María Luisa Marín
Expediente 273/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 273/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- María Luisa Marín
Actuaciones
- Principal
.. se declara que ha causado estado el acuerdo de referencia. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y, archívese este asunto como concluido.
- Principal
--- Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 273/2021. ----Notifíquese personalmente a la parte promovente.
- Principal
... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE DOCE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL AVISO DE NOTIFICACIÓN, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, doce de abril de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por María Luisa Marín, por propio derecho, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otra autoridad, por violación a sus derechos fundamentales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 273/2021. PRECISIÓN TRÁMITE POR EMERGENCIA SANITARIA. Cabe decir que la tramitación del presente asunto, se sujetará a las reglas y precisiones previstas en la circular SECNO/13/2021, apartado III, emitida el veintisiete de febrero del año en curso, por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en la que hizo del conocimiento que la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, determinó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, se aprecia que el acto aquí reclamado es el siguiente: El Decreto 588 de treinta de julio del presente año, publicado el veintinueve de septiembre siguiente en la Gaceta Oficial del Estado, que abrogó la Ley 223 que reconoce el derecho de las personas físicas, mayores de setenta años de edad, que no tengan ingreso alguno y sin la protección de los Sistemas de Seguridad Social del Estado o de la Federación, a recibir una pensión alimenticia del Gobierno del Estado de Veracruz. Con relación a ello, es menester destacar que para deducir el acto reclamado en una demanda de amparo, no debe considerarse como tal sólo el que se desprenda en el apartado concreto de la misma, sino que debe comprender, además, el análisis de las constancias allegadas, lo que forzosamente hace que tengan que apreciarse en su conjunto, sin sujetarse al rigorismo, que ni la lógica ni el derecho pueden autorizar, sin que ello implique que de manera alguna se supla la queja deficiente, en virtud de que se trata únicamente de armonizar la información con la que se cuenta, a fin de que a través de ella se precise el verdadero sentido que quiso darle el particular. Tal precisión se hace conforme lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro1: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; y la tesis al rubro2: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo, toda vez que la solicitante de amparo expuso hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro3: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA." DESECHAMIENTO. Como aspecto previo, este órgano jurisdiccional, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo4, debe proceder al análisis de la demanda de amparo que se plantea para que, en caso de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. En relación con ello, lo manifiesto se actualiza cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito5, de rubro y texto que a la letra dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional". Ahora, tocante a dicho acto reclamado este órgano jurisdiccional considera que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, con relación en los numerales 17, fracción I y 18, todos de la Ley de Amparo, la demanda de amparo fue presentada de forma extemporánea. ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. (.)". "rtículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;.". Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Asimismo, conviene tener presente que el decreto 588 de treinta de julio de dos mil veinte, publicado el veintinueve de septiembre siguiente en la Gaceta Oficial del Estado, que abrogó la Ley 223 que reconoce el derecho de las personas físicas, mayores de setenta años de edad, que no tengan ingreso alguno y sin la protección de los sistemas de seguridad social del Estado o de la Federación, a recibir una pensión alimenticia del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en lo conducente establece: ".Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes sabed: Que la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado se ha servido dirigirme el siguiente Decreto para su promulgación y publicación: . Artículo Único. Se abroga la Ley 223 que reconoce el derecho de las personas físicas, mayores de setenta años de edad, que no tengan ingreso alguno y sin la protección de los sistemas de seguridad social del Estado o de la Federación, a recibir una pensión alimenticia del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de fecha 14 de febrero de 2015. T R A N S I T O R I O S Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.". Ahora, si bien dicho decreto entró en vigor el treinta de septiembre de dos mil veinte, en el caso debe atenderse a la fecha en que la quejosa sufrió sus efectos, esto es, a partir del cual resintió sus consecuencias jurídicas, como lo es que dejó de percibir la pensión alimenticia del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de la que venía disfrutando. Es decir, en el caso, debe atenderse a la individualización condonada del decreto combatido, esto es, su aplicación jurídica o material, que en el caso concreto, se halla sometido a la realización de ese evento, que fue el no percibir la pensión gubernamental de la que venía gozando. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 55/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, Novena Época, del tenor siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Así las cosas, tal y como lo manifiesta la quejosa en su demanda el decreto reclamado le fue aplicado en el mes de enero del año en curso, pues así lo manifestó bajo protesta de decir verdad, ya que aduce que fue el mes en que dejó de percibir el apoyo económico o pensión alimenticia otorgada por el Gobierno del Estado de Veracruz, que le concedía la Ley 223 como adulto mayor de setenta años de edad, sin percibir algún beneficio social tanto Estatal como de la Federación. Confesión ésta que atento a lo regulado en los preceptos 95, 199 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al diverso 2º de la Ley de la materia, adquiere pleno valor probatorio, por lo que cobra aplicación la tesis publicada en la página ochocientos cincuenta y siete, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTÍCULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa." Por lo tanto, el perjuicio derivado de la vigencia de dicho decreto, la quejosa lo resintió en el mes de enero del año en curso, sin precisar la fecha exacta, por lo que, el cómputo para acreditar su extemporaneidad debe tomarse a partir del último día de dicho mes. En virtud, de combatirse el ya indicado decreto con motivo de sus consecuencias jurídicas, que afectaron al quejoso en el mes de enero del año en curso, la presentación de la demanda debe sujetarse al término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que aun cuando se hiciera sabedor del acto desde el treinta y uno de enero del año en curso, el plazo empezó a correr a partir del día siguiente hábil, que lo fue el dos de febrero de dos mil veintiuno, por lo que el término para la presentación de la demanda de amparo, transcurrió del dos al veintitrés de febrero de la presente anualidad, sin contar los días cinco, seis, siete, trece, catorce, veinte y veintiuno de febrero de la presente anualidad, ya que resultaron inhábiles. Luego, si la demanda de amparo fue presentada el ocho de abril del año en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, tal y como se advierte del sello de recibido que obra plasmado en la demanda de amparo, resulta indudable que el plazo genérico de quince días que impone la ley para promover el juicio de amparo, ya había transcurrido en exceso al momento en que la parte promovente presentó su demanda de amparo. Por lo anterior, la presentación de la demanda de amparo en relación a la abrogación de la ley de la Ley 223, que reconoce a las personas mayores de setenta años el derecho a recibir una pensión alimenticia por el gobierno del Estado, se realizó de manera extemporánea, lo cual se tradujo en el consentimiento tácito de los actos reclamados, actualizándose la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61, de la Ley de Amparo, Sirve de apoyo, por sus consideraciones, la Tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 837, Tomo XXII, Novena Época, noviembre de 2005, de rubro siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. SI EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO DE APLICACIÓN EN DÍA INHÁBIL, EL CÓMPUTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS COMIENZA AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE AQUÉL, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO." En consecuencia, al actualizarse de manera notoria e indudable las causales de improcedencia previstas en el dispositivo artículo 61, fracción XIV, y con apoyo en el diverso artículo 113, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda. REQUERIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA. Dado que el ingreso al recinto que ocupa este Juzgado de Distrito, se encuentra regulado por el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el cual se tomaron acciones específicas respecto al número de personas que pueden acceder al edificio, a efecto de evitar la propagación del virus Covid-19, se EXHORTA a la parte quejosa, para que: Opte por la tramitación del juicio en línea, desde el portal de servicios en línea de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, para lo cual es indispensable contar con firma electrónica y solicitar notificaciones por medios electrónicos así como su nombre de usuario (lo cual incluye el acceso al expediente electrónico), en términos de los artículos 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 antes citado, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Al promover deberá tomar en consideración que la Oficialía de Partes Común habilitada atenderá la recepción de promociones de seis órganos jurisdiccionales, por lo cual posiblemente tendrá una mayor afluencia de usuarios, por lo cual se les recomienda, presentar sus promociones de forma electrónica o bien físicamente, con la debida anticipación. NOTIFICACIÓN Y COMUNICACIONES NO PROCESALES. Requiérase también a la quejosa para que a efecto evitar la propagación del virus Covid-19, agilizar el asunto y privilegiar el uso de medios electrónicos, con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 en cita, proporcione un correo electrónico y/o número de teléfono celular y/o servicios de mensajería móvil instantánea, a través de los cuales se pueda entablar comunicación y, en su caso, de autorizarlo expresamente para que se les realicen notificaciones en este asunto a través de esas vías, previa verificación de su recepción que se deje en autos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en el ocurso de demanda, como autorizados en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alfonso García Castillo, en virtud de que cuentan con cédula profesional cuya consulta se realizó en la página de internet relativa al registro de profesionistas, y con las restricciones que impone dicho precepto a Ramón Hernández Salinas, ya que no cuenta con dicho registro. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas para efectuar las notificaciones o diligencias que se le encomienden durante la tramitación del juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1 a 9, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8 de dicha ley y 9 del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó en oponerse a la publicación de sus datos personales en listas de notificación.
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