Maria Magdalena Ayala Sevilla

Expediente 803/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
803/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
21/06/2021

Partes del expediente

  • Maria Magdalena Ayala Sevilla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, por medio del cual, remite la razón de imposibilidad derivada del exhorto 470/2020 (orden 495/2020), derivado del juicio de amparo en que se actúa, en el que se solicitó notificar el auto de treinta de octubre de dos mil veinte , a la quejosa María Magdalena Ayala Sevilla; en consecuencia, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, agréguese a los autos para que obre como corresponda, acúsese de recibo. Ahora, toda vez que, de la razón actuarial se advierte la imposibilidad que tuvo para llevar a cabo la diligencia encomendada, por las razones que expone en la misma; en virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 27 y 29 de la Ley de Amparo, hágase la notificación del mismo y de las subsecuentes, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. Notifíquese....MESAS 3 En consecuencia, se notifica por medio de lista a la parte quejosa María Magdalena Ayala Sevilla, el auto de treinta de octubre de dos mil veinte , que dice.... Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veinte. Recepción y registro de demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada electrónicamente por María Magdalena Ayala Sevilla, por su propio derecho, contra actos que reclama del Juez Segundo Familiar de Tlalnepantla, Estado de México. Fórmese expediente y regístrese en el libro de control de este juzgado con el consecutivo 803/2020-C, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Consideraciones previas. Ahora, previo a acordar lo que en derecho corresponda se debe tener en cuenta lo siguiente: De acuerdo con lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución, que impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas para las personas que solicitan la protección federal en asuntos que resultarán sobreseídos. En este sentido, a fin de explicar el concepto de motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, cuyo rubro y texto a la letra dicen: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. De la jurisprudencia transcrita, se desprende que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Desechamiento de la demanda. Una vez asentadas las consideraciones anteriores, es conveniente precisar que en el caso el acto reclamado es el auto de siete de octubre de dos mil veinte, dictado en el expediente 811/2019, en el que la responsable no tiene por justificada la inasistencia de la quejosa a la audiencia de cinco de octubre del año en curso, señalada para el desahogo de diversas pruebas ofrecidas por las partes en el juicio de origen; y, respecto de esta actuación se advierte que surte de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 172, fracción III, y 171 de la Ley de Amparo, en tanto que constituye un acto intraprocesal que no afecta derechos humanos. Para sostener lo anterior conviene transcribir el contenido de los numerales en cita: ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. ARTÍCULO 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se consideraran violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; [.]. De los preceptos transcritos se obtiene que cuando se trate de violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el juez de distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación o cuando afecten a personas extrañas al procedimiento. En ese contexto, el auto de siete de octubre de dos mil veinte, dictado en el expediente 811/2019, en el que la responsable no tiene por justificada la inasistencia de la quejosa a la audiencia de cinco de octubre del año en curso, señalada para el desahogo de diversas pruebas ofrecidas por las partes en el juicio de origen, pese a haber exhibido una hoja médica para justificar la inasistencia, no es susceptible de reclamarse en amparo indirecto, por no constituir un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que el mismo puede ser reparado si la parte quejosa obtiene sentencia favorable; por lo que, será en su caso, hasta el pronunciamiento del fallo respectivo, cuando dicha determinación, pudiera influir o no, en el sentido de la decisión del juzgador, y será hasta entonces, cuando se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo, y dar lugar así a una afectación de derechos sustantivos, si la resolución fuera adversa a los intereses de la parte quejosa; pues de resultarle favorable, desaparecería cualquier huella en la esfera jurídica de la promovente. En ese orden de ideas, el amparo indirecto es improcedente para reparar violaciones cometidas en la secuela de un procedimiento, por ser éstos actos susceptibles de reclamarse en amparo directo, una vez que se dicte la resolución que ponga fin al juicio, tal y como lo disponen los artículos 171 y 172, fracción III, de la Ley de Amparo. Por tanto, se estima que el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación, que pueda ser combatido mediante el juicio de amparo indirecto, al no producir de manera inmediata una afectación a los derechos fundamentales de la hoy quejosa, razón por la cual resulta improcedente el presente juicio de amparo. Cobra aplicación, la jurisprudencia en materia común, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, Octavo Época, página 335, sustentada por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 207992, de texto y rubro siguiente: PRUEBAS, ADMISION DE, A LA CONTRAPARTE. VIOLACION PROCESAL RECURRIBLE EN AMPARO DIRECTO. De lo establecido por los artículos 107, fracciones III, incisos a) y b), V, VI y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 114, fracción IV, 158, 159 y 160 de la Ley de Amparo, se obtiene la regla general de que la vía de amparo directo es la idónea para combatir violaciones al procedimiento cometidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del laudo, sentencia o resolución, así como la regla de que el amparo indirecto es idóneo, entre otros supuestos, para impugnar actos dentro del juicio que sean de ejecución o cumplimiento irreparable. Ahora bien, el acuerdo que admite las pruebas ofrecidas por cualquiera de las partes no acarrea, por sí solo y desde luego, ningún perjuicio a la contraria; éste, podrá actualizarse, eventualmente, hasta que el tribunal efectúe la valoración de esas probanzas, la que sólo tiene lugar al dictarse el laudo que resuelva la controversia y es hasta entonces cuando se podrá saber si la admisión de dichas pruebas agravió a una de las partes, esto es, si la violación trascendió al resultado del fallo, razones por las cuales el auto de que se trata no es de ejecución irreparable. Por tanto, en el amparo directo que en su caso se promueva contra el laudo, podría alegarse la violación cometida durante el procedimiento. Igualmente, tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en página 49, Tomo 68, Agosto de 1993, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es del tenor literal siguiente: VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio este que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías. En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo promovida por María Magdalena Ayala Sevilla. Lo anterior, porque la causa de improcedencia advertida no es susceptible de superarse con el material probatorio que se llegue a aportar al juicio, dado que su demostración se acredita con el propio acto reclamado y con los términos de su demanda, lo anterior con el objeto de que el la promovente tenga conocimiento desde el inicio, del resultado de la demanda y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. Notificación a quejosa por exhorto. Por otro lado, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el que señala en su escrito de demanda, lo anterior, en atención a que se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal, por tanto, requiérasele para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, señale un domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional, apercibida que de no hacerlo así, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se realizarán en las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, y toda vez que la quejosa señala domicilio fuera de la competencia territorial de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, además, de conformidad con el acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, gírese exhorto al Juez de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione a uno de sus actuarios judiciales a fin de que se constituya en el domicilio de la quejosa María Magdalena Ayala Sevilla, ubicado en Calle Pisco 533-C, Colonia Churubusco Tepeyac, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México y le notifique el presente proveído por conducto de quien legalmente la represente. Asimismo, deberá requerirle para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, señale un domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional, apercibido que de no hacerlo así, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se realizarán en las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo, sin ulterior acuerdo. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que se lleve a cabo la diligencia encomendada en el presente asunto. Se faculta al juzgado exhortado para que realice todo lo necesario a fin de poder llevar a cabo dicho emplazamiento e incluso habilitar días y horas inhábiles. Al respecto, a fin de llevar a cabo la diligencia referida, con fundamento en el artículo 107 del aludido Acuerdo General Conjunto 1/2015, envíese la comunicación oficial al juzgado exhortado a través del Sistema Integral de Seguimiento Expedientes, misma que deberá ser dirigida a la Oficina de Correspondencia Común del Juzgado de Distrito correspondiente. Solicitando al Juez Federal exhortado, que una vez que se encuentre diligenciado, lo remita por la misma vía electrónica a este órgano jurisdiccional, a la brevedad posible, únicamente las constancias de emplazamiento, así como el acuerdo en donde haya determinado devolver la comunicación de mérito. Sin que resulte necesario que el órgano jurisdiccional a quien se le encomienda la diligencia en cita acuse recibo, toda vez que al realizar el envió electrónico de la comunicación oficial de referencia, el Sistema Integral de Seguimiento Expedientes generará la papeleta de turno y este juzgado de distrito tendrá conocimiento del órgano al que le corresponderá conocer. Autorizados. Téngase por autorizados a las personas mencionadas en la demanda de amparo, únicamente para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto acrediten estar legalmente autorizados para ejercer la profesión del licenciado en derecho o abogado de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo. En el entendido que de una vez hecho lo anterior, podrán promover en los términos amplios del dispositivo legal invocado. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo, del punto Vigésimo, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese, por medio de exhorto a la parte quejosa.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de junio de dos mil veintiuno. Agréguese la constancia actuarial remitida electrónicamente por Luis Alberto Aguilar Niño de la que se advierte que el actuario Judicial Miguel Santiago Asencio adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, informa la imposibilidad de notificar a la quejosa María Magdalena Ayala Sevilla el auto de seis de noviembre de dos mil veinte; sin embargo, dado que la constancia fue remitida por funcionario diverso a quien firma electrónicamente la remisión de la constancia, máxime que tampoco fue remitido oficio por el cual se advierta que fue remitido electrónicamente funcionario diverso; por tanto, no se tiene certeza sobre quien suscribió la misma; en consecuencia, solicita al homologo federal Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, que de no tener inconveniente remita la razón de imposibilidad, mediante oficio signado por el funcionario público que remita la información o bien la constancia con la firma electrónica del actuario a que se hace referencia en la constancia de notificación. Notifíquese....MESA 3

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos del expediente en que se actúa, se advierte que mediante proveído de treinta de octubre del año próximo pasado, se ordenó girar el exhorto 470/2020 (orden 495/2020) a fin de notificar a la quejosa María Magdalena Ayala Sevilla dicha determinación; asimismo, de una revisión integral en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), se advierte que el mismo fue turnado al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, máxime que se solicitó en proveído de cuatro de marzo de la anualidad que transcurre el estado procesal de dicha comunicación sin que a la fecha se tenga resultado de dicha diligencia. Por lo tanto, en obvio de dilaciones procesales y a efecto de que ese juzgado se encuentre en aptitud de determinar lo que conforme a derecho corresponde, por oficio que derive del presente, solicítese vía interconexión al homologo federal, informe el trámite dado a la comunicación de referencia. Notifíquese...MESA 3

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos del expediente en que se actúa, se advierte que mediante proveído de treinta de octubre del año próximo pasado, se ordenó girar el exhorto 470/2020 (orden 495/2020) a fin de notificar al quejoso dicha determinación; asimismo, de una revisión integral en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), se advierte que el mismo fue turnado al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, sin que a la fecha se tenga resultado de dicha diligencia. Por lo tanto, en obvio de dilaciones procesales y a efecto de que ese juzgado se encuentre en aptitud de determinar lo que conforme a derecho corresponde, por oficio que derive del presente, solicítese vía interconexión al homologo federal, informe el trámite dado a la comunicación de referencia. Notifíquese...MESA 3

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