María Luisa Román Martínez

Expediente 1651/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1651/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
06/11/2015

Partes del expediente

  • María Luisa Román Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de noviembre de dos mil quince. Visto el estado procesal de los autos, tomando en consideración que se encuentra transcurriendo el término concedido a la perito oficial del Juzgado para emitir sus respectivos dictámenes periciales en el presente juicio de garantías; en esas condiciones, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma la licenciada Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación por licencia oficial, autorizada mediante circular CCJ/ST/6021/2015, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, el tres de noviembre de dos mil quince, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de octubre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los autos, tomando en consideración que el titular del juzgado tiene licencia para ausentarse el día de hoy, y el licenciado Cosme Ernesto Cárdenas Gómez está como encargado del despacho, de conformidad con el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, según lo dispuesto en el citado artículo 43, párrafo primero, de la ley en comento, el Secretario encargado del despacho únicamente se encuentra facultado para practicar las diligencias y dictar las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente, es decir, no puede dictar resolución definitiva en este asunto; en esas condiciones, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan, las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y UN MINUTOS DEL CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, para que tenga verificativo. Por otra parte, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito presentado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual formula alegatos. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos del promovente, con los que se dará cuenta nuevamente en la etapa procesal oportuna. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación por licencia médica del Titular, autorizada mediante oficio 7039/2015, por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, el quince de octubre de dos mil quince, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón que autoriza da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de septiembre de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio signado por la Presidenta Municipal de Emiliano Zapata, Morelos (Olga Castillo Montesinos), calidad que acredita con copia certificada de la constancia de mayoría de cuatro de julio de dos mil doce, Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos (Danira Santana Barrera), calidad que acredita con copia certificada del nombramiento de catorce de septiembre de dos mil quince, y Síndico Municipal (Ignacio Caspeta Hernández) así como los integrantes del Ayuntamiento, mediante los cuales manifiestan que derivado del hecho notorio relativo a la destitución del Presidente Municipal Carlos Eduardo Martínez Varela y de la Tesorera Liliana García Ortega, relativo al incidente de inejecución de sentencia resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, manifiestan que fueron notificadas del proveído de treinta y uno de agosto de dos mil quince (cabe precisar que el acuerdo correcto es veintiséis de agosto de dos mil quince), por lo que solicita por única ocasión una prórroga para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; agréguense para que obren como legalmente correspondan. Atento a lo anterior, en términos del artículo 9° de la Ley de la Materia, se tienen como delegados a los propuestos para tal efecto, revocando los nombramientos hechos con anterioridad, y como domicilio el que indican por tratarse de su residencia oficial. LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA. La ley en comento prevé en sus artículos 192 y 193, el procedimiento que el Juez de Distrito debe llevar a cabo para lograr el puntual cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Bajo ese contexto, el Pleno del Alto Tribunal señala en la jurisprudencia P./J.54/2014(10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de dos mil catorce, Tomo I, página diecinueve, registro 2007918, Décima Época, el procedimiento de cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, a saber: I. El procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. II. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumpla la sentencia de amparo, tiene tres excepciones: 1) Se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) Si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) Se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. III. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. IV. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. V. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. VI. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. VII. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. II. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, este juzgador requiere a la Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos (Danira Santana Barrera), para que dentro del término de veinte días, siguientes a las que reciba el oficio en el que se les transcribe el presente acuerdo, informe a este juzgado sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, devuelva a la quejosa la cantidad de $23,025.00 (VEINTITRÉS MIL VEINTICINCO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de cobro de impuesto adicional que se aplicó bajo una tasa del 25% derivado del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, debiendo remitir las constancias que así lo justifiquen. Cabe precisar que el término de veinte días, se fija en virtud de que, para la devolución de las cantidades por concepto de las contribuciones que se declararon inconstitucionales, las autoridades responsables deben realizar una secuencia actos para la entrega de las sumas a reintegrar; asimismo, se puntualiza que dentro de dicho plazo las autoridades deberán realizar todos los actos necesarios para cumplir con la ejecutoria, considerando que ya tienen conocimiento de los actos reclamados, de sus antecedentes, de que tienen acceso al expediente de amparo para revisar constancias del juicio y de que fueron notificadas de la sentencia como se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos; razón por la cual, el término señalado es improrrogable. En el entendido de que el efecto es el siguiente: "En conclusión se concede el amparo y protección de la justicia de la unión a la quejosa Rosalba Cárdenas Astudillo por cuanto al sistema normativo que regula el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, previsto en los artículos 94 Bis a 94 Bis-12, de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos. En el entendido de que, con motivo de la concesión del amparo, a fin de restituirla en el goce de la garantía individual violada, como lo prevé en los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, deberán reintegrársele las cantidades pagadas por tal concepto, es decir: $23,025.00 (veintitrés mil veinticinco pesos 00/100 moneda nacional). Dicho monto incluye la cantidad cobrada por concepto de adicionales, equivalentes al veinticinco por ciento sobre el monto del impuesto, ello en virtud de que al ordenarse la devolución de lo pagado por el impuesto impugnado, no existe base para el cobro del impuesto adicional, dada su estrecha vinculación". En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. III. REQUERIMIENTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo tercer párrafo, se requiere a los superiores jerárquicos de las autoridades responsables, para que les ordenen cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Bajo ese panorama, se requiere a la Presidenta Municipal de Emiliano Zapata, Morelos (Olga Castillo Montesinos) y al Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, por conducto de los integrantes del Cabildo de dicho Ayuntamiento (Síndico Municipal, Ignacio Caspeta Hernández y Regidores Felipe de Jesús Santa Cruz Gómez, Stephany Becerril Gómez, Guillermo Cruz Coy, Alejandra Orihuela Figueroa, Lucia Marcia Borunda Muñoz, Alejo Rodríguez Rosas y Valentín Martínez Galarce), en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, para que dentro del término de VEINTE DÍAS, contados a partir del momento en que esté notificado de este acuerdo, acredite la orden girada a la citada autoridad responsable, para que ésta cumpla con la ejecutoria de amparo. Se apercibe, en el sentido que de incumplir con este mandato judicial, se le impondrá la multa a que alude el artículo 194 de la Ley de Amparo, que puede ir de los cien a los mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia que puede incurrir en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dos de septiembre de dos mil quince. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual, el fedatario que suscribe refiere la imposibilidad que existe para notificar personalmente a la parte tercera interesada Sonia Patricia García Morán en el juicio de garantías 466/2015-IV, la sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil quince, por las razones que en el mismo expone; en esas condiciones, instrúyase al Actuario adscrito a este tribunal para que practique las notificaciones de mérito así como las subsecuentes aún las de carácter personal por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado, con fundamento en el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo vigente. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo y advirtiéndose que por oficio SEADS/780/2015, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión ordinaria de diecinueve de agosto del año en curso, la Comisión de Adscripción determinó la readscripción del Juez Carlos Anuar Jaimes Torres como Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con efectos a partir del uno de septiembre de dos mil quince; lo anterior hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar...sentencia que en lo conducente establece:...ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara, ni protege...

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