María Luisa Antonia Núñez Palomino y Otros.

Expediente 618/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
618/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
06/09/2017

Partes del expediente

  • María Luisa Antonia Núñez Palomino y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en la ciudad de Guanajuato, al que adjunta testimonio de la resolución pronunciada el veinticinco de agosto pasado en el recurso de queja civil 98/2017, interpuesto por **********, **********, **********, ********** y **********, todos de apellidos **********, en contra del auto de quince de junio del año en curso, cuyo punto resolutivo es el siguiente: "ÚNICO. Se declara infundado el presente recurso de queja." En ese sentido, acúsese recibo a la Superioridad y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Toda vez que la quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; por tanto, con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos. Finalmente, visto el estado de autos, se advierte que la parte quejosa allegó al presente expediente un documento original que se encuentra pendiente de devolver; por tanto, con fundamento en el párrafo tercero del punto décimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se le previene para que dentro del plazo de noventa días, legalmente computado, acuda a este juzgado a recogerlo, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente.

  2. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en la ciudad de Guanajuato, mediante el cual comunica que se admitió a trámite el recurso de queja hecho valer por los quejosos **********, **********, **********, ********** y **********, todos de apellidos **********, en contra del proveído de quince de junio del presente año.

  3. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado por **********, **********, **********, ********** y **********, todos de apellidos **********; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se acuerda: I. Se tiene por interpuesto el recurso de queja en contra del auto de quince de junio de dos mil diecisiete. II. En razón de lo anterior y dada la naturaleza de la resolución recurrida, esto es, que no existe parte alguna a la cual se haya emplazado a este juicio de amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil en turno del Decimosexto Circuito, el original del escrito del recurso, copia certificada de la demanda y resolución recurrida, con su respectiva notificación, así como de las constancias señaladas por la parte quejosa y las que se estimen pertinentes para su substanciación. III. Ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de ser cierto el acto reclamado, toda vez que efectivamente el suscrito el quince de junio del presente año, determinó desechar la demanda de amparo promovida por la parte quejosa.

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por **********, **********, **********, ********** y **********, todos de apellidos **********, por su propio derecho, contra actos del Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar, con sede en Comonfort, Guanajuato y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el expediente 618/2017-IV. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. En concordancia con lo anterior, es menester traer a contexto los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, que son los que prevén los plazos para la promoción del juicio constitucional, así como el modo en que habrá de realizarse su cómputo; preceptos que establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del precepto legal transcrito en primer término, se advierte el término genérico de quince días que se prevé para la presentación de la demanda, con excepción de las cuatro fracciones que estipula el citado normativo. Por otro lado, el segundo precepto estipula que el término correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Bajo dicha guisa, debe decirse que el acto reclamado en la presente instancia constitucional consiste medularmente en todo lo actuado en el juicio denominado Procedimiento Especial para la Regularización de Predios Rústicos, tramitado ante el Juzgado Civil de Partido Especializado en Materia Familiar, con sede en Comonfort, Guanajuato, en el expediente C-451/2016 de su estadística, la omisión de notificar a los quejosos en el citado expediente así como la sentencia pronunciada en ese procedimiento. Dicho esto, debe decirse que de conformidad con la manifestación vertida por la parte quejosa en su demanda de amparo, misma que realizó bajo protesta de decir verdad, se desprende que tuvo conocimiento de los actos que reclama el día quince de mayo de dos mil diecisiete. Manifestación a la cual este operador jurídico le otorga valor probatorio pleno como CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los artículos 198 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y en atención al criterio sostenido por la ejecutoria de amparo emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que aparece publicada en la página 857, del Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTÍCULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).". Por ende, es jurídicamente factible determinar que la demanda en estudio es extemporánea, toda vez que los propios solicitantes del amparo manifestaron que el quince de mayo del presente año, acudió al predio llamado Rancho **********, Municipio de Comonfort, Guanajuato, su hermano **********, quien le expuso a la promovente **********, que él sería el nuevo propietario de dicho predio, ya que se encontraba realizando las gestiones judiciales y administrativas para ordenar los papeles ante el Registro Público de la Propiedad, entregándole unas copias simples de traslado con los emblemas del escudo nacional y del Estado de Guanajuato, así como copias simples de una demanda, documentos que pertenecen al Poder Judicial del Estado de Guanajuato en los cuales se observa que ********** promovió una demanda dirigida al Juez Civil de Partido de Comonfort, Guanajuato; asimismo le entrego copia simple del documento señalado como "instructivo". Con base en lo expuesto, el término genérico de quince días que establece el mencionado arábigo 17 de la ley de la materia, transcurrió del dieciséis de mayo al cinco de junio de dos mil diecisiete, ello si se toma en consideración que: I. La parte quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados, el día quince de mayo de dos mil diecisiete. II. El cómputo para la promoción del juicio de amparo, comenzó a correr a partir del día hábil siguiente de aquél en que tuvo conocimiento del acto reclamado, esto es, a partir del martes dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, concluyendo dicho plazo el cinco de junio del año en curso. III. Del cómputo citado, fueron descartados los días veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de mayo; así como tres y cuatro de junio, todos de dos mil diecisiete, por ser inhábiles. De ahí que, si la demanda que se analiza fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, hasta el trece de junio de dos mil diecisiete, según se advierte del matasellos que obra en la misma, es inconcuso que se hizo con posterioridad al término genérico que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, es decir, de manera extemporánea, si se toma en cuenta que el último día con que contaba fue el cinco de junio del año en curso; ante lo cual resulta manifiesto que se actualiza en forma notoria e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, el acto reclamado fue consentido tácitamente por la quejosa. Y es que no debe perderse de vista que el ya transcrito artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone, entre otras hipótesis, que el término para la promoción de la demanda de amparo será de quince días, el que se computará desde el día siguiente al en que el peticionario del amparo se ostentó sabedor del acto reclamado. No pasa inadvertido que los peticionarios del amparo aducen que varios de ellos no saben leer ni escribir, motivo por el cual cuando supieron de lo que les informó su hermano **********, acudieron con un abogado y se realizó una promoción que se presentó el diecinueve de mayo del presente año manifestando la oposición al procedimiento, ocurso al que recayó el auto de veintitrés del mismo mes y año; con base en lo cual aducen, que es esta última es la fecha en la que tuvieron acceso al expediente del juicio de origen C-451/2016, y por ende, hasta entonces asumieron conocimiento de la sentencia dictada en ese procedimiento. Sin embargo no debe perderse de vista que ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, tratándose del amparo promovido por persona extraña a juicio sin que se le haya llamado a defender sus derechos, el solo procedimiento le causa perjuicio, tanto desde el punto de vista legal como constitucional, en virtud de que se sigue el juicio sin darle su derecho fundamental; por lo que a partir de que tiene conocimiento, entre otros supuestos, del procedimiento que afecte su interés, como en la especie, debe computarse el término para promover el juicio de amparo. En esa tesitura, se reitera que los promoventes del amparo tuvieron conocimiento del procedimiento desde el quince de mayo de dos mil diecisiete, pues bajo protesta de decir verdad manifestaron que en esa data se les informó acerca del juicio de origen, pues su hermano ********** les dijo que él sería el nuevo propietario del predio que defienden, ya que estaba realizando las gestiones judiciales y administrativas para tal efecto, entregándole a ********** unas copias simples de tipo traslado, con los emblemas del escudo nacional y del Estado de Guanajuato, así como de un documento señalado como "instructivo". Además, no debe perderse de vista que entre los anexos de la demanda de amparo, obra un escrito firmado por los aquí quejosos con fecha de recibido de diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, con sellos originales de la secretaría del Juzgado Único Civil de Partido de Comonfort, Guanajuato, dirigido a dicho órgano jurisdiccional, concretamente al "PROCEDIMIENTO ESPECIAL SOBRE REGULARIZACIÓN DE PREDIO RUSTICO EXP; C451/2016". Documento con el que se corrobora lo expuesto por los gestionantes en el sentido de que, una vez que tuvieron conocimiento el quince de mayo del presente año de lo que les informó su hermano **********, presentaron dicho escrito; así también se advierte la circunstancia de que tuvieron conocimiento del controvertido del cual emanan los actos reclamados, pues en el escrito de mérito se plasmaron los datos concretos de identificación del juicio, el tribunal ante al cual se tramitó y de su contenido se advierte que sabían cuál era la naturaleza del procedimiento así como la materia de la litis. Cabe poner de relieve, que el artículo 17 de la Ley de Amparo, establece en sus cuatro fracciones los casos de excepción donde no aplicará el término genérico de quince días de la siguiente manera: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Sin embargo, ya que el acto reclamado, no es un caso de excepción para presentar la demanda en un término distinto al genérico de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de la Materia, es claro que, por los motivos que han quedado precisados líneas arriba, su presentación se hizo de manera extemporánea, al haberse efectuado con posterioridad al plazo genérico de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia invocada, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, con fundamento en los numerales 27, fracción III, inciso a), en relación con el 29 del Ley de Amparo, la presente determinación, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este órgano jurisdiccional. Se tiene a los quejosos autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Lizbeth Mondragón Salas y Fernando Raúl Canarios Hernández, en virtud de que obran respectivamente sus cédulas 09068033 y 4711455 registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y en términos de la última parte del precepto legal en cita a las diversas personas que menciona, al no encontrarse en ese supuesto. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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