María Luisa Ramírez Álvarez
Expediente 644/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 644/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 01/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- María Luisa Ramírez Álvarez
- Virgina Najera Lugo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, uno de agosto de dos mil veintidós. Estado procesal que guarda. Visto el estado procesal que guardan los autos y específicamente de la certificación con que se da cuenta, se advierte que a la fecha ha fenecido el término de diez días a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido el auto por el sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Firmeza del auto En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo, ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar. Se decreta archivo del presente juicio En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, el mismo es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente. Por tanto, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, destrúyase el presente expediente dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada dirección. Relevancia documental. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, asimismo, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito ni se estableció jurisprudencia, no versa sobre materia agraria, además en el presente asunto no se emitió una sentencia en la que se haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales, incidente y billete de depósito, póliza o fianza alguna. Además, el presente asunto no contiene información reservada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, no se formó incidente de suspensión ni se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, seis de julio de dos mil veintidós. Informe justificado Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y en representación del pleno de la misma, al que adjuntó diversas constancias que guardan relación con el acto reclamado; lo anterior, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Delegados y domicilio procesal Con apoyo en el ordinal 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados de la autoridad responsable a los profesionistas que designa y, conforme a lo que establece el numeral 26, fracción II, de la legislación en consulta, se tiene por señalado como domicilio procesal el que indica, siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial. Personalidad del promovente En un diverso orden de ideas, con fundamento en el numeral 11 de la Ley de Amparo, se le reconoce a ***, el carácter de apoderado legal de las directas quejosas *** y ***, acorde con las constancias remitidas de manera anexa al escrito de cuenta, las cuales fueron solicitadas por auto de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, de ahí que se tenga por satisfecho el requerimiento efectuado en el auto de mérito. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Asimismo, ténganse por invocadas las causales de improcedencia y sobreseimiento que refiere, las cuales serán analizadas en párrafos que preceden. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, en mérito de lo anterior y visto el estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y actos que a continuación se precisan: Autoridad responsable. Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Lo anterior, acorde con el auto de diez de junio del año en curso, en el que se dejó de tener como autoridad responsable a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y se tuvo con tal carácter a la junta señalada en el punto que antecede. Precisión del acto reclamado. Omisión de dictar la sentencia interlocutoria relativa al incidente de competencia, planteado dentro de la audiencia de veintiuno de mayo de dos mil quince, en el juicio laboral ****. Información y documentales aportadas por las autoridades responsables. Ahora bien, de las constancias remitidas por las autoridades responsables adjuntas a su informe justificado, que obran en el juicio de amparo en que se actúa, se aprecia que el veintitrés de junio de dos mil veintidós, la junta responsable dictó resolución sobre el incidente de competencia planteado; constancias que merecen eficacia probatoria plena, en virtud de ser copias certificadas, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2. En ese sentido, si la peticionaria de amparo reclamó la omisión de dictar la sentencia interlocutoria relativa al incidente de competencia, planteado dentro de la audiencia de veintiuno de mayo de dos mil quince, en el juicio laboral ***, es dable concluir que las molestias en su esfera jurídica han cesado, ya que la responsable ya resolvió dicho incidente y, por ende, se le restituyó en el goce del derecho fundamental violado, como si la violación reclamada no hubiese surgido a la vida jurídica, con lo que se actualizó la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61 El juicio de amparo es improcedente: XXI Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Justificación. Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada emitan una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. La anterior consideración encuentra apoyo en la jurisprudencia 2/J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" Así mismo, tiene aplicación la jurisprudencia de la misma época e instancia, con registro número 2/J.9/98, visible en la página 210, Tomo VII, febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" Conclusión En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. No es óbice para llegar a lo aquí determinado, que la autoridad responsable no haya exhibido las constancias de notificación personal realizadas a las partes, respecto de la resolución del incidente de competencia, porque ello no trasciende al resultado del presente fallo; además de que aun cuando no tenga conocimiento la parte impetrante de amparo, lo conocerá al momento de la notificación de la presente determinación, permitiéndole hacer valer los medios de defensa correspondientes. Sirve de apoyo a la consideración anterior, aplicada por analogía, la jurisprudencia número cuarenta y nueve, visible en la página cincuenta y ocho, Tomo III, Materia Administrativa del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete-dos mil, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8 constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes. De igual forma, no obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos de los actos que señaló como reclamados. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada puede impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia, como acontece en el caso. Además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Es aplicable en lo conducente, la tesis jurisprudencial 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, la cual establece literalmente lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Se deja sin efectos audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del dieciocho de julio de dos mil veintidós. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano, además por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Estado procesal de autos Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, en virtud de que no ha fenecido el plazo de quince días que le fue concedido a la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante auto de diez de junio de dos mil veintidós, para que rinda su informe justificado, tal como se corrobora con la constancia de notificación correspondiente. Diferimiento de la audiencia constitucional En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y, en su lugar, se fijan las diez horas con veinte minutos del dieciocho de julio de dos mil veintidós. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diez de junio de dos mil veintidós. Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos informe que el juicio laboral de origen ya no se encuentra radicado ante ella. Intégrese a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en representación del pleno de la misma, mediante el cual rinde informe justificado, dentro del cual comunica que el juicio laboral del que emana el acto materia de análisis del presente asunto, no corresponde al índice de la junta de mérito sino a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, motivo por el cual considera que los actos que carecen de certeza en relación a la misma, de igual manera, señala domicilio procesal y delegados. Lo anterior, derivado de la redistribución y returno de los asuntos que se suscitó acorde con lo ordenado en el decreto cinco mil ochenta y cinco de veinticuatro de abril de dos mil trece, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad". Del señalamiento de la autoridad responsable. Ahora bien, de una revisión a los autos que integran el expediente principal en que se actúa, se advierte que, contrario a lo que estima la autoridad oficiante, la parte quejosa señaló de manera expresa que el sumario de origen, a saber, *** correspondía al índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, la cual por dicha razón fue señalada como autoridad responsable y, por ende, a la que se tuvo con tal calidad mediante auto de admisión. Corrección en el señalamiento de autoridad responsable. Bajo esa tesitura, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 108 de la Ley de Amparo, en este acto, se deja de tener como autoridad responsable a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Justificación. Lo anterior es así, pues no obstante que es deber exclusiva de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables, sin que exista obligación para este órgano jurisdiccional para subsanar tal deficiencia, al no operar la suplencia de la queja prevista en el artículo 79 de la ley de la materia, lo cierto es que dar vista a la parte accionante de amparo para que realice la aclaración o corrección correspondiente resultaría dilatorio, pues, acorde con lo expuesto por la autoridad oficiante, la distribución de los asuntos se realizó conforme a la anualidad en que iniciaron su tramitación los mismos, por lo que será innegable que el asunto de origen, actualmente, se encuentra radicado ante la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Orienta la anterior decisión, el criterio XXVII.3o.17 K (10a.) sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, página 1933, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. AUN CUANDO EL QUEJOSO LAS MENCIONE INCORRECTAMENTE O CON IMPRECISIONES, SI ELLO NO IMPIDE AL JUEZ DE DISTRITO IDENTIFICARLAS DEBERÁ CORREGIRSE OFICIOSAMENTE ESE ERROR Y TENERLAS POR SEÑALADAS CON SU DENOMINACIÓN CORRECTA, A FIN DE NO INTERPRETAR LA DEMANDA CON RIGORISMOS FORMALISTAS QUE OBSTRUYAN LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO." Del informe justificado presentado. En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 117 de la legislación de la materia, aplicado en sentido contrario, no ha lugar a tener por rendido el informe justificado de cuenta, dado que dicha autoridad ya no tienen la calidad de responsable en el juicio de amparo al rubro citado, motivo por el cual no se realizará mayor pronunciamiento en relación al domicilio procesal y autorizados que señala. Se reconoce el carácter de autoridad responsable a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Una vez sentado lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 108 de la legislación de la materia, en relación con el criterio antes invocado, se reconoce el carácter de autoridad responsable a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Requerimiento de informe justificado. En tal virtud, de conformidad con lo previsto en los ordinales 116 y 117 de la legislación en comento, requiérase a la autoridad responsable su informe justificado que deberá rendir dentro del término de quince días, siguientes al en que reciba el oficio en que se le solicita, acompañando copia certificada legible de todas y cada una de las constancias que obran en su poder en relación al acto reclamado, corriéndole traslado con copia del escrito inicial y auto admisorio. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se presumirá cierto el acto que se le atribuye y con fundamento en la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, acorde a lo dispuesto por el numeral 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. Sanción ante manifestaciones falaces. En ese mismo sentido, con apoyo en el dispositivo 262 del cuerpo normativo en cita, comuníquese a la autoridad responsable que de rendir su informe expresando un hecho falso o negando la verdad, podrá ser sancionada en los términos que señale el código penal aplicado en materia federal. Correo electrónico institucional como medio de comunicación. En aras de una pronta impartición de justicia, en concordancia con las medidas de contingencia sanitaria aplicadas en los órganos jurisdiccionales, se indica a la responsable que podrá, siempre y cuando la voluminosidad de las constancias que anexe al mismo así lo permita, enviar su informe justificado a la dirección de correo electrónico 10jdo18cto@correo.cjf.gob.mx, con archivo anexo en formato .PDF o .JPG y que el documento se encuentre escaneado con la firma del funcionario jurídicamente autorizado para tal efecto, debiéndose incluir en el mensaje los datos generales de la autoridad y número telefónico. Clasificación de la información que se remita como apoyo al informe justificado. Asimismo, en caso de que dentro de la información que remita como apoyo al informe justificado o sea requerida posteriormente, envíe información que se encuentre clasificada como reservada, deberá remitir copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto de este órgano jurisdiccional pueda constatar que el órgano competente emitió la declaratoria de clasificación correspondiente. Se apercibe a la responsable que de no remitir el acta de clasificación precisada en el párrafo anterior, la información remitida será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. De la audiencia constitucional. Además, se hace de su conocimiento que la audiencia constitucional se encuentra señalada para las diez horas con cincuenta minutos del dieciséis de junio de dos mil veintidós. Instrucción especial al oficial judicial A encargado del SISE. Finalmente, se instruye al oficial judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que realice la corrección en el registro de partes dentro del asunto que nos atañe, derivado de lo antes determinado. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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