María Luisa Villanueva Hernández

Expediente 553/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
553/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
13/07/2018

Partes del expediente

  • María Luisa Villanueva Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    ...Xalapa de Enríquez, Veracruz, a trece de julio de dos mil dieciocho. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que al haber transcurrido el término previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, no se interpuso recurso de queja contra el auto de doce de junio del presente año, por medio del cual se desechó la demanda origen de este juicio; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el referido auto. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente; y, archívese el presente asunto como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el manual para la organización de archivos judiciales vigente a partir del año dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no encontrarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda según corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha...

  2. Principal

    ...Téngase por recibido el oficio y anexo que le acompañan, signado por el Encargado del Despacho del Juzgado Municipal de Emiliano Zapata, Veracruz, a través del cual, devuelve sin diligenciar el despacho 103/2018, del índice de este órgano jurisdiccional, por los motivos ahí expuestos. Dése de baja en el libro de gobierno correspondiente. Ahora, ante la imposibilidad que existió por parte de la autoridad citada en líneas precedentes para notificar a la parte quejosa María Luisa Villanueva Hernández el proveído de doce de junio del presente año, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágase la notificación del proveído de mérito, por lista de acuerdos, que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, así como las subsecuentes hasta en tanto señale nuevo domicilio correcto para tal efecto. Notifíquese por lista de acuerdos a la quejosa María Luisa Villanueva Hernández el auto de doce de junio del presente año...Xalapa-Enríquez, Veracruz, a doce de junio de dos mil dieciocho. Por recibida la demanda de amparo presentada por María Luisa Villanueva Hernández, por propio derecho, contra actos del Delegado Estatal de Veracruz, Sub-Delegación de Prestaciones, Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, y otra autoridad, por violación a sus derechos fundamentales, consagrados en los artículos 1, 14 y 16 de la constitución. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 553/2018/II-B. DESECHAMIENTO DE DEMANDA. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la demanda que se intenta, se hace necesario reproducir el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo . Toda vez que el citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente la tesis de mérito interpreta que, para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De la lectura íntegra de la demanda de garantías, se advierte que la quejosa María Luisa Villanueva Hernández, señala como acto reclamado la abstención de otorgar la pensión solicitada mediante escrito de fecha dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, con motivo del fallecimiento del finado Darío Hernández Salazar, acto que se reclama a las autoridades responsables. En ese orden, la promovente manifestó que el veintitrés de abril del presente año, le fue notificada mediante oficio 172/2018, la autorización de la pensión solicitada, pero a la fecha no se la han dado. Expresiones las anteriores que para la suscrita adquieren el carácter de una confesión rendida en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la determinación anterior, la tesis proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página ochocientos cincuenta y siete, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." Precisado lo anterior, es de advertirse que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo establece que el promovente antes de acudir al juicio de amparo contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, debe agotar previamente algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado, siempre que conforme con las mismas leyes se suspenda el efecto de dicho acto de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el promovente, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa ley. Atento a lo anterior, cabe decir que el acto reclamado en la presente demanda es susceptible de modificarse a través del recurso de inconformidad previsto en los artículos 19, fracción XI y 29, fracción I , del Reglamento Orgánico de las Delegaciones Estatales y Regionales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o bien, por medio del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 3, fracción VII , del Ley Orgánica del citado Tribunal. Del los preceptos legales citados, resulta patente que si no se agota alguno de los citados medios de defensa que contempla la legislación del juicio de origen, es claro que no se cumple con el principio de definitividad, actualizándose la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 , de la Ley de Amparo, pues el acto que combate la peticionaria se puede atacar si ésta promueve el recurso respectivo o el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. De lo anterior se sigue que previamente a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, la promovente debe agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal que sean procedentes conforme a las leyes que rijan los actos y que puedan producir como efecto su modificación, revocación o nulidad. Por lo tanto, inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, actualizándose la hipótesis de improcedencia en mención, toda vez que la existencia de dichos medios de impugnación ponen de manifiesto en forma patente y se tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, actualiza la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Es aplicable al caso concreto la Jurisprudencia XXV. 2o.J/3, Materia Administrativa, Décima Época, Tomo III, visible en la página 1945, registro 2013742, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, con el rubro y texto: "PENSIONES OTORGADAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS SALAS DEL AHORA TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA SON COMPETENTES PARA CONOCER DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTRA LA OMISIÓN DE SU DETERMINACIÓN, CÁLCULO Y ACTUALIZACIÓN, SIN NECESIDAD DE UNA INSTANCIA O PETICIÓN PREVIA DEL INTERESADO AL RESPECTO. De los parámetros que derivan de las ejecutorias que corresponden a las jurisprudencias 2a./J. 74/2012 (10a.) y 2a./J. 78/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en la página 897 del Libro XII, Tomo 2, septiembre de 2012, y en la página 988 del Libro XXI, Tomo 1, junio de 2013, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO, TIENEN NATURALEZA POSITIVA, POR LO QUE CORRESPONDE AL QUEJOSO PROBAR SU EXISTENCIA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE LO NIEGA." y de título y subtítulo: "PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO.", respectivamente, se advierte, por un lado, que el acto impugnado aparentemente como omisivo, realmente debe entenderse como la actualización, determinación y cálculo de los incrementos a la pensión -acto positivo-, mientras que el motivo de su ilegalidad consiste en que la autoridad ha omitido hacerlo conforme a las disposiciones legales que resulten aplicables -naturaleza negativa- y, por otro, que el juicio de nulidad es la vía procedente para ese fin, precisamente porque el análisis que habrá de realizarse únicamente exige verificar si se han aplicado correctamente las disposiciones relativas. Ahora, conforme a los artículos 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el 31 de marzo de 2007, actualmente abrogada -incluso conforme a su propia evolución- y 8 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expidió aquel ordenamiento, según sea el caso, la autoridad demandada tiene la obligación de incrementar la cuantía de las pensiones, ya sea: a) anualmente, con efectos a partir del primer día de enero de cada año; b) conforme aumente el salario mínimo general para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México); o, c) en el mismo tiempo y proporción en que aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en activo. Bajo esa perspectiva, determinar, calcular y actualizar el monto de la pensión es una obligación que impone la norma respectiva a la autoridad, por conducto de la unidad administrativa correspondiente, y lo que decida a ese respecto, a su vez, trasciende en la esfera jurídica de los pensionados, al materializarse el perjuicio por recibir su pensión en una cantidad menor a la que estiman tienen derecho. En estas condiciones, con el pago de la pensión se refleja la voluntad definitiva del mencionado organismo; de ahí que sea innecesario que el acto que se impugne provenga de una solicitud, instancia o petición de la parte interesada a la que haya recaído una respuesta expresa o ficta de la autoridad, pues para que proceda el juicio de nulidad basta con que el acto controvertido sea unilateral, obligatorio y refleje la voluntad oficial de la autoridad, lo que acontece con los actos administrativos que se manifiestan en forma expresa a través del pago de la pensión en los términos en que decide hacerlo el instituto demandado. Por tanto, las Salas del ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa son competentes para conocer del juicio contencioso administrativo promovido en los términos señalados, lo que implica privilegiar el derecho fundamental de acceso a la justicia, con apoyo en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo e interpretación más favorable para el ejercicio de ese derecho fundamental." Asimismo, la diversa jurisprudencial XVV. 2º. J/1. de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1922, Febrero de 2017, Tomo III, Décima Época, Registro 2013741, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. PROCEDE CONTRA ACTOS NEGATIVOS POR ABSTENCIÓN CON EFECTOS POSITIVOS. En términos del artículo 2o., párrafo primero, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el juicio de nulidad procede contra las resoluciones administrativas previstas en el numeral 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrogada (correlativo del numeral 3 de la vigente Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa), las cuales, para ser impugnables, deben representar la voluntad definitiva de la autoridad administrativa y ocasionar un agravio a los gobernados, pudiéndose manifestar esa voluntad final en forma aislada y a través de actos negativos por abstención con efectos positivos, esto es, los que al exteriorizarse privan del derecho subjetivo cuya titularidad se defiende en la vía contenciosa administrativa, pues no se advierte que dichas legislaciones limiten la procedencia del juicio contra actos de naturaleza positiva, o bien, resoluciones negativas simples, es decir, aquellas que se manifiestan mediante el rechazo expreso o ficto de la autoridad acerca de lo pedido. Por tanto, con apoyo en el principio in dubio pro actione, los citados preceptos deben interpretarse en el sentido de que el juicio contencioso administrativo federal también procede contra dichos actos negativos. Un ejemplo de éstos es la omisión o abstención de incrementar las prestaciones denominadas "bono de despensa" y "previsión social múltiple" a una pensión, y su existencia se corrobora con el recibo de pago correspondiente, ya que refleja la voluntad definitiva de la autoridad de negar el derecho sustantivo que pretende acreditarse, con fundamento en el artículo 57, último párrafo, parte final, de la Ley del Instituto de Seguridad Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada -cuya redacción coincide con el artículo 43, tercer párrafo, del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la ley de ese organismo vigente-, por lo que contra ese acto procede el juicio contencioso administrativo, al expresar la entrega de un monto menor del que pretende el demandante." A más de lo anterior, es de advertirse que respecto al acto reclamado, la propia interesada manifestó que el veintitrés de abril del presente año, se le dio contestación, de ahí que, de conformidad por lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado , transcurre el plazo para que el Instituto responsable emita la resolución respecto a la pensión solicitada, el cual contempla un plazo máximo de noventa días para ello. En consecuencia, se concluye que del análisis del acto reclamado antes especificado, se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la citada ley, se desecha la demanda de amparo origen de este asunto...

  3. Principal

    . Agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes la razón actuarial que antecede, levantada por el actuario Judicial adscrito a este juzgado, mediante la cual refiere que al realizar una revisión de las constancias que integran el presente asunto, se desprende que la aquí quejosa ......gírese atento despacho al Juez Municipal de Emiliano Zapata, Veracruz, acompañando con copia autorizada del auto de doce de junio del presente año, para que por conducto de quien comisione al efecto, realice la notificación respectiva del citado proveído, además requerirle para que dentro del término de tres días, contado a partir de que sea notificada del presente acuerdo, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndole que de no hacerlo, las subsecuentes, incluso las de carácter personal, le será hecha por lista de acuerdos que se fija en los estrados de este Juzgado Federal. Prevéngase al Juez Municipal, que de no acatar este mandato judicial se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · 10,474 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano