Maria Magdalena Martha Miranda Gutierrez
Expediente 417/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 417/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Maria Magdalena Martha Miranda Gutierrez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Estado procesal. Visto el estado procesal y la certificación de cuenta, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de tres de abril de dos mil veintitrés, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó la demanda de amparo. Firmeza del auto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Notificación a la parte quejosa y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa y efectúense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, dicho cuaderno es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente principal. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 21, párrafo tercero del citado acuerdo general, una vez que transcurra el plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. Asimismo, del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales, incidente y billete de depósito, póliza o fianza alguna. Además, el presente asunto no contiene información reservada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, no se formó incidente de suspensión ni se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Finalmente, se ordena guardar la presente determinación con nombre "V-FIRME DESECHAMIENTO- ARCHIVO", para su mejor consulta en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, tres de abril de dos mil veintitrés. Desahogo de prevención. Agréguese a los autos el escrito signado electrónicamente por la parte quejosa, mediante el cual desahoga la prevención contenida en auto de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Atento al ocurso de cuenta, se tiene al promovente desahogando la prevención formulada en los términos requeridos, por tanto, este juzgado provee lo siguiente: Análisis de la demanda. De la lectura integra de la demanda intentada se advierte que la parte quejosa señala como autoridad responsable y actos reclamados, los siguientes: Autoridad responsable. Junta Especial Numero Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. Precisión de los actos reclamados. Omisión de dictar resolución en el procedimiento especial ********************contemplado en el artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo. Desechamiento. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Lo anterior es así, porque en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. En la especie, el suscrito estima que se actualiza de forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con 5, fracción I, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Toda vez que la omisión reclamada no afecta los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos por los preceptos normativos antes precisados y que disponen lo que a continuación se transcribe: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." (.) -Énfasis añadido- De la cita que antecede se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando no se afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en el entendido que tiene tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la ley de la materia, es decir, derechos humanos y garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, destacando que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Tal afectación, constituye uno de los principios que rigen la procedencia del juicio de garantías, consagrado también en la fracción I del artículo 107 Constitucional, que señala: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecta su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." [.] Ahora bien, a efecto de determinar si la petición de amparo intentada encuadra en el supuesto de procedencia que prevé la ley, derivada de la existencia de una afectación real y actual, a la esfera jurídica del quejoso con motivo de la titularidad de un derecho subjetivo vulnerado con la omisión reclamada, es necesario señalar que conforme a lo estatuido en el artículo 17 de nuestra Carta Magna, el hoy peticionario de amparo tiene derecho a que se le administre justicia en los plazos y términos previstos, de ahí que la primera condición exigida sí se cumpla. Una vez sentado lo anterior, en el caso concreto, el acto reclamado se hace consistir en la omisión de dictar resolución en el procedimiento especial ********************contemplado en el artículo 503 de la Ley federal del Trabajo. Ahora, si bien por regla general el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total. Sin embargo, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 763 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. De tal manera, que en el caso en concreto solo han transcurrido cuarenta y dos días naturales sin que la responsable haya dictado la resolución correspondiente en el procedimiento especial previsto en el artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo; contados a la fecha de la presentación de la demanda de amparo de cuenta. Los cuales transcurrieron de la forma que a continuación se expone: Del nueve de febrero al veintidós de marzo del año en curso. Lo anterior se estima de esta manera, en virtud de que, de las constancias que obran en autos se advierte lo siguiente: El juicio natural ********************se trata de un procedimiento especial contemplado en el artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo. El ocho de febrero del año en curso, se desahogó la prueba consistente en cotejo y compulsa. Ahora, de conformidad con lo establecido por la Ley Federal del Trabajo, las juntas tienen plazos generales para el dictado de resoluciones y para llevar a cabo las actuaciones que conlleva la prosecución del juicio laboral. Concatenado con lo anterior, el artículo 895 de la Ley Federal del Trabajo establece lo siguiente: "Artículo 895.- La audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, se celebrará de conformidad con las normas siguientes: I. La Junta procurará avenir a las partes, de conformidad con las fracciones I y II del artículo 876 de esta Ley; II. De no ser posible lo anterior, cada una de las partes expondrá lo que juzgue conveniente, formulará sus peticiones y ofrecerá y rendirá las pruebas que hayan sido admitidas; III. Si se ofrece el recuento de los trabajadores, se observarán las disposiciones contenidas en el artículo 931 de esta Ley; y IV. Concluida la recepción de las pruebas, la Junta oirá los alegatos y dictará resolución." (lo resaltado es propio) En ese sentido, del precepto transcrito se desprende que, la junta deberá dictar resolución al concluir la recepción de las pruebas y oídos los alegatos, de tal manera que para el cómputos de los cuarenta y cinco días, se tomará en cuenta, el día siguiente al en que feneció dicho termino, es decir, el pasado ocho de febrero de dos mil veintitrés. De tal forma que inmediato debe proveer, pero si se toma en cuenta que el plazo máximo que tolera el artículo 763 para que el procedimiento laboral se encuentre paralizado, es de cuarenta y cinco días, son computables a partir de la fecha en que feneció el plazo, en que tuvo que realizar el acto procesal en cita, por tanto, se asevera que el lapso que actualiza la posibilidad para ejercer su reclamo en la vía indirecta, al materializarse un verdadera paralización del procedimiento de origen, empezó a correr a partir del día siguiente (nueve de febrero del año en curso) así que hasta el veintidós de marzo de dos mil veintitrés (data en que se presentó el escrito inicial de demanda), han transcurrido cuarenta y dos días naturales, como ya se adelantó. Expuesto lo anterior, se concluye que no se advierte la existencia de una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues no han transcurrido más de cuarenta y cinco días; por lo tanto, es incuestionable que el acto reclamado, no es susceptible de análisis constitucional mediante la vía indirecta, pues no existe una vulneración del derecho de la parte quejosa a que se le administre justicia en los plazos y términos previstos por la ley aplicable, es decir, para que se produzca la afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, pues es necesario que transcurran más de cuarenta y cinco días sin que se levante la reserva de mérito, lo que en la especie no acontece. Lo anterior tiene fundamento en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2011580, cuya sinopsis dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." Es ilustrativa en el presente asunto, la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, marzo de dos mil diecinueve, número de registro 2019400, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En tales condiciones, como en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por ********************quien se ostenta como apoderado legal de******************** Finalmente, se ordena guardar la presente determinación con nombre "V- SUBSANA- SE DESECHA DEMANDA POR NO EXISTIR ABIERTA DILACIÓN", para su mejor consulta en el expediente electrónico. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Recepción del escrito inicial. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ************************, quien se ostenta como apoderado legal de ********************************, contra actos de la Junta Especial Numero Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. Registro de la demanda. Fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de que se automatice el libro electrónico respectivo y regístrese bajo el número 417/2023. En el entendido que, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado el catorce de octubre de dos mil veintidós, la integración del expediente físico se limitará a las constancias que el mismo dispone, a efecto de privilegiar el expediente electrónico, respecto del cual se ordena verificar su correcta integración. Prevención de la demanda. Ahora bien, para estar en condiciones de proveer sobre el contenido de la demanda amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, en relación con el numeral 108, fracción V, de la Ley de Amparo, se previene al promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente día al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: Único. Amplié los antecedentes del acto reclamado Lo anterior se estima necesario en virtud de que la parte quejosa se duele de la omisión de dictar laudo en el juicio laboral *******************, sin embargo, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado refiere que el ocho de febrero del año en curso, se desahogó la última prueba pendiente. En ese sentido, es dable requerir a la parte quejosa a efecto de que indique la fecha de los acuerdos por virtud de los cuales: Se otorgó plazo para formular alegatos como lo dispone el artículo 884 de la Ley Federal del Trabajo Se certificó que no existía prueba pendiente por desahogar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 885 de la citada ley. Se declaró cerrada la instrucción. O en su caso, manifieste bajo protesta de decir verdad, si dichas hipótesis aun no ocurrían a la fecha de la presentación de la demanda, a efecto de que este juzgador esté en condiciones de proveer lo conducente a la demanda intentada. Ello, en virtud de que el juicio de origen está conformado por una serie de etapas procesales; por lo que el análisis que se realice deberá delimitarse en función a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro de tal procedimiento, lo anterior, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la tesis 2a. CV/2013 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732, cuyo rubro señala: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." Tambin, encuentra sustento por similitud jurídica, en la tesis XX.57 K, cuyo rubro es "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS." sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, Marzo de 1996, visible en la página 871. De igual forma, encuentra apoyo por similitud, en la tesis I.4o.C. 26, sustentada por el Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Febrero de 1992 de la Octava Época, visible en la página 63, de rubro "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO." Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no cumplir íntegramente con lo requerido en el cuerpo de este proveído, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. De la protesta. En concordancia con todo lo anterior, se hace de su conocimiento que la protesta de decir verdad no constituye un formalismo innecesario en la promoción del juicio de amparo, ya que su finalidad es evitar que incurran en falsedad al momento de narrar los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, so pena que de hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación para que en uso de sus facultades, deslinde la responsabilidad penal que corresponda por la posible comisión de un delito. De las penas en que incurren los falsos declarantes. En ese mismo sentido, se hace saber a la promovente y a sus autorizados, de las penas en que incurren los falsos declarantes ante autoridad judicial, en términos del artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual se transcribe el citado precepto legal. "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y." Transparencia y acceso a la información pública Con fundamento en los artículos 1 al 23; 113; 68, fracción I y 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona; en la inteligencia que de existir alguna oposición, este órgano jurisdiccional como sujeto obligado realizará el trámite respectivo para determinar si dicha oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en las listas de notificación que se publiquen. Asimismo, se hace del conocimiento a las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo del año antes citado, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Consulta del expediente vía internet Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx en el apartado "SERVICIOS", elegir la liga "CONSULTA DE EXPEDIENTES", a continuación elegir el 18º Circuito-Morelos; seleccionar el Órgano Jurisdiccional "Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos" y, finalmente, ingresar el número de expediente. Adicionalmente, se les informa que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario. Para obtener el nombre de usuario, deben realizar lo siguiente: Registrarse en el sitio de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir estos pasos: 1. Llenar el formulario, proporcionar nombre completo, domicilio, correo electrónico y contraseña preferida. 2. Revisar su correo electrónico y confirmar el registro dando click al enlace que aparecerá en el mensaje. 3. Imprimir la solicitud para consultar el expediente electrónico. 4. Presentar la solicitud ante el órgano jurisdiccional federal que conozca del expediente de amparo y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 5. Hecho lo anterior, el usuario estará listo para utilizar el portal de Consulta de Expediente Electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes En ese sentido, se exhorta a las partes dentro del presente asunto para que, de ser posible, transiten a la tramitación de su asunto mediante el esquema de "juicio en línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal https://www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Medios electrónicos. Ahora bien, se autoriza el uso de medios electrónicos exclusivamente para imponerse de los acuerdos dictados en el presente juicio, en la inteligencia que el facsímil que se obtenga no tendrá validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009; lo anterior, a fin de no transgredir disposiciones relativas a la transparencia y acceso a la información pública, respecto de los expedientes que se tramitan en este juzgado. Domicilio procesal. En otro aspecto, con base en el arábigo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo, en la inteligencia que de ser incierto o inexacto, sin ulterior acuerdo se le notificará por lista las subsecuentes, aún las de carácter personal, lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Autorizados con facultades amplias. En atención a lo dispuesto por el artículo 12 párrafo primero del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados con facultades amplias a los profesionistas que señala en el escrito de cuenta, en razón de que se trata de un asunto en materia laboral, en el que la accionante de amparo es la parte trabajadora, por lo que no es necesario que acrediten tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo. Autorizados restringidos Además, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 12 de la ley de la materia, se autoriza en términos restringidos a las diversas personas que menciona, por haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Consulta de expediente electrónico. En otro aspecto, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza al usuario "cesarluquin" para consultar vía internet las actuaciones que se dicten en el presente asunto y presentar promociones. Se instruye a la oficial judicial "A". En consecuencia, se instruye a la oficial judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que habilite la autorización de la promovente en el referido sistema. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de garantía constitucional. Finalmente, se ordena guardar la presente determinación con nombre "V- PREVENCIÓN- AMPLÍE ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO", para su mejor consulta en el expediente electrónico Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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