Maria Luisa Vargas Gonzalez

Expediente 1366/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 26 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1366/2015
Año
2015
Actuaciones
26
Última actuación
12/08/2016

Partes del expediente

  • Maria Luisa Vargas Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, doce de agosto de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio 1404 signado por el Juez Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, por medio del cual acusa recibo de las copias certificadas que anexó como complemento a su informe justificado; atento a lo anterior, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma la licenciada Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante licencia autorizada en sesión celebrada el veintiuno de junio del dos mil dieciséis, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2741/2016, ante el secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de julio de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial con la que se da cuenta, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202, de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo y solicitara la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General 5/2013, del trece de mayo del año dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del mismo año, para que la Superioridad se aboque al conocimiento del incumplimiento de la ejecutoria de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de veinte de junio de dos mil dieciséis, que declaró cumplida la sentencia de amparo. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de garantías y la sentencia definitiva dictada en los presentes autos. Finalmente, tomando en consideración que la autoridad responsable Juez Primero Civil de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar y de Sucesiones del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, mediante oficio 1411, remitió dos anexos en copia certificada adjuntos a su informe justificado; en consecuencia y por así permitirlo el estado que guardan los autos, remítase a la autoridad responsable debiendo acusar recibo correspondiente. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que por auto de diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, se dio vista a las partes con el oficio signado por la Juez Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento del fallo protector; y debidamente notificada no desahogó dicha vista. Por sentencia emitida el once de febrero de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a María Luisa Vargas Sámano y a Elvira Vargas Sámano contra el acto reclamado a la Juez Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, para el efecto siguiente: "Deje sin efecto la resolución dictada el quince de junio de dos mil quince, en la controversia familiar de divorcio necesario 576/2005, y emita otra, en la cual: a) No deberá considerar que conforme a lo dispuesto por los artículos 599 en relación con el 618 del Código Procesal Familiar, el plazo para computar la prescripción empieza al día siguiente del veintiocho de noviembre de dos mil seis, que es la fecha en que causó ejecutoria la sentencia definitiva. b) Deberá analizar con base en los razonamiento expuestos en esta sentencia, así como atendiendo a lo dispuesto por el artículo 1250, fracción II, del Código Civil del Estado, la fecha en que debe empezar a computar la prescripción, para tal efecto, ponderará todas las circunstancias de las quejosas para estar de condiciones de verificar si efectivamente ya se encuentra prescrita la acción de ejecutar la sentencia, además de considerar que es una prestación de tracto sucesivo. c) Cumplido lo anterior, deberá resolver con libertad de jurisdicción." Por acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, causó ejecutoria el fallo protector del amparo y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del mismo. En acatamiento a lo anterior, mediante oficio 642, suscrito por la Juez Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, remitió copias certificadas de la resolución de uno de abril de dos mil dieciséis dictada en la controversia familiar de divorcio necesario 576/2005, en la que dejó insubsistente la resolución dictada el quince de junio de dos mil quince. Por auto de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, este juzgado federal determinó no tener por cabalmente cumplida la ejecutoria de amparo, y requirió de nueva cuenta a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues se estimó que dio cumplimiento al inciso a) de los efectos marcados en la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, sin embargo, no acató con lo marcado en el inciso b), debido a que fue totalmente omisa al respecto, ya que no analizó los razonamientos expuestos en la sentencia, en virtud de que no atendió lo dispuesto por el artículo 1250, fracción II, del Código Civil del Estado, para computar la fecha en que debe empezar a correr la prescripción, porque no ponderó todas las circunstancias de las quejosas para estar de condiciones de verificar si efectivamente ya se encuentra prescrita la acción de ejecutar la sentencia, además de considerar que es una prestación de tracto sucesivo. Seguida la secuela del procedimiento, mediante oficio de número 903, presentado en la oficialía de partes de este juzgado federal, el Juez Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, remitió copia certificada de la resolución de doce de mayo de dos mil dieciséis, por medio del cual informa sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por lo tanto, se procede a resolver de acuerdo con las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido. La autoridad responsable en acatamiento a lo ordenado por este tribunal federal, dejó sin efectos la resolución de uno de abril de dos mil dieciséis, y emitió otra en la que declaró procedente el incidente de liquidación de pensiones vencidas y no pagadas, de manera provisional y definitiva promovido por Elvira y María Luisa de apellidos Vargas Sámano, y reguló y aprobó la planilla de liquidación por las pensiones vencidas provisionales a favor de ambas actoras incidentistas por la cantidad de $35,200.00 (treinta y cinco mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional); mientras que por las pensiones vencidas definitivas reguló y aprobó la planilla a favor de ambas por $167,250.00 (cientos sesenta y siete mil doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional). Por otra parte, la autoridad responsable determinó en relación al punto b) de los lineamientos de amparo, consideró lo siguiente: ".En el caso que nos ocupa, es importante destacar que si bien las pensiones alimenticias decretadas de manera provisional y definitiva se otorgaron a favor de las entonces menores ELVIRA y MARIA LUISA de apellidos VARGAS SAMANO, sin embargo, tomando en cuenta las copias certificadas consistentes en las actas de nacimiento siguientes: Acta de nacimiento número 00835 registrada en la Oficialía O 1, en el libro 03 a foja 835 con fecha de registro treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y seis ante el Oficial del Registro Civil de Tlaquiltenango, Morelos, a nombre de MARIA LUISA VARGAS SAMANO y acta de nacimiento número 00163 registrada en la Oficialía 01, en el libro 01 a foja 163 con fecha de registro nueve de marzo de mil novecientos noventa ante el Oficial del Registro Civil de Tlaquiltenango, Morelos, a nombre de ELVIRA VARGAS SAMANO, que obran en autos del expediente principal y realizando a partir de ellas un cálculo aritmético, podemos darnos cuenta que actualmente las promoventes ya son mayores de edad, ya que MARIA LUISA VARGAS SAMANO el día veintisiete de noviembre de dos mil catorce cumplió la edad de dieciocho años y por su parte ELVIR VARGAS SAMANO el día once de enero de dos mil ocho cumplió la edad de dieciocho años fechas a partir de las cuales atendiendo a lo dispuesto por el artículo 1250 fracción II del Código Civil en el Estado de Morelos y los lineamientos establecidos en la resolución de fecha veintisiete de abril del presente año, es susceptible de empezar a computarse la prescripción de la acción, lo cual es factible ya que de autos no se desprende que las promoventes, una vez alcanzada la mayoría de edad se encontraran todavía estudiando ( la cual es a saber la hipótesis legal para continuar recibiendo alimentos)" Constancia que fue expedida por la autoridad en ejercicio de sus funciones, por tanto, es documento público al cual se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Ahora bien, del análisis de la resolución se aprecia que la autoridad responsable dejó sin efecto la resolución dictada el uno de abril de dos mil dieciséis, y emitió otra siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, es decir y emitió otra en la que ya no consideró que conforme a lo dispuesto por los artículos 599 en relación con el 618 del Código Procesal Familiar, el plazo para computar la prescripción empezaba al día siguiente del veintiocho de noviembre de dos mil seis, que fue la fecha en que causó ejecutoria la sentencia definitiva, y como consecuencia declaró procedente el incidente de liquidación de pensiones vencidas y no pagadas, de manera provisional y definitiva promovido por Elvira y María Luisa de apellidos Vargas Sámano, y reguló y aprobó la planilla de liquidación por las pensiones vencidas provisionales a favor de ambas actoras incidentistas por la cantidad de $35,200.00 (treinta y cinco mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional); mientras que por las pensiones vencidas definitivas reguló y aprobó la planilla a favor de ambas por $167,250.00 (cientos sesenta y siete mil doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional). Asimismo, consideró que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 1250 fracción II del Código Civil en el Estado de Morelos y los lineamientos establecidos en la resolución de fecha veintisiete de abril del presente año, la prescripción de la acción, es susceptible de empezar a computarse a partir de que las demandantes cumplieron la mayoría de edad (es decir dieciocho años), pues no se advierte que las promoventes, una vez alcanzada la mayoría de edad se encontraran todavía estudiando. Por tanto, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria emitida en autos del presente juicio de amparo; lo procedente es DECLARAR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Lo anterior sin que sea posible analizar sobre la legalidad o no de las consideraciones vertidas por la autoridad responsable en la resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues tal circunstancia no fue materia de estudio en la sentencia de amparo dictada, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; por lo tanto, quedan expeditos los derechos de las partes que para que en el caso de que así lo estimen necesario, los hagan valer a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia siguiente: Tesis: 2a./J. 14/2016 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2010983 4 de 396 Segunda Sala Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I Pag. 717 Jurisprudencia(Común) "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces." Asimismo, sirve de apoyo por analogía jurídica la siguiente tesis: Tesis: 2a./J. 1/2001 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 190356 1 de 1 Segunda Sala Tomo XIII, Enero de 2001 Pag. 203 Jurisprudencia(Común) "INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. La anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo reiteradamente el criterio de que la garantía contenida en el artículo 8o. constitucional no sólo implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, sino también que el acuerdo respectivo sea congruente con lo solicitado, advirtiendo, sin embargo, que la concesión del amparo no la vincula en forma alguna a que la respuesta deba ser favorable a los intereses del peticionario. Por tanto, los alcances de la ejecutoria de amparo correspondiente impiden que el Juez de Distrito y la Suprema Corte, en el procedimiento de ejecución del fallo protector o en la inconformidad en contra de la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, puedan examinar los motivos o fundamentos que sustenten la respuesta, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. En consecuencia, deberán quedar sin efecto las consideraciones que respecto de la legalidad de la respuesta hubiese externado el Juez de Distrito en el auto que tuvo por cumplida la sentencia." En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido; asimismo, hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el artículo 201 de la Ley de Amparo . NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair Garcia Meza, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte tercero interesada ALBERTO VARGAS GONZÁLEZ, el auto de veinte de junio del dos mil dieciséis, que en lo conducente establece: ...Cuernavaca, Morelos, veinte de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que por auto de diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, se dio vista a las partes con el oficio signado por la Juez Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento del fallo protector; y debidamente notificada no desahogó dicha vista. Por sentencia emitida el once de febrero de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a María Luisa Vargas Sámano y a Elvira Vargas Sámano contra el acto reclamado a la Juez Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, para el efecto siguiente: "Deje sin efecto la resolución dictada el quince de junio de dos mil quince, en la controversia familiar de divorcio necesario 576/2005, y emita otra, en la cual: a) No deberá considerar que conforme a lo dispuesto por los artículos 599 en relación con el 618 del Código Procesal Familiar, el plazo para computar la prescripción empieza al día siguiente del veintiocho de noviembre de dos mil seis, que es la fecha en que causó ejecutoria la sentencia definitiva. b) Deberá analizar con base en los razonamiento expuestos en esta sentencia, así como atendiendo a lo dispuesto por el artículo 1250, fracción II, del Código Civil del Estado, la fecha en que debe empezar a computar la prescripción, para tal efecto, ponderará todas las circunstancias de las quejosas para estar de condiciones de verificar si efectivamente ya se encuentra prescrita la acción de ejecutar la sentencia, además de considerar que es una prestación de tracto sucesivo. c) Cumplido lo anterior, deberá resolver con libertad de jurisdicción." Por acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, causó ejecutoria el fallo protector del amparo y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del mismo. En acatamiento a lo anterior, mediante oficio 642, suscrito por la Juez Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, remitió copias certificadas de la resolución de uno de abril de dos mil dieciséis dictada en la controversia familiar de divorcio necesario 576/2005, en la que dejó insubsistente la resolución dictada el quince de junio de dos mil quince. Por auto de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, este juzgado federal determinó no tener por cabalmente cumplida la ejecutoria de amparo, y requirió de nueva cuenta a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues se estimó que dio cumplimiento al inciso a) de los efectos marcados en la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, sin embargo, no acató con lo marcado en el inciso b), debido a que fue totalmente omisa al respecto, ya que no analizó los razonamientos expuestos en la sentencia, en virtud de que no atendió lo dispuesto por el artículo 1250, fracción II, del Código Civil del Estado, para computar la fecha en que debe empezar a correr la prescripción, porque no ponderó todas las circunstancias de las quejosas para estar de condiciones de verificar si efectivamente ya se encuentra prescrita la acción de ejecutar la sentencia, además de considerar que es una prestación de tracto sucesivo. Seguida la secuela del procedimiento, mediante oficio de número 903, presentado en la oficialía de partes de este juzgado federal, el Juez Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, remitió copia certificada de la resolución de doce de mayo de dos mil dieciséis, por medio del cual informa sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por lo tanto, se procede a resolver de acuerdo con las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido. La autoridad responsable en acatamiento a lo ordenado por este tribunal federal, dejó sin efectos la resolución de uno de abril de dos mil dieciséis, y emitió otra en la que declaró procedente el incidente de liquidación de pensiones vencidas y no pagadas, de manera provisional y definitiva promovido por Elvira y María Luisa de apellidos Vargas Sámano, y reguló y aprobó la planilla de liquidación por las pensiones vencidas provisionales a favor de ambas actoras incidentistas por la cantidad de $35,200.00 (treinta y cinco mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional); mientras que por las pensiones vencidas definitivas reguló y aprobó la planilla a favor de ambas por $167,250.00 (cientos sesenta y siete mil doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional). Por otra parte, la autoridad responsable determinó en relación al punto b) de los lineamientos de amparo, consideró lo siguiente: ".En el caso que nos ocupa, es importante destacar que si bien las pensiones alimenticias decretadas de manera provisional y definitiva se otorgaron a favor de las entonces menores ELVIRA y MARIA LUISA de apellidos VARGAS SAMANO, sin embargo, tomando en cuenta las copias certificadas consistentes en las actas de nacimiento siguientes: Acta de nacimiento número 00835 registrada en la Oficialía O 1, en el libro 03 a foja 835 con fecha de registro treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y seis ante el Oficial del Registro Civil de Tlaquiltenango, Morelos, a nombre de MARIA LUISA VARGAS SAMANO y acta de nacimiento número 00163 registrada en la Oficialía 01, en el libro 01 a foja 163 con fecha de registro nueve de marzo de mil novecientos noventa ante el Oficial del Registro Civil de Tlaquiltenango, Morelos, a nombre de ELVIRA VARGAS SAMANO, que obran en autos del expediente principal y realizando a partir de ellas un cálculo aritmético, podemos darnos cuenta que actualmente las promoventes ya son mayores de edad, ya que MARIA LUISA VARGAS SAMANO el día veintisiete de noviembre de dos mil catorce cumplió la edad de dieciocho años y por su parte ELVIR VARGAS SAMANO el día once de enero de dos mil ocho cumplió la edad de dieciocho años fechas a partir de las cuales atendiendo a lo dispuesto por el artículo 1250 fracción II del Código Civil en el Estado de Morelos y los lineamientos establecidos en la resolución de fecha veintisiete de abril del presente año, es susceptible de empezar a computarse la prescripción de la acción, lo cual es factible ya que de autos no se desprende que las promoventes, una vez alcanzada la mayoría de edad se encontraran todavía estudiando ( la cual es a saber la hipótesis legal para continuar recibiendo alimentos)" Constancia que fue expedida por la autoridad en ejercicio de sus funciones, por tanto, es documento público al cual se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Ahora bien, del análisis de la resolución se aprecia que la autoridad responsable dejó sin efecto la resolución dictada el uno de abril de dos mil dieciséis, y emitió otra siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, es decir y emitió otra en la que ya no consideró que conforme a lo dispuesto por los artículos 599 en relación con el 618 del Código Procesal Familiar, el plazo para computar la prescripción empezaba al día siguiente del veintiocho de noviembre de dos mil seis, que fue la fecha en que causó ejecutoria la sentencia definitiva, y como consecuencia declaró procedente el incidente de liquidación de pensiones vencidas y no pagadas, de manera provisional y definitiva promovido por Elvira y María Luisa de apellidos Vargas Sámano, y reguló y aprobó la planilla de liquidación por las pensiones vencidas provisionales a favor de ambas actoras incidentistas por la cantidad de $35,200.00 (treinta y cinco mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional); mientras que por las pensiones vencidas definitivas reguló y aprobó la planilla a favor de ambas por $167,250.00 (cientos sesenta y siete mil doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional). Asimismo, consideró que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 1250 fracción II del Código Civil en el Estado de Morelos y los lineamientos establecidos en la resolución de fecha veintisiete de abril del presente año, la prescripción de la acción, es susceptible de empezar a computarse a partir de que las demandantes cumplieron la mayoría de edad (es decir dieciocho años), pues no se advierte que las promoventes, una vez alcanzada la mayoría de edad se encontraran todavía estudiando. Por tanto, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria emitida en autos del presente juicio de amparo; lo procedente es DECLARAR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Lo anterior sin que sea posible analizar sobre la legalidad o no de las consideraciones vertidas por la autoridad responsable en la resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues tal circunstancia no fue materia de estudio en la sentencia de amparo dictada, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; por lo tanto, quedan expeditos los derechos de las partes que para que en el caso de que así lo estimen necesario, los hagan valer a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia siguiente: Tesis: 2a./J. 14/2016 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2010983 4 de 396 Segunda Sala Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I Pag. 717 Jurisprudencia(Común) "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces." Asimismo, sirve de apoyo por analogía jurídica la siguiente tesis: Tesis: 2a./J. 1/2001 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 190356 1 de 1 Segunda Sala Tomo XIII, Enero de 2001 Pag. 203 Jurisprudencia(Común) "INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. La anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo reiteradamente el criterio de que la garantía contenida en el artículo 8o. constitucional no sólo implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, sino también que el acuerdo respectivo sea congruente con lo solicitado, advirtiendo, sin embargo, que la concesión del amparo no la vincula en forma alguna a que la respuesta deba ser favorable a los intereses del peticionario. Por tanto, los alcances de la ejecutoria de amparo correspondiente impiden que el Juez de Distrito y la Suprema Corte, en el procedimiento de ejecución del fallo protector o en la inconformidad en contra de la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, puedan examinar los motivos o fundamentos que sustenten la respuesta, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. En consecuencia, deberán quedar sin efecto las consideraciones que respecto de la legalidad de la respuesta hubiese externado el Juez de Distrito en el auto que tuvo por cumplida la sentencia." En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido; asimismo, hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el artículo 201 de la Ley de Amparo . NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair Garcia Meza, que autoriza y da fe.

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