María Magdalena Temoltzin Martínez

Expediente 1095/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1095/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
27/12/2017

Partes del expediente

  • María Magdalena Temoltzin Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente del informe justificado rendido por el Magistrado de la Sala Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, mediante el cual remitió copia certificada del Toca Administrativo número 340/2016; así como copia certificada del expedientillo 340/2016, relativo al incidente de nulidad de actuaciones, del índice de la responsable A dichas documentales, se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Ahora, del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable recibido en proveído de dieciocho de diciembre del año en curso, se advierte que ha dejado de existir la omisión reclamada que dio origen al presente juicio, atento a las siguientes consideraciones: El cinco de diciembre de dos mil diecisiete, se emitieron los acuerdos correspondientes a sus escritos presentados por la parte quejosa el tres de octubre de dos mil diecisiete, dentro de los autos toca administrativo 340/2016, y del expedientillo 340/2016, relativo al incidente de nulidad de notificaciones, ambos del índice del tribunal responsable, circunstancia que se acredita con la copia certificada que adjuntó a su informe justificado la autoridad responsable -fojas 149, 152 y 172-, mismos que fueron notificados a la parte quejosa el doce de diciembre año en curso -fojas 152 vuelta y 173-. En ese sentido, para mejor comprensión del presente proveído resulta conveniente señalar el acto reclamado en el presente juicio de amparo, el cual consiste en: La omisión de dictar resolución que corresponda a los escritos presentados el tres de octubre de dos mil diecisiete en los que contestó una demanda incidental promovida por María Angélica Temoltzin Durante y señaló domicilio para emplazar a Luis Enrique Temoltzin Durante. Ahora, del análisis de las documentales aportadas por el Magistrado de la Sala Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, se desprende que el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, se emitieron los acuerdos correspondientes en el toca administrativo e incidente de nulidad de notificaciones del expediente 340/2016, del índice del tribunal responsable. Corroborándose dicha circunstancia con las copias certificadas de los acuerdos de cinco de diciembre del año en curso, así como de las notificaciones correspondientes practicadas a las partes el doce de diciembre del año en curso, respectivamente. Lo anterior pone de relieve que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues al emitirse la resolución, tal como quedó asentado en el acta correspondiente y su notificación, cesó la omisión reclamada; circunstancia que impone decretar el sobreseimiento del juicio fuera de la audiencia de ley. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Cobra aplicación al razonamiento expuesto, la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente a Marzo de 2003, Novena Época, cuyo contenido se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. Bajo esa óptica, como se precisó, respecto del acto reclamado consistente en la falta de acuerdo y resolución a sus escritos presentados el tres de octubre de dos mil diecisiete, dentro del toca administrativo 340/2016 e incidente de nulidad de notificaciones, del índice del tribunal responsable, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie a la parte quejosa; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Para mejor comprensión del presente acuerdo, debe analizarse la naturaleza del acto reclamado consistente en la falta de acuerdo a sus escritos presentados el tres de octubre de dos mil diecisiete, dentro del toca administrativo 340/2016 e incidente de nulidad de notificaciones, del índice del tribunal responsable que puede vulnerar el derecho fundamental establecido en el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, que prevé: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del precepto constitucional transcrito se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; asimismo, que su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. En el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que el Magistrado de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, adjuntó copia certificada de los acuerdos emitidos el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, en el toca administrativo 340/2016 e incidente de nulidad de notificaciones derivado del mismo, tal como se advierte: Toca Administrativo 340/2016: ".Ciudad Judicial, Santa Anita Huiloac, Apizaco, Tlaxcala, a cinco de diciembre de dos mil diecisiete. .con la certificación que antecede y escrito signado por María Magdalena Temoltzin Martínez, constante de dos fojas tamaño oficio, al que anexa impresión a color de tres fotografías, recibido a las trece horas con veintisiete minutos del tres de octubre de dos mil diecisiete, en la Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional, y con las actuaciones del Toca Administrativo número 340/2016, de los del índice de esta Sala." . Toca Administrativo número 340/2016 Incidente de Nulidad de Actuaciones ".Ciudad Judicial, Santa Anita Huiloac, Apizaco, Tlaxcala, a cinco de diciembre de dos mil diecisiete Dada cuenta con las certificaciones que anteceden y escrito signado por María Magdalena Temoltzin Martínez, el que se ordena agregar a los autos del Expedientillo Administrativo número 340/2016 de los del índice de esta Sala, para los efectos legales conducentes, visto su contenido, SE ACUERDA: Por contestado incidente. De la primera certificación que antecede se advierte, que el término concedido a la partes recurrentes, para que procedieran a dar contestación al incidente de nulidad de actuaciones propuesto por María Angélica Temoltzin Durante, transcurrió del dos al cuatro de octubre de dos mil diecisiete, descontando los días inhábiles." Dicha resolución se notificó a la parte quejosa el doce de diciembre de dos mil diecisiete -fojas 152 vuelta y 173. De lo anterior se concluye que los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación, pues la omisión de que se duele la parte quejosa se subsanó al emitir los acuerdos de cinco de diciembre de dos mil diecisiete correspondientes al toca administrativo 340/2016 e incidente de nulidad de actuaciones derivado del mismo, del índice del tribunal responsable, en los términos apuntados. Ahora bien, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional la existencia de la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada de trece de abril de dos mil dieciséis, Décima Época, Registro 2011580, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Sin embargo, en el juicio en que se actúa, se determinó la procedencia del juicio de amparo, ya que el acto por el que se duele la parte quejosa existe una abierta dilación procesal, porque la omisión ocurre desde el tres de octubre del año en curso. "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Finalmente, no pasa inadvertido para este juzgador, que no se haya dado la vista que prevé el artículo 117, de la Ley de Amparo, con las constancias remitidas por la autoridad responsable; pues con las mismas se acredita fehacientemente la causa de improcedencia antes invocada. Por lo tanto, a nada práctico llevaría agotar el término referido, pues ello nada cambiaría el sentido del fallo en el presente juicio de amparo, y sólo se retrasaría el dictado de la correspondiente sentencia, en perjuicio de la pronta impartición de justicia que establece el artículo 17, de la Constitución Federal. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia referida, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional respecto del acto reclamado, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL CINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO; por tanto, dese de alta este proveído en el módulo de sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de gobierno y de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que aún no transcurre el plazo establecido en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que las parte se impongan del informe justificado rendido por la autoridad responsable Magistrado de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, recibido en proveído de dieciocho de diciembre del año en curso. En consecuencia, al no haber transcurrido los ocho días de anticipación a que alude el artículo en cita con relación a la celebración de la audiencia de ley, a fin de no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 117, párrafo segundo de la Ley de la materia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL CINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO.

  3. Principal

    Agréguense el oficio y anexo remitidos por el Magistrado de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido su respectivo informe justificado. Con el contenido del informe de mérito, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, y manifiesten lo que a su derecho convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de hacer relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional. De igual forma, se tienen por ofrecidas las documentales que anexa la autoridad oficiante, mismas que serán relacionadas en la audiencia constitucional en términos del numeral 119 párrafo primero y segundo de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve María Magdalena Temoltzin Martínez, por propio derecho, contra actos de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1095/2017-III. Una vez precisado lo anterior, en atención a que la demanda satisface los requisitos que establecen los numerales 108 y 110 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 35, 37, 107, 112, 115 y 116, de la Ley de Amparo vigente, se admite a trámite la demanda de amparo. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión por no haberse solicitado expresamente en la demanda. Ahora, a fin de normar el procedimiento y clarificar el presente juicio de amparo, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte como acto reclamado la omisión de dictar la resolución a los escritos presentados el tres de octubre de dos mil diecisiete. Con base en lo anterior, pídase a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del plazo de quince días, de conformidad con el artículo 117, de la ley de la materia, en el que deberá expresar la declaración precisa respecto de si es cierto o no el acto que se le reclama, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, para lo cual remitírsele copia de la demanda de amparo, en el entendido de que la autoridad responsable deberá acompañar copias certificadas legibles y completas de las constancias necesarias que apoyen su informe, apercibida de que en caso de no rendirlo se presumirá cierto el acto reclamado. Asimismo, se apercibe a la autoridad responsable que en caso de no rendir su informe con justificación o de hacerlo sin remitir las constancias conducentes, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia. Se previene a la autoridad responsable que si al rendir su informe justificado expresa un hecho falso o niega la verdad, o sin motivo justificado revoca o deja sin efecto el acto que se le reclama, con el propósito de que se sobresea en el juicio, o se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo, se le impondrán las sanciones previstas en el artículo 262, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 64, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se informa a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán manifestarlo de inmediato y de ser posible acompañarán las constancias que lo acrediten, apercibiéndolas que, en caso de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos del diverso 251, de la ley de la materia. En términos del artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, y para tal efecto, expídase oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso c), de la ley de la materia. Se señalan las NUEVE HORAS CON OCHO MINUTOS DEL DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para el desahogo de la audiencia constitucional. En otro orden de ideas, resérvese proveer lo relativo a la existencia de diversos terceros interesados, hasta que obre en autos el expediente generador del acto reclamado. Como lo solicita expresamente la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, aún las de carácter personal, la lista que se fije en los estrados de este Juzgado, teniéndose como autorizado en términos amplios únicamente a Efrén Romero Palacios Alvarado y Adriana Isabel Pérez Esquibel por contar con cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las restantes por así manifestarlo expresamente. ...

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