Maria Magdalena Rodriguez Vazquez

Expediente 869/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
869/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
08/10/2019

Partes del expediente

  • Maria Magdalena Rodriguez Vazquez

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el contenido del proveído de diecinueve de septiembre del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. De igual manera, visto el estado que guardan los autos, se desprende que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el informe justificado rendido por la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, al que acompaña un anexo consistente en copia con firmas autógrafas del laudo dictado en el juicio laboral 04875/2018/11. Ahora bien, visto el informe y anexo de mérito, se estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, en razón de lo siguiente. En primer término, es menester precisar que la parte quejosa reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, la omisión de dictar laudo dentro del juicio laboral 04875/2018/11. Ahora bien, de las constancias que la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, adjuntó como justificación a su informe de ley, a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que el once de septiembre de la presente anualidad, los representantes que integran la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, emitieron el laudo correspondiente dentro juicio laboral 04875/2018/11. De lo anterior se colige que si bien a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, el auto reclamado si existía; empero, igual verídico es que dicho acto ha cesado en sus efectos, toda vez que la autoridad responsable pronunció el laudo dentro juicio laboral 04875/2018/11, cuya omisión de pronunciar se reclama en este juicio; por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues el acto negativo en estudio ya fue subsanado por la responsable, de tal suerte, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, quedando sin efecto la misma. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el alegato ministerial que suscribe el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; sin perjuicio de dar nueva cuenta en la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en el numeral 124, de la Ley de Amparo, se le tiene por formulando alegatos, los que serán tomados en consideración al momento de resolver y como lo solicita, en su oportunidad, expídasele copia certificada de la resolución que refiere.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo que promueve MARÍA MAGDALENA RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, contra actos de la JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO; con fundamento en los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracciones I, III, y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117, de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de mérito; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el progresivo 869/2019-IV, y fórmese el expediente respectivo. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, enviándole para tal efecto copia simple de la demanda, apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde en términos del artículo 5°, fracción IV, del ordenamiento legal en cita. Se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional. Por otra parte, con fundamento en el citado numeral 5°, fracción III de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, no es procedente tener como tercero interesada a la que menciona, en virtud de que no se encuentra en alguna de las hipótesis a que se refiere el primer numeral en cita. Requiérase a las partes para que en caso de actualizarse alguna causal de sobreseimiento, comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, en el entendido que de acuerdo a lo establecido por el numeral invocado, en caso de no cumplir con tal obligación, se les impondrá una multa al emitirse la sentencia correspondiente, en términos del numeral 251 de la citada legislación. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. Asimismo, se hace de su conocimiento que para el caso de devolución de los documentos originales que aquí ofrezcan, los mismos serán devueltos hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y toda vez que el presente asunto es en materia laboral y la quejosa es parte trabajadora en el juicio de origen, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la legislación mencionada, a las personas que indica. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la ley de la materia, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En otro orden, se instruye al actuario judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional que se den en el presente asunto, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos que el juzgador está obligado a comunicarles de forma personal, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese.

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