Maria Luisa Romero Luna

Expediente 987/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
987/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
21/11/2019

Partes del expediente

  • Maria Luisa Romero Luna
  • Karen Maria Piña Romero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta, evidencia que la parte quejosa dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió la sentencia dictada el treinta de octubre de dos mil diecinueve, por la que se sobreseyó en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, dicha sentencia ha causado estado; en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones respectivas. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: El cuaderno principal es susceptible de depuración, porque se concedió la suspensión de plano y de oficio en el juicio de amparo (punto vigésimo primero, fracción III, párrafos segundo y cuarto del Acuerdo General Conjunto de referencia). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; cinco de noviembre de dos mil diecinueve. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar el oficio de cuenta, a través del cual el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito formula alegatos, solicita se sobresea en el presente asunto y se le expida copia de la resolución que se emita en el mismo. Lo anterior, pues el treinta de octubre de dos mil diecinueve, se sobreseyó en el presente juicio de amparo. No obstante, en términos del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase al representante social, copia certificada de la resolución dictada en el presente asunto, previa comparecencia y firma que por su recibo obre en autos, quien al momento de a recibirla, deberá exhibir copia simple de su identificación oficial para debida constancia legal. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTOS, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 987/2019-IV, promovido por María Luisa Romero Luna y Karen María Piña Romero. R E S U L T A N D O S Presentación de la demanda: El cinco de agosto de dos mil diecinueve (foja 1). Auto admisorio y desechamiento parcial: El cinco de agosto de dos mil diecinueve (fojas 06 a 13). Intervención Ministerio Público Federal: El seis de agosto de dos mil diecinueve (foja 18 posterior). Asesor jurídico: El tres de septiembre de dos mil diecinueve (foja 55). Audiencia constitucional: El treinta de octubre de dos mil diecinueve (foja 82). C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver el juicio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 12/2016 que reforma y adiciona el diverso 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues el acto reclamado es atribuido a autoridades con residencia en donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se establece que los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten en: * El traslado de las agraviadas del Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México a diverso centro penitenciario, dormitorio o celda. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Previo al análisis de la constitucionalidad de los actos que por esta vía se controvierten, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de estos, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. Tiene aplicación la jurisprudencia 10, publicada en la página 68, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, número de registro 212775, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento. Ahora bien, las autoridades responsables Encargado de la Dirección de Seguridad y Operación, Directora y el Jefe de Custodia Penitenciaria ambos del Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México, el Director Técnico Legal en ausencia del Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México y el Subsecretario de Control Penitenciario de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados consistentes en la orden de traslado a diverso centro de reclusión, cambio de dormitorio o celda. Por tal motivo, si las promoventes del amparo no aportaron prueba eficaz tendente a desvirtuar dicha negativa, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, visible en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917- 2000, Tomo VI, Materia Común, número de registro 917818, cuyo tenor es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Y la tesis VI.2º.A.4 K, consultable en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero 2002, Tomo XV, Novena Época, Materia Común, número de registro 187728, cuyos rubro y texto son: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Lo anterior, porque el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, establece la obligación del quejoso de probar los hechos constitutivos de su acción; por tanto, es innegable que la carga de la prueba tendente a acreditar la existencia del acto reclamado a la autoridad en cita corresponde al solicitante del amparo. A lo anterior es aplicable, la jurisprudencia VI.2o. J/308, publicada en la página 77, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 80, Agosto de 1994, Materia Común, número de registro 210769, Octava Época, de contenido: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Por tanto, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio constitucional respecto a los actos analizados en el presente asunto. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 74, 75, 76, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 987/2019-V, promovido por María Luisa Romero Luna y Karen María Piña Romero, por los actos, contra las autoridades y motivos expuestos en esta sentencia. Notifíquese. fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; veintidós de octubre de dos mil diecinueve. Visto el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja 167/2019, el tres de octubre del año en curso; declarando infundado dicho recurso, interpuesto por el quejoso en contra del auto de cinco de agosto del año en curso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio y testimonio de mérito, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno y acúsese recibo. Finalmente, tomando en consideración que se suspendió el procedimiento el treinta de agosto del año en curso, por la interposición del medio de impugnación aludido, y toda vez que ya fue resuelto, se ordena reanudarlo y se señalan las doce horas del treinta de octubre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese.

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