María Magdalena Quiñónez Lora

Expediente 712/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
712/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
08/02/2021

Partes del expediente

  • María Magdalena Quiñónez Lora

Actuaciones

  1. Principal

    Culiacán, Sinaloa, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron la sentencia dictada en este juicio de garantías, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En el entendido que hasta en tanto se encuentren debidamente notificadas las partes del presente acuerdo, se remitirá físicamente al archivo definitivo el juicio en que se actúa. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto, Número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que de conformidad con las fracciones III y IV del artículo noveno, capítulo tercero del referido acuerdo, este expediente no es de valor jurídico ni de relevancia documental, por no encuadrar en ninguno de los supuestos indicados en las fracciones de referencia. Notifíquese.

  2. Principal

    El Secretario da cuenta con las constancias relevantes, entre ellas: demanda de amparo, auto admisorio, notificación a las partes e informe justificado. El Juez acuerda: Téngase hecha la anterior relación de constancias; apertúrese la siguiente etapa. Se abre el período de pruebas, en el que a solicitud del Juez el Secretario hace constar las documentales allegadas por la autoridad responsable al rendir informe justificado. El Juez acuerda: Se admiten dichas pruebas y se tienen desahogadas en razón de su naturaleza. Al no existir medio de convicción pendiente de relacionar, admitir o desahogar, se cierra esta fase y se ordena pasar a la siguiente. Se apertura el periodo de alegatos, en el que a instancia del Juez el Secretario hace constar que las partes no los formularon, y la Agente del Ministerio Público adscrita no presentó pedimento. El Juez acuerda: Se cierra esta fase de alegatos. Concluidas las etapas de pruebas y alegatos, se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo ********************. TRÁMITE PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el seis de octubre de dos mil veinte ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Culiacán Rosales, Sinaloa, ********************solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Trámite. En auto de trece siguiente se admitió la demanda de amparo, se ordenó solicitar el informe justificado a la autoridad responsable, dar intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se fijó hora y día para la audiencia constitucional la cual inició en términos del acta que antecede. RESOLUCIÓN PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, virtud que se reclaman omisiones de autoridad. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. La parte amparista reclama: - Omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas fuera de término de ley. - Omisión de cuidar que el procedimiento se lleve en términos de ley de acuerdo a lo previsto en la Ley Federal del Trabajo. - Las dilaciones subsecuentes que se den en el trámite del juicio laboral. TERCERO. Inexistencia de acto. Se advierte que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, al rendir su informe justificado, remitió en copia certificada del proveído de seis de agosto del año en curso dictado en autos del expediente ********************, donde se admitió la demanda laboral, señaló fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, así como ordenó emplazar a la demandada y notificar a la parte actora. Dicha documental por ser pública, en términos de lo dispuesto por el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su numeral 2, merece eficacia demostrativa plena, según lo dispuesto por los ordinales 197 y 202 del primero de los ordenamientos legales citados. En ese sentido, las autoridades responsables remitieron copia certificada del proveído de seis de agosto de dos mil veinte, en el que proveyó lo relativo para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el sumario en comento. Por consiguiente, si el reclamo en el presente sumario consistió en la omisión de señalar fecha para la audiencia de ley en el juicio de origen y, de las documentales allegadas por la responsable se advierte que se proveyó al respecto, esto, previo a la presentación de la demanda de amparo (seis de octubre del año en curso), es evidente que el acto reclamado es inexistente. Por lo anterior es que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por ende, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de actos reclamados. Son ciertos los restantes actos reclamados a la responsable, lo que se desprende el análisis de su informe justificado (foja 17 a 21) y de las constancias que remitió la Junta en apoyo a éste. QUINTO. Causas de improcedencia. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXllI, en relación con el numeral 77, fracción ll, ambos de la Ley de Amparo, en lo atiente al acto reclamado a la Junta, consistente en llevar a cabo el procedimiento del juicio laboral ********************, fuera de los términos que la Ley Federal de Trabajo dispone para ello, así como las dilaciones subsecuentes, numerales que disponen lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXllI. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: [.] II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Lo anterior, en consideración lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. CV/2013, en la que abandonó su propio criterio emitido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007 y determinó que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional cuando se declara la omisión y dilación en el trámite de un juicio laboral, deben delimitarse en función del acto reclamado y de acuerdo a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto dentro del procedimiento laboral. La indicada tesis esta publicada en la página setecientos treinta y dos de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 1, diciembre de dos mil trece, tomo I, Décima Época, de rubro y texto siguientes: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Por tanto, los efectos restitutorios de la eventual sentencia concesoria del amparo, en términos del artículo 77, fracción ll, de la ley de la materia, serían obligar a la Junta que realicen las actuaciones correspondientes posteriores a fin de concluir el procedimiento en el juicio natural. Empero, toda vez que, conforme lo establece la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. CV/2013, los alcances por los que se llegara a otorgar la protección constitucional deben delimitarse en función de determinado acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, no a las etapas subsecuentes, por lo cual no sería posible obligar a la Junta, de forma genérica, que lleve a cabo actuaciones correspondientes posteriores a fin de concluir el procedimiento en el juicio natural con el dictado del laudo respectivo. En ese contexto, existe imposibilidad material y jurídica de cristalizar los efectos restitutorios del juicio de amparo. Tiene aplicación por las razones que la informan, la jurisprudencia P./J. 90/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, Tomo Vl, Diciembre de 1997, Registro 197245, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. En consecuencia, procede sobreseer en el juicio respecto a los actos aquí abordados, con fundamento en el artículo 63, fracción V, al actualizarse la causa de improcedencia derivada de los numerales 61, fracción XXIlI y 77, fracción ll, todos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. NOTÍFIQUESE.TRÁMITE

  3. Principal

    Culiacán, Sinaloa, veintinueve de octubre de dos mil veinte. Con vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, agréguense el informe justificado y documento anexo rendido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, así como del Presidente de dicha Junta, en los que señalan que no son ciertos los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental la que se remite con el informe de la citada Junta. Con sustento en el numeral 117 de la citada legislación, con los informes y documentos de referencia dese cuenta y hágase relación en la audiencia constitucional. Finalmente, del análisis a integral a la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama la falta de notificación de la audiencia de ley en el expediente laboral de origen. Por tanto, podría inferirse que le reviste el carácter de autoridad responsable al Actuario adscrito al Actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, encargado de realizar esa diligencia. En tal virtud, se requiere al promovente para que en el término de quince días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, precise si es su deseo señalar como autoridad responsable al Fedatario en comento; lo anterior, en términos del artículo 114, fracción II, en relación con el 108, fracciones III y IV ambos de la Ley de Amparo. Se apercibe a la parte promovente que de no dar cumplimiento a lo anterior, se tramitará el juicio de amparo en los términos planteados en el escrito de demanda.

  4. Principal

    Culiacán, Sinaloa, trece de octubre de dos mil veinte. Agréguese al cuaderno de antecedentes el oficio remitido por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, por medio del cual informa la admisión del recurso de revisión interpuesto en contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo.

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