María Luisa Sánchez Jonguitud
Expediente 1201/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 13 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1201/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 13/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- María Luisa Sánchez Jonguitud
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Agrega escrito. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la quejosa; en atención a su contenido, se provee: Requerimiento. Toda vez que la quejosa refiere que la "Jefa de la Atención al Derechohabiente" no le ha devuelto la documentación y que realizó una petición de reembolso, aunado a que manifiesta que ha hecho compra de medicamentos, requiérasele para que en el término de tres días: Aclare qué documentación refiere no le han devuelto y para qué fin la necesita. Lo anterior, toda vez que este órgano jurisdiccional ya cuenta con copia certificada del expediente clínico el cual se encuentra a su disposición para su consulta en este órgano jurisdiccional. Acompañe original de las facturas que amparen la compra de los medicamentos que refiere ha erogado. Lo anterior, siempre y cuando hayan sido prescritos por su médico tratante, en el entendido que deberá acompañar la receta médica expedida por el médico de la autoridad responsable en el que se prescriba dicho medicamento. Lo anterior, a efecto de que este juzgado se encuentre en posibilidad de hacer los requerimientos correspondientes. En la inteligencia de que el requerimiento que aquí se formula, deberá ser desahogado por conducto de Fabiola Badillo, autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al ser quien cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para ese fin. A quien además deberá hacerse saber del conocimiento el auto de ocho de noviembre del año en curso, a efecto de que pueda desahogar la vista otorgada y no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa. Apercibimiento. En el entendido que de no hacerlo dentro del plazo concedido, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 260 fracción I de la Ley en cita. Solicitud de copias. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase a costa de la quejosa únicamente en un tanto, copia certificada de la constancia que refiere, siempre y cuando obre agregada en autos, y una vez que esté en operación el área de fotocopiado que presta servicio a los justiciables. Lo anterior, en razón de que la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante; por lo tanto, como la promovente no expone las razones por las cuales requiere de la expedición de cuatro juegos más de copias certificadas, no ha lugar a expedir las mismas. Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia 1a./J. 20/2017, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, cuyo rubro y texto son: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO.-La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá ac3ompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." En el entendido que, de conformidad con el artículo transitorio SEXTO del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, al expediente físico relativo al juicio de amparo en que se actúa, solo se agregarán los documentos que se reciban por la vía física. En ese tenor, las determinaciones emitidas por la suscrita no obran agregadas de manera impresa en el expediente físico al encontrarse únicamente integradas al cuaderno electrónico, por lo que se le informa que de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar un Expediente electrónico en los asuntos de la competencia del Poder Judicial de la Federación podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Para lo cual se le exhorta a realizar los trámites necesarios a fin de consultar el expediente electrónico en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y pueda obtener las copias que solicita directamente del aludido sistema. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por conducto de su autorizada, y por medio de lista.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Martha Berenice Lizardo Ozaine, Secretaria que autoriza y da fe. SE HACE DEL CONOCIMIENTO AUTO DE OCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agrega oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Director de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, por medio del cual informa que dicha comisión se encuentra imposibilitada material y jurídicamente para atender el requerimiento hecho por este juzgado en proveído de once de octubre pasado, pues refiere que la solicitud del dictamen debe ser acompañada de la documentación médica y jurídica completa y legible del asunto a estudio. En el caso, manifiesta la oficiante que el soporte documental remitido por este juzgado no cuenta con los elementos necesarios para elaborar un dictamen médico institucional, pues tal soporte data de más de un año de la fecha en la que ocurrió el traumatismo, sin contar con evidencia de la atención médica otorgada en la fase aguda de la lesión, es decir, de la atención médica que recibió de manera inmediata al accidente que sufrió. Aunado a ello, sostiene que resulta indispensable contar con los originales de las imágenes y reportes de estudios de laboratorio, rayos X, tomografías, ultrasonidos, entre otros, practicados a la paciente (aquí quejosa) a raíz de los hechos ocurridos en el año de dos mil veinte, así como soporte documental legible de la atención brindada incluyendo las notas de atención inicial y una electromiografía actual de ambos pies. Por lo que devuelve el legajo de constancias remitidos por este juzgado al momento de realizar la solicitud. Vista. Ahora bien, en virtud de que este juzgado sólo cuenta con las constancias allegadas por la autoridad responsable Directora del Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a este controvertido, aunado a que a petición de la parte quejosa se hizo la solicitud de la emisión de la opinión por parte de la Comisión en cita, dese vista a la directa agraviada con el contenido del oficio y anexos de cuenta, para que manifieste lo que a su interés convenga. En el entendido que, de ser su deseo, deberá remitir toda la documentación que requiere la Comisión y que se detalla en el oficio de cuenta del cual se ordena entregar copia simple. Domicilio, delegados y correo electrónico. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la autoridad oficiante el que señala y como delegados a las personas que menciona y como correo electrónico el que refiere. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por medio de lista.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Martha Berenice Lizardo Ozaine, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agrega oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Director de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, por medio del cual informa que dicha comisión se encuentra imposibilitada material y jurídicamente para atender el requerimiento hecho por este juzgado en proveído de once de octubre pasado, pues refiere que la solicitud del dictamen debe ser acompañada de la documentación médica y jurídica completa y legible del asunto a estudio. En el caso, manifiesta la oficiante que el soporte documental remitido por este juzgado no cuenta con los elementos necesarios para elaborar un dictamen médico institucional, pues tal soporte data de más de un año de la fecha en la que ocurrió el traumatismo, sin contar con evidencia de la atención médica otorgada en la fase aguda de la lesión, es decir, de la atención médica que recibió de manera inmediata al accidente que sufrió. Aunado a ello, sostiene que resulta indispensable contar con los originales de las imágenes y reportes de estudios de laboratorio, rayos X, tomografías, ultrasonidos, entre otros, practicados a la paciente (aquí quejosa) a raíz de los hechos ocurridos en el año de dos mil veinte, así como soporte documental legible de la atención brindada incluyendo las notas de atención inicial y una electromiografía actual de ambos pies. Por lo que devuelve el legajo de constancias remitidos por este juzgado al momento de realizar la solicitud. Vista. Ahora bien, en virtud de que este juzgado sólo cuenta con las constancias allegadas por la autoridad responsable Directora del Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a este controvertido, aunado a que a petición de la parte quejosa se hizo la solicitud de la emisión de la opinión por parte de la Comisión en cita, dese vista a la directa agraviada con el contenido del oficio y anexos de cuenta, para que manifieste lo que a su interés convenga. En el entendido que, de ser su deseo, deberá remitir toda la documentación que requiere la Comisión y que se detalla en el oficio de cuenta del cual se ordena entregar copia simple. Domicilio, delegados y correo electrónico. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la autoridad oficiante el que señala y como delegados a las personas que menciona y como correo electrónico el que refiere. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por medio de lista.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Martha Berenice Lizardo Ozaine, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción de oficios. Agréguense a los autos los oficios de cuenta, signados por la Directora del Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante el cual se detalla el seguimiento médico brindado a la quejosa; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119, en relación con el diverso 196 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la autoridad responsable las documentales que aporta, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese por medio de lista.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Martha Berenice Lizardo Ozaine, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de octubre de dos mil veintitrés. Agrega escrito. Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite la Directora del Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante el cual, informa lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; de lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Requerimiento a la parte quejosa. Visto el acuerdo dictado el once de mayo de dos mil veintidós, dentro del juicio de amparo 858/2021-I, del índice de este órgano jurisdiccional, circunstancia que constituye un hecho notorio, se desprende el criterio adoptado por la suscrita para permanecer atenta al cumplimiento de las ejecutorias en esta materia. Por tanto, si de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se desprende que, el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que las ejecutorias se cumplimenten, dado que las mismas son una cuestión de orden público, por lo que en el desarrollo de esta etapa, el Juez debe regir el procedimiento y asegurarse de que el acatamiento del fallo constitucional sea de forma oficiosa, pronta y precisa, con apoyo en dichos numerales, requiérase a la parte quejosa a fin de que, en lo subsecuente y dentro de los primeros diez días de cada mes, se sirva informar: - Si ha recibido oportunamente la atención médica requerida, derivado de su padecimiento (********************), así como los medicamentos respectivos conforme le sean prescritos. En la inteligencia de que, en caso de que no reciba la atención o medicamento, conforme a lo anterior, deberá informarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, para que se generen los requerimientos necesarios y en su caso, se impongan las sanciones correspondientes a las autoridades encargadas de dicha obligación. Finalmente, hágase lo anterior del conocimiento de la autoridad responsable, para los efectos legales a que haya lugar. Precisión a quejosa. Asimismo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que, a fin de no poner en riesgo su salud y siempre y cuando se encuentre en posibilidad de adquirir los medicamentos y/o tratamientos que le hayan sido prescritos para su padecimiento, lo puede realizar, debiendo conservar las notas de compra de los mismos y/o facturas, a fin de solicitar el reembolso de los gastos generados por la compra de los mismos. Precisión a responsable. En el mismo orden de ideas, infórmese a la autoridad responsable que en caso de que la parte quejosa adquiera los medicamentos y/o tratamientos que le fueron prescritos para su padecimiento, con sus propios medios, deberá de reembolsar los gastos que la misma sufrague. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial 151/2023 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del tenor siguiente: "DERECHO HUMANO A LA SALUD. ANTE ENFERMEDADES QUE IMPLICAN EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PERIÓDICA, EL ESTADO TIENE UN DEBER DE DILIGENCIA QUE DEBERÁ POTENCIALIZARSE CON UN CARÁCTER REFORZADO. HECHOS: Una persona promovió juicio de amparo indirecto contra la omisión de un Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social de entregarle oportunamente el medicamento que se le prescribió para el control de la enfermedad que padece. Ante la urgencia por la falta de suministro del medicamento prescrito y para no poner en riesgo su salud, el paciente lo adquirió por cuenta propia. Por ello, solicitó el reembolso de los gastos generados por la compra del medicamento, lo cual hizo del conocimiento de las autoridades responsables y del Juez de Distrito, quien sobreseyó en el juicio por estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado. Contra esta determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión. CRITERIO JURÍDICO: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, ante enfermedades que implican el suministro de medicamentos de forma periódica, existe un deber de diligencia por parte del Estado que deberá potencializarse con un carácter reforzado, pues de ello dependen la vida, la integridad y la seguridad de las personas. JUSTIFICACIÓN: El tercer párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, entre otras cuestiones, que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Este tipo de deberes comprometen a las autoridades del Estado a ajustar el aparato institucional, legal, administrativo y financiero para evitar vulneraciones a los derechos de las personas. Así, para salvaguardar el derecho humano a la salud previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es de importancia garantizar el más alto nivel en las pretensiones relacionadas con el disfrute de ese derecho a partir de una serie de estándares jurídicos, así como de la realización progresiva de ese derecho, entre los que destaca el deber concreto y constante de avanzar hacia su plena realización. En consecuencia, la vulneración al derecho a la salud se actualiza desde el momento en que el medicamento no es suministrado al paciente de forma oportuna por el Estado -a través de las instituciones de salud-, ya que tenía conocimiento de que lo requería de manera continua y permanente; por tanto, incumplió con su deber reforzado de debida diligencia, pues las autoridades debieron planear y adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que no se diera una situación de desabasto. Amparo en revisión 82/2022. 12 de abril de 2023. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien formuló voto concurrente en el que se separa de las consideraciones contenidas en la presente tesis, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo, y de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat. Ponente: Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: María Dolores Igareda Diez de Sollano." Así como la tesis jurisprudencial 152/2023 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del tenor siguiente: "DERECHO HUMANO A LA SALUD. LAS AUTORIDADES DE SALUD DEL ESTADO INCUMPLEN CON SU OBLIGACIÓN DE IMPLANTAR ACCIONES PARA MEDIR Y FAVORECER ESE DERECHO, CUANDO NO ENTREGAN OPORTUNAMENTE EL MEDICAMENTO REQUERIDO POR EL PACIENTE. HECHOS: Una persona promovió juicio de amparo indirecto contra la omisión de un Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social de entregarle oportunamente el medicamento que se le prescribió para el control de la enfermedad que padece. Ante la urgencia por la falta de suministro del medicamento prescrito y para no poner en riesgo su salud, el paciente lo adquirió por cuenta propia. Por ello, solicitó el reembolso de los gastos generados por la compra del medicamento, lo cual hizo del conocimiento de las autoridades responsables y del Juez de Distrito, quien sobreseyó en el juicio por estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado. Contra esta determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión. CRITERIO JURÍDICO: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, con la omisión por parte de las autoridades de salud del Estado de entregar oportunamente el medicamento requerido por el paciente, se incumple con la obligación de implantar acciones encaminadas a medir y favorecer, con apego al tratamiento respectivo, el derecho a la salud. JUSTIFICACIÓN: En términos del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se impone a los Estados, por una parte, la obligación inmediata de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del derecho a la salud y, por otra, una obligación de cumplimiento progresivo para lograr su pleno ejercicio por todos los medios apropiados. De no concretarse con el nivel mínimo de procuración y atención a los pacientes en un sentido reforzado, se actualiza la omisión del actuar diligente por parte del Estado. Así, tratándose de situaciones en las que los pacientes requieren de la toma periódica de medicamentos, sobre todo, derivadas de enfermedades crónicas, y ante el desabasto, la falta del suministro diario potencializa y agrava su condición de salud, lo cual no sólo atiende a una entrega tardía de la dosis, sino que, ante la imperiosa necesidad por no contar con el medicamento, se menoscaba su salud. Amparo en revisión 82/2022. 12 de abril de 2023. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien formuló voto concurrente en el que se separa de las consideraciones contenidas en la presente tesis, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo, y de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat. Ponente: Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: María Dolores Igareda Diez de Sollano." De igual manera sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial 153/2023 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del tenor siguiente: "DERECHO HUMANO A LA SALUD. PROCEDE REEMBOLSAR EL PAGO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS POR EL PACIENTE, DERIVADO DE LA OMISIÓN Y SUMINISTRO TARDÍO POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), ANTE LA URGENCIA DE NO PONER EN RIESGO SU SALUD. HECHOS: Una persona promovió juicio de amparo indirecto contra la omisión de un Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de entregarle oportunamente el medicamento que se le prescribió para el control de la enfermedad que padece. Ante la urgencia por la falta de suministro del medicamento prescrito y para no poner en riesgo su salud, el paciente lo adquirió por cuenta propia. Por ello, solicitó el reembolso de los gastos generados por la compra del medicamento, lo cual hizo del conocimiento de las autoridades responsables y del Juez de Distrito, quien sobreseyó en el juicio por estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado. Contra esta determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión. CRITERIO JURÍDICO: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en atención al derecho humano a la salud, al no satisfacerse lo previsto en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben reembolsarse al quejoso los gastos erogados con motivo de la adquisición del medicamento requerido para tratar su enfermedad, pues al actualizarse la interrupción del suministro del fármaco, así como su entrega tardía, se vulneró el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, dentro de los cuales -tratándose de servicios de salud- se encuentran las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y la colectividad. JUSTIFICACIÓN: De conformidad con el artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho a la protección de la salud comprende como servicio básico la atención médica, que supone un tratamiento oportuno al enfermo, que incluye la aplicación de los estudios médicos necesarios y de los medicamentos correspondientes. El Instituto Mexicano del Seguro Social, como organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituye una institución pública de seguridad social que forma parte del Sistema Nacional de Salud y, por tanto, se encuentra obligado, en términos de los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o., fracción I, 23, 24, 27, 32, 33 y 37 de la Ley General de Salud, a garantizar el derecho a la salud mediante atención médica preventiva, curativa, de rehabilitación o paliativa, como un servicio básico de salud a las personas que tengan el carácter de derechohabientes, en términos de su ley. Ahora bien, en relación con su derecho a la salud, el quejoso vio afectada su esfera jurídica ante la suspensión del suministro del medicamento, lo cual no desaparece con su entrega a destiempo por el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues la entrega impuntual o inoportuna del medicamento que debía realizarse en forma ininterrumpida puso en peligro su salud. Ante ese escenario, el Juez de Distrito tenía la obligación de evaluar en su integridad los autos del juicio de amparo para advertir que, al no haberle sido suministrado el medicamento por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el quejoso se vio en la imperiosa necesidad de adquirirlo por sus propios medios. Amparo en revisión 82/2022. 12 de abril de 2023. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien formuló voto concurrente en el que se separa de las consideraciones contenidas en la presente tesis, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo, y de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat. Ponente: Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: María Dolores Igareda Diez de Sollano". Notifíquese personalmente a la parte quejosa; así como por medio de lista y por oficio a la Directora del Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Martha Berenice Lizardo Ozaine, Secretaria que autoriza y da fe.
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