Maria Luisa Olmos Cortes

Expediente 1332/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 33 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1332/2017
Año
2017
Actuaciones
33
Última actuación
12/02/2018

Partes del expediente

  • Maria Luisa Olmos Cortes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Principal

    V. Toluca, Estado de México; doce de febrero de dos mil dieciocho. La certificación precedente evidencia que dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, las partes no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley mencionada, contra la sentencia de veintidós de enero de la anualidad en curso (fojas 164 a 174), en la que por una parte se sobreseyó, y por otra se negó la protección constitucional solicitada en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para todos los efectos procedentes se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1.- El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues se sobreseyó y se negó el amparo y protección constitucional solicitados (puntos décimo y vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero). 2.- Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del punto vigésimo primero del acuerdo general conjunto de referencia. 3.- El original del incidente de suspensión es susceptible de depuración (punto vigésimo primero, fracción III, párrafos segundo y cuarto), pues por una parte se negó, y por otra se concedió la suspensión del acto reclamado. 4.- El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción de conformidad con lo establecido en el punto vigésimo, inciso III del ya citado Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    V. Visto, para resolver, el juicio de amparo 1332/2017-V; y, R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, el veintidós de agosto de dos mil diecisiete, turnado a este Juzgado de Distrito en la misma fecha, María Luisa Olmos Cortes, por propio derecho, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: COMO ORDENADORAS: 1.- Juzgado de Control del Distrito Judicial de Jilotepec Estado de México. 2.- Juzgado de Control de Distrito Judicial de Sultepec, Estado de México. 3.- Juzgado de Control del Distrito Judicial de Temascaltepec. 4.- Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México 5. Juzgado de Control del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México. COMO EJECUTORAS: Fiscalía Regional Tejupilco. IV. Acto reclamado: Reclamo la ilegal detención, que pretenden ejecutar en mi persona las autoridades señaladas como ordenadoras y ejecutoras, toda vez que la suscrita no he cometido delito alguno ni falta administrativa que merezca pena corporal." Segundo. Trámite de la demanda. Por auto de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, este Juzgado admitió la demanda y la registró bajo el expediente 1332/2017-V; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal al Representante Social de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Tercero. Ampliación de demanda de amparo. Mediante auto de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, se tuvo por ampliada la demanda de amparo respecto al Juez de Control Especializado en Cateos y Órdenes de Aprehensión en línea, con sede en Toluca, Estado de México (foja 75). Cuarto. Llamamiento a los terceros interesados. Mediante auto de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se ordenó emplazar a juicio a los interesados (foja 127). Quinto. Diferimiento de audiencia constitucional. Mediante auto de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, se difirió por última ocasión la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito, es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclama una determinación emitida por autoridad judicial del orden penal que afecta la libertad personal, la cual se ejecuta en el ámbito territorial en el cual este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que en la demanda de amparo, la parte quejosa reclama: la orden de aprehensión dictada por el Juez de Control Especializado en Cateos y ordenes de Aprehensión en Línea, Toluca, Estado de México, el once de junio de dos mil diecisiete, en la carpeta administrativa 85/2017, instruida en contra de la quejosa María Luisa Olmos Cortes, por el delito de violación con modificativas agravantes de haberse cometido por dos o más personas en agravio de persona de identidad resguardada de iniciales M.A.O., y su ejecución. Tercero. Inexistencia de Actos. El Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México (foja 18), Jueza de Control del Distrito Judicial de Sultepec, Estado de México (foja 22), Juez de Control del Distrito Judicial de Temascaltepec, Estado de México (foja 23), Juez de Control del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México (foja 59) y el Juez de Control del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México (fojas 63 y 64), al rendir sus informes justificados negaron el acto que se les reclama, sin que la peticionaria de amparo haya desvirtuado con prueba en contrario, tal aseveración. Es aplicable la jurisprudencia 310, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 209, del Tomo VI, del Apéndice de 1995, primera parte, Sexta Época, materia común, con número de registro 394266, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." En esa tesitura, al no existir el acto que se les reclama a dichas autoridades responsables, y al no haber aportado la impetrante ningún medio de prueba idóneo, encaminado a desvirtuar la negativa de las autoridades responsables, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo. Es aplicable la tesis aislada, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6673, del Tomo LXXIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 324127, que establece: "ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado, y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia Ley." Cuarto. Certeza de actos. El Juez de Control Especializado en Cateos y Órdenes de Aprehensión en línea, con sede en Toluca, Estado de México, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado. Existencia del acto reclamado que se hace extensiva al Fiscal Regional de Tejupilco (fojas 61 y 62), pues no obstante de negar el acto reclamado, en su calidad de autoridad ejecutora en cualquier momento puede llevar a cabo la ejecución de mismo. Norma el criterio expuesto, la tesis aislada sustentada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, página 56, registro 227890, que dice: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado." Certeza que se corrobora, con las constancias remitidas por la diversa responsable Juez de Control del Distrito Judicial de Temascaltepec, Estado de México, consistentes en copias certificadas de la orden de aprehensión relacionada con la carpeta administrativa 85/2017; documentos a los que se otorga valor probatorio, conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°. Quinto. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar las causales de improcedencia, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Este juzgador, no advierte de oficio que se actualice alguna causa de improcedencia ni es alegada alguna por las partes, por lo que se procede al estudio de fondo del asunto. Sexto. Fijación de la Litis. La quejosa hizo valer, en síntesis, que se transgrede en su perjuicio lo establecido en los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por lo siguiente:  La responsable intenta privarlo de la libertad sin que se cumplieran las formalidades esenciales del procedimiento;  Se infringe los dispuesto en el artículo 20 apartado de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues desconoce el delito que se le acusa, al igual de quien o quienes le imputan y/o acusan; se le ha privado su derecho de garantía de audiencia y por ende, de una defensa adecuada, al no tener oportunidad de tener abogado para que lo asista o asesore; así como el de ofrecer pruebas. Séptimo. Estudio de fondo. Previo al análisis de los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, resulta oportuno precisar que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, y del análisis de la actuación de las autoridades señaladas como responsables, este órgano jurisdiccional no advierte deficiencia alguna por la que se deba suplir la queja a favor de María Luisa Olmos Cortes. Lo anterior es así, pues contrario a lo afirmado por el quejoso, la orden de aprehensión reclamada no transgrede en su perjuicio la garantía de audiencia consagrada por el artículo 14 constitucional, dado que para el dictado de una resolución de esa naturaleza, únicamente se requiere que se cumplan las exigencias previstas por el numeral 16 de la Carta Magna, esto es, que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley considere como delito, sancionado con pena privativa de la libertad y existan datos que acrediten el hecho delictuoso y que hagan probable la responsabilidad del inculpado, sin que sea necesario cumplir con el requisito de otorgar la garantía de audiencia a que se refiere el mencionado precepto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis IX.1o.33 P, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en la página 1824, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA DICTARLA NO ES REQUISITO OBSERVAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. Todo gobernado goza del derecho a la garantía de audiencia, antes de que se realice en su perjuicio el acto de autoridad; sin embargo, cuando el acto de autoridad es una orden de aprehensión, al establecer el artículo 16 de la Constitución Federal, los requisitos que debe satisfacer la emisión de un mandamiento de esa naturaleza, no comprendió el relativo a que previamente se oiga al presunto indiciado, sino únicamente, que las órdenes de aprehensión sean emitidas por autoridad judicial, que estén precedidas por alguna denuncia o querella respecto de un hecho que legalmente se sancione, cuando menos, con pena privativa de libertad y que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado". Así como la tesis 3715, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en la página 1774, Tomo II, Penal, P. R. TCC, Apéndice de 2000, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente es como sigue: "ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (GARANTÍA DE AUDIENCIA). EL JUEZ FEDERAL NO ESTÁ OBLIGADO AL CUMPLIMIENTO DEL, CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN.- El Juez de Distrito no está obligado a estudiar si se cumple con el requisito que exige el artículo 14 constitucional, respecto a la garantía de audiencia, cuando el acto reclamado lo constituye una orden de aprehensión, pues como toda garantía, la de audiencia no opera por modo absoluto, es decir, por regla general todo gobernado, frente a cualquier acto de autoridad que importe privación de alguno de los bienes jurídicos tutelados por el artículo 14 constitucional, goza del derecho público subjetivo de que se le brinden las oportunidades defensiva y probatoria antes de que se realice en su perjuicio el acto privativo, sin embargo, la Constitución consigna algunas excepciones al goce de esta garantía, por ejemplo, tratándose de órdenes judiciales de aprehensión, salvedad que se deriva del mismo artículo 16 constitucional, cuyo precepto, al establecer los requisitos que el libramiento de aquéllas debe satisfacer, no exige que previamente a él se oiga al presunto indiciado en defensa, pues únicamente determina que dichas órdenes estén precedidas por alguna denuncia o querella respecto de un hecho que legalmente se castigue con pena corporal, apoyada en declaración bajo protesta "de persona digna de fe" o en otros datos "que hagan probable la responsabilidad del inculpado". En otro aspecto, la autoridad judicial responsable cumplió con la garantía de seguridad jurídica que establece el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que no se aplicó en perjuicio de la quejosa una ley retroactiva, el mandamiento de captura se libró cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, dado que fue emitido por autoridad judicial competente como lo es el Juez de Control Especializado en Cateos y ordenes de aprehensión en línea del Estado de México, dentro de un procedimiento (carpeta administrativa 85/2017) en el que precedió denuncia de hechos determinados que la ley señala como delito, esto es, el delito de violación con modificativas agravantes de haberse cometido por dos o más personas, previsto y sancionado en los artículos 273 párrafos primero y quinto y 274 fracción I en relación con el 6, 7, 8 fracción I y III y 11 fracción I inciso d) del Código Penal vigente en el Estado de México, cometido en agravio de víctima de identidad resguardada de iníciales M.A.O. Además existen datos que acreditan los elementos que integran el ilícito mencionado; así como la probable responsabilidad de la indiciada en su comisión; amén de que el procedimiento se siguió ante tribunales previamente establecidos, de ahí que el acto de molestia combatido no deja en estado de indefensión o incertidumbre jurídica a la solicitante del amparo. Criterio que se encuentra plasmado en la jurisprudencia por contradicción 1ª./J.31/99, aprobada por la Primera Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, mayo de 1999, página 285, cuyo contenido es el siguiente: "ORDEN DE APREHENSIÓN, EN ELLA PUEDEN VIOLARSE GARANTÍAS TUTELADAS, EN ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES DISTINTOS AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. La circunstancia específica de que el artículo 16 constitucional sea el que regule los requisitos a satisfacer para el dictado de una orden de aprehensión, no se puede llevar al extremo de considerar que sólo este precepto rija a tal acto, ya que evidentemente también deberá vigilarse, en su caso, si dicha determinación judicial no infringe alguna garantía constitucional contenida en diverso precepto, dado que podría darse el caso que en la misma se aplicara una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso, o fuera librada sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; también podría darse el caso que autoridades jurisdiccionales del fuero común, decidieran sobre el libramiento de una orden de aprehensión, respecto de un hecho en que estuviere involucrada una persona perteneciente al ejército y fuera menester examinar su conducta desde el punto de vista de la legislación del fuero castrense; o que no estuviere fundado y motivado dicho acto, así como diversas hipótesis que pudieren formularse respecto de la posible violación de garantías constitucionales contenidas en preceptos diversos al 16 constitucional; luego entonces, resulta limitativo y equívoco concluir que para el libramiento de una orden de aprehensión, sólo deba cumplirse lo establecido en el mencionado artículo 16 constitucional; y por ende, su emisión no puede ser violatoria de los artículos 14, 16 o cualquiera otro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que las garantías de seguridad jurídica que se encuentran consagradas en la Constitución General de la República, son la base sobre las cuales descansa el sistema jurídico mexicano, por tal motivo, éstas no pueden ser limitadas porque en su texto no se contengan expresamente los derechos fundamentales que tutelan. Por el contrario, las garantías de seguridad jurídica valen por sí mismas, ya que ante la imposibilidad material de que en un artículo se contengan todos los derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que no se contenga en un precepto constitucional, debe de encontrarse en los demás, de tal forma, que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y por lo tanto, en estado de indefensión. De acuerdo a lo anterior, cuando se libra una orden de aprehensión, deben de cumplirse no únicamente las formalidades establecidas por el artículo 16 constitucional, párrafo segundo, sino que para su aplicabilidad debe atenderse a lo preceptuado en los demás artículos que tutelan las garantías de seguridad jurídica, con la finalidad de proteger de manera firme y eficaz a los derechos fundamentales de la persona tutelados en la Carta Magna.". Por otra parte, tampoco es cierto que se viole la garantía contenida en el numeral 16 Constitucional, pues al respecto debe decirse que basta la lectura de la orden de aprehensión para advertir que el juez responsable expresó con precisión los preceptos legales aplicables, así como con igual exactitud, señaló las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para la emisión del acto, estableció la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal, encontrándose por ende, debidamente fundado y motivado, en lo que respecta al estudio del hecho delictuoso y de la probable responsabilidad de la ejercitante de la acción constitucional. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 204, sustentada por la Segunda Sala, publicada en las páginas 166 y 167, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro y texto siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- De acuerdo con el artículo 16 de la constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Ello es así, dado que el juez responsable actuó conforme a derecho al emitir la orden de captura reclamada, ya que dentro del sumario del que deriva el acto reclamado, quedó acreditada la comisión del hecho delictuoso de violación con modificativas agravantes de haberse cometido por dos o más personas, previsto y sancionado en los artículos 273 párrafos primero y quinto y 274 fracción I en relación con el 6, 7, 8 fracción I y III y 11 fracción I inciso d) del Código Penal vigente en el Estado de México, cometido en agravio de víctima de identidad resguardada de iníciales M.A.O. Así como la probable responsabilidad penal de la ahora quejosa María Luisa Olmos Cortes, en su comisión. En efecto, considerando que lo reclamado en la presente vía constitucional lo constituye una orden de aprehensión, la cual es un acto de autoridad tendente a afectar la libertad personal del quejoso, señalada como probable responsable de la comisión de los hechos delictivos que se le atribuyen; para su emisión deben colmarse una serie de requisitos generales o formales que se encuentran contenidos en el párrafo primero del artículo 16 de nuestra Carta Magna, mismo que textualmente señala: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo." Independientemente de lo anterior, el párrafo tercero del numeral constitucional en comento, prevé requisitos especiales o de fondo que deben igualmente quedar acreditados al momento de pronunciar la citada determinación. "(.) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." De lo anterior se colige que, para pronunciar una orden de aprehensión se deben satisfacer exigencias de tipo formal y de fondo, las primeras se traducen en las siguientes: a) Que se exprese por escrito. b) Que provenga de autoridad judicial. c) Que preceda denuncia o querella. d) Que se trate de delito sancionado con pena privativa de la libertad. e) Que se funde y motive la causa legal del procedimiento. Por tanto, para que una orden de aprehensión sea correctamente pronunciada, es preciso que se emita por escrito; por autoridad judicial (única facultada constitucionalmente); que se encuentre acreditado el requisito de procedibilidad correspondiente, en el caso que ocupa es la denuncia (o parte informativo), pues se está en presencia de delito perseguible de oficio; que se trate de delitos sancionados con pena privativa de libertad, pues en caso de que sea no privativa o alternativa se tendría que emitir una orden de comparecencia; y que al momento de acreditar los elementos de fondo (el hecho delictuoso y probable responsabilidad), la citada autoridad realice un análisis minucioso de los medios de prueba recabados durante la averiguación previa y exponga su parecer respecto al pedimento solicitado, debiendo en caso de que sea favorable la petición, precisar los preceptos legales aplicables al caso concreto, y señalar las circunstancias especiales, razones particulares o inmediatas que haya tenido en consideración para tener por acreditado el hecho delictuoso y la probable responsabilidad del indiciado. Sentado lo anterior, quien aquí resuelve considera que los requisitos formales se encuentran colmados, como se dijo, ya que la orden de captura fue emitida en forma escrita por el Juez de Control especializado en Cateos y Ordenes de Aprehensión en línea, Estado de México, el once de junio de dos mil diecisiete, contra la aquí quejosa y otros, dentro de la carpeta administrativa 85/2017. Esto, en virtud de la solicitud de orden de aprehensión que formuló el Ministerio Público dentro de la carpeta administrativa 85/2017, en la cual acusó al aquí quejoso de la comisión del delito de violación con modificativas agravantes de haberse cometido por dos o más personas, previsto y sancionado en los artículos 273 párrafos primero y quinto y 274 fracción I en relación con el 6, 7, 8 fracción I y III y 11 fracción I inciso d) del Código Penal vigente en el Estado de México, cometido en agravio de víctima de identidad resguardada de iníciales M.A.O. Además, el antijurídico imputado a la doliente, está señalado en la ley como delito y se encuentra sancionado con pena privativa de libertad. Por último, en lo tocante a los requisitos de fundamentación y motivación que se traducen en exponer los dispositivos aplicables, motivos y argumentos por los cuales el Juzgador con base en los medios de convicción que obran en la causa, tuvo por acreditado el hecho delictivo en estudio, se insiste que, la autoridad responsable expuso los fundamentos y motivos adecuados para tener por acreditado el hecho delictuoso imputado a la aquí quejosa, por el que se debe de entender el conjunto de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señale como delito, así como los normativos, en el caso de que la descripción típica lo requiera; por tanto, se advierte que para el dictado de una orden de aprehensión sólo se requiere la demostración de los elementos objetivos, materiales o externos del delito, y en determinados casos, cuando la conducta típica lo requiera, los normativos o subjetivos; ya que ello será motivo de estudio en el apartado correspondiente a la imputación del delito, pues entraña al que habrá de considerarse probable responsable. Aunado a lo anterior, la responsable acertadamente tuvo por acreditado con las pruebas consistentes en la entrevista de la victima de identidad reservada de iniciales M.A.O. de fecha ocho de junio de dos mil diecisiete; certificado médico de estado psicofísico, lesiones, edad clínica, proctológico y ginecológico; acta pormenorizada de inspección ministerial del lugar, intervención y persona, realizada por el agente del ministerio público investigador y dictamen de psicología en materia de impresión diagnóstica de ocho de junio de dos mil diecisiete; la existencia del delito, puesto que se advierten las circunstancias mediante las que se cometió el injusto en agravio de la aquí tercero interesada, así como que en la realización del ilícito se advertía la participación de dos o más personas, y uno de ellos es la ahora quejosa. Así las cosas, del análisis de las pruebas de referencia se permite ir de la verdad conocida, mediante un enlace lógico y natural, a la verdad que se pretende encontrar, resultando los mismos un indicio que en su conjunto forman la prueba circunstancial, ya que conducen a tener por comprobado un hecho que la ley señala como delito, esto es, el ilícito de violación con modificativas agravantes de haberse cometido por dos o más personas, así como la probabilidad de la intervención de la quejosa en su comisión. Resulta aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/174, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 96, Tomo IX, Febrero de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. VALORACIÓN DE LA. La prueba circunstancial se basa en el valor incriminatorio de los indicios y tiene, como punto de partida, hechos y circunstancias que están probados y de los cuales se trata de desprender su relación con el hecho inquirido, esto es, ya un dato por complementar, ya una incógnita por determinar, ya una hipótesis por verificar, lo mismo sobre la materialidad del delito que sobre la identificación del culpable y acerca de las circunstancias del acto incriminado." También es aplicable, la jurisprudencia 1a./J.23/97, publicada en la página 223, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, correspondiente al mes de Junio de 1997, Novena Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: "PRUEBA INDICIARIA, CÓMO OPERA LA, EN MATERIA PENAL. En materia penal, el indicio atañe al mundo de lo fáctico, porque es un hecho acreditado que sirve de medio de prueba, ya no para probar, sino para presumir la existencia de otro hecho desconocido; es decir, existen sucesos que no se pueden demostrar de manera directa por conducto de los medios de prueba regulares como la confesión, testimonio o inspección, sino sólo a través del esfuerzo de razonar silogísticamente, que parte de datos aislados, que se enlazan entre sí, en la mente, para llegar a una conclusión." Asimismo, se aplica en lo conducente, la tesis I.1o.P.29 P, publicada en la página 786, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, correspondiente al mes de Agosto de 1997, Novena Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyos rubro y texto son los siguientes: "PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. SU INTEGRACIÓN. La doctrina reiteradamente ha señalado el grave error en que se incurre al considerar a una o a varias pruebas deficientes o imperfectas, de las cuales además no se derive ninguna certeza, como medios de comprobación de la circunstancia indiciante, toda vez que la verdad buscada solamente se puede inferir de hechos (circunstancias indiciantes) plenamente comprobados. En esta acreditación, se aclara, podrán invocarse pruebas imperfectas pero aptas, por sí (consideradas en su conjunto), o por su concurrencia con otras perfectas o carentes de vicios para demostrar plenamente el hecho indiciante. Esto es, no debe considerarse a la prueba circunstancial como el medio que permita aglutinar pruebas deficientes que, consideradas incluso en su conjunto con otras no imperfectas, no prueben plenamente hecho indiciante alguno." Así, podemos considerar que se acredita la existencia del delito de violación con modificativas agravantes de haberse cometido por dos o más personas, que se le atribuye a la quejosa y otras personas, así como su probable responsabilidad en su comisión, siendo una conducta de acción, de consumación instantánea, en donde la ahora quejosa participó junto con otras tres personas, al momento de la preparación y ejecución del delito al ser coautores de la conducta copulatoria vía vaginal que sufrió la aquí tercero interesa, sin su consentimiento y con uso de violencia física y moral. Finalmente, como acertadamente señaló la autoridad responsable, hasta este momento procesal no se advierte la existencia de algún dato de que al desplegar la conducta estuviera inmersa en alguna causa de inimputabilidad, ni que la haya realizado bajo error de tipo o prohibición invencible, o bien se encontrara constreñida en su autodeterminación y que ello le haya impedido adecuar su proceder a la norma Sin que en el caso, se advierta prueba que permita considerar que la ahora quejosa no participó en la comisión del injusto imputado. Por tanto, con base en las precedentes consideraciones, se estima que la orden de aprehensión en estudio satisface la exigencia constitucional de fundamentación y motivación prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que de su análisis previamente efectuado, se desprende que el Juzgador responsable externó las razones, motivos y circunstancias que tuvo para concluir en el sentido en que lo hizo, citando para ello las disposiciones legales aplicables al caso, así como las pruebas para arribar a la determinación que está acreditado el delito de violación con modificativas agravantes de haberse cometido por dos o más personas, así como la probabilidad de la intervención de la quejosa en su comisión. Por tanto, los conceptos de violación hechos valer por la ahora quejosa en el sentido de que no cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, ni se acreditaron los requisitos establecidos por la Constitución Federal para la emisión de una orden de aprehensión, devienen infundados. Asimismo, resulta infundado que en el caso se hayan infringido los derechos que tutela el artículo 20 apartado de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en el caso, como se adelantó, para la emisión del acto reclamado es necesario que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; dado que los derechos que pretende defender será materia de tutela una vez que comparezca ante el Juez de la causa, pues todavía no tiene la calidad de inculpada sino de indiciada; aunado a que hasta el momento no existe infracción al diverso 19 de la Carta Magna, pues el acto reclamado no es un auto de vinculación a proceso. En consecuencia, al resultar infundados los motivos de inconformidad expuesto respecto al acto reclamado, y no existir motivo para suplir deficiencia alguna, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. La negativa del amparo se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados a la autoridad ejecutora, en atención a que no se reclamaron por vicios propios. Resulta aplicable, la tesis publicada en la página 357, Tomo I, Primera Parte-1, Enero a Junio de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." Por lo expuesto y fundado y con apoyo, además, en los artículos 61, fracción XX, 63, fracción V, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo, S e R e s u e l v e: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, respecto de los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el resultando primero y motivos expuestos en el considerando tercero. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María Luisa Olmos Cortes, contra el acto reclamado al Juez de Control Especializado en cateos y ordenes de aprehensión en línea, Estado de México y otra responsable, por las razones establecidas en el sexto y séptimo considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Víctor Manuel Rendón Sosa, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    V DEVUELVE EXHORTO DILIGENCIADO. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta a través del cual el Juez de Control del Distrito Judicial de Temascaltepec, Estado de México, en cumplimiento al auto de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, remite las constancias de emplazamiento de la parte tercero interesada de identidad reservada de iniciales MAO; la radicación del presente juicio de amparo. Atento su contenido, téngase por notificada al tercero interesada de referencia y téngase por cumplido dicho requerimiento y sin efectos el apercibimiento de mérito. Por otra parte, de la certificación de cuenta evidencia que la tercero interesada de identidad reservada de iniciales MAO, no desahogó el requerimiento formulado en proveído de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, pues no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Toluca, Estado de México; por lo que se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto, por tanto, practíquensele la presente notificación y las subsecuentes, aun las que deban ser personales, por lista que se fije en los estrados de este juzgado.

  4. Principal

    TV. oluca, Estado de México; veinte de diciembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a su artículo 2°, agréguese el oficio de cuenta, a través del cual el Juez de Control del Distrito Judicial de Temascaltepec, México, manifiesta la imposibilidad con que cuenta de emplazar a juicio a la tercera interesada de identidad reservada de iniciales M.A.O, por los motivos que expone; atento a lo anterior, se toma conocimiento de ello, para los efectos legales procedentes. Ahora bien, a fin de lograr el emplazamiento de la tercera interesada de identidad reservada de iniciales M.A.O; con fundamento en lo establecido en el numeral 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al Juez de Control del Distrito Judicial de Temascaltepec, Estado de México, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, emplace personalmente al presente juicio de amparo a la tercera interesada de mérito, en el domicilio señalado por ésta en el procedimiento de origen, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo, auto admisorio, el presente acuerdo y le haga saber el derecho que tiene de apersonarse a este juicio si a su interés conviene y lo requiera para que dentro del plazo de tres días señale domicilio para oír y recibir notificaciones en Toluca, Estado de México, con el apercibimiento que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes, incluso las de carácter personal, se le realizarán por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano federal, en términos de la fracción III del artículo 26 de la ley de la materia, hasta que señale domicilio para tal efecto en la localidad referida. Se le faculta para que realice la diligencia encomendada, aún en días y horas inhábiles, de conformidad en el artículo 21 de la Ley de Amparo vigente, así como el uso de las medidas que resulten necesarias para llevar a cabo lo encomendado. Hecho lo anterior, a la brevedad posible la responsable deberá remitir las constancias respectivas; apercibida que en caso de no hacerlo, sin causa justificada con el apercibimiento que en caso de ser omisa se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo previsto en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.

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