María Luisa Parra Galván
Expediente 14/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 14/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- María Luisa Parra Galván
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la quejosa ***********, no interpuso recurso de queja en contra del auto de diecisiete de marzo del año en curso, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que de conformidad con las circulares CAP/3/2020 suscrita por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/8/2021, SECNO/9/2021, SECNO/10/2021, SECNO/12/2021 y SECNO/13/2021, firmadas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, por lo que se suspendieron plazos y términos procesales del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al tres de marzo del presente año, con excepción de los casos previstos en el indicado acuerdo; por tanto, con fundamento en el artículo 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021, se reanuda el presente juicio, en el punto en que quedó pausado. En ese sentido, visto el estado de los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días concedido a la parte quejosa ***************, en proveído de veintiséis de enero del año en curso, para que cumpliera con la prevención ahí efectuado, sin que lo haya hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se le hace efectivo el apercibimiento formulado en dicho auto y se tiene por no presentada la demanda de amparo.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE FECHA VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO A LA PARTE QUEJOSA: Conforme a lo establecido en el punto 1° de la circular SECNO/6/2021 de veintitrés de enero de dos mil veintiuno, emitida por la Secretaría de la Comisión de Nuevos Órganos, en la que se determinó regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del virus COVID-19, del veintiséis de enero al nueve de febrero de dos mil veintiuno, lo que implica, entre otras cosas, que se dará tramite a los asuntos iniciales que se califiquen como "urgentes", ya sea que se presenten de manera física o electrónica, y se dará seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad; por tanto, se acuerda: Vista la demanda de amparo promovida por ********** por su propio derecho, contra actos del Juez en turno de lo Penal de Apaseo el Grande, Guanajuato y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 14/2021-VII. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias paa el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en las fracciones I y II del invocado numeral, en relación con el artículo 108, fracciones III y V, de la ley de la materia, como a continuación se expondrá: A) La fracción III del artículo 108 de la legislación en consulta establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "III. La autoridad o autoridades responsables." Del precepto transcrito se desprende la obligación que tiene la parte quejosa de señalar en su libelo constitucional a las autoridades responsables, las cuales fungen en el juicio de amparo como la parte demandada, por lo que es indispensable que haga correctamente su designación, para que estén en posibilidades de defender los actos que se tachan de inconstitucionales, y evitar que si éstas tienen facultades para ejecutarlo, lo lleven adelante, argumentando no haber sido señaladas como responsables en la demanda respectiva. Lo anterior se justifica si se toma en cuenta que el artículo 5, fracción II, de la ley de la materia, señala que es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Pues bien, en el caso concreto la parte quejosa en su demanda de amparo señaló como autoridades responsables a las siguientes: "C. Juez en turno de lo Penal de Apaseo el Grande, Guanajuato y/o Ciudad de Celaya, Guanajuato, con domicilio el primero en Calle Héctor Manuel Ramírez número 320, Colonia Floresta de la Ciudad de Apaseo el Grande, Guanajuato y/o Nochebuena S/N-S, Las Flores, Celaya, Gto. y/o cualquier Juez de lo penal. El Agente del Ministerio Público I y II de la Ciudad de Apaseo el Grande, con domicilio oficial bien conocido Calle Héctor Manuel Ramírez, Colonia Floresta, en esa Ciudad, en su carácter de ordenadora. Señalo como autoridades ejecutoras al C. Director y/o Comandante del Grupo de la Policía Ministerial, del Distrito Federal, ambas con domicilio oficial de todos conocido en las Ciudad de Apaseo el Grande, Guanajuato y/o Celaya, Guanajuato." De lo anterior se advierte que la solicitante del amparo al hacer el señalamiento de las autoridades responsables ordenadoras, señala entre otras, al Juez en "turno" Penal de Apaseo el Grande, Guanajuato y de esta ciudad de Celaya, e indica además, que a cualquier Juez de lo Penal, sin precisar a cuales titulares se refiera, esto es, al Juez Primero, Segundo, o en su caso a un Juez Único de las ciudades que menciona. De igual manera, al precisar a las autoridades ejecutoras, Director y/o Comandante del Grupo de la Policía Ministerial, hace referencia a que pertenecen al Distrito Federal y luego señala como su domicilio el ubicado en Apaseo el Grande, Guanajuato y/o en esta ciudad. Tales circunstancias, hacen que se torne obscuro el libelo constitucional, al no existir certeza de qué autoridad es la que emitió el acto reclamado, y por ende, a la que desea llamar como responsable. Ante actos concretos y específicos como los mandatos de captura que reclama, es imprescindible que el quejoso determine con claridad a las autoridades que estima los emitieron y las que pretendan ejecutarlos, porque, como se dijo, las responsables no estarían en aptitud de hacer defensa del acto que se les endilga y, si tienen facultades para ejecutar el mandato que se le reclama, lo podrían llevar adelante argumentando no haber sido señaladas como responsables. B) En relación con la fracción V, del artículo 108, de la ley de la materia, que dispone: "(.) "V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." Tal precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. Por las razones que informa, ilustra lo anterior la tesis emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 990, Tomo XXIII, Abril de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." En la especie, si bien es cierto que el solicitante del amparo, en su afán de cumplir con el requisito establecido anteriormente, en el apartado relativo a los antecedentes del acto reclamado narró los siguientes: "1.- Que soy una persona que ha mantenido una vida honesta y de respeto, y nunca he tenido problemas con nadie. 2.- Es el caso que el día de ayer, recibí una llamada telefónica de mi cuñado Juan Balderas Soto, quien me informó que había detenido a mi hermana de nombre Yolanda Parra Galván, del asunto del Sr Aluzi, y que los elementos de la policía ministerial me iban a detener a mí y a mi otra hermana de nombre Carmen, por lo que me dijo que me presentara en la Agencia del Ministerio Público de la Ciudad de Apaseo el Grande, Guanajuato, para que pudieran dejar libre a su esposa, y que si no me presentaba los policías ministeriales nos iban a detener, porque traían ordenen (sic) de aprehensión en nuestra contra y que ya nos tenían bien ubicadas. Circunstancia que me sorprendió pues nunca he recibido un citatorio del Ministerio público sobre alguna denuncia en mi contra. Por lo que al considerar ilegal la actuación de las autoridades señaladas como responsables, acudo a este Tribunal Federal a fin de que me sean garantizados mi derecho humano a la libertad, así también a la legalidad y seguridad jurídica." De la narrativa anterior, se puede advertir que la solicitante del amparo, hace referencia a que fue informada por su cuñado Juan Balderas Soto, que la detención de su hermana Yolanda Parra Galván, fue por el asunto del señor Aluzi, y que los elementos de la policía también la detendrían, así como a su otra hermana de nombre Carmen, por lo que le solicitó se presentara a la Agencia del Ministerio Público de Apaseo el Grande, Guanajuato, para que pudieran dejar libre a su esposa; sin embargo, es omisa en señalar los hechos de los que trata el asunto del señor Aluzi, en los cuales al parecer, sus hermanas y ellas se encuentran involucradas. Datos que al constituir los antecedentes de los actos que pretende impugnar en esta instancia constitucional, resultan determinantes para que el suscrito esté en aptitud de determinar lo conducente respecto de su procedencia. Conclusivamente, ante las irregularidades advertidas lo procedente, conforme a los artículos 108, fracción III y V, en relación con el 114, fracciones I y II, ambos de la ley de la materia, es prevenirla para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con las copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Precise a qué Jueces en materia penal con sede en Apaseo el Grande y Celaya, Guanajuato, les atribuye el o los actos reclamados y por tanto desea llamar como responsables. Señale si las autoridades que precisa como ejecutoras Director y/o Comandante del Grupo de la Policía Ministerial tienen su domicilio en la Ciudad de México o en las localidades de Apaseo el Grande y/o Celaya, Guanajuato; y Bajo protesta de decir verdad, señale todos y cada uno de los antecedentes que los constituyen, específicamente los hechos de los que se trata el asunto del señor Aluzi, en los cuales al parecer sus hermanas y ella se encuentran involucradas de acuerdo con lo narrado en el escrito inicial. Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si la quejosa es quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detecten en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia 50/2014 (10ª.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 61/2014, entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito y el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, aprobada en sesión de cuatro de junio de dos mil catorce, quedando pendiente de publicarse el engrose, más el tema de la misma que se consulta en la Intranet del Poder Judicial de la Federación reza de la siguiente manera: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Se especifica que los plazos y términos precisados en el presente proveído empezarán a computarse una vez que este juzgado reanude labores, es decir, tentativamente, el diez de febrero de dos mil veintiuno, pues del contenido de punto 1° de la circular SECNO/6/2021 de veintitrés de enero de dos mil veintiuno, emitida por la Secretaría de la Comisión de Nuevos Órganos, en la que se determinó regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del virus COVID-19, se advierte que con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello, la propagación del virus, se suspendieron en su totalidad las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del veintiséis de enero al nueve de febrero de dos mil veintiuno (a reserva de que se emita diversa disposición al respecto). Por otra parte, téngase a la parte quejosa manifestando su deseo de señalar como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que, al no ser técnicamente posible, con fundamento en el numeral 26, fracción III, de la ley de la materia, la presente determinación y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este juzgado federal. Asimismo, téngasele autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Virginia Arias Martínez, toda vez que obra su cedula profesional número 3921930, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, una vez que se normalicen las actividades de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el numeral 11, fracción I, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus COVID-19, realícese la notificación correspondiente.
- Principal
Conforme a lo establecido en el punto 1° de la circular SECNO/6/2021 de veintitrés de enero de dos mil veintiuno, emitida por la Secretaría de la Comisión de Nuevos Órganos, en la que se determinó regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del virus COVID-19, del veintiséis de enero al nueve de febrero de dos mil veintiuno, lo que implica, entre otras cosas, que se dará tramite a los asuntos iniciales que se califiquen como "urgentes", ya sea que se presenten de manera física o electrónica, y se dará seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad; por tanto, se acuerda: Vista la demanda de amparo promovida por María Luisa Parra Galván por su propio derecho, contra actos del Juez en turno de lo Penal de Apaseo el Grande, Guanajuato y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 14/2021-VII. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en las fracciones I y II del invocado numeral, en relación con el artículo 108, fracciones III y V, de la ley de la materia, como a continuación se expondrá: A) La fracción III del artículo 108 de la legislación en consulta establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "III. La autoridad o autoridades responsables." Del precepto transcrito se desprende la obligación que tiene la parte quejosa de señalar en su libelo constitucional a las autoridades responsables, las cuales fungen en el juicio de amparo como la parte demandada, por lo que es indispensable que haga correctamente su designación, para que estén en posibilidades de defender los actos que se tachan de inconstitucionales, y evitar que si éstas tienen facultades para ejecutarlo, lo lleven adelante, argumentando no haber sido señaladas como responsables en la demanda respectiva. Lo anterior se justifica si se toma en cuenta que el artículo 5, fracción II, de la ley de la materia, señala que es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Pues bien, en el caso concreto la parte quejosa en su demanda de amparo señaló como autoridades responsables a las siguientes: "C. Juez en turno de lo Penal de Apaseo el Grande, Guanajuato y/o Ciudad de Celaya, Guanajuato, con domicilio el primero en Calle Héctor Manuel Ramírez número 320, Colonia Floresta de la Ciudad de Apaseo el Grande, Guanajuato y/o Nochebuena S/N-S, Las Flores, Celaya, Gto. y/o cualquier Juez de lo penal. El Agente del Ministerio Público I y II de la Ciudad de Apaseo el Grande, con domicilio oficial bien conocido Calle Héctor Manuel Ramírez, Colonia Floresta, en esa Ciudad, en su carácter de ordenadora. Señalo como autoridades ejecutoras al C. Director y/o Comandante del Grupo de la Policía Ministerial, del Distrito Federal, ambas con domicilio oficial de todos conocido en las Ciudad de Apaseo el Grande, Guanajuato y/o Celaya, Guanajuato." De lo anterior se advierte que la solicitante del amparo al hacer el señalamiento de las autoridades responsables ordenadoras, señala entre otras, al Juez en "turno" Penal de Apaseo el Grande, Guanajuato y de esta ciudad de Celaya, e indica además, que a cualquier Juez de lo Penal, sin precisar a cuales titulares se refiera, esto es, al Juez Primero, Segundo, o en su caso a un Juez Único de las ciudades que menciona. De igual manera, al precisar a las autoridades ejecutoras, Director y/o Comandante del Grupo de la Policía Ministerial, hace referencia a que pertenecen al Distrito Federal y luego señala como su domicilio el ubicado en Apaseo el Grande, Guanajuato y/o en esta ciudad. Tales circunstancias, hacen que se torne obscuro el libelo constitucional, al no existir certeza de qué autoridad es la que emitió el acto reclamado, y por ende, a la que desea llamar como responsable. Ante actos concretos y específicos como los mandatos de captura que reclama, es imprescindible que el quejoso determine con claridad a las autoridades que estima los emitieron y las que pretendan ejecutarlos, porque, como se dijo, las responsables no estarían en aptitud de hacer defensa del acto que se les endilga y, si tienen facultades para ejecutar el mandato que se le reclama, lo podrían llevar adelante argumentando no haber sido señaladas como responsables. B) En relación con la fracción V, del artículo 108, de la ley de la materia, que dispone: "(.) "V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." Tal precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. Por las razones que informa, ilustra lo anterior la tesis emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 990, Tomo XXIII, Abril de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." En la especie, si bien es cierto que el solicitante del amparo, en su afán de cumplir con el requisito establecido anteriormente, en el apartado relativo a los antecedentes del acto reclamado narró los siguientes: "1.- Que soy una persona que ha mantenido una vida honesta y de respeto, y nunca he tenido problemas con nadie. 2.- Es el caso que el día de ayer, recibí una llamada telefónica de mi cuñado Juan Balderas Soto, quien me informó que había detenido a mi hermana de nombre Yolanda Parra Galván, del asunto del Sr Aluzi, y que los elementos de la policía ministerial me iban a detener a mí y a mi otra hermana de nombre Carmen, por lo que me dijo que me presentara en la Agencia del Ministerio Público de la Ciudad de Apaseo el Grande, Guanajuato, para que pudieran dejar libre a su esposa, y que si no me presentaba los policías ministeriales nos iban a detener, porque traían ordenen (sic) de aprehensión en nuestra contra y que ya nos tenían bien ubicadas. Circunstancia que me sorprendió pues nunca he recibido un citatorio del Ministerio público sobre alguna denuncia en mi contra. Por lo que al considerar ilegal la actuación de las autoridades señaladas como responsables, acudo a este Tribunal Federal a fin de que me sean garantizados mi derecho humano a la libertad, así también a la legalidad y seguridad jurídica." De la narrativa anterior, se puede advertir que la solicitante del amparo, hace referencia a que fue informada por su cuñado Juan Balderas Soto, que la detención de su hermana Yolanda Parra Galván, fue por el asunto del señor Aluzi, y que los elementos de la policía también la detendrían, así como a su otra hermana de nombre Carmen, por lo que le solicitó se presentara a la Agencia del Ministerio Público de Apaseo el Grande, Guanajuato, para que pudieran dejar libre a su esposa; sin embargo, es omisa en señalar los hechos de los que trata el asunto del señor Aluzi, en los cuales al parecer, sus hermanas y ellas se encuentran involucradas. Datos que al constituir los antecedentes de los actos que pretende impugnar en esta instancia constitucional, resultan determinantes para que el suscrito esté en aptitud de determinar lo conducente respecto de su procedencia. Conclusivamente, ante las irregularidades advertidas lo procedente, conforme a los artículos 108, fracción III y V, en relación con el 114, fracciones I y II, ambos de la ley de la materia, es prevenirla para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con las copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Precise a qué Jueces en materia penal con sede en Apaseo el Grande y Celaya, Guanajuato, les atribuye el o los actos reclamados y por tanto desea llamar como responsables. Señale si las autoridades que precisa como ejecutoras Director y/o Comandante del Grupo de la Policía Ministerial tienen su domicilio en la Ciudad de México o en las localidades de Apaseo el Grande y/o Celaya, Guanajuato; y Bajo protesta de decir verdad, señale todos y cada uno de los antecedentes que los constituyen, específicamente los hechos de los que se trata el asunto del señor Aluzi, en los cuales al parecer sus hermanas y ella se encuentran involucradas de acuerdo con lo narrado en el escrito inicial. Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si la quejosa es quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detecten en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia 50/2014 (10ª.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 61/2014, entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito y el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, aprobada en sesión de cuatro de junio de dos mil catorce, quedando pendiente de publicarse el engrose, más el tema de la misma que se consulta en la Intranet del Poder Judicial de la Federación reza de la siguiente manera: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Se especifica que los plazos y términos precisados en el presente proveído empezarán a computarse una vez que este juzgado reanude labores, es decir, tentativamente, el diez de febrero de dos mil veintiuno, pues del contenido de punto 1° de la circular SECNO/6/2021 de veintitrés de enero de dos mil veintiuno, emitida por la Secretaría de la Comisión de Nuevos Órganos, en la que se determinó regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del virus COVID-19, se advierte que con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello, la propagación del virus, se suspendieron en su totalidad las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del veintiséis de enero al nueve de febrero de dos mil veintiuno (a reserva de que se emita diversa disposición al respecto). Por otra parte, téngase a la parte quejosa manifestando su deseo de señalar como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que, al no ser técnicamente posible, con fundamento en el numeral 26, fracción III, de la ley de la materia, la presente determinación y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este juzgado federal. Asimismo, téngasele autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Virginia Arias Martínez, toda vez que obra su cedula profesional número 3921930, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, una vez que se normalicen las actividades de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el numeral 11, fracción I, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus COVID-19, realícese la notificación correspondiente.
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