María Magdalena Delgado Vázquez
Expediente 276/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 276/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 22/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- María Magdalena Delgado Vázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 276/2018-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el dos de mayo de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Por otra parte, toda vez que la DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACION SOCIAL NÚMERO 16 "CPS FEMENIL MORELOS", remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, remítase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 276/2018-III, promovido por MARÍA MAGDALENA DELGADO VÁZQUEZ; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el catorce de febrero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnada al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, en la misma fecha, MARÍA MAGDALENA DELGADO VÁZQUEZ y otras personas, por derecho propio, promovieron demanda de amparo contra actos de las autoridades, Directora General, Titular del Área Médica, Titular del Área Técnica y Titular de Seguridad y Custodia, del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS FEMENIL MORELOS" (fojas 5 y 6). SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por auto de catorce de febrero de dos mil dieciocho, el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, registró el expediente con el número 248/2018, ordenó la suspensión de plano de los actos reclamados y la separación de autos (foja 3). Seguido el trámite, el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, este juzgado federal radicó la demanda de amparo promovida por MARÍA MAGDALENA DELGADO VÁZQUEZ, con el número 276/2018-III; por lo que solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se notificó al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Finalmente, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, que inició en los términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33 fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; en virtud de que los actos que se reclaman tienen ejecución en el lugar en que se tramita este juicio. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. En ese orden de ideas, se aprecia que los actos reclamados por la parte quejosa consisten en la omisión de proporcionarle atención médica general y atención médica especializada en odontología. Tales actos los atribuye a las autoridades, Directora General, Titular del Área Médica, Titular del Área Técnica y Titular de Seguridad y Custodia, del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS FEMENIL MORELOS". TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos", en Coatlán del Río, Morelos, al rendir su respectivo informe justificado negaron los actos que se les reclaman y que consisten en la omisión de proporcionarle atención médica general y atención médica especializada en odontología. Sin que en el caso, la negativa de las autoridades responsables haya sido desvirtuada por la parte peticionaria del amparo, a más que aquéllas exhibieron fotocopias certificadas del expediente médico de la quejosa, MARÍA MAGDALENA DELGADO VÁZQUEZ, del que se advierte que, incluso, se le ha proporcionado atención médica. Entonces, desde un punto de vista conceptual, no basta mencionar que existe una omisión o inactividad, pues para que se configure una omisión reclamable en amparo, es imprescindible que exista la obligación de realizar una conducta y que alguien la haya incumplido a fin de que pueda exigírsele que obre en el sentido que ese deber le impone. Situación que en la especie no se surte, porque la peticionaria de amparo no demostró haber observado el procedimiento legalmente establecido en los artículos 107 a 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, elevando una petición administrativa a las autoridades responsables para recibir atención médica en la específica materia que narra en la demanda, y que éstas lo hayan negado o en su caso omitido atender. En efecto, la peticionaria de amparo afirmó en la demanda de amparo, que había solicitado atención médica a través de peticiones y reportes; sin embargo, en el auto de admisión de la demanda este tribunal de amparo requirió a la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS FEMENIL MORELOS", para que informara si MARÍA MAGDALENA DELGADO VÁZQUEZ, había realizado peticiones por escrito solicitando la atención médica cuya omisión reclama en este juicio; quien informó al momento de rendir su informe justificado, que sólo tiene registro de la petición 17494 de la promovente de amparo, sin embargo, que dicha solicitud de atención médica ya había sido atendida, lo que se corrobora con las fotocopias certificadas del expediente médico de la quejosa que a su informe justificado anexo la autoridad responsable, de la que se advierte que efectivamente el treinta de octubre de dos mil diecisiete, la quejosa solicitó atención medica general y el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete manifestó haber recibido a la atención médica solicitada (foja 6 anexo I). A las documentales de mérito, se les otorga eficacia probatoria plena, en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. Por lo tanto, al no demostrarse la existencia de la petición administrativa que hubiera sido omitida, realizada a la Directora del Centro de Reclusión, ni a las diversas autoridades, no puede considerarse que existiera un deber incumplido ni, por ende la omisión que se combate. Es aplicable la jurisprudencia de la décima Época, Registro: 2016418, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 16 de marzo de 2018, Materia(s): (Común), Tesis: 1a. XVII/2018 (10a.), del texto y rubro: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones. Luego, de acuerdo a lo explicado en los párrafos que anteceden, se concluye que no quedó acredita la omisión que se combate al no demostrarse la existencia de peticiones expresas para la atención médica señalada por la quejosa, siendo que a ella le corresponde acreditar esa circunstancia, de acuerdo al nuevo paradigma de la ejecución penal judicializada y la existencia de un procedimiento para obtener atención médica y demás requerimientos para la vida digna dentro de los centros de reclusión, a través de las peticiones administrativas que realice al Director del Centro respectivo y, en su caso, al Juez de Ejecución. En la parte conducente y por analogía, es aplicable la tesis de la Décima Época, Registro: 2003971, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 2, Materia(s): Común, Tesis: XXI.2o.P.A.11 A (10a.), Página: 1386, "DERECHO DE PETICIÓN. SI EL ACTO RECLAMADO EN EL AMPARO LO CONSTITUYE LA NEGATIVA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE A RECIBIR EL ESCRITO RELATIVO, CORRESPONDE AL QUEJOSO ACREDITAR QUE SE CONSTITUYÓ ANTE ÉSTA. Los elementos del denominado derecho de petición son: 1) Debe formularse de manera pacífica y respetuosa; 2) Ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada, y 3) El peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. En ese sentido, si el acto reclamado en el amparo lo constituye la negativa de la autoridad responsable a recibir el escrito que contiene la petición relativa, corresponde al quejoso acreditar que se constituyó ante ésta, en virtud de que para la existencia de la conducta negativa se requiere, necesaria y previamente, la solicitud del particular.". Observando que, por cuanto hace a la aplicabilidad del procedimiento referido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, no incide el sistema mixto o acusatorio bajo el cual se haya decretado el acto que mantiene a la quejosa privada de la libertad; de ahí que éste sea vigente y aplicable. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2016366, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 09 de marzo de 2018 10:12 h, Materia(s): (Penal), Tesis: I.2o.P. J/3 (10a.), del tenor siguiente: "LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. CON EXCEPCIÓN DE LOS NUMERALES CITADOS EN LOS DOS PRIMEROS PÁRRAFOS DE SU ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO (CUYA VIGENCIA DEPENDE DE LA ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA DE LAS CONDICIONANTES QUE EL PROPIO PRECEPTO ESTABLECE), ENTRÓ EN VIGOR A NIVEL NACIONAL A PARTIR DEL 17 DE JUNIO DE 2016, Y SU APLICABILIDAD NO DEPENDE DEL SISTEMA MIXTO O ACUSATORIO BAJO EL QUE SE DICTÓ LA SENTENCIA CONDENATORIA. De acuerdo con el artículo primero transitorio, párrafo inicial, de la ley mencionada, entró en vigor a partir del 17 de junio de 2016, con excepción de los numerales citados en los dos primeros párrafos de su segundo precepto transitorio, cuya vigencia quedó supeditada hasta que se emita la declaratoria para el inicio de vigencia de la norma indicada, o transcurran las fechas señaladas expresamente en el último artículo en cita. En otro aspecto, la Ley Nacional de Ejecución Penal recoge el sistema acusatorio penal; empero, su eficacia no es limitativa a las personas que fueron condenadas con posterioridad a su vigencia, ni está condicionada al sistema judicial en el que ello ocurrió, pues con independencia de la posibilidad material de cada entidad federativa para implementar el nuevo sistema de justicia penal, la ley busca homologar el marco normativo aplicable a los individuos que se encuentran privados de su libertad y a la ejecución de sentencias; máxime que de una interpretación literal de su artículo tercero transitorio, se advierte que con la entrada en vigor de la norma aludida quedaron abrogadas la Ley de Normas Mínimas para la Readaptación Social y las legislaciones de ejecución de sanciones penales locales, por lo que los procedimientos iniciados con anterioridad, seguirán su trámite de acuerdo con los ordenamientos vigentes en ese momento, en el entendido de que esos "procedimientos" no se refieren a los sistemas penales en que surgieron los procesos (mixto o acusatorio), sino única y exclusivamente a los procedimientos iniciados con motivo de las solicitudes sobre temas de "ejecución penal" en general, realizadas al Juez de ejecución con base en las legislaciones vigentes antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional aludida. Por ende, ésta se encuentra vigente sin importar si el quejoso fue sentenciado conforme al anterior sistema o el actual acusatorio. No pasa inadvertida la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2014072, Instancia: Plenos de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, Abril de 2017, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: PC.VII.P. J/3 P (10a.), Página: 1096, que a continuación se trascribe: "ATENCIÓN MÉDICA EN LOS CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL INTERNO RECLAMA LA FALTA U OMISIÓN DE PROPORCIONARLE ATENCIÓN MÉDICA Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE NIEGA EL ACTO Y EXHIBE CONSTANCIAS PARA DEMOSTRAR QUE SÍ LA HA PROPORCIONADO, PORQUE EL ESTUDIO SOBRE SU EXISTENCIA IMPLICA UNA DECISIÓN DE FONDO. El Estado es responsable, en su condición de garante, de la observancia del derecho a la integridad personal de todo individuo que se halla bajo su custodia; así, en términos del numeral 29 del Manual de Tratamiento de los Internos en Centros Federales de Readaptación Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de noviembre de 2006, el área de Servicios Médicos es la responsable de velar por la salud física y mental de los internos, así como de integrar su diagnóstico médico desde el ingreso al Centro Federal, con el fin de establecer el tratamiento médico a seguir y aplicarlo. En ese tenor, cuando el acto reclamado por un interno en el juicio de amparo consiste en la negativa u omisión de proporcionarle atención médica y la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, niega el acto y exhibe diversas constancias para acreditar que sí ha proporcionado al recluso el servicio médico, no procede sobreseer en el juicio de conformidad con en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo por inexistencia del acto reclamado, sino determinar, mediante un estudio de fondo si se ha respetado o no el derecho humano a la salud, al ser éste, precisamente, el acto reclamado, partiendo de la base de que el quejoso, al estar privado de su libertad, se encuentra bajo un estricto control del Estado y, por ende, en condición de vulnerabilidad; estimar lo contrario implicaría dejarlo en estado de indefensión, al no poder decidirse sobre el tema planteado, a saber, si se le ha prestado el servicio y en qué condiciones. Esto es, sobreseer con base en la causa referida, aunque sea realizando un estudio periférico o superficial de las constancias para establecer si se le ha prestado o no la atención médica (para determinar la existencia o no del acto), atañe necesariamente al fondo de la cuestión planteada, pues implica tomar en cuenta los padecimientos reportados y la atención médica proporcionada.". Sin embargo, a criterio de quien resuelve, la jurisprudencia de mérito, versa sobre el reclamo de la omisión total de atención médica por las responsables, al no velar por la salud física y mental de los internos, al abstenerse de integrar su diagnóstico médico desde el ingreso al Centro Federal, con el fin de establecer el tratamiento médico a seguir y aplicarlo; tal como ahí se establece; pero en el caso particular, no es tal acto el que se combate, máxime que se demostró que sí existe el aludido diagnóstico médico inicial de la quejosa. Entonces, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por MARÍA MAGDALENA DELGADO VÁZQUEZ, respecto de los actos y las autoridades precisadas en el resultando segundo de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy dos de mayo de dos mil dieciocho, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, tomando en consideración que el titular del juzgado tiene licencia para ausentarse el día de hoy, y el licenciado Manuel Alexander Vázquez Falcón está como encargado del despacho, de conformidad con el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, según lo dispuesto en el citado artículo 43, párrafo primero, de la ley en comento, el Secretario encargado del despacho únicamente se encuentra facultado para practicar las diligencias y dictar las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente, es decir, no puede dictar resolución definitiva en este asunto; en esas condiciones, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan, las DOCE HORAS CON TRECE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes la adscripción del Juez Jorge Isaac Lagunes Leano como Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del uno de abril de dos mil dieciocho; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA QUEJOSA EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA INTERNA. Así lo proveyó y firma Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada el diez de abril de dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio SECJ/STB/477/2018, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.ISA*
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado que actualmente guardan los presentes autos y de los cuales se desprende que por auto nueve de marzo de dos mil dieciocho, se le dio vista a la parte quejosa con el oficio signado por el Secretario de Gobierno y por ministerio de Ley, Director de periódico Oficial "Tierra y Libertad", ambos del Estado de Morelos, a través del cual informó sobre el cumplimiento a la sentencia pronunciada por este Tribunal Federal y la parte quejosa debidamente notificada, la parte quejosa,no obstante de estar debidamente notificada, no desahogó dicha vista. En consecuencia se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Por sentencia terminada de dictada el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ALFREDO MONTOYA ESCOBAR, contra los actos que reclamó al Congreso del Estado de Morelos y otras, para el efecto siguiente: Efectos del amparo. En consecuencia, una vez demostrada la inconstitucionalidad de la aplicación del decreto invocado, procede conceder el amparo y protección de la justicia federal a favor del quejoso ALFREDO MONTOYA ESCOBAR, para el efecto de que el Congreso del Estado de Morelos: a) Deje sin efectos el Decreto número mil quinientos treinta y dos, emitido por el Congreso del Estado de Morelos y publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete. b) Emita otro, en el que deberá equiparar el porcentaje del monto de la pensión por jubilación del quejoso al que recibiría una mujer (80%), por los mismos años de servicio prestados (veinticuatro años). Por auto de trece de junio de dos mil diecisiete, causó ejecutoria la sentencia de amparo, requiriéndose el cumplimiento de tal fallo a la autoridad responsable. Ahora bien, del análisis de las documentales que remitió la autoridad responsable, se advierte que el fallo protector se encuentra cumplido, por las siguientes razones jurídicas: En cumplimiento al citado fallo protector el Congreso del Estado de Morelos, remitió copia certificada del decreto número dos mil dos mil quinientos cinco, por el cual se abroga el diverso dos mil treinta y cinco, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5516, el veintiséis de julio de dos mil diecisiete y emite el decreto mediante el cual se otorga la pensión por jubilación a Alfredo Montoya Escobar. Asimismo remitió copia certificada del oficio de quince de diciembre de dos mil diecisiete, por el cual se remitió al Gobernador del Estado de Morelos dicho Decreto para su publicación. Finalmente, el Secretario de Gobierno y por ministerio de Ley, Director de periódico Oficial "Tierra y Libertad", ambos del Estado de Morelos remitió el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", en el cual fue publicado el decreto dos mil dos mil quinientos cinco. Constancias que fueron expedidas por la autoridad en ejercicio de sus funciones, por tanto, son documentos públicos a los cuales se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Por consiguiente, es procedente DECLARAR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO; de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Háganse, las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido; asimismo, hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo . Por último, se emite el presente acuerdo en esta data, puesto que si bien el veintiuno de marzo del año en curso, es inhábil, pero laborable, existe impedimento legal para que el órgano jurisdiccional emita resoluciones en el juicio constitucional, porque no es factible, por disposición legal expresa, que practique actuaciones; de lo contrario, se incurre en una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, que amerita su reposición, considerando que la resolución dictada en un día inhábil impacta su validez y las consecuencias jurídicas frente a las partes contendientes, pues al resultar inválida afecta la constitución del acto e impide que logre su finalidad de acto decisorio; encuentra apoyo lo anterior en la Jurisprudencia 14/2017 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 6, de la Décima Época del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes
- María Maclovia Mota Segovia139/2022
- Maria Maclovia Mota Segovia1193/2022
- Maria Madeline Magdalena Juarez Briones1263/2015
- María Magdalena Álvarez Hurtado2602/2014
- María Magdalena Benitez Benitez340/2015
- María Magdalena Delgado Vazquez550/2015
- María Magdalena Hernández Gutiérrez438/2020
- Maria Magdalena Lagunas Castrejon1810/2017
- Maria Magdalena Michel Suberville274/2023
- Maria Magdalena Michel Suberville976/2019
- María Magdalena Michel Y Suberville2348/2015
- María Magdalena Michel Y Suberville697/2016