Maria Magdalena Cansino Esparza
Expediente 695/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 695/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 23/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Maria Magdalena Cansino Esparza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara la sentencia dictada en este juicio, sin que lo haya hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que aquélla, en la que se sobreseyó en el juicio, ha causado ejecutoria para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente.
- Principal
ÚNICO.- Se Sobresee en el juicio de amparo.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que mediante proveído de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable, por lo que se encuentra transcurriendo el término que concede el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impongan de su contenido; en consecuencia, para no dejarlas en estado de indefensión, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito signado por María Magdalena Cansino Esparza, con un anexo que acompaña, mediante el cual pretende ampliar la demanda de amparo, por lo que hace a diversos actos reclamados. Pues bien, a efecto de acordar lo que en derecho corresponda sobre la ampliación de mérito, debe decirse en primer término, que a través del escrito inicial de demanda, María Magdalena Cansino Esparza, señaló como actos reclamados: ". ACTO RECLAMADO: se reclama de la responsable la omisión de dictar auto de radicación y su notificación dentro del expediente número 20505/2018/8, donde se ventila el juicio laboral promovido por el quejoso en contra de los hoy terceros interesados, que contraviene lo preceptuado en los numerales 1, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación a los principios de celeridad procesal y un correcto acceso a la justicia." Por su parte, la ampliación de demanda que solicita la quejosa se plantea en los siguientes términos: ".se reclama a la autoridad responsable H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de San Luis Potosí, la violación al debido proceso al violentar el artículo 14, 16 y 17 de nuestra Constitución Política Mexicana al acumular mi demanda con la otra diversa trabajadora sin fundar y motivar la razón de dicho, violentando con ello mi derecho de acceso a la justicia y debido proceso." Pues bien, bajo esa línea, debe establecerse en primer término que la ampliación de la demanda de amparo implica la adición o modificación, por la parte quejosa, de lo expuesto en su escrito original, a fin de que se integre a la contienda constitucional; su inclusión se estima indispensable para que el juzgador dé una solución adecuada al conflicto que se plantea, por lo que es posible considerarla como parte del sistema procesal del amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, que establece la impartición de justicia completa, además de pronta e imparcial; máxime que dicha figura no está en contradicción con el conjunto de normas legales cuyas lagunas deban llenar. En efecto, pues la ampliación de la demanda de amparo es una figura jurídica creada por la jurisprudencia, que confiere al peticionario del amparo un derecho para incorporar a la litis constitucional ya iniciada, autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados. Sin embargo, el ejercicio de esta prerrogativa en el amparo indirecto, debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia que tienen su fundamento en los principios fundamentales que rigen la materia, tales como: a) Que del informe con justificación aparezcan datos no conocidos por el quejoso; b) Que en el informe justificado se fundamente o motive el acto reclamado; c) Que dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados; d) Además, la ampliación puede recaer sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación; e) El escrito relativo a la ampliación de demanda debe presentarse dentro de los plazos que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional. De lo anterior, se concluye que la ampliación de demanda puede promoverse cuando no se haya cerrado o integrado la litis, que del informe con justificación aparezcan datos no conocidos por el quejoso o bien, que al rendirse el o los informes justificados, de ellos se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo, pero debe existir siempre una relación o vinculación con los actos primigenios, ya que de no existir ese elemento sine qua non, todos aquellos actos que pudieran causar perjuicio al quejoso podrán reclamarse a través del juicio de amparo, pero a consecuencia de tantas demandas de amparo, como juicios o procedimientos de los que deriven los actos que le irroguen perjuicio existan, ya que en este supuesto no pueden incorporarse a una contienda constitucional elementos que le son ajenos. Pues bien, sentado lo anterior, conviene señalar que la ley que rige el juicio de control constitucional, en sus artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, establece: "61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Del texto de los preceptos legales antes transcritos, se desprende que cuando se reclaman en amparo indirecto, actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos, no tengan reparación alguna para el gobernado, cuando sea dictada la resolución que concluya el procedimiento natural, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros los que lesionan los derechos fundamentales de la parte que se siente agraviada, mismos que se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional a través de los llamados derechos humanos, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra, obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, si el quejoso obtiene sentencia favorable, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. En el caso, como se ha visto, el acto reclamado se hace consistir en la determinación emitida por la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por medio de la cual ordena acumular de oficio el expediente 20506/2018/9, al expediente laboral más antiguo 20505/2018/8. Por tanto, se estima que la determinación reclamada no es un acto que tenga una ejecución irreparable en perjuicio de la parte promovente, en virtud de que son planteamientos que solo otorgan derechos adjetivos a las partes con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias. Cierto, pues la repercusión del acto impugnado, únicamente implica que el procedimiento natural continúe por sus etapas hasta llegar al dictado de la sentencia definitiva; cuestión que, contrario a lo manifestado por la impetrante del amparo, evidentemente no arroja alguna nota distintiva de los actos de imposible reparación que afecten derechos sustantivos. En efecto, puesto que la consecuencia generada por el acto reclamado, en última instancia, se insiste, atañe a la correcta o incorrecta acumulación de la demanda laboral; empero, no lo da por concluido, ni priva a la parte promovente de los derechos que se controvierten en el expediente en lo principal, pues ello será propio del análisis del fondo de dicho asunto, ya sea condenando o absolviendo a la allá parte demandada. Así, en todo caso, los vicios que pudieran haber acontecido con la emisión del acto reclamado, pueden derivar de una violación a las leyes que norman el procedimiento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo. En consecuencia, la determinación reclamada implica que el gobernado continúe con el procedimiento respectivo, de modo que, en caso de afectar las defensas de la impetrante del amparo, será hasta que se dicte la resolución correspondiente, cuando se verá si tal actuar trasciende o no al resultado del fallo; por lo que, por el momento, en caso de existir, al no haberse pronunciado la determinación de que se habla, no tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, sino que éstas, por afectar derechos adjetivos o procesales, son reparables si la parte afectada obtiene fallo favorable. En consecuencia, como ya quedó establecido que el acto reclamado estriba preponderantemente en violaciones al procedimiento, ello no afecta los derechos sustantivos de la impetrante del amparo, consagrados por la Constitución; así, resulta por tanto indudable y notoria la improcedencia de la ampliación de la demanda del juicio de amparo indirecto que promueve ante este juzgado de Distrito María Magdalena Cansino Esparza, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 113 de la ley invocada, SE DESECHA DE PLANO la ampliación de la demanda de amparo de que se trata. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que mediante proveído de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable, por lo que se encuentra transcurriendo el término que concede el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impongan de su contenido; en consecuencia, para no dejarlas en estado de indefensión, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito signado por María Magdalena Cansino Esparza, con un anexo que acompaña, mediante el cual pretende ampliar la demanda de amparo, por lo que hace a diversos actos reclamados. En consecuencia, como ya quedó establecido que el acto reclamado estriba preponderantemente en violaciones al procedimiento, ello no afecta los derechos sustantivos de la impetrante del amparo, consagrados por la Constitución; así, resulta por tanto indudable y notoria la improcedencia de la ampliación de la demanda del juicio de amparo indirecto que promueve ante este juzgado de Distrito María Magdalena Cansino Esparza, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 113 de la ley invocada, SE DESECHA DE PLANO la ampliación de la demanda de amparo de que se trata. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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