María Magdalena Nieves Taboada Sánchez
Expediente 932/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 33 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 932/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 16/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- María Magdalena Nieves Taboada Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
Agréguese sin mayor proveído el oficio signado por el Apoderado Legal de Teléfonos de México, mediante el cual informa que en su base de datos y sistemas relacionados con la prestación del servicio de telefonía a nivel nacional no encontró registro del domicilio del tercero interesado José Emigdio Taboada Sánchez; lo anterior, en virtud de que en proveído de veintitrés de abril de dos mil dieciocho (fojas 1242 a 1244), se tuvo por concluido y se ordenó el archivo del presente juicio de amparo.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto de tres de abril de dos mil dieciocho, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, tanto el expediente principal como el cuaderno incidental original, deberán transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se negó tanto la medida provisional como la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo Vigésimo Primero, fracción III, del mismo Acuerdo, por tanto, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el citado plazo de cinco años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos al no constar en autos. Por otra parte, devuélvase a la Secretaria de Acuerdos Non adscrita al Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, el exhorto 191/2017, en cuarenta y ocho fojas de su índice, mismo que se tuvo por recibido por auto de seis de diciembre de dos mil diecisiete (foja 589); lo anterior para los efectos legales conducentes. Asimismo, sin mayor proveído y para los efectos legales a que haya lugar, se ordena agregar copia certificada de la presente determinación en los cuadernos incidentales derivados el expediente en que se actúa. En otro orden, a pesar de que las partes nada manifestaron en relación con lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio, deberán suprimirse los datos sensibles de la misma y demás constancias; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto. Finalmente visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y advirtiéndose que por oficio SEADS/365/2018, de catorce de marzo de dos mil dieciocho, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó el acuerdo de la misma fecha del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se determinó la readscripción del Juez Carlos Alberto Ávila Muñoz, como titular de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, en sustitución del ahora Magistrado Juan Pablo Rivera Juárez, con efecto a partir del uno de abril de dos mil dieciocho. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimiento Civiles, hágase del conocimiento de las partes el cambio de titular, por el termino de tres días, a fin de que estén en aptitud de manifestar lo que a su interés convenga.
- Principal
Visto el estado procesal de las presentes actuaciones, y en atención a la certificación de cuenta, de los que se advierte que la quejosa María Magdalena Nieves Taboada Sánchez no dio cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de ocho de febrero de dos mil dieciocho (foja 1195), en el sentido de acreditar haber recogido los edictos para emplazar al tercero interesado José Emigdio Taboada Sánchez, entregarlos para su publicación así como para acreditar que tramitó la misma, en este sentido, se actualiza la causa de sobreseimiento señalada en el artículo 63, fracción V, en relación con la fracción XXIII del diverso 61 de la Ley de Amparo, 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción III, inciso b), de la citada ley, mismos que establecen: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: (.) III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: (.) b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el juicio de amparo." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: (.) b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso;" De la interpretación de los preceptos transcritos se desprende que una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 27, fracción III, inciso b), y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero interesado por medio de edictos a costa de la parte quejosa, si éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, incluso fuera de audiencia, toda vez que incumple con un presupuesto procesal -emplazar al tercero interesado- que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional. Consecuentemente, en virtud de que la parte quejosa ha incumplido con un presupuesto procesal como es el emplazamiento a juicio de una de las partes interesadas en el mismo, este órgano jurisdiccional no puede pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; pues con la omisión de publicar los edictos ordenados, queda paralizado el juicio de amparo al arbitrio de la parte quejosa, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos puesto que se entorpece la administración de justicia pronta, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible a este Juzgado Federal, sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al albedrío de una de las partes, en este caso de la parte quejosa. Ahora, de las constancias que integran el presente juicio se aprecia que después de agotar los medios correspondientes para obtener el domicilio para emplazar a los terceros interesados aludidos en el juicio en que se actúa, cuya investigación resultó infructuosa, en proveído de ocho de febrero de dos mil dieciocho se ordenó el emplazamiento a juicio del tercero interesado José Emigdio Taboada Sánchez, mediante la publicación de los edictos correspondientes. Luego, de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte quejosa para publicar los edictos a fin de emplazar al tercero interesado José Emigdio Taboada Sánchez, sin que así lo hubiera hecho, lo que denota su falta de interés para la integración de la Litis constitucional; consecuentemente, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 211, Novena Época, del tomo XVI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de 2002, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." Cabe señalar que la jurisprudencia que antecede fue modificada para quedar en los términos siguientes: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." En la ejecutoria relativa a la solicitud de modificación de jurisprudencia, se sostuvo en esencia que el incumplimiento del quejoso de publicar los edictos para emplazar al tercero interesado y pagar su publicación, no necesariamente conduce al sobreseimiento en el juicio. Lo anterior porque deben ponderarse las circunstancias que rodean a la parte quejosa para determinar si es el Consejo de la Judicatura Federal el que debe publicar, a su costa, los edictos de mérito, ya que en todas las materias -incluso en la penal- se debe tener en cuenta las particularidades de la parte quejosa para establecer si le resulta imposible cubrir el costo de la publicación, razón por la cual existe la posibilidad de establecer excepciones que se deben considerar para ordenar el emplazamiento mediante edictos y, en su caso, para decretar el sobreseimiento en el juicio. En este orden de ideas, es indudable que se surte la causa de sobreseimiento señalada en el artículo 63, fracción V, en relación con la fracción XXIII del diverso 61 de la Ley de Amparo, 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, respecto al acto reclamado por María Magdalena Nieves Taboada Sánchez. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional respecto del acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL TRECE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO; por tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que aún sigue transcurriendo el plazo otorgado a la parte quejosa en acuerdo de ocho de febrero del año en curso, para que acredite haber recogido los edictos para emplazar al tercero interesado José Emigdio Taboada Sánchez, entregarlos para su publicación, así como acredite ante el órgano jurisdiccional su entrega (efectuar las gestiones tendientes a su publicación), o bien, acredite su incapacidad económica para realizar la publicación respectiva. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior y de no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL TRECE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO.
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