Maria Luisa Jardinez Vite
Expediente 878/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 878/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Maria Luisa Jardinez Vite
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por María Luisa Jardinez Vite; en consecuencia, se declara que dicho proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de control y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, toda vez que el presente expediente, se encuentra dentro de la hipótesis del artículo 21 inciso b), contenido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, los cuales a la letra establecen: Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.). b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (.). Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Valoración de expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible, por haberse desechado la demanda de amparo, por lo tanto, se ubican en las hipótesis previstas en el capítulo octavo, artículo 21, inciso b), del Acuerdo General citado. Finalmente, se comisiona al actuario judicial adscrito a efecto de que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
CITATORIO. se notifica por medio de lista a la parte quejosa María Luisa Jardinez Vite, el auto de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, en virtud del citatorio de dos del mes y año en curso, auto que en lo conducente dice: "Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Recepción y registro de demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por María Luisa Jardinez Vite, por propio derecho, contra actos que reclama del Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Fórmese expediente y regístrese en el libro de control de este juzgado con el consecutivo 878/2020, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Consideraciones previas. Ahora, previo a acordar lo que en derecho corresponda se debe tener en cuenta lo siguiente: De acuerdo con lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución, que impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas para las personas que solicitan la protección federal en asuntos que resultarán sobreseídos. En este sentido, a fin de explicar el concepto de motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, cuyo rubro y texto a la letra dicen: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. De la jurisprudencia transcrita, se desprende que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Desechamiento de la demanda. En ese sentido, se tiene que en el caso la quejosa reclama: La resolución interlocutoria de veintidós de octubre de dos mil veinte, la cual resolvió el recurso de revocación hecho valer en contra del auto de siete de octubre de dos mil veinte, en el que se admitió que el desahogo de la prueba confesional a cargo de José Adrián Zaremeño Ruíz, fuera por conducto de su apoderada (actor en el incidente), dictado en el Incidente en Vía de Apremio sobre Ejecución de Convenio, derivado del expediente 1375/2017, del índice del Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Hecha tal precisión, respecto del citado acto reclamado, se advierte que se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu; porque la resolución materia de análisis fue emitida dentro de un juicio y no afecta derechos sustantivos. Tales numerales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De lo anterior, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando se actualice un motivo resultante de la Constitución Federal o de la propia ley de la materia. Ahora, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional biinstancial es procedente Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el procedimiento, por haberse consumado la violación del derecho fundamental de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el agraviado obtiene una resolución favorable. Sobre tal aspecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que los actos procesales tienen una ejecución irreparable si sus consecuencias afectan directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre que tutela la Constitución, pues esa transgresión es jurídicamente trascendente porque sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia que le beneficie. Caso contrario se presenta cuando dicha afectación no tiene una ejecución de naturaleza irreparable, es decir, cuando las consecuencias son susceptibles de extinguirse sin vulnerar los derechos fundamentales del individuo y sin dejar huella en su esfera jurídica. Dichas hipótesis dieron origen a la jurisprudencia 37/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, Junio de 2014, página 39, de rubro: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). la cual se cita como sustento a las consideraciones anteriores, al versar sobre la distinción entre actos dentro del procedimiento que son de imposible reparación, de aquellos que únicamente afectan derechos adjetivos o procesales. En ese sentido, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, debido a que éstos constituyen especies de los cuales la ley fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una resolución favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, pues, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, aun obteniendo resolución favorable, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En el caso específico el acto reclamado consiste en la resolución interlocutoria de veintidós de octubre de dos mil veinte, la cual resolvió el recurso de revocación hecho valer en contra del auto de siete de octubre de dos mil veinte, en el que se admitió que el desahogo de la prueba confesional a cargo de José Adrián Zaremeño Ruíz, fuera por conducto de su apoderada (actor en el incidente), dictado en el Incidente en Vía de Apremio sobre Ejecución de Convenio, derivado del expediente 1375/2017, del índice del Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya que en esencia se tratan de actos tendientes al desahogo de pruebas en el incidente de Ejecución de Convenio; y en su caso, pudiera afecta derechos procesales de las partes dentro del procedimiento, ya que se trata de una violación de carácter formal (procesal) que no ataca de forma material algún derecho sustantivo. Luego, se insiste, será en su caso hasta el pronunciamiento de la interlocutoria incidental correspondiente, cuando pudieran influir o no en el sentido de la decisión del juzgador y, por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado de la resolución mencionada, y dar lugar así a una afectación material a derechos sustantivos, si la resolución es adversa a los intereses legales de la parte quejosa, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, interpretada en sentido contrario; pues de momento, sus únicos efectos consisten en que se continúe la tramitación del proceso de referencia, cuestión que, se insiste no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte accionante. Por tanto, es evidente que el acto reclamado no es de los que irrogan perjuicio de imposible reparación a la amparista, pues en estos casos (los de imposible reparación), la necesidad que los caracteriza y que hace procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, lo constituye el hecho de que no podrían repararse esas violaciones con el dictado de una resolución del Incidente de Ejecución de Convenio favorable. En ese orden de ideas, el acto reclamado no puede ser considerado como de imposible reparación, debido a que su actualización tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si la afectada obtiene una resolución favorable. Por tanto, no sólo es legalmente posible, sino correcto que la autoridad continúe con el procedimiento y será hasta que se dicte la resolución que resuelva en definitiva el incidente y, en su caso, se impugne a través del juicio constitucional, en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de tal violación que hubiera afectado a la parte quejosa. En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo promovida por María Luisa Jardinez Vite, por propio derecho contra actos que reclama del Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Domicilio. Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el que señala en su escrito de demanda, lo anterior, en atención a que se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal, por tanto, requiérasele para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, señale un domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional, apercibido que de no hacerlo así, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se realizarán por medio de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, se comisiona a un actuario adscrito a este juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio ubicado en calle Cerrada de Alcanfores, número 2, Colonia el Potrero, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, y notifique el contenido del presente proveído a la quejosa, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo. Ahora, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid- 19, las diligencias para llevar a cabo la notificación personal del presente acuerdo, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Lo anterior, al requerirlo el orden público derivado de las medidas de contingencia sanitaria para evitar la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), en observancia al acuerdo del Secretario de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo del año en curso. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que se lleve a cabo la diligencia encomendada en el presente asunto. Autorizados. Ténganse por autorizadas a las personas mencionadas en la demanda de amparo, únicamente para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto acrediten estar legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo. En el entendido de que una vez hecho lo anterior, podrán promover en los términos amplios del dispositivo legal invocado. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo, del punto Vigésimo, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Burguete García, Juez Octavo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, asistido de la secretaria Ingrid Maleny Meraz Marrufo. Doy fe.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Agréguese al cuadernillo provisional formado el cuatro de noviembre pasado, el oficio signado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia de Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar Sexual y Genero con Sede en el Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, por medio del cual remite copia del oficio de veintiséis de febrero de dos mil veinte, por el cual se solicitó la alerta migratoria del quejoso; ello, en cumplimiento a lo solicitado el citado acuerdo de cuatro del mes y año en curso; advirtiéndose de dicha constancia, que no se está debidamente digitalizada y por tanto encuentra ilegible. Asimismo, manifiesta su imposibilidad para remitir las demás constancias solicitadas, en virtud de que la carpeta de investigación de la que deriva el acto reclamado (TLA/TLA/TLA/104/187514/19/07), fue enviada al área de servicios periciales, a efecto de realizar una pericial en contabilidad. Sin embargo, dado que las constancias solicitadas resultan necesarias para resolver el juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género con sede en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, para que dentro del término de veinticuatro horas contado a partir de la legal notificación del contenido del presente auto, remita copia certificada del oficio de diecisiete de marzo pasado, por el que se ordenó la suspensión de la alerta migratoria, la constancia de recepción en la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como del oficio de veintiséis de febrero de dos mil veinte, por el cual se solicitó la alerta migratoria; las cuales, deberán estar LEGIBLES Y CERTIFICADAS. Ello, ante la posibilidad de la actualización de una causal de improcedencia dentro del presente controvertido. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se sancionará con multa de cien días de Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el precepto 260, fracción II, en relación con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, así como el Decreto de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. En el entendido de que, para dar cumplimiento a lo anterior, de ser necesario, deberá realizar las gestiones para requerir la carpeta de investigación al área de servicios periciales. NOTIFÍQUESE.
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