Maria Magdalena Ávila Ruiz
Expediente 1247/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 24 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1247/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 04/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Maria Magdalena Ávila Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de marzo de dos mil diecinueve. Teniendo en consideración que conforme a la certificación de cuenta ya transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de inconformidad contra el proveído de uno de febrero del año en curso, por el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, y que en el libro de recibo de correspondencia oficial que se lleva en este juzgado, no obra registrada promoción mediante la cual se interponga dicho recurso; en consecuencia, se declara consentido el acuerdo de referencia. Por otro lado, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que en sentencia de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, la cual confirmó mediante ejecutoria de diez de enero del año en curso, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, este expediente es susceptible de depuración una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre algún documento susceptible de devolución exhibido por las partes. De igual manera y toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, en el cual se concedió la medida cautelar; en consecuencia, glósese el cuaderno original de dicho incidente, mismo que también es susceptible de depuración; lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto, sin que en dicho cuaderno incidental obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Ahora bien, archívese por separado el duplicado respectivo, y con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá al transcurrir más de seis meses contados a partir del dictado de la resolución interlocutoria respectiva. Glósese copia autorizada del presente proveído en el duplicado del incidente de suspensión que deriva del juicio de amparo en que se actúa, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, uno de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo y tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, se procede al estudiar si se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo. A efecto de iniciar el estudio propuesto, debe tenerse presente que el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, la cual confirmó mediante ejecutoria de diez de enero del año en curso, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, para que la autoridad responsable Subdelegado de Prestaciones del Departamento de Pensiones y Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: No aplicara a la quejosa María Magdalena Ávila Ruiz el artículo 51, párrafo segundo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en lo presente y en lo futuro. Ordenara el pago de las cantidades que correspondían a la quejosa por las pensiones de viudez y jubilación a las que tiene derecho y que le hubieran sido indebidamente retenidas por la autoridad responsable, a fin de restituirla en el pleno goce de sus derechos humanos violados -entre ellas, las ulteriores a la presentación de la demanda de amparo-. Debiendo incluir en los pagos, los descuentos efectuados con anterioridad a la fecha de publicación de la tesis jurisprudencial número 2a./J. 97/2012 (10ª) (septiembre de dos mil doce), siempre y cuando no se trate de descuentos respecto de los cuales se haya actualizado la prescripción. En acatamiento a dicha ejecutoria, la apoderada legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante oficio recibido en este juzgado el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, al cual acompañó el original del oficio 24.5.4.J./0326/2018, de dieciséis de marzo del mismo año, suscrito por el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en San Luis Potosí, quien a su vez anexó el acuse de recibo del diverso 24.5.4.J/0311/2018 de catorce del mismo mes y año, dirigido a la quejosa María Magdalena Ávila Ruiz, recibido el dieciséis siguiente, por Diana Berenice Padilla Regalado, a través del cual hacían de su conocimiento: (i) Que el artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado vigente hasta el treinta y uno de marzo del año dos mil siete, no le sería aplicable en lo futuro; (ii) Que no se efectuarán descuentos a las pensiones 318808 y 38171, por concepto de viudez y jubilación, y las percibirá íntegramente; y (iii) Que se procedería al cálculo de las cantidades que se dejaron de pagar a Ia quejosa, ordenando el reintegro de éstas, con excepción de las cantidades que se encuentren prescritas conforme al artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado abrogada, comenzando a computar el término para la prescripción a partir de la promoción de la demanda. Posteriormente, mediante oficio recibido en este juzgado el veinte de abril de dos mil dieciocho, la apoderada legal del referido instituto, acompañó el original del oficio 24.5.4.J./0421/2018, de diecinueve de abril de esa anualidad, suscrito por Víctor Manuel Ramírez Castillo, Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, al cual adjuntó la "hoja de codificación para registro del ejercicio presupuestario", expedida el dieciocho de abril de dos mil dieciocho, en beneficio de Avila Ruiz María Magdalena, en la que se precisó como cantidad a su favor $113,153.10 (ciento trece mil ciento cincuenta y tres pesos 10/100 moneda nacional), con motivo del "reintegro de las deducciones aplicadas por compatibilidad de pensión del mes de diciembre/2012 a diciembre 2017. Lo anterior en cumplimiento a Sentencia dentro del Juicio de Amparo No. 1247/2017-VI". Finalmente, mediante oficio recibido en este juzgado el siete de junio de dos mil dieciocho, la apoderada legal del aludido instituto, adjuntó el original del acuse de recibo del cheque 0004227, expedido por el Instituto el quince de mayo de dos mil dieciocho, a favor de la quejosa Avila Ruiz María Magdalena, que amparaba la cantidad de $113,153.10 (ciento trece mil ciento cincuenta y tres pesos 10/100 moneda nacional), en el cual obra estampada como acuse de recibo la firma autógrafa y huella digital de ésta. De lo antes expuesto, queda de manifiesto que la autoridad responsable, dio cabal cumplimiento a la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase cumplida la ejecutoria, sin que se advierta que la autoridad responsable haya incurrido en exceso o defecto al dar cumplimiento a la misma. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de enero de dos mil diecinueve. Visto el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito; en atención a su contenido se provee: Ténganse recibidos los autos del juicio de amparo 1247/2017-VI, copia certificada del testimonio de la ejecutoria de diez de enero del año en curso, pronunciada por el citado Tribunal, en el amparo en revisión administrativa 247/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en este juicio. Acúsese el recibo de estilo, glósese el cuaderno de antecedentes, previo desglose de las copias certificadas, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo, notifíquese a las partes la llegada de estos autos y el contenido de la ejecutoria de amparo que se acompaña al oficio de cuenta en la que se resuelve: "PRIMERO.- Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a María Magdalena Ávila Ruiz, en contra de los actos y las autoridades precisadas en el resultando primero de este fallo". Sin que haya lugar a ordenar la digitalización del testimonio de la resolución pronunciada por el referido tribunal colegiado, toda vez que la misma obra en el expediente electrónico del recurso de mérito; lo anterior de conformidad con el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Ahora bien, toda vez que en proveídos de veintidós de marzo, veintitrés de abril, y ocho de junio de dos mil dieciocho, se agregaron los oficios signados por la apoderada legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con relación al cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, no hay necesidad de requerir a la autoridad responsable para que se pronuncie al respecto. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de la Materia, con el contenido de los oficios registrados con los números de folio 4356, 6012 y 8823 y sus anexos, dese vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga, corriéndole traslado con copia de los oficios y anexos de que se trata; en la inteligencia que transcurrido dicho término, con el desahogo de la vista o sin ella, este órgano constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de octubre de dos mil dieciocho. Visto el oficio de cuenta que remite el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito y anexo que acompaña; en consecuencia, se tiene recibida la copia certificada del testimonio de la ejecutoria de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, pronunciada por el citado Tribunal, en el recurso de queja administrativo 219/2018. Acúsese recibo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; notifíquese el contenido de la resolución que se acompaña al oficio de cuenta en la que se resuelve: "ÚNICO. Se declara fundado el recurso de queja interpuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto del Director General de Amparos contra Leyes de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contra el auto dictado el doce de abril de dos mil dieciocho, por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto 1247/2017-VI". En consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que este juzgador se estará a lo que resuelva el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, toda vez que aún se encuentra pendiente de resolver el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en el presente asunto. Notifíquese.
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