólo son las autoridades, sino también a los demás gobernados, y que la continuación de esta teoría tradicional nos puede conducir a la violación de los compromisos internacionales que ha asumido el Estado mexicano. En un análisis de derecho comparado se ha visto que el constitucionalismo latinoamericano cada vez abandona más la teoría tradicional o liberal de los derechos fundamentales para reconocer la plena eficacia horizontal de los derechos humanos. Países como Argentina, Venezuela, Uruguay, Chile, Perú y Bolivia admiten en lo general el amparo contra particulares, ya sea por su disposición normativa lo contempla expresamente, o que por no excluirlo en la norma constitucional se ha abierto en legislación secundaria y en interpretación jurisprudencial. En el caso de países como Costa Rica, Colombia y Guatemala, su admisión es de forma restrictiva, ya que procede el amparo contra particulares cuando actúen en ejercicio de funciones o potestades públicas, cuando actúen por ley o concesión del Estado, cuando estén en posición de poder de superioridad frente a los otros gobernados, o cuando los remedios jurisdiccionales resulten insuficientes. Estas dictaminadoras coinciden en que éste no es un cambio menor y que debe considerarse el impacto en la administración de justicia de la eficacia horizontal de los derechos humanos. Tales derechos se protegen con los mismos medios que tiene un particular para defenderse de los actos de autoridad, y por consecuencia pudiera interpretarse equivocadamente que los derechos remediables por las vías civil, penal o laboral, necesariamente deban iniciarse por la vía constitucional. Sin embargo, sí existen casos en los que deban tener este cauce procesal para obtener una protección más eficaz, más justa y por tratarse de una violación directa a este tipo de derechos. Por ello se considera que la mejor forma de plasmar este concepto en esta Ley y de explicarlo en el presente dictamen es definir el acto de autoridad y que los particulares tendrán dicha calidad cuando sus actos u omisiones sean equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos del acto de autoridad que objetivamente se define en la fracción II, y cuya potestad o función derive de una norma general y abstracta. En casos paradigmáticos sobre el tema en países como Argentina, Colombia, Perú y Bolivia, que datan desde los años 50, donde se ha verificado que ha sido posible obtener la protección constitucional contra actos de particulares. En un caso se interpretó que si bien el nacimiento del amparo y de los derechos fundamentales había sido diseñado para proteger a los particulares contra la autoridad pública, también tuvieron los constituyentes la sagacidad y prudencia de no fijar exclusivamente en los textos constitucionales que la protección de los derechos humanos sólo fuera contra ataques que provengan de la autoridad, ni que pudieran emanar de otros particulares o sus agrupaciones, ya que éstos acumulan gran poder material o económico y cuya fuerza se opone incluso a las del Estado. En otros casos donde la vía ordinaria se había considerado más adecuada para remediar una violación a estos derechos, los tribunales constitucionales estimaron que, por lo contrario, al tratarse de violaciones directas a derechos fundamentales y por los alcances sociales que se concretan en este tipo de derechos, la vía constitucional resultaba idónea y más efectiva. A pesar de que los particulares pueden tener el carácter de autoridad en el juicio de amparo cuando realicen los actos identificados en el segundo párrafo de (sic) del artículo en cuestión, esto no implica el desconocimiento de las vías ordinarias de resolución, así como el agotamiento de los elementos procesales respectivos, El reconocimiento de estos actos de autoridad dependerá del planteamiento realizado por el quejoso y la posibilidad de evaluar por parte de tribunal el acto como lesivo de su esfera de derechos fundamentales. En ningún momento se pretende que el Poder Judicial de la Federación sustituya a las autoridades ordinarias competentes para la resolución de este tipo de conflictos. Hay que tomar en cuenta que en la gran mayoría de los casos este tipo de violaciones requieren la mediación de las autoridades ordinarias, las cuales tienen que valorar inicialmente este tipo de actos. Sin embargo, siempre existirán actos que puedan llegar de manera directa al amparo cuando los particulares estén en una situación de supra-subordinación y sin medios de defensa que le permitan solventar su pretensión. De conformidad con lo anterior, para definir cuándo se está en presencia de autoridad para los efectos del juicio de amparo, debe tenerse en cuenta: 1. La existencia de un ente u organismo del Estado, independientemente de su naturaleza formal. 2. Ese ente u organismo del Estado emita u omita actos jurídicos derivados de las facultades que les confiera una norma jurídica. 3. Con el actuar u omisión se cree, modifique o extinga determinada situación jurídica en forma unilateral y obligatoria. De lo anterior deriva que la definición de autoridad para efectos de juicio de amparo que ofrece el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo sigue esencialmente las notas distintivas que se describen en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, la cual señala: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Sin embargo, la vigente Ley de Amparo en el precepto indicado resulta flexible, pues acepta la posibilidad que los actos de particulares sean considerados de autoridad cuando afecten derechos de las personas, a condición que esas funciones estén determinadas por alguna norma general. Como puede observarse del Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia de Gobernación, de Estudios Legislativos, trascrita con anterioridad, la intención del legislador (interpretación funcional mediante argumentación psicológica) es que los actos de particulares susceptibles de reclamar en amparo no son los estrictamente realizados entre particulares, sino el de su actuar vinculado con el de autoridad, específicamente cuando estén en situación de supra-subordinación, sin medios de defensa que permitan al afectado solventar su pretensión, virtud que la potestad o función de quien emite el acto derive de alguna norma general y abstracta. Así, la finalidad perseguida por el creador de la norma no fue el desconocimiento de las vías ordinarias de resolución, ni el agotamiento de los elementos procesales respectivos, cuando sean actos eminentemente entre particulares en relaciones de coordinación, pues no pretendió sustituir a las autoridades ordinarias competentes para la resolución de este tipo de conflictos. Luego, en todo caso el acto de particular lo debe colocar en plano de supra-subordinación al emanar su actuación de alguna norma general y abstracta que lo obligue realizar el acto, como si se tratara de un ente del Estado. En esa medida, los actos de particulares combatibles en amparo son los equivalentes a los de las autoridades, lo que significa que el particular realice actos alejado de su ámbito privado o particular convencional. Conclusión acorde con el significado del vocablo equivalente proporcionado por la Real Academia de la Lengua en el Diccionario de la Lengua Española, Editorial Espasa, vigésima segunda edición, España 2001: Equivalente. (Del lat. aequivalens, -entis). 1. adj. Que equivale a otra cosa. U. t. c. s. 2. adj. Geom. Dicho de una figura o de un sólido: Que tiene igual área o volumen y distinta forma que otro. En ese contexto, el vocablo equivalente consiste en la connotación que una cosa, figura o persona debe tener en igualdad de estimación, valor, potencia, eficacia, área o volumen que otra. Bajo esa perspectiva, el actuar del particular debe revestir las características de unilateral, por actuar de iniciativa propia; ser imperativo, debido a que constriñe al particular a un hacer u omisión que se le exige inexcusablemente; coercitivo, esto es, que a través de la infraestructura del Estado se someta obligatoriamente la voluntad del particular a través de medios represivos o inhibitorios para que se cumpla la decisión. En vía de consecuencia, el acto de autoridad al que en su caso debe ser equivalente el acto del particular debe ser manifestación unilateral, externa y definitiva de voluntad que exprese decisión de carácter imperativo y coercitivo como órgano autoritario del Estado, que puede producir afectación a los intereses jurídicos de los gobernados. Por tanto, los actos de particulares no pueden someterse a análisis constitucional cuando actúen en el ámbito y ejercicio de su esfera de derecho privado o en cumplimiento de un convenio particular, aun cuando se pretenda indicar que ese pacto encuentra sustento en alguna norma general, pues todo actuar que pudiera derivar de un plano de igualdad con otros particulares no tiene sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de garantías. De acuerdo con lo antes razonado, para efectos del juicio de amparo el actuar del particular ha de colocarse en plano semejante respecto al de autoridades coercitivas y que realice actos unilaterales e imperativos, por lo que la realización de actos en plano de igualdad con otros particulares, que no impliquen supra subordinación, no constituye causa para tenerles con carácter de autoridades responsables. En conclusión, el actuar del particular debe estar determinada en alguna ley que le imponga tal obligación, esto es, que no sea potestativo sino imperativo su accionar. En el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, de la Ley de Amparo, pues no se está ante actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, como enseguida se explica: En la demanda de amparo la quejosa sostiene que es trabajadora activa del Gobierno del Estado de Sinaloa, como Jefe de Oficina A. La peticionaria del amparo sostiene que los descuentos de su sueldo se realizan en forma quincenal en más del treinta por ciento de su salario, por el pago de préstamos económicos institucionales los que, asegura, desconoce; afirma que desconoce el contenido y extensión del oficio, decreto, convenio o cualquier otro medio análogo en el cual se establezca dicha medida, la cual, además en ningún momento se le dio a conocer. De lo anterior deriva que el ente en calidad de patrón equiparado realiza los descuentos cuestionados, esto es, se dan en el plano de coordinación entre empleador y empleado, inmerso en la relación laboral; esto, en la medida que se trata de actos efectuados que afectan el salario de la ahora quejosa como trabajadora activa del Gobierno del Estado, realizados por su empleador equiparado. Al respecto, en términos de los artículos 1, 2, 3, 6 y 7 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, la relación jurídica entre el Gobierno del Estado los servidores públicos que en ella trabajan es de naturaleza laboral; por tanto, se trata de patrón equiparado. Por su parte, el numeral 113 de esa legislación determina que corresponde al Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje el conocimiento y resolución de los conflictos que se susciten entre las entidades públicas y sus trabajadores, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente vinculados con ellas. Interesa que el precepto 46 de la citada codificación prevé los supuestos en que podrán hacerse descuentos al salario de los trabajadores de los entes de gobierno, entre las que destaca la prevista en la fracción IX, consistente en descuentos por obligaciones aceptadas libremente por el trabajador con motivo de préstamos o créditos otorgados por el Sindicato y con base al convenio que al efecto celebre. Bajo esas condiciones, en el caso los descuentos reclamados se dan por la relación laboral, esto es, en plano de coordinación, no se supra a subordinación, tan es así que los preceptos antes analizados prevén que los conflictos se ventilarán ante el indicado tribunal; por lo que las controversias por descuentos es la vía ordinaria la adecuada para resolverlos, lo que pone de manifiesto que, en ese aspecto, se dan en la relación patrón equiparado-trabajador. Este Órgano de Control Constitucional no desatiende que el derecho a percibir el salario es irrenunciable por disposición de los numerales 4, fracción V, y 40 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa; por tanto, también es imprescriptible. Empero, en todo caso, la afectación al salario está inmerso en la relación entre trabajador y empleados, en ese plano de coordinación. En las condiciones anotadas, no se está ante actos de autoridad para efectos del juicio de amparo; de ahí la actualización de la causa de improcedencia en estudio. Ante la configuración de la causa de improcedencia señalada, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procedente sobreseer en el juicio constitucional. Sin que se desatienda que la parte quejosa también reclama el artículo 46, fracción IX, último párrafo, de la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa; sin embargo, no debe desvincularse el estudio de la disposición impugnada del que concierne al acto de aplicación, de ahí que al ser improcedente el presente juicio de amparo contra el acto de aplicación, por ende, también es improcedente contra la norma impugnada. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 71/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 235, Tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. No es obstáculo decretar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, pues es de tal manera clara y evidente la causa de improcedencia que conducen al resultado apuntado, que aun al celebrar la audiencia, la conclusión sería igual, de manera que en atención al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 Constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el propio sentido. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional para las nueve horas con veinticinco minutos del quince de marzo del año en curso. En tales condiciones, es innecesario llamar a juicio como terceros interesados a las empresas en cuyo favor se hacen los descuentos al salario del quejoso a fin de satisfacer los créditos concedidos. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las notaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, ante José Leónides Miguel Santos Cortés, Secretario que autoriza y da fe.
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