María Magdalena Hernández Gutiérrez

Expediente 438/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
438/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
06/05/2021

Partes del expediente

  • María Magdalena Hernández Gutiérrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo y específicamente el contenido del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19, en el que -con el objeto de dar continuidad y reanudar las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación-, se establecen diversas acciones que deben llevar a cabo los órganos jurisdiccionales para la reanudación de todos los asuntos radicados en este juzgado federal. REANUDACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, con relación al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se levanta la suspensión de los plazos y términos procesales en este juicio de amparo, en el entendido que conforme a la fracción I del artículo 2 del referido acuerdo, dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. EXHORTACIÓN PROMOCIONES VÍA ELECTRÓNICA. Además, se exhorta a las partes, para que con toda oportunidad utilicen las herramientas tecnológicas puestas a su disposición y presenten electrónicamente los escritos, pruebas y/o alegatos que consideren pertinente a sus intereses para ser considerados al desahogarse la audiencia de ley. Asimismo, se invita a las partes a que: De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. CAPTURA COMPLETA DEL EXPEDIENTE EN LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DEL CONSEJO. Se instruye al personal encargado de la tramitación de este juicio de amparo y Oficial Administrativo a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cabal cumplimiento al contenido del referido Acuerdo General, en cuanto a la captura completa y oportuna información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, así como al plazo con que se cuenta para la integración del expediente impreso a fin de que coincida con el electrónico. CAUSA ESTADO SOBRESEIMIENTO. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 438/2020, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veinte de enero de dos mil veintiuno, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, procédase a la destrucción del duplicado. En otro aspecto, toda vez que el INSTITUTO MORELENSE PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO y EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE JURÍDICO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DE TRABAJO, respectivamente remitieron diversas constancias debiendo formarse el anexo I y II; en esas condiciones, devuélvanse a las autoridades responsables los anexos de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Con independencia de lo anterior, respecto del cuaderno provisional formado por este Juzgado Federal el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, a virtud de las pruebas ofertadas por la parte quejosa, mismas de las que este órgano jurisdiccional se reservó el acuerdo conducente, con motivo de la celebración de la audiencia constitucional; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta los efectos conducentes, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento respecto de dichas probanzas, en razón de que a la presente data ya fue emitida la sentencia correspondiente y como se advierte de la certificación que antecede, ésta ha causado ejecutoria. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que dado que aún no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, en atención al artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado en el diverso 25/2020, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; y adicionalmente, éstas estarán colocadas en el espacio externo designado para tal efecto en las instalaciones del edificio sede de este Circuito Judicial, para que acudan a consultarla sin contar con una cita previa. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución que en lo conducente dice: Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 438/2020-III, promovido por MARÍA MAGDALENA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, por propio derecho; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el quince de mayo de dos mil veinte, ante este órgano jurisdiccional por razón de turno, MARÍA MAGDALENA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, por propio derecho, solicitó la protección de la Justicia Federal contra actos del Gobernador del Estado de Morelos y otras autoridades. SEGUNDO. Trámite. Por auto de quince de mayo del año próximo pasado, se reservó la tramitación de la demanda de amparo al no actualizarse alguna de las hipótesis previstas en los artículos 3 y 4 del Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, por lo que en proveído de veintiuno de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite la misma, se señaló fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita. Seguida la secuela procesal, previo diferimiento realizado en acuerdo de veinte de octubre de ese mismo año, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así el acto reclamado consiste en: De las autoridades responsables Gobernador del Estado de Morelos (como presidente del Consejo Directivo del Fondo Morelos), Secretaría de Economía y del Trabajo en el Estado de Morelos y la Dirección General del Fondo Morelos, la exclusión del quejoso del programa emergente de financiamiento por emergencia sanitaria COVID-19, a virtud de su edad, no obstante, de tener en operación una micro empresa. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al Gobernador del Estado de Morelos (como presidente del Consejo Directivo del Fondo Morelos) y a la Secretaría de Economía y del Trabajo en el Estado de Morelos, toda vez que al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia del mismo. Lo que se encuentra corroborado con la aceptación esgrimida en el informe rendido por la Dirección General del Fondo Morelos, confesional que amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar la negativa de las autoridades responsables indicadas. En ese orden de ideas, por cuanto hace a las aludidas autoridades responsables debe sobreseerse en el juicio con fundamento en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la jurisprudencia publicada con el número 284, consultable en el Apéndice 1917, septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte, SCJN Segunda Sección Improcedencia y sobreseimiento, de número de registro 1002350, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Dirección General del Fondo Morelos toda vez que así lo advierte en su informe justificado. Además, el Titular de la Unidad de Enlace Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Económico y de Trabajo, en cumplimiento a lo solicitado por este órgano jurisdiccional, remitió diversas constancias de las que se aprecian las condiciones en las que se encuentra el proyecto denominado como "PROGRAMA EMERGENTE DE FINANCIAMIENTO POR EMERGENCIA SANITARIA COVID 19"; de las que se advierte que conforme a las Reglas de Operación respectivas es competencia del aludido Director autorizar o aprobar los financiamientos con base en dicho programa; las cuales ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Siendo las causales de improcedencia de estudio preferente en términos del numeral 62 de la Ley de Amparo, se procede a estudiar la que se estima se actualiza en el presente asunto. Al respecto, por lo que hace al acto reclamado a la Dirección General del Fondo Morelos, consistente en la exclusión del programa emergente de financiamiento por emergencia sanitaria COVID-19 a virtud de la edad de la parte quejosa; se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable;" De acuerdo con la hipótesis normativa ya citada, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos consumados de un modo irreparable, entendiéndose como tales, aquellos que una vez emitidos o ejecutados, resulta materialmente imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho humano violado, aun cuando se concediera la protección constitucional, al no ser factible volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como lo ordena el precepto 77 fracción I de la Ley de Amparo. Cabe destacar que los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquellos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquellos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias materiales y jurídicas. Para la procedencia del juicio de amparo, los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos, se pueden clasificar en consumados de modo reparable, y consumados de modo irreparable. Los primeros son los que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias, pueden repararse por medio del juicio constitucional; es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (dispositivo 77 de la Ley de Amparo); de ahí que, proceda el juicio de amparo en contra de actos de tal naturaleza. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son los que al realizarse en todos sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de la violación cometida; razón por la cual, se considera cobra aplicación la fracción XVI del arábigo 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, para determinar si un acto puede consumarse de modo reparable o irreparable, es menester atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. No está por demás destacar, que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado, no pueden limitarse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque se llegaría al extremo de considerar que cualquier acto por el solo transcurso del tiempo, por no poder retrotraerlo, es un acto consumado de modo irreparable, cuando lo cierto es que la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento; lo que significa, que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de ellos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución, porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados). Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el dispositivo 77 de la ley la materia, el juicio constitucional persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia que en él se dicte pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la conculcación. Por tanto, si en el caso particular, la quejosa mediante la promoción del juicio de amparo, reclama la exclusión del programa emergente de financiamiento por emergencia sanitaria COVID-19 a virtud de su edad; debe decirse que en el particular no es física ni materialmente posible restituirla en el derecho que estima transgredido; ya que de las constancias remitidas por el Titular de la Unidad de Enlace Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Económico y de Trabajo, se advierte que en efecto existió el "PROGRAMA EMERGENTE DE FINANCIAMIENTO POR EMERGENCIA SANITARIA COVID 19", al que se le destinó la cantidad de $10,000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 moneda nacional), programa que tuvo un periodo de vigencia de seis meses a partir de su entrada en vigor o hasta agotar el recurso destinado para dicho programa. Ello conlleva a estimar el sobreseimiento en el juicio de amparo, al quedar consumado de manera irreparable el acto combatido puesto que a la fecha los recursos otorgados por la responsable, han sido agotados en su totalidad y, con la concesión de la protección constitucional, sería física y materialmente imposible que la responsable restituyera a la quejosa el derecho fundamental que estima violado pues atento al reclamo que se formula no se podría reparar materialmente. Ello, como se observa de las copias certificadas remitidas por la responsable entre las que destacan el apartado del programa emergente de financiamiento por emergencia sanitaria COVID-19, aprobado por el Consejo Directivo del Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo mediante acuerdo número 041-24/03/2020, el cual establece que el programa tendrá un periodo de vigencia hasta que se agote el recurso destinado para el programa, esto es, la cantidad de $10,000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 moneda nacional) y el listado de movimientos y auxiliares contables del catálogo del uno de abril al treinta y uno de agosto, ambos de dos mil veinte, relativo a la cuenta BANORTE 1052325972 PE COVID19, de quince de septiembre del año próximo pasado, del que se aprecia la derrama en créditos financieros; constancias a las que se les otorga pleno valor probatorio con fundamento en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral segundo. Ahora, al haberse agotado el referido programa, en el caso no se podría restituir física ni materialmente el derecho que se estima vulnerado pues el acto que dice le transgrede sus derechos, en el caso el "PROGRAMA EMERGENTE DE FINANCIAMIENTO POR EMERGENCIA SANITARIA COVID 19" ya se verificó consumando en sus efectos a mas que no sería posible ordenar que se adhiriera a la quejosa al citado proyecto, pues los recursos se confirieron para dicho programa ya fueron dispersados en su totalidad a diversos beneficiarios y atento al principio de relatividad de las sentencias de amparo no sería posible afectar a diversos justiciables en su esfera jurídica conminándolos a restituir el recurso otorgado; siendo ajenos a la Litis constitucional que se analiza; por lo tanto, no es materialmente posible reparar la violación de que se duele la solicitante del amparo por los motivos expuestos. Resulta aplicable a lo anterior la tesis I. 3o. A. 150 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página trescientos veinticinco, Tomo XIV, Diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, Materia Común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVI de la Ley de Amparo, con apoyo en lo dispuesto por el diverso artículo 63 fracción V del ordenamiento jurídico en cita, lo procedente es que se sobresea en el presente juicio de garantías, respecto del acto reclamado estudiado. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por MARÍA MAGDALENA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, respecto de los actos y autoridades precisados en los considerandos tercero y quinto, por los motivos ahí expuestos. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hasta el día de hoy veinte de enero de dos mil veintiuno, en que las funciones del Juzgado lo permitieron, asistido del Secretario de Juzgado Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe, de conformidad con el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencias en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 en relación con la circular SECNO/4/2021 emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos. FCG Se hace constar que esta foja es parte última del proveído dictado el veinte de enero de dos mil veintiuno en el juicio de amparo 438/2020-III. Conste. veinte de enero de dos mil veintiuno

  3. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 438/2020-III, promovido por MARÍA MAGDALENA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, por propio derecho; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el quince de mayo de dos mil veinte, ante este órgano jurisdiccional por razón de turno, MARÍA MAGDALENA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, por propio derecho, solicitó la protección de la Justicia Federal contra actos del Gobernador del Estado de Morelos y otras autoridades. SEGUNDO. Trámite. Por auto de quince de mayo del año próximo pasado, se reservó la tramitación de la demanda de amparo al no actualizarse alguna de las hipótesis previstas en los artículos 3 y 4 del Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, por lo que en proveído de veintiuno de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite la misma, se señaló fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita. Seguida la secuela procesal, previo diferimiento realizado en acuerdo de veinte de octubre de ese mismo año, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así el acto reclamado consiste en: De las autoridades responsables Gobernador del Estado de Morelos (como presidente del Consejo Directivo del Fondo Morelos), Secretaría de Economía y del Trabajo en el Estado de Morelos y la Dirección General del Fondo Morelos, la exclusión del quejoso del programa emergente de financiamiento por emergencia sanitaria COVID-19, a virtud de su edad, no obstante, de tener en operación una micro empresa. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al Gobernador del Estado de Morelos (como presidente del Consejo Directivo del Fondo Morelos) y a la Secretaría de Economía y del Trabajo en el Estado de Morelos, toda vez que al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia del mismo. Lo que se encuentra corroborado con la aceptación esgrimida en el informe rendido por la Dirección General del Fondo Morelos, confesional que amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar la negativa de las autoridades responsables indicadas. En ese orden de ideas, por cuanto hace a las aludidas autoridades responsables debe sobreseerse en el juicio con fundamento en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la jurisprudencia publicada con el número 284, consultable en el Apéndice 1917, septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte, SCJN Segunda Sección Improcedencia y sobreseimiento, de número de registro 1002350, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Dirección General del Fondo Morelos toda vez que así lo advierte en su informe justificado. Además, el Titular de la Unidad de Enlace Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Económico y de Trabajo, en cumplimiento a lo solicitado por este órgano jurisdiccional, remitió diversas constancias de las que se aprecian las condiciones en las que se encuentra el proyecto denominado como "PROGRAMA EMERGENTE DE FINANCIAMIENTO POR EMERGENCIA SANITARIA COVID 19"; de las que se advierte que conforme a las Reglas de Operación respectivas es competencia del aludido Director autorizar o aprobar los financiamientos con base en dicho programa; las cuales ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Siendo las causales de improcedencia de estudio preferente en términos del numeral 62 de la Ley de Amparo, se procede a estudiar la que se estima se actualiza en el presente asunto. Al respecto, por lo que hace al acto reclamado a la Dirección General del Fondo Morelos, consistente en la exclusión del programa emergente de financiamiento por emergencia sanitaria COVID-19 a virtud de la edad de la parte quejosa; se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable;" De acuerdo con la hipótesis normativa ya citada, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos consumados de un modo irreparable, entendiéndose como tales, aquellos que una vez emitidos o ejecutados, resulta materialmente imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho humano violado, aun cuando se concediera la protección constitucional, al no ser factible volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como lo ordena el precepto 77 fracción I de la Ley de Amparo. Cabe destacar que los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquellos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquellos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias materiales y jurídicas. Para la procedencia del juicio de amparo, los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos, se pueden clasificar en consumados de modo reparable, y consumados de modo irreparable. Los primeros son los que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias, pueden repararse por medio del juicio constitucional; es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (dispositivo 77 de la Ley de Amparo); de ahí que, proceda el juicio de amparo en contra de actos de tal naturaleza. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son los que al realizarse en todos sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de la violación cometida; razón por la cual, se considera cobra aplicación la fracción XVI del arábigo 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, para determinar si un acto puede consumarse de modo reparable o irreparable, es menester atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. No está por demás destacar, que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado, no pueden limitarse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque se llegaría al extremo de considerar que cualquier acto por el solo transcurso del tiempo, por no poder retrotraerlo, es un acto consumado de modo irreparable, cuando lo cierto es que la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento; lo que significa, que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de ellos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución, porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados). Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el dispositivo 77 de la ley la materia, el juicio constitucional persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia que en él se dicte pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la conculcación. Por tanto, si en el caso particular, la quejosa mediante la promoción del juicio de amparo, reclama la exclusión del programa emergente de financiamiento por emergencia sanitaria COVID-19 a virtud de su edad; debe decirse que en el particular no es física ni materialmente posible restituirla en el derecho que estima transgredido; ya que de las constancias remitidas por el Titular de la Unidad de Enlace Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Económico y de Trabajo, se advierte que en efecto existió el "PROGRAMA EMERGENTE DE FINANCIAMIENTO POR EMERGENCIA SANITARIA COVID 19", al que se le destinó la cantidad de $10,000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 moneda nacional), programa que tuvo un periodo de vigencia de seis meses a partir de su entrada en vigor o hasta agotar el recurso destinado para dicho programa. Ello conlleva a estimar el sobreseimiento en el juicio de amparo, al quedar consumado de manera irreparable el acto combatido puesto que a la fecha los recursos otorgados por la responsable, han sido agotados en su totalidad y, con la concesión de la protección constitucional, sería física y materialmente imposible que la responsable restituyera a la quejosa el derecho fundamental que estima violado pues atento al reclamo que se formula no se podría reparar materialmente. Ello, como se observa de las copias certificadas remitidas por la responsable entre las que destacan el apartado del programa emergente de financiamiento por emergencia sanitaria COVID-19, aprobado por el Consejo Directivo del Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo mediante acuerdo número 041-24/03/2020, el cual establece que el programa tendrá un periodo de vigencia hasta que se agote el recurso destinado para el programa, esto es, la cantidad de $10,000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 moneda nacional) y el listado de movimientos y auxiliares contables del catálogo del uno de abril al treinta y uno de agosto, ambos de dos mil veinte, relativo a la cuenta BANORTE 1052325972 PE COVID19, de quince de septiembre del año próximo pasado, del que se aprecia la derrama en créditos financieros; constancias a las que se les otorga pleno valor probatorio con fundamento en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral segundo. Ahora, al haberse agotado el referido programa, en el caso no se podría restituir física ni materialmente el derecho que se estima vulnerado pues el acto que dice le transgrede sus derechos, en el caso el "PROGRAMA EMERGENTE DE FINANCIAMIENTO POR EMERGENCIA SANITARIA COVID 19" ya se verificó consumando en sus efectos a mas que no sería posible ordenar que se adhiriera a la quejosa al citado proyecto, pues los recursos se confirieron para dicho programa ya fueron dispersados en su totalidad a diversos beneficiarios y atento al principio de relatividad de las sentencias de amparo no sería posible afectar a diversos justiciables en su esfera jurídica conminándolos a restituir el recurso otorgado; siendo ajenos a la Litis constitucional que se analiza; por lo tanto, no es materialmente posible reparar la violación de que se duele la solicitante del amparo por los motivos expuestos. Resulta aplicable a lo anterior la tesis I. 3o. A. 150 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página trescientos veinticinco, Tomo XIV, Diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, Materia Común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVI de la Ley de Amparo, con apoyo en lo dispuesto por el diverso artículo 63 fracción V del ordenamiento jurídico en cita, lo procedente es que se sobresea en el presente juicio de garantías, respecto del acto reclamado estudiado. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por MARÍA MAGDALENA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, respecto de los actos y autoridades precisados en los considerandos tercero y quinto, por los motivos ahí expuestos. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hasta el día de hoy veinte de enero de dos mil veintiuno, en que las funciones del Juzgado lo permitieron, asistido del Secretario de Juzgado Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe, de conformidad con el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencias en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 en relación con la circular SECNO/4/2021 emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos. FCG Se hace constar que esta foja es parte última del proveído dictado el veinte de enero de dos mil veintiuno en el juicio de amparo 438/2020-III. Conste. veinte de enero de dos mil veintiuno

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de noviembre de dos mil veinte. Se tiene por recibido el oficio signado por el Titular de la Unidad de Enlace Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Económico y de Trabajo, mediante el cual en cumplimiento al proveído de veinte de octubre pasado, informa las condiciones en las que se encuentra el proyecto denominado como "PROGRAMA EMERGENTE DE FINANCIAMIENTO POR EMERGENCIA SANITARIA COVID19" y remite diversas constancias para acreditar lo anterior; el que se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos conducentes, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y que manifiesten lo que a sus intereses convenga, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Tomando en consideración el volumen de las constancias que remitió la autoridad oficiante, se ordena formar el anexo II, el cual queda a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría de este Juzgado, en el entendido que se seguirá actuando en el presente expediente. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.

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